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Migración requiere diálogo diplomático

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¿México debe cambiar su política migratoria tras el fin del Título 42 en Estados Unidos?

En los últimos años numerosos grupos de personas buscan una oportunidad para desarrollar sus capacidades fuera de sus lugares de origen o simplemente salen de sus países por razones económicas, políticas o sociales. Como es natural esos millones de migrantes, prácticamente en todo el mundo, se mueven hacia naciones en donde hay mejores condiciones económicas o estabilidad política y social.

 

Ese es el caso de lo que ocurre desde hace tiempo en México con personas que provienen principalmente de Centroamérica. Se trata de un asunto que tiene décadas y al cual el gobierno del Presidente López Obrador le ha dado la mayor importancia desde el primer día de la actual administración. El fenómeno migratorio pasa indiscutiblemente por el ámbito de la seguridad nacional, pero sobre todo es una cuestión humanitaria. Por ello, se creó una comisión en la que participan diversas instituciones para atender desde una perspectiva integral el movimiento de personas.

Por eso, el jefe del Ejecutivo Federal promueve con los gobiernos de los países de origen como el de destino impulsar el desarrollo de las regiones de expulsión con el fin de que las personas puedan quedarse en sus propios países. De igual forma, se trabaja intensamente para que quienes llegan a México lo puedan hacer de manera segura, ordenada y se les atienda en la forma más adecuada.

Lamentablemente, la conclusión del llamado Título 42 generará mayores tensiones en especial en la frontera norte mexicana debido a que el gobierno norteamericano incrementará el número de detenciones y deportaciones de migrantes. Las autoridades mexicanas han señalado con claridad que nuestro país solo puede recibir un máximo de mil personas diarias. Para ello, más que un cambio en la política migratoria lo que se requiere es profundizar el diálogo diplomático y construir de manera conjunta soluciones que tengan como prioridad el trato humanitario y el respeto absoluto de los derechos de esas personas sin poner en riesgo la seguridad nacional de nuestro país.

 

En México existe un sistema con contrapesos

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¿En la actualidad, en México realmente existe pleno respeto a la división entre los Poderes de la Unión?

La división de poderes corresponde a una República democrática como la que hemos construido a lo largo de nuestra historia y está plasmada en la Constitución. En ese sentido, las responsabilidades y atribuciones de cada uno de ellos están perfectamente delimitadas.

El Ejecutivo Federal tiene el mandato de encabezar la administración pública, al tiempo que su titular además de ser jefe de gobierno, también en él recae la jefatura del Estado mexicano.

Por su parte, el Legislativo que en nuestro caso está integrado por dos Cámaras que representan a la sociedad y a las entidades federativas tiene la obligación primordial de emitir leyes, hacer nombramientos y ejercer funciones de control respecto al Poder Ejecutivo y otros órganos autónomos.

 

Por lo que toca al Poder Judicial integrado por jueces, magistrados y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de impartir justicia a todas las personas que recurren a él para dirimir diferencias, también cumple la tarea de garantizar la constitucionalidad de las normas y acciones que llevan a cabo los demás poderes.

 

En este contexto, en México opera con normalidad un sistema de pesos y contrapesos que permite que ningún poder esté por encima de otro y actúe de forma arbitraria o unilateral. Ese modelo de integración y funcionamiento tiene casi 170 años en nuestro país y como parte de la transformación que se requiere, es necesario revisar la integración, atribuciones y funcionamiento de cada poder.Lamentablemente, en ocasiones han ocurrido excesos por alguno de ellos que se traducen en una supremacía inconveniente para la República.

Por tanto, resulta conveniente que hagamos una profunda reflexión colectiva que permita fortalecer la actuación de cada poder, para evitar que se demerite alguno de los tres y se construya un auténtico equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea funcional y responda a las necesidades actuales del país.

 

Nombramientos INAI en manos de la JUCOPO

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¿Qué se requiere para destrabar la designación de comisionados en el INAI en el Senado de la República?

El artículo 6 de la Constitución establece el procedimiento para que el Senado nombre a las personas que deben integrar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales INAI. En ese sentido, es indispensable que se alcancen dos terceras partes de las y los senadores en un primer momento, a partir de un profundo proceso de selección para realizar las designaciones. Para atender este proceso, el Senado aprobó una convocatoria con un mecanismo que paso a paso estipula el procedimiento. La comisión de transparencia del Senado ha llevado a cabo su parte, con la revisión del cumplimiento de los perfiles aptos.

