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Corridas de toros sin martirizar animales

¿Las corridas de toros deben prohibirse definitivamente?

Desde hace mucho tiempo las corridas de toros han propiciado una gran discusión social entre quienes plantean que se trata de una festividad con una enorme tradición de cientos de años y quienes cuestionan el maltrato a los animales. Sin duda es un tema que divide a la sociedad. Aunque lo cierto es que la fiesta brava, como algunas personas la denominan, es una práctica que se realiza solo en ciertas regiones o entidades del país.

 

Quienes están a favor de esa actividad recreativa insisten en que es un arte y que se requiere un gran valor en el que se enfrentan un animal criado para ese fin y un hombre, en su gran mayoría, de gran valentía.

Lo que está comprobado es que pese a que las reses bravas están criadas exclusivamente para el toreo, hay un sufrimiento que no se justifica y que se les sacrifica inútilmente. Es una práctica que debe respetarse en un régimen de libertades, pero que debe tener como límite el trato respetuoso de la vida de esos animales.

En todo caso, lo que se requiere es regularla debidamente para evitar que se lastime tanto a los toros, como a otros seres vivientes que participan en esas festividades. Es indispensable que se reconozcan sus derechos para que no se ejerza ningún tipo de violencia en su contra con el absurdo pretexto de la diversión de un público que cada día se va disminuyendo.

 

En la conciencia colectiva se va extendiendo la idea de que el toreo es una práctica inhumana que debiera extinguirse, más allá incluso de que se prohíba mediante disposiciones de gobierno o de las leyes. En esta época que hemos construido nuevas formas de relaciones sociales, también es momento para erradicar prácticas que en lugar de enaltecer al ser humano degrada su calidad y pone en entredicho su evolución como personas pensantes, sensibles y compasivos con los demás seres vivos.

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Extracción de datos de reporteros debe investigarse

 ¿Qué tan grave resulta la filtración o hackeo de la base de periodistas resguardada por Presidencia de la República?

 

Lamentablemente, vemos que en los últimos tiempos nadie está exento de la intromisión de agentes externos en los sistemas de información a cargo de las instituciones públicas o de particulares. En ese sentido, lo que ocurre a las personas que están registradas en la Presidencia de la República en el área de comunicación social debe investigarse a fondo, así como aplicar las leyes que protegen los datos personales.

 

Se trata de un hecho condenable por donde se le quiera ver, y como dice el propio jefe del ejecutivo tiene que haber consecuencias. Es inadmisible que como parte de una evidente estrategia para desprestigiar a esta administración se utilice la información privada de profesionales de la comunicación.

 

Es obvio que la información filtrada tiene como principal, sino que único, atacar al gobierno que en todo momento ha sido respetuoso de la libertad de expresión. Sin embargo, hay grupos de interés que generan la percepción de que desde la administración federal se impulsan acciones represivas para acallar o intimidar las críticas.

 

Por eso, es muy importante que se llegue al fondo de este asunto y se deslinden responsabilidades, como lo señala el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer día de su gobierno demuestra que es posible y deseable construir una relación abierta, directa y transparente con los medios de comunicación y que ya pasaron los tiempos en que imperaba la opacidad.

 

La filtración de las bases que contienen los datos de las y los periodistas que cubren las actividades de la presidencia, así como de otros comunicadores, debe recibir la sanción que prevea la ley, pero en especial por el bien de todos debe aclararse porque se trata de un atentado que pretende generar desconfianza hacia las instituciones públicas y afectar al régimen democrático y de libertades en el que vivimos.

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Inaplazable detener tráfico de armamento hacia México

¿Los ataques del narcotráfico con tecnologías como drones muestran que las autoridades se han visto rebasadas?

Desde hace tiempo a nivel internacional hemos visto cómo las organizaciones delictivas se han sofisticado cada vez mediante la utilización de nuevas tecnologías para la realización de sus actividades.

 
En ese sentido, hay que tener claro que el desarrollo de armas y otros artefactos que se usan para cometer ilícitos proviene de otros lugares y no precisamente de nuestro país. Por esa razón, México no es la excepción en donde se trafica armamento el cual lamentablemente en ocasiones se utiliza en contra de población inocente con el único fin de llamar la atención, hacer demostraciones de fuerza e intimidar a las comunidades en donde operan.

Las autoridades mexicanas están realizando una gran labor para contener esas expresiones de violencia. Durante los últimos cinco años, la estrategia de seguridad se cambió profundamente, ante el fracaso innegable de una guerra absurda, declarada unilateralmente por los gobiernos anteriores, que propiciaron un enfrentamiento inútil y lamentablemente entre los mexicanos.

Ante la introducción de nuevas tecnologías, producto de la evolución natural del conocimiento científico, el gobierno y en particular las áreas responsables de la seguridad en nuestro país están realizando su mayor esfuerzo para evitar que esos avances se utilicen en cuestiones que se alejan de la Ley.

