Garantizará Senado independencia del Poder Judicial y respeto a derechos humanos en reforma de justicia

  • Se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, afirma Mónica Fernández Balboa.
  • Anuncia Ricardo Monreal mesa de alto nivel para lograr los consensos necesarios.

 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que la reforma del Poder Judicial de la Federación y al sistema de justicia constituyen una de las prioridades del Senado de la República, pues se trata de una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.

 

Dijo que, como toda discusión relevante, esta reforma se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, a fin de que la sociedad forme parte del proceso legislativo y “abonemos a la legitimidad de las nuevas normas”.

Se ha dicho que el Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos, “tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial”, acotó en la reunión de trabajo que sostuvieron senadores con integrantes del sistema de justicia.

El problema, advirtió, es que en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días. Ante este panorama, agregó, es claro que debemos emprender cambios profundos en el sistema de justicia de nuestro país.

 

Dijo que algunas de estas modificaciones no requieren cambios constitucionales o legales, sino de liderazgo y determinación en las instituciones.

En este sentido, reconoció el proceso de transformación que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en sólo en unos meses ha emprendido una lucha frontal sin precedentes contra la corrupción, el nepotismo y los abusos del Poder Judicial.

 

Además, celebró el trabajo, dedicación y voluntad política del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila; del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y del propio ministro presidente de la  SCJN, Arturo Zaldívar, para construir propuestas concretas.

 

Desde el punto de vista legislativo, agregó, se han presentado distintas iniciativas en materia de justicia, las cuales se sumarán a las que envíe el Poder Ejecutivo.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que el Senado tiene la convicción de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial y asegurar que el respeto y garantía plena de los derechos humanos no sean promesas vacías, sino realidades vivientes.

 

Dijo que el reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la realidad de país que vivimos han tocado las fibras más sensibles de los poderes de la Unión, por lo que se debe responder a este llamado con madurez institucional.

 

La Cámara de Senadores participa de esta convocatoria inédita y reconoce un esfuerzo de congruencia, resultado de una colaboración extraordinaria entre ambos poderes, subrayó.

El senador señaló que la transformación profunda que se ha iniciado al interior del Estado mexicano, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, toca hoy a uno de sus pilares: el Poder Judicial, ente que requiere de una reconstrucción a partir de una rigurosa autocritica en el ejercicio libre y responsable de su independencia.

 

Es absolutamente indispensable efectuar una reflexión colectiva: las asimetrías de la justicia en México y que éstas exigen pensar en grande, mirar al futuro, dejar atrás de la mezquindad política, las visiones corporativas de grupos y los proyectos inacabados, expresó ante integrantes del sistema de justicia.

Ricardo Monreal pidió entender que esta nueva relación institucional entre los poderes de la Unión debe allanar el camino para construir el andamiaje idóneo para la toma de decisiones y que transforme de manera profunda el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación.

 

Indicó que una vez que se presente la iniciativa de manera formal ante el Senado, dará inicio el proceso legislativo. En este sentido, propuso la creación de una mesa central de alto nivel, donde participen integrantes del sistema judicial, de la consejería jurídica de Presidencia y una comisión plural del Senado, a efecto de lograr un gran consenso en este periodo de sesiones respecto de este tema.

 

Llevamos muchos años discutiendo sobre la necesaria reforma al Poder Judicial y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para ello, esta es la oportunidad, enfatizó el senador por Morena.

 

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que con este acto “se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanadas del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía”.

 

Sin embargo, aclaró que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal “no requieren una reforma estructural”, ya que la Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones, que le permiten alcanzar un equilibrio institucional “y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”.

Advirtió que emprender una reforma constitucional a estos dos órganos “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y los debilitaría, en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte, independiente y legitimada”.

 

En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, señaló que el aparato judicial ha sido pervertido por décadas. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y ahora “existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos, mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sean el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades”.

En este contexto, asentó el funcionario federal, “se nos impone transparentar la rendición de cuentas y sacar de la postración al aparato de justicia”. Además, afirmó que los planteamientos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán retomados por el titular del Ejecutivo federal para integrarlos, sin cambio alguno, a la iniciativa que será remitida al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla y ampliarla.

 

El senador Germán Martínez Cázares, coordinador de los trabajos de la reforma judicial en el Senado, dijo que hay disposición para examinar la propuesta elaborada por el ministros y ministras. Aclaró que la última palabra la tienen los legisladores y el constituyente permanente.

 

A su vez, el Dante Delgado manifestó “el mejor ánimo” de Movimiento Ciudadano para ser coadyuvantes de esta reforma. Pidió a los integrantes del Poder Judicial que, en el análisis de la iniciativa, puedan dar alcances y luces de su contenido.

 

Al encuentro asistieron, los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri González; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PVEM, Manuel Velasco Coello; del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

 

También los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristóbal Arias Solís; Justicia, Julio Menchaca Salazar; Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; Lucía Trasviña Waldenrath, de la Comisión de Seguridad Pública; y Manuel Añorve Baños, de la Comisión de Estudios Legislativos, así como senadores de los diferentes grupos parlamentarios.

