Protección a mujeres con la colaboración de instituciones

En ese sentido, desde el poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se han impulsado acciones encaminadas a garantizar el derecho humano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente en algunas regiones el problema se ha agudizado derivado de otros contextos de violencia que no han favorecido y por el contrario han mermado la eficacia de las políticas públicas en la materia.

 

Por ello, se requiere ampliar el enfoque de protección de las diversas esferas en que se desarrollan las mujeres mexicanas, la inclusión y la igualdad es el camino, sin duda alguna, la discriminación social, económica y política obstaculizan su empoderamiento y su seguridad.

Esta tarea exige una mejor coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno. Las autoridades estatales y municipales junto con la Federación necesitan darle gravedad a un problema que resulta inadmisible en cualquier circunstancia.

El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres y las niñas mexicanas, la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todos aquellos delitos en los que son víctimas, debe garantizarlas no solo una reparación integral y satisfactoria por la violación a sus derechos humanos, también lo es la protección y la atención integral a la que tienen derecho.

En suma, el tema demanda una colaboración más estrecha entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la violencia feminicida es una tarea de todas y de todos, su atención y erradicación implica colocar en el centro de las políticas públicas de seguridad y atención a las mujeres y a las niñas mexicanas.

En la medida que se unan esfuerzos y se amplíen los espacios de colaboración y comunicación podrá disminuirse y terminar con un flagelo que es inaceptable desde cualquier perspectiva.

Texto  publicado en el periodico Publimetro

Tres años de gobierno de un tabasqueño ejemplar

Este 1 de diciembre de 2021 se cumplieron tres años de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano. Como nosotros sabemos, llegó al poder con una amplia legitimidad emanada del voto popular de millones de mexicanos de nuestro estado y de otros estados de la República que confiamos en él para conducir los destinos del país. Pero me gustaría compartir con ustedes la consideración de que, a diferencia de todos los presidentes que le precedieron en el cargo en este siglo XXI, su popularidad por la forma en que ha ejercido el poder se mantiene alta, y más del 65 % ciento de los mexicanos aprueban la forma en que gobierna.

 

Y esto se explica porque amplias franjas de la sociedad mexicana ahora han sentido en sus hogares directamente el apoyo del gobierno de la República. El cambio de la política neoliberal orientada únicamente por el beneficio económico, por otra política con sentido de justicia social que respeta y alienta la iniciativa empresarial, pero reconoce como prioridad atender las necesidades de los pobres primero. Y también se explica por un gobierno que, consecuente con la palabra empeñada, ha impulsado la austeridad de los servidores públicos de todos los poderes y órganos constitucionales autónomos del Estado, a través de la legislación y la confección de presupuestos austeros, y de una forma de comportamiento.

También el amplio apoyo popular al presidente, al menos en nuestra región, se explica porque con Andrés Manuel López Obrador se ha beneficiado al sureste mexicano. Se le ha sacado del olvido en el que la ha tenido los políticos de la Ciudad de México. Están en proceso de construcción tres grandes proyectos de infraestructura que dibujan un futuro más promisorio para las nuevas generaciones de tabasqueñas y tabasqueñas, como son el tren maya, la conexión interoceánica del Istmo de Tehuantepec, y la refinería de Dos Bocas.

Como he señalado, en estos tres años el presidente de la República ha orientado su gobierno a la atención de problemas ancestrales de los sectores sociales (los más pobres), así como de las regiones del país olvidadas en el pasado en la distribución de las grandes obras de infraestructura (sureste y noroeste). Por si ello fuera poco, ha tenido que dirigir los esfuerzos de miles y miles de médicos y enfermeros mexicanos del sistema nacional de salud, que han estado en la primera línea para la contención de ese formidable enemigo invisible que ha sido el SARs-Co2, que desafortunadamente se ha cobrado miles de vidas de compatriotas -no obstante ese gran y eficaz esfuerzo- en el que han participado también aportando su mejor esfuerzo, sucesivamente, los gobernadores de Tabasco Adán Augusto López Hernández, y Carlos Manuel Merino Campos. 