Sin embargo, hay que reconocer que en algunos sectores de la sociedad que añoran los tiempos de la represión se cuestiona la acción gubernamental, cuando está más que claro el rotundo fracaso de las estrategias anteriores.

La seguridad, hoy por hoy, es uno de los principales reclamos en diversas regiones del país, pero al ser un problema que se ha convertido en estructural, se trabaja para erradicar la violencia desde sus orígenes y sus causas.

El uso de tecnologías modernas como los drones implica además la cooperación internacional como se ha venido haciendo y que se utilicen solo para fines pacíficos. Hay que tener confianza en el profesionalismo y capacidad de nuestras instituciones como son las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para que así suceda.

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Tren Maya va por austeridad y utilidad

Tras la inauguración del Tren Maya, ¿consideras que la 4T cumplió respecto a las grandes obras prometidas?

 

Al inicio de esta administración y aun más desde la campaña, asumimos el compromiso de que en todas las acciones de gobierno se ponga siempre por delante a quienes tienen las mayores carencias.

Por eso, las grandes obras que se han realizado tienen un enfoque de austeridad, honestidad y, sobre todo, que sean útiles para impulsar el desarrollo regional y social en zonas de alta marginación, olvidadas durante muchos años.

Este gobierno, acompañado por las y los legisladores que participamos en la cuarta transformación, hemos dedicado nuestro esfuerzo para que en un tiempo récord se construyan y se pongan en marcha al menos 5 grandes obras con un impacto nacional y, en especial, para el sur y sureste de México.

Ese es el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el corredor transísmico de Oaxaca a Veracruz, el Tren Maya que recorre la Península de Yucatán y llega hasta Chiapas o incluso el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo.

 

Todas estas obras han representado una fuente importante de empleo y seguirán generando aun más fuentes de trabajo tanto parte constructiva, ya que algunos de esos proyectos deberán continuar su proceso, como en muchos otros aspectos debido a que habrá una cantidad importante de empleos directos e indirectos de manera permanente.

Durante los cinco años recientes se ha demostrado que cuando se actúa con compromiso con la sociedad, es posible avanzar de manera rápida y eficiente en proyectos de gran aliento, como los que han destacado, pero hay que pensar que al igual que ellas en todo el país se están realizando miles de obras también de gran importancia como una presa en Sinaloa para irrigar 700 mil hectáreas de cultivo y la segunda fase de la presa el Cuchillo en la zona metropolitana de Monterrey. De esta manera, el gobierno federal y el poder legislativo han cumplido y lo seguiremos haciendo para transformar a México.

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Prueba PISA olvida diferencias regionales y condiciones de desigualdad

Los resultados de México en la prueba PISA son un reflejo de la desigualdad social entre los países miembros de la OCDE

 

En principio, conviene establecer que cualquier esfuerzo para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes debe reconocerse. Sin embargo, también hay que admitir que la prueba PISA, elaborada y aplicada por la OCDE en los países que integran esa organización, debiera tomar en cuenta diversos factores.

 
Entre otros, el grado de desarrollo de los lugares en donde se aplica y, por supuesto, cuestiones coyunturales, como ocurrió en el 2020, que fue un año atípico a nivel mundial como consecuencia de la pandemia del covid-19.

El nivel de desarrollo es una cuestión importante, toda vez que en la OCDE participan naciones muy diversas como, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia o Francia, que evidentemente tienen una economía por encima de la nuestra. De esta forma, los resultados entre países pudieran ser incomparables entre un país como el nuestro y los otros.

Por otra parte, habría que tomar en cuenta que en México estudian millones de niños y jóvenes, y que el estudio PISA solo es una encuesta que evalúa solo entre 4,500 y 10,000 personas de 15 años. Sus resultados tampoco toman en cuenta las diferencias regionales o las condiciones de desigualdad que existen en México y que sin duda representan el mayor reto que tenemos por delante.

 

El covid-19, como lo han señalado las autoridades educativas, fue un elemento que sin duda también debe tomarse en cuenta. Durante un largo periodo, las escuelas de todos los niveles tuvieron que suspender sus actividades, aunque hubo clases a distancia a través de internet y otros medios.

Aun así, se perdió un tiempo importante en la formación de niños y jóvenes que ahora se busca recuperar para elevar la calidad educativa y cerrar la brecha de desigualdad interna, para que todas y todos los mexicanos puedan competir en mejores circunstancias a nivel internacional.

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Diálogo democrático para resolver crisis en Nuevo León

¿La crisis política en Nuevo León puede afectar o mover el tablero rumbo a las elecciones presidenciales de 2024?