Ahora corresponde a la Junta de Coordinación Política, en donde participan todos los grupos parlamentarios, encontrar la mejor vía para superar las diferencias y obtener el consenso sobre los aspirantes que se pondrán a consideración del pleno. Para lograr sacar adelante esas designaciones es indispensable que primero se discutan de manera democrática y determinar cuáles son los mejores perfiles para desempeñar la función de comisionadas o comisionados.

 

Lamentablemente, desde la oposición hay una gran estridencia y han buscado politizar el tema mediante presiones que poco ayudan a construir los consensos. Lo que se requiere es entender que se trata de garantizar plenamente el ejercicio de un derecho constitucional de todas y todos los mexicanos y no de una lucha estéril de fuerzas. Por nuestra parte, se harán todos los esfuerzos necesarios para que se logren los consensos. Dejando claro que no estamos de acuerdo en procesos como se han hecho siempre, con cuotas y con cuates.

El compromiso que tenemos es que las personas designadas respondan plenamente a los principios de imparcialidad, objetividad, profesionalismo, eficacia y honradez.

 

*Texto publicado en Publimetro.

“Plan B” no debilita la democracia mexicana

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La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República reflexiona sobre los alcances de la Reforma Electoral “Plan B”.

La reforma electoral que aún se encuentra en proceso en el Congreso y que en los próximos días deberá ser analizada y, en su caso, aprobada en el Senado de la República tiene el propósito fundamental robustecer nuestro sistema democrático. El ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía está garantizado plenamente por la Constitución y las leyes secundarias que permiten la organización de comicios en los que todas y todos podremos participar en el 2024.

De lo que se tratan los cambios que se están realizando es que contemos con autoridades electorales que actúen con imparcialidad, objetividad, profesionalismo y apego al Estado de Derecho. Por eso, resulta sorprendente que se hagan afirmaciones temerarias en el sentido de la posibilidad de poner en riesgo la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales el siguiente año, así como el cambio de gobierno en casi una decena de entidades, los congresos en treinta de ellas y de igual forma en miles de municipios en todo el país.

Hay que recordar que el control de la elección recae esencialmente en la ciudadanía y que las autoridades, partidos y candidatos tienen una participación destacada, pero deben asumir con transparencia y criterios de austeridad su responsabilidad legal.

 

Es evidente que en los últimos tiempos las instituciones políticas y electorales se han convertido en una costosa carga presupuestal, sobre todo porque son innegables los altos gastos que se realizan para organizar las votaciones. De igual manera, es indispensable disminuir los montos de recursos públicos que reciben los partidos políticos y sus dirigencias, pero sobre todo asegurar que sirvan para mejorar la vida democrática del país.

Debemos tener plena confianza que la reforma electoral será útil para esos propósitos y evitar caer en expresiones alarmistas y exageradas que solo buscan crear confusión entre el electorado.

Aún más, las causales de nulidad están expresamente referidas en el artículo 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las cuales son: 1) exceder los montos de los topes de gastos de campaña; b) comprar espacios en Radio y TV; y c) se reciban recursos de procedencia ilícita en las campañas.

 

Por lo que es importante mencionar que la reforma, en ninguna de sus propuestas, modifica reglas de topes de gastos de campaña, mucho menos de Radio y Televisión y menos aún de recursos de procedencia ilícita, y mucho menos se ha modificado la Carta Magna.

Los consejeros del INE han estado construyendo una narrativa sin argumento real a partir de las acciones mediáticas y debates políticos, olvidándose incluso, de la objetivad e imparcialidad con las que están obligados a actuar.

Esas manifestaciones sin sustento solo contribuyen a la generación de un clima de crispación y, sin duda, lastiman la credibilidad de un proceso de enorme complejidad como el que tendremos en 2024. Todas y todos estamos obligados a actuar de manera responsable y garantizar que esos comicios sean como espera y merece la sociedad mexicana.

 

*Texto publicado en diario Publimetro

 

 

 

 

Unidad regional en la Cumbre de las Américas

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Apuesta por unidad regional y por nuevos espacios de entendimiento

La relación entre México y Estados Unidos se caracteriza por una gran complejidad. De entrada, compartimos una de las fronteras más extensas del mundo con más de tres mil kilómetros, diariamente se comercializan millones de dólares entre ambos países, el cruce de personas se cuenta por miles y tenemos un tratado comercial que conforma una de las regiones económicas más poderosas del planeta, solo por mencionar algunos aspectos.