Pero quiero decirles que el cambio no ha sido fácil. No solo ha habido una fuerte resistencia en cuanto a las prioridades que deben orientar el gasto público federal por los beneficiarios de los gobiernos anteriores, tanto en el Congreso de la Unión, como en los medios de comunicación y en redes sociales. También los adversarios del movimiento de regeneración nacional han intentado detener las obras de gobierno mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia y del juicio de amparo. No solo eso. Los adversarios han llegado hasta al extremo de esparcir infundios sobre la honorabilidad del presidente para intentar dañar sistemáticamente el desarrollo del país, especialmente de nuestra región, y sistemáticamente, en algunas ocasiones hasta de forma enfermiza, con tal de minimizar las acciones de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por todo ello, debemos refrendarle nuestro apoyo político el año que entra, en el que esperamos se lleve a cabo, por primera vez en la historia del país, el ejercicio democrático ciudadano de revocación mandato, donde todas y todos participemos en la consulta popular sobre la permanencia en el cargo de presidente de la República del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

 

En este ejercicio, en igualdad de condiciones con las voces que reniegan de esta transformación, podremos ratificar la confianza que le otorgáramos hace tres años, y dejar muy claro, que en Tabasco y México, somos más los que queremos igualdad, justicia y desarrollo.

 

Fortalecer las relaciones y mejorar las condiciones de vida, en la agenda trilateral México-EU-Canadá

En ese sentido, cada gobierno planteará las cuestiones de mayor interés y con seguridad se ha establecido una serie de tópicos tripartitas.

 

La reunión que tendrán esta semana los mandatarios de los tres países de América del Norte reviste una gran importancia para fortalecer las relaciones internacionales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región estratégica. Como es natural, es un paso más para acercar a las tres naciones y atender los asuntos que corresponden a una agenda de enorme complejidad por la multiplicidad de temas.

 

Se trata de un encuentro entre los representantes de pueblos amigos y socios para encontrar soluciones a diversos desafíos. En ese sentido, cada gobierno planteará las cuestiones de mayor interés y con seguridad se ha establecido una serie de tópicos tripartitas, pero también habrá oportunidad de dialogar en forma bilateral.

Al menos hay una tercia de temas que en una reunión muy breve en tiempo deberán abordar como son las políticas y estrategias para hacer frente a la pandemia de la COVID 19, por supuesto en la mesa también es lógico que se hable de la crisis migratoria que se vive en la región que se ha convertido en una cuestión humanitaria que exige respuestas conjuntas y coordinadas para resolverla desde su origen. De igual forma, será ocasión para revisar diversos aspectos relacionados con la aplicación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entre esos temas prioritarios también se encuentran el desarrollo, la equidad, y el crecimiento, diversidad”, añadió Ebrard en la conferencia. Para México los con base en la cooperación para el desarrollo, en particular para el sur de México y Centroamérica como es la ampliación en toda esa región de programas que han probado su eficacia para el bienestar de la población como son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El encuentro que tendrá lugar en Washington el 18 y 19 de noviembre debe servir para continuar construyendo una relación positiva que se traduzca, sobre todo, en mejores condiciones de vida y oportunidades para quienes vivimos en América del Norte.

 

*Texto publicado en PUBLIMETRO.

Es momento de que el Estado recupere la estrategia energética del país

La iniciativa presidencial para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales es necesaria y adecuada para fortalecer la seguridad energética de México.

 

La Comisión Federal de Electricidad fue creada por el Presidente Lázaro Cárdenas para llevar energía a todos los mexicanos y promover el desarrollo nacional.

 

Sin duda, a lo largo de casi 75 años la CFE ha sido determinante para ese propósito y garantizar la seguridad energética del país. Por eso, el Presidente López Mateos en 1960 instruyó la nacionalización de la industria eléctrica que consistió en la recuperación de ese sector a través del Estado mexicano. Así se construyó un sistema robusto que permitió dotar de electricidad a casi a la población, a la industria y al comercio nacional.

Sin embargo, desde hace 25 años se impulsó una política privatizadora con la cual de manera indebida e incluso inconstitucional se permitió la participación privada en la generación mediante contratos leoninos con los que la CFE tenía que comprar electricidad a particulares, sobre todo extranjeros.