 

Lamentablemente, la situación política que se ha vivido en Nuevo León ha generado tensiones innecesarias a nivel nacional que han involucrado tanto a actores políticos como a las instituciones.

La incursión del gobernador del Estado, quien pidió licencia para participar como candidato de su partido en las elecciones federales del próximo año generaron un gran debate y discusión sobre todo de carácter jurídico que deben resolver las partes en disputa a través del diálogo democrático y, en última instancia, a las autoridades judiciales.

Un elemento fundamental de la democracia es la incertidumbre de sus resultados los cuales se definen hasta el día de los comicios con la participación libre e informada de los electores.

En un régimen como el que hemos construido es indispensable que las campañas que están por comenzar se realicen bajo los principios básicos del respeto, la confrontación de ideas y propuestas y de la legalidad.

 

La salida de la contienda del gobernador de Nuevo León, por supuesto que modificará el escenario, pero seguramente en los siguientes días su partido deberá determinar quien lo sustituirá en el proceso electoral y quien asumirá la candidatura presidencial.

Una vez que inicie formalmente el periodo de proselitismo y que los diversos partidos, alianzas y coaliciones cuentes con las personas que aspiren a gobernar el país, estará alineado el tablero.

Las y los mexicanos podrán conocer, entonces, los programas y proyectos que cada contendiente. La sociedad podrá definir democráticamente quien ofrece la mejor opción para México para continuar de esa forma por el camino de la transformación que queremos.

 

Todos deseamos que el proceso electoral más grande de la historia de este país se lleve a cabo con normalidad y dentro del marco legal, de lo que se trata es que en el 2024 se ratifique, una vez más, la vocación democrática de la ciudadanía mexicana.

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Violencia de género se resolverá con unión social

El Gobierno de México atiende de forma adecuada los problemas de violencia de género en el país

 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres representa es una de las acciones más nobles y necesarias en una sociedad que aún presenta signos preocupantes de discriminación por razón de género.

Se trata de un lamentable fenómeno social en el que se piensa que los hombres tienen preponderancia y que las mujeres son concebidas para obedecerlos y estar subordinadas.

 

Por esta razón, desde hace mucho tiempo las mujeres demandamos el cese de los actos que atenten contra nuestra dignidad y se conviertan en obstáculos para nuestra participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida.

 

Para ello, se promulgaron y actualizaron leyes en favor de una vida libre de violencia para todas las mujeres. El gobierno federal, por su parte, puso en marcha programas y acciones para el empoderamiento de las mujeres que hacen énfasis especialmente en la prevención de la violencia. Sin embargo, esta es una cuestión que involucra a todos.

 

Por eso, es indispensable que, además de sancionar a través de la ley cualquier expresión de violencia, ya sea verbal, física, económica, psicológica o política entre los diversos tipos que se ejercen en nuestra contra, trabajemos desde su propio origen.

 

Se trata de una responsabilidad compartida que pasa por la educación formal, pero de manera destacada por las familias. También es una cuestión que debe ser atendida por los tres órdenes de gobierno mediante un mayor empoderamiento de las mujeres y una mejor procuración de justicia.

 

Se requiere revisar las leyes federales y locales que garanticen terminar con una de las manifestaciones más nocivas y condenables como es la misoginia y el machismo.

 

Para tener éxito en esta tarea se requiere un esfuerzo conjunto, colectivo e integral para alcanzar nuestro objetivo de transformar y construir la sociedad justa a la que aspiramos y merecemos todas las mujeres.

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IA debe ser controlada por las autoridades

¿Debe preocupar el mal uso de la Inteligencia Artificial en el marco de las elecciones de 2024?

 

En cualquier circunstancia, la desinformación política representa un riesgo para los procesos democráticos. En la era de la post-verdad, con frecuencia se utilizan argumentos y afirmaciones falsas como si se tratara de verdades absolutas para influir en la opinión de la ciudadanía y crear supuestas realidades.

 

Primero, a través de los medios de comunicación tradicionales y de redes sociales, ahora surge el uso de las tecnologías más modernas, como la conocida Inteligencia Artificial, con el propósito de manipular imágenes y voces para desorientar a las personas y provocar situaciones de tensión entre los actores políticos y las comunidades.

 

En este contexto, hay que tomar en cuenta que la Inteligencia Artificial es un mecanismo que aún no se encuentra disponible para la mayoría. Por el contrario, se trata de un medio tecnológico que todavía está reservado para grupos minoritarios que cuentan con enormes recursos económicos y que es utilizado solo para confundir y obtener beneficios para sus intereses particulares.

 

En ese sentido, en un sistema democrático como el nuestro, donde debe privar la libertad, el mal uso de esa herramienta debe ser controlado por las autoridades, por lo que se requiere establecer límites y, en caso de que ocurran situaciones indeseables, deben ser investigadas, denunciadas y sancionadas por las autoridades electorales, así como de procuración y administración de justicia.