De igual forma, existe una agenda cotidiana de otras cuestiones que obliga a una acción coordinada y a la colaboración entre las dos naciones. Todos esos asuntos y otros más ponen de manifiesto una amistad de más de 200 años en los que ha habido incluso momentos muy difíciles y presiones, pero también han abierto importantes oportunidades.

La historia de las relaciones méxico-norteamericanas muestra grandes retos y si hacemos un análisis objetivo veremos que no siempre hemos estado de acuerdo; que como estados soberanos hemos tenido diferencias y que, mediante el diálogo diplomático, se han podido superar.

El gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha sido claro, en ese sentido, y lo hizo respecto a la reciente Cumbre de las Américas. En las que nuestro país ha expresado en forma clara y firme que en el contexto actual debe incluirse a todos los países del continente para encontrar soluciones a nuestros problemas comunes.

La ausencia del mandatario mexicano en ese encuentro fue un mensaje que apuesta por la unidad regional, pero también dejó abierta la posibilidad de que en un futuro próximo, tan pronto como el próximo mes, de que los titulares de los ejecutivos se reúnan en Washington para revisar los asuntos pendientes y seguir avanzando en su atención.

Ello nos habla de una relación madura, en la que con respeto a las posiciones de cada país continuará el trabajo conjunto, haciendo a un lado las diferencias, sobre todo políticas, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que vivimos de este lado y del otro de la frontera.

Por ello, debemos tener confianza en que la buena voluntad y la sensibilidad de los gobernantes permitirán construir nuevos espacios de entendimiento en beneficio de México y de Estados Unidos.

 

 

Todos queremos un México libre y sin corrupción

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En los últimos días, que han sido tiempos electorales, ha habido desafortunadas declaraciones de algunos personajes de la política que se inscriben en el ámbito de la difamación y de las acusaciones sin ningún sustento en contra del Presidente de la República.

En ocasiones da la impresión que ya sea desde la irresponsabilidad o incluso desde la nostalgia, se hacen afirmaciones temerarias sin presentar ninguna prueba y simplemente buscan que la ciudadanía o el auditorio que los escucha les conceda credibilidad.

Esta forma de difamación y de guerra sucia, o campañas negras en como se les conoce, ha sido una estrategia electoral recurrente de la derecha desde hace muchos años.

Incluso hay que recordar las máximas plasmadas en su documento guía “ave azul”, que se hizo público hace más de 2 décadas, en donde una de las instrucciones a seguir era la de difamar y mentir sobre alguien, y que en el momento que cayera por tierra la mentira, inventaran otra de inmediato.

Hay que recordar que la problemática de la seguridad y del tráfico ilícito de narcóticos es un asunto que lamentablemente se padece en este país desde hace varias décadas.

Se conoce con gran amplitud que esa actividad ha afectado a México como consecuencia de la corrupción que incluso se ha manifestado en los altos niveles gubernamentales. En particular, conviene tener presente que en el extranjero, hoy mismo hay personas detenidas y en procesos judiciales por sus prácticas indebidas cuando fueron funcionarios.

Tampoco es casual que en el contexto de una nueva estrategia para recuperar la paz en nuestro país haya quienes tengan interés con fines políticos para demeritar lo que se está haciendo. Sin prueba alguna y solo con dichos se pretende ensuciar a un gobierno y a quien lo encabeza de manera irresponsable. En ese sentido, la ley es clara, quien acusa tiene la obligación de probar

Por ello, no es serio ni ético, hacer ese tipo de señalamientos con el único propósito de llamar la atención y de atraer los reflectores para causas personales, y que hoy solo se entienden en la desesperación de la debacle electoral de ciertos grupos.

Los nuevos tiempos que vive México en el que debe imperar el Estado de Derecho exige que los políticos actúen con responsabilidad, sobre todo cuando se trata de emitir opiniones personales basadas en supuestos absurdos motivados por el odio.

Todas y todos queremos un México libre y sin corrupción.

Texto publicado en Publimetro

 

Hecho aislado de la Guardia Nacional no representa a toda la corporación

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El fallecimiento del joven Ángel Yael Ignacio Rangel merece todo el respeto y sus familiares, amigos y a la comunidad de Guanajuato recibir nuestro pésame. Se trata de un triste incidente que debe aclararse con absoluta transparencia y, en su caso, deslindar la responsabilidad de quien haya participado en él.