Hace ocho años en 2013, el gobierno neoliberal terminó de darle la puntilla a la Comisión Federal de Electricidad. Para ello, inventó de manera artificial un supuesto mercado eléctrico que dejó al organismo en graves condiciones de desventaja.

Entre otras acciones, le quitaron a la CFE el control del despacho eléctrico que operaba con criterios técnicos para que lo hiciera solo con valores económicos, de igual forma desmembraron a la Comisión en diversas empresas subsidiarias y filiales que derivaron en un caos administrativo, financiero y operativo.

Ahora es momento de que el Estado mexicano recupere la conducción estratégica del sector energético. Por eso, es pertinente que se establezca una combinación de participantes en la que CFE lo hará con el 56 por ciento y el 44 restante estará a cargo de particulares. La iniciativa presidencial para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales es necesaria y adecuada para fortalecer la seguridad energética de México.

 

Texto publicado en Publimetro.

México y migración, un asunto humanitario

El tema de la migración es una cuestión de gran complejidad que debe analizarse desde su origen para poder resolverse correctamente.

 

En el caso de América Latina las condiciones de subdesarrollo y de pobreza que se viven en diversas naciones con frecuencia propician el desplazamiento de numerosos grupos sociales como ha estado sucediendo en los últimos tiempos.

De ahí que el gobierno mexicano haya propuesto en diversos foros internacionales la colaboración de los países con un mayor grado de desarrollo para apoyar a las comunidades de los países con mayores desventajas.

Esta situación de desplazamiento de grupos sociales provenientes de países al sur de nuestras fronteras ha tenido que complementarse para que el ingreso y tránsito por nuestro país se realice conforme a la Ley, con orden y, por supuesto, con respeto a los derechos humanos.

Lamentablemente, se ha dado cuenta a través de los medios de comunicación de algunas circunstancias que son totalmente reprobables en el trato hacia los migrantes.

En ese sentido, es indispensable que se lleven a cabo las investigaciones sobre el comportamiento indebido de algunos servidores públicos contra la migración y se les sancione administrativamente e incluso si hay delitos que perseguir se castiguen.

México siempre se ha distinguido por su solidaridad con los migrantes que por diversas razones han tenido que dejar sus lugares de origen y nuestra política migratoria debe distinguirse de otras por su carácter humanitario.

En ese sentido, las autoridades deben actuar conforme a la Ley y con enorme sensibilidad para que esas personas que en realidad están de tránsito en nuestro país pueda hacerlo en las mejores condiciones de seguridad y con un absoluto respeto a sus derechos.

Texto publicado en Publimetro.

Los riesgos de poner trabas a la revocación del mandato

Con el retraso de la Ley de Revocación de Mandato se corre el riesgo de reinstaurar un régimen autoritario que dejamos atrás en 2018

 

En diciembre de 2019, el Constituyente permanente aprobó una de las reformas más importantes que se hayan realizado en los últimos años, al ampliar los derechos de la ciudadanía, al mismo tiempo de fortalecer la democracia.

Se trata del empoderamiento popular frente al poder mediante la incorporación de la posibilidad de la revocación del mandato del Presidente de la República antes de que concluya su periodo constitucional.

Para que se pueda ejercer ese derecho es indispensable contar con una Ley secundaria en la que se establezcan las reglas y procedimientos para llevar a cabo la consulta el próximo año.
La reforma constitucional estableció que dicho ordenamiento se emitiera en junio del año pasado, lo cual no sucedió y se ha llevado a un vacío legal.
 

En ese sentido, la oposición extrañamente parece que se niega a que la ciudadanía pueda calificar la actuación de sus gobernantes como producto de una tradición autoritaria que les ha caracterizado cuando han estado al frente del poder ejecutivo.

Por nuestra parte, desde la campaña de 2018 propusimos reconocer la madurez de nuestra democracia y la importancia de que el pueblo pueda decidir si desea que el presidente de la República continúe ejerciendo el cargo.

 

Como lo hemos señalado muchas veces, tenemos el compromiso de que se cumpla la máxima democrática de que el pueblo pone y el pueblo quita.