 

En 2024, la ciudadanía mexicana acudirá a las urnas en una elección histórica, tanto por su volumen como por su trascendencia para el país. Debemos confiar en que las y los electores, así como los actores políticos, sabrán identificar entre la verdad y la mentira.

 

Aun así, es indispensable cuidar en todo momento que el proceso se lleve a cabo dentro de la legalidad, la confianza y el respeto a los más altos valores sociales, con el único objetivo de fortalecer un bien superior que es responsabilidad de todos, como es la democracia en México.

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Es indispensable un plan de reconstrucción para Acapulco

¿México pudo prevenirse mejor para evitar los efectos devastadores de Otis?

 

La situación que vivieron nuestros compatriotas de Guerrero mostró la fuerza de la naturaleza. Sin duda, la tecnología con la que hoy se cuenta permite tener información con gran oportunidad, pero en este caso, como se ha comentado en los medios de comunicación, el huracán que azotó principalmente el puerto de Acapulco evolucionó de manera demasiado rápida e incluso se incrementó en potencia aun antes de lo previsto.

 

Afortunadamente, ese tipo de fenómenos naturales no son tan frecuentes en la costa del Pacífico, en particular en Acapulco. Quizá por esta razón, las personas que ahí viven e incluso la gran mayoría de las construcciones no estaban preparadas para un embate de la magnitud de Otis.

Lamentablemente, es muy difícil predecir las consecuencias que puede tener un huracán como el que se vivió hace poco más de una semana. Sin embargo, dejó estragos sociales y económicos que deben atenderse, como se ha hecho, desde el primer instante. En ese sentido, podría parecer un tanto ocioso ponerse a discutir si se hizo tal o cual cosa previamente. Hoy, las y los guerrerenses y de manera muy señalada quienes viven en Acapulco necesitan de la solidaridad de todo el país.

El gobierno está cumpliendo la labor que se requiere, como es el restablecimiento de los servicios públicos -agua, electricidad, comunicación-, así como el abasto de lo más indispensable. Como es costumbre, el Ejército y la Marina-Armada de México están volcados en atender la emergencia y como ha sucedido en otras ocasiones, la población mexicana demuestra su solidaridad con quienes hoy están padeciendo.

 

La dimensión de los daños que hemos podido ver a través de los medios muestran que las y los acapulqueños están de pie y que ahora es indispensable poner en marcha un plan de reconstrucción para que en el menor tiempo posible Acapulco y las demás poblaciones puedan regresar a sus actividades productivas y sociales con normalidad; para que ese gran lugar no solo vuelva a ser parte de nuestro orgullo nacional y se recupere, sino que lo haga aún en mejores condiciones.

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Proceso electoral apegado a la Ley

¿Cómo evitar las reiteradas violaciones a las leyes electorales rumbo a 2024?

 

En junio de 2024 tendrán lugar las elecciones simultáneas más grandes de la historia de México. Simultáneamente las y los mexicanos elegiremos a quien ocupará la presidencia de la República, 9 titulares de los ejecutivos de diversas entidades federativas, se renovará la Cámara de Diputados y el Senado, así como habrá comicios para ayuntamientos y congresos locales. En ese sentido, miles de personas realizarán campañas en todo el territorio nacional. Ello representará un enorme esfuerzo de organización por parte de candidatas y candidatos, de autoridades electorales y, por supuesto, de los partidos políticos.

 

Por esa razón, será indispensable que durante todo el proceso todas las personas que participen se apeguen a la Ley y respeten las normas y las decisiones que tome la autoridad. En una democracia como la que estamos construyendo, se requiere un auténtico compromiso de la sociedad, de los gobiernos y de las organizaciones políticas para que los comicios se realicen en paz y con el único objetivo de consolidar lo que hemos hecho con tanto trabajo y durante un largo periodo, como es el respeto a la voluntad popular.

En México contamos con instituciones que deben garantizar que las normas legales se apliquen de manera justa y equitativa. Sin embargo, también es indispensable que la ciudadanía y todas las personas que participen lo hagan apegadas al marco jurídico. Se trata de un ejercicio cívico de uno de los derechos fundamentales como es el de elegir a los gobernantes. En ese sentido, la responsabilidad de que no haya violaciones a la ley corresponde a todos.

 

Por eso, la ciudadanía en su conjunto y de manera particular quienes tienen una responsabilidad pública se comporten a la altura de las circunstancias y al anhelo social de fortalecer nuestra democracia. En la medida en que la sociedad y los gobernantes sean sensibles a esta demanda y actúen conforme a los límites y dentro de lo que permite la ley, se evitarán confrontaciones innecesarias y, sobre todo, desviaciones que afecten a la vida democrática a la que todos aspiramos.

 

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