Párrafo clásico

Requiere la subcontratación de una regulación moderna: presidenta del Senado

  • Debe garantizar los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas, afirma la senadora Mónica Fernández Balboa.
  • El presidente de la Comisión del Trabajo, el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, afirma es indispensable eliminar y castigar las prácticas ilegales en esa materia.

 

Al inaugurar el Parlamento Abierto en materia de subcontratación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dijo que a través de estos diálogos el Senado reafirma su compromiso de escuchar todas las voces e inquietudes, a efecto de conciliar los intereses que convergen en las relaciones obrero-patronales.

Expresó que el también llamado outsourcing, es una materia compleja, que requiere de una regulación moderna, que tome los derechos de las personas contratadas bajo este régimen y las necesidades de las empresas.

 

Señaló que dicha figura laboral fue afectada por la corrupción y aprovechada para la simulación, la defraudación fiscal y la violación sistemática de los derechos laborales en México.

 

La senadora refirió que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cinco millones de trabajadoras y trabajadores en México están subcontratados bajo esquemas que no les garantizan plenamente los derechos laborales previstos por la ley, como la salud, vivienda y ahorro para el retiro.

 

En este sentido, señaló que la subcontratación ilegal le cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos por concepto de evasión de Impuesto Sobre la Renta.

Expresó, es necesario que el siguiente paso en la legislación debe darse de manera conjunta entre el Estado, las empresas y los sindicatos, “para que el único interés afectado por la nueva legislación sea el de las empresas ilegales que obtienen ganancias millonarias a costa del erario y los derechos de las y los trabajadores de este país”.

 

“Queremos que nos compartan sus preocupaciones para llegar a una redacción que garantice el ejercicio de los derechos laborales en el país, sin afectar las libertades económicas y el correcto funcionamiento de las empresas”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que es indispensable revisar a fondo la subcontratación en México, para mejorarlo y eliminar el outsourcing ilegal, que tanto daño le provoca a las personas trabajadoras en el país.

 

Destacó que en la práctica, un sin número de empresas, la convirtió en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violentado sus derechos laborales y de seguridad social e incumpliendo con sus obligaciones fiscales, obteniendo ganancias multimillonarias.

Hoy iniciamos con un Parlamento Abierto, para analizar el dictamen aprobado por las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda y así construir los insumos pertinentes que sirvan de base para fortalecerlo, mejorarlo y con ello generar una legislación que implique robustecer dicha actividad de manera correcta, ética y legal.

 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján dijo que se debe construir una nueva legislación que elimine toda posibilidad de defraudar a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad en el país.

 

Advirtió que existe una subcontratación que se utiliza para abaratar la mano de obra de los trabajadores, no cumplir con responsabilidades laborales y no pagar reparto de utilidades. Por ello, en la nueva legislación “debe quedar claro lo que se vale y aquello que no se vale simplemente no debe tener cabida, así como sancionarse con todo el peso de la ley”.

La directora de la oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, Geraldina González Marroquín, indicó que para dicho organismo es fundamental que los temas del mundo del trabajo se discutan ampliamente y se realice un verdadero diálogo social antes de tomar decisiones.

 

En este sentido, hizo un llamado al Legislativo para realizar un análisis profundo de en dónde se encuentran los problemas, es decir, pensar si es necesario más legislación o si el obstáculo se encuentra en la aplicación e interpretación de la ley. “La solución no es necesariamente más legislación”, enfatizó.

 

Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que el “outsourcing malo” afecta las prestaciones de los trabajadores y su relación con el seguro social, alejando a estos de los servicios necesarios para su bienestar. “Esa discontinuidad los está matando, no es sólo un asunto económico”, sentenció.

Reveló que también es un problema para las instituciones de seguridad social, quienes reciben menos ingresos, entorpeciendo el desarrollo de infraestructura, reduciendo la contratación de personal y ofrecer mejores servicios de salud. Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión vía outsourcing significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel, detalló.

 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó que un gobierno que se jacta de ser garantista de los derechos de los trabajadores no puede mantener una política de outsourcing ilegal tolerada desde las autoridades.

Indico que, desde la óptica del combate a la corrupción, la subcontratación ilegal no es una práctica químicamente pura, es decir, se desarrolla en relación con otros fenómenos como la generación de empresas fantasma y las facturas falsas. “Es necesario crear una política nacional que tenga como medida central la protección efectiva de los derechos de los trabajadores”, puntualizó. 

 

Durante el evento se llevarán a cabo mesas de trabajo para analizar el régimen de responsabilidades y sanciones en materia de subcontratación; la especialización y temporalidad; supervisión y certificación efectiva; el derecho a la libre sindicación y a la participación de las personas trabajadoras en las utilidades.