La oposición debe asumir que en democracia no se puede limitar el derecho a decidir, sino por el contrario que es indispensable abrir todos los canales y garantizar las facilidades para establecer y fortalecer todos los mecanismos de participación democrática y directa en los asuntos públicos.

De otra forma, como lo han querido hacer, con el retraso de la Ley de Revocación de Mandato se corre el riesgo de reinstaurar un régimen autoritario que las y los mexicanos dejamos atrás en 2018 y lo acabamos de ratificar en las elecciones de 2021.

 

*Texto publicado en el periódico Publimetro.

 

Tokio 2020: oportunidad para corregir y emprender una nueva etapa

Lo primero que debemos hacer todos es felicitar a la delegación de atletas que fueron a las olimpiadas de Tokio. Nuestros deportistas hicieron su mayor esfuerzo.

 

El simple hecho de ser parte de unos juegos como esos los coloca en una situación extraordinaria, ya que calificar para obtener un espacio de participación es muy difícil.

A pesar de que no lograron los lugares y las medallas que a la gran mayoría de las y los mexicanos nos hubiera gustado hicieron un papel muy digno. En muchas competencias los representantes de nuestro país fueron finalistas.

Ahora bien, también hay que reconocer que el deporte, en sus diversas disciplinas, ha cambiado mucho y cada día los distintos países que asisten a los juegos olímpicos incorporan nuevas tecnologías, sistemas muy sofisticados de entrenamiento y de nutrición, incluso hasta de equipos y vestimentas.

Todo ello eleva de manera sensible la competitividad de los atletas, especialmente de aquellos que pertenecen a naciones con altos grados de desarrollo.

Por nuestra parte debemos sentirnos orgullosos de las mujeres y hombres, en su gran mayoría jóvenes, que han dado ejemplo de tesón, fortaleza y de crecimiento.

En estas olimpiadas se vio a un nutrido grupo de nuevas promesas que con toda seguridad en el futuro su esfuerzo y capacidad rendirá los frutos deseados.

El impulso al deporte no debe verse como un asunto solamente burocrático. Por supuesto que el Estado debe brindarles todos los apoyos posibles para que los deportistas se desarrollen, se consoliden y mejoren en su rendimiento, pero sobre todo se requiere la solidaridad y el respaldo de la sociedad mexicana en su conjunto.

Este es un buen momento para hacer una revisión objetiva de lo que sucedió en Tokio para corregir errores, superar deficiencias y emprender una nueva etapa de preparación para todas las competencias que sigan.

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Nadie está por encima de la Ley

Hay cuestiones destacadas como el desafuero de dos legisladores federal y un funcionario estatal que deben analizarse con cuidado y que requieren, por su importancia, un periodo extraordinario específico. Ello ocurrirá muy probablemente la próxima semana, una vez que se logren los acuerdos respectivos en la Comisión Permanente que garanticen la aprobación de dos terceras partes.

 

La Cámara de Diputados debe poder ejercer plenamente sus funciones al erigirse en Jurado de Procedencia. En días recientes la discusión sobre la convocatoria al extraordinario se ha radicalizado por la confrontación de algunos grupos de legisladores de la oposición que han dificultado el proceso con tácticas dilatorias que encubren, probablemente, otros intereses políticos. En comisiones votamos a favor en varias ocasiones, pero no se alcanzaron los votos necesarios debido a las resistencias opositoras que buscaban obstaculizar los otros temas si no se cedía ante sus pretensiones.

Por nuestra parte, en Morena, estamos a favor de que se haga justicia con apego estricto a derecho. Nuestra prioridad, por principios, es que nadie esté por encima de la Ley y al margen de la Ley tampoco nada.

La Comisión Permanente al ser un órgano compuesto por legisladores y legisladoras de ambas Cámaras no tiene facultades para determinar la procedencia o no de los desafueros. Por eso, esta instancia legislativa debe ceñirse a sus atribuciones y debe aprobar o rechazar la solicitud del periodo extraordinario, pero no puede pronunciarse respecto a los asuntos que en el se traten. En este caso, es facultad exclusiva de las y los diputados resolver si mantienen o quitan el fuero a un par de legisladores y al fiscal de Morelos.