En ese sentido, las fiscalías generales de justicia federal y estatal deben realizar una investigación exhaustiva para esclarecer por completo los hechos. De igual manera, es indispensable que el poder judicial actúe de manera expedita y justa con estricto apego a la Ley.

Como lo ha señalado la propia Guardia Nacional todos sus elementos tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la ciudadanía, sin ninguna restricción.

Es lógica la indignación social que por ese acontecimiento está ocurriendo. Pero es necesario hacer un cuidadoso análisis de la situación y comprender que lamentablemente estas cosas suceden por los excesos cometidos por algún miembro de las corporaciones de seguridad. Sin embargo, también debe valorarse de manera integral la actuación de la institución en su conjunto y evitar los prejuicios.

Hasta ahora, la Guardia Nacional, organización de reciente creación, cuenta con el respaldo ciudadano y se ha constituido como un elemento determinante para la recuperación de la paz y la concordia en diversas regiones del país, al tiempo de disuadir la comisión de delitos.

En el futuro próximo, el Congreso de la Unión hará un análisis detallado de la evolución que deberá tener la Guardia Nacional para seguir dando pasos firmes hacia la construcción de un país más seguro, en el que se respeten los derechos humanos y en el que ciudadanía e instituciones actúen conforme a la Ley.

Un hecho aislado puede servir de ejemplo de lo que no deseamos, pero de ninguna forma podemos hacer generalizaciones que poco ayudan a resolver uno de los temas fundamentales como es el de la seguridad.

Texto publicado en Publimetro

Asegurar el futuro estratégico del litio para México

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El litio tiene y tendrá en el futuro un valor estratégico, ya que representa un insumo cada vez más utilizado en diversas industrias y en una gran cantidad de productos.

A nivel mundial ese mineral tiene una alta demanda en las ramas energética, automotriz, de la computación y las telecomunicaciones, entre muchas otras.

El litio se ha convertido en un elemento fundamental de la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas y en los siguientes años estará presente aún más. Se considera que en el mediano plazo su precio aumente en alrededor del 500 por ciento.

Se trata de un recurso del cual México dispone en cantidades importantes de acuerdo con estudios científicos preliminares. Algunos de ellos nos ubican dentro de los 10 primeros países que cuentan con esas reservas.

Por eso, es indispensable que al igual como sucedió en 1938 con el petróleo, el Estado se asegure de su exploración y explotación y que los recursos que se obtengan de esta actividad sirvan en favor del desarrollo y, sobre todo, en beneficio de las personas que menos tienen.

De lo que se trata es de asegurar a las nuevas generaciones la propiedad, el acceso y la explotación de un recurso que forma parte de la riqueza nacional.

Hay que subrayar que por esa razón no se otorgarán contratos ni concesiones. Para ello, se establecerá una nueva institución pública nacional y eficiente, con técnicos y expertos del más alto nivel para colocarnos a la vanguardia en la exploración y explotación del mineral.

La iniciativa del Presidente de la República que fue aprobada por la mayoría del Congreso apunta en la dirección correcta para proteger un patrimonio y riqueza que es de todos los mexicanos y, en consecuencia, debe ser utilizado en su beneficio.

 

Texto publicado en Publimetro

Protección a mujeres con la colaboración de instituciones

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En ese sentido, desde el poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se han impulsado acciones encaminadas a garantizar el derecho humano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente en algunas regiones el problema se ha agudizado derivado de otros contextos de violencia que no han favorecido y por el contrario han mermado la eficacia de las políticas públicas en la materia.

 

Por ello, se requiere ampliar el enfoque de protección de las diversas esferas en que se desarrollan las mujeres mexicanas, la inclusión y la igualdad es el camino, sin duda alguna, la discriminación social, económica y política obstaculizan su empoderamiento y su seguridad.

Esta tarea exige una mejor coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno. Las autoridades estatales y municipales junto con la Federación necesitan darle gravedad a un problema que resulta inadmisible en cualquier circunstancia.

El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres y las niñas mexicanas, la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todos aquellos delitos en los que son víctimas, debe garantizarlas no solo una reparación integral y satisfactoria por la violación a sus derechos humanos, también lo es la protección y la atención integral a la que tienen derecho.

