En ese sentido, desde el poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se han impulsado acciones encaminadas a garantizar el derecho humano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente en algunas regiones el problema se ha agudizado derivado de otros contextos de violencia que no han favorecido y por el contrario han mermado la eficacia de las políticas públicas en la materia.
Por ello, se requiere ampliar el enfoque de protección de las diversas esferas en que se desarrollan las mujeres mexicanas, la inclusión y la igualdad es el camino, sin duda alguna, la discriminación social, económica y política obstaculizan su empoderamiento y su seguridad.
Esta tarea exige una mejor coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno. Las autoridades estatales y municipales junto con la Federación necesitan darle gravedad a un problema que resulta inadmisible en cualquier circunstancia.
El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres y las niñas mexicanas, la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todos aquellos delitos en los que son víctimas, debe garantizarlas no solo una reparación integral y satisfactoria por la violación a sus derechos humanos, también lo es la protección y la atención integral a la que tienen derecho.
En suma, el tema demanda una colaboración más estrecha entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la violencia feminicida es una tarea de todas y de todos, su atención y erradicación implica colocar en el centro de las políticas públicas de seguridad y atención a las mujeres y a las niñas mexicanas.
En la medida que se unan esfuerzos y se amplíen los espacios de colaboración y comunicación podrá disminuirse y terminar con un flagelo que es inaceptable desde cualquier perspectiva.
Texto publicado en el periodico Publimetro