En los siguientes días, nuevamente en la primera comisión de la Permanente, analizaremos el asunto y, por lo que a nosotros toca, insistiremos que lo más pronto posible, es deseable que a más tardar la semana entrante, la Cámara de Diputados sesione en su carácter de jurado de procedencia. Nosotros lo hemos reiterado, no tapamos a nadie y lo que exigimos es que se haga justicia en todos los casos.

 

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Se acabaron tiempos de manipulación al electorado

En los últimos 30 años en México se han realizado reformas electorales como consecuencia de las deficiencias en el sistema para poder arribar a una auténtica democracia. En ese sentido, los partidos políticos han sido sometidos a una estricta fiscalización, ya que son ampliamente conocidos los desvíos de recursos públicos, del financiamiento indebido o incluso de conductas al margen de la Ley que a través de la contratación de terceros, ya sea en los medios o en las redes, buscan influir en el electorado como ha sucedido en varias ocasiones. Esto evidentemente no es correcto y debe sancionarse.

 

Sin embargo, hay que reconocer que la democracia ha evolucionado y afortunadamente en las recientes elecciones el gobierno federal sacó las manos para respetar la voluntad popular. Se acabaron los tiempos en que el electorado era manipulado y condicionado con los programas públicos que el partido gobernante, en turno, utilizaba para ganar.

En las elecciones de junio, sin embargo, algunos partidos y candidatos continuaron realizando prácticas que parecían erradicadas. Por eso, la autoridad electoral aplicó sanciones que aun deberán ser ratificadas por el Poder Judicial. Para evitar que se den excesos tanto por los partidos, candidatos y autoridades es indispensable impulsar cambios a las leyes a fin de disminuir los recursos públicos que reciben los partidos, limitar sus gastos, y prohibir y castigar los desvíos y las trampas políticas.

En ese sentido, también deberán tomarse en cuenta elementos de campaña como el uso de nuevas tecnologías y estrategias, valorándolas adecuadamente y habrá que revisar la actuación rígida y excesiva de la autoridad electoral. La democracia mexicana exige que realicemos una nueva reforma para que contemos con reglas claras que garanticen plena transparencia y rendición de cuentas y que al mismo tiempo faciliten el juego político, en el que la ciudadanía sea la protagonista y no las autoridades o los partidos como lamentablemente ha venido sucediendo.

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Un regreso a las aulas con la colaboración de todos

La educación de niños y jóvenes debe entenderse como una actividad esencial para el desarrollo nacional, además por supuesto de que se trata de un derecho humano consagrado en nuestra Constitución.

 

Ante la pandemia que afecta a la mayoría de los países, el gobierno tuvo que tomar decisiones drásticas para evitar mayores contagios.

En ese sentido, han pasado casi 16 meses en que las clases presenciales fueron suspendidas, pero el sistema educativo ha continuado en funcionamiento a través del uso de las tecnologías digitales. Sin duda para ello han contribuido las y los estudiantes, y sus padres. Sin embargo, ahora es necesario dar un nuevo paso y restablecer la operación normal de las escuelas en donde sea posible.

 

Ante la disminución constante y sistemática del número de personas contagiadas, las autoridades educativas en conjunto con las de salud consideraron pertinente que el 30 de agosto el sistema de educación pueda regresar a la nueva normalidad con todos los cuidados establecidos.

Sin embargo, debido a la aparición de una nueva ola de la pandemia, el gobierno federal anunció que ese regreso deberá hacerse no solo conforme a las más estrictas normas sanitarias, sino que en cada entidad o región deberá evaluarse si es posible.

Nos enfrentamos ante una pandemia que lamentablemente durará algún tiempo más, como lo ha señalado la comunidad científica nacional e internacional.

En ese contexto, se requiere que todas y todos colaboremos, con solidaridad y respeto, para que la enfermedad no se propague más y comenzar a que las actividades cotidianas se vuelvan a iniciar, aunque sea de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados.

La política que se ha determinado es flexible y, por tanto, dependiendo de las circunstancias que haya en cada entidad se deberá considerar la continuación o suspensión de las clases presenciales, pero siempre manteniendo en operación el sistema educativo nacional.