En suma, el tema demanda una colaboración más estrecha entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la violencia feminicida es una tarea de todas y de todos, su atención y erradicación implica colocar en el centro de las políticas públicas de seguridad y atención a las mujeres y a las niñas mexicanas.

En la medida que se unan esfuerzos y se amplíen los espacios de colaboración y comunicación podrá disminuirse y terminar con un flagelo que es inaceptable desde cualquier perspectiva.

Texto  publicado en el periodico Publimetro

Tres años de gobierno de un tabasqueño ejemplar

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Este 1 de diciembre de 2021 se cumplieron tres años de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano. Como nosotros sabemos, llegó al poder con una amplia legitimidad emanada del voto popular de millones de mexicanos de nuestro estado y de otros estados de la República que confiamos en él para conducir los destinos del país. Pero me gustaría compartir con ustedes la consideración de que, a diferencia de todos los presidentes que le precedieron en el cargo en este siglo XXI, su popularidad por la forma en que ha ejercido el poder se mantiene alta, y más del 65 % ciento de los mexicanos aprueban la forma en que gobierna.

 

Y esto se explica porque amplias franjas de la sociedad mexicana ahora han sentido en sus hogares directamente el apoyo del gobierno de la República. El cambio de la política neoliberal orientada únicamente por el beneficio económico, por otra política con sentido de justicia social que respeta y alienta la iniciativa empresarial, pero reconoce como prioridad atender las necesidades de los pobres primero. Y también se explica por un gobierno que, consecuente con la palabra empeñada, ha impulsado la austeridad de los servidores públicos de todos los poderes y órganos constitucionales autónomos del Estado, a través de la legislación y la confección de presupuestos austeros, y de una forma de comportamiento.

También el amplio apoyo popular al presidente, al menos en nuestra región, se explica porque con Andrés Manuel López Obrador se ha beneficiado al sureste mexicano. Se le ha sacado del olvido en el que la ha tenido los políticos de la Ciudad de México. Están en proceso de construcción tres grandes proyectos de infraestructura que dibujan un futuro más promisorio para las nuevas generaciones de tabasqueñas y tabasqueñas, como son el tren maya, la conexión interoceánica del Istmo de Tehuantepec, y la refinería de Dos Bocas.

Como he señalado, en estos tres años el presidente de la República ha orientado su gobierno a la atención de problemas ancestrales de los sectores sociales (los más pobres), así como de las regiones del país olvidadas en el pasado en la distribución de las grandes obras de infraestructura (sureste y noroeste). Por si ello fuera poco, ha tenido que dirigir los esfuerzos de miles y miles de médicos y enfermeros mexicanos del sistema nacional de salud, que han estado en la primera línea para la contención de ese formidable enemigo invisible que ha sido el SARs-Co2, que desafortunadamente se ha cobrado miles de vidas de compatriotas -no obstante ese gran y eficaz esfuerzo- en el que han participado también aportando su mejor esfuerzo, sucesivamente, los gobernadores de Tabasco Adán Augusto López Hernández, y Carlos Manuel Merino Campos. 

Pero quiero decirles que el cambio no ha sido fácil. No solo ha habido una fuerte resistencia en cuanto a las prioridades que deben orientar el gasto público federal por los beneficiarios de los gobiernos anteriores, tanto en el Congreso de la Unión, como en los medios de comunicación y en redes sociales. También los adversarios del movimiento de regeneración nacional han intentado detener las obras de gobierno mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia y del juicio de amparo. No solo eso. Los adversarios han llegado hasta al extremo de esparcir infundios sobre la honorabilidad del presidente para intentar dañar sistemáticamente el desarrollo del país, especialmente de nuestra región, y sistemáticamente, en algunas ocasiones hasta de forma enfermiza, con tal de minimizar las acciones de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por todo ello, debemos refrendarle nuestro apoyo político el año que entra, en el que esperamos se lleve a cabo, por primera vez en la historia del país, el ejercicio democrático ciudadano de revocación mandato, donde todas y todos participemos en la consulta popular sobre la permanencia en el cargo de presidente de la República del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

 

En este ejercicio, en igualdad de condiciones con las voces que reniegan de esta transformación, podremos ratificar la confianza que le otorgáramos hace tres años, y dejar muy claro, que en Tabasco y México, somos más los que queremos igualdad, justicia y desarrollo.