Es indispensable mantener una política de apoyo a los mexicanos en EU

 

La relación entre México y Estados Unidos es de una enorme complejidad por la interacción que hay en nuestras fronteras, por el intenso y permanente intercambio comercial, pero sobre todo porque en aquel país viven millones de personas de origen mexicano. Esas mujeres y hombres contribuyen a diario al desarrollo de la región de Norteamérica.

Muchas de esas personas han tenido que dejar sus lugares de origen para ir en busca de un empleo y una forma de vida que responda mejor a sus necesidades y aspiraciones. Hoy el funcionamiento de la economía norteamericana sería impensable sin la participación de las y los mexicanos que laboran en todo tipo de tareas y que en la enorme mayoría son personas con historias de vida extraordinarias y que sin duda son mujeres y hombres de bien.

En ese sentido, la postura que ha adoptado México es la de defender con inteligencia y mediante de la diplomacia los derechos de los paisanos que viven en la Unión Americana. Nuestra política se sustenta en los derechos humanos universales y en su protección a través de una amplia red de consulados que tienen como prioridad que se hagan valer y se respeten sus derechos.

 

 

En los tiempos de campaña es común que se exacerben los discursos y, en ocasiones, se recurra a la estridencia para llamar la atención de los electores. Entender esto es fundamental para actuar con prudencia y evitar caer en actitudes que pudieran interpretarse como intervencionistas de la parte mexicana.

De cualquier forma, las autoridades mexicanas deben estar pendientes de que se respeten los derechos de nuestros connacionales y hacer a un lado a posibles declaraciones que solo se inscriben en el ámbito de las contiendas electorales. De igual manera, es indispensable mantener una política de apoyo a las comunidades mexicanas que están en aquel país y sostener un diálogo permanente entre gobiernos para encontrar soluciones viables a los múltiples problemas que padecen nuestros paisanos. Lo que se requiere son respuestas constructivas y evitar caer en dimes y diretes que solo enrarecen más las relaciones entre ambos países

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La vacuna contra la politización

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández en el periódico Publímetro.

 

Politizar un tema de salud pública resulta inadmisible desde cualquier circunstancia y punto de vista. Las condiciones de vida de la población no deben ni pueden ser entendidas desde la perspectiva del poder. Por el contrario, si hay un tema estrictamente humano ajeno a la política, es el sanitario. Por ello, es que en el caso de la pandemia se han unido los esfuerzos de los científicos, de la sociedad civil, de empresarios y por supuesto de diversos gobiernos.

El problema de salud que ha causado el COVID-19 exige la participación de todos. Se trata de un tema en el que la solidaridad internacional y humanitaria es fundamental para salvar la vida de millones de personas, en especial de aquellas que padecen las mayores desventajas económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de la población que viven en los países latinoamericanos.

 

Al tratarse de una pandemia que no respeta edad, género, condición económica o social, en el momento en que se cuente con la vacuna y que ésta haya pasado todas las pruebas científicas que garanticen su efectividad e inocuidad en cuanto a consecuencias secundarias, es cuando deberá estar disponible para todas las personas.

En el caso de México, el Presidente de la República ha señalado con toda claridad que el acceso a la inmunización será universal y gratuita. De esa manera, sin que haya fines de lucro de cualquier tipo, todos los individuos tendrán acceso a ella.

La intervención y colaboración de la academia, organizaciones civiles y de diversos gobiernos impide que se intente obtener alguna ventaja política e incluso económica. Nuestras sociedades han madurado democráticamente de manera importante y quien pretendiera darle a la vacuna un uso distinto al de la salud seguramente sufriría el rechazo y el repudio social.

En pocas palabras la vacuna de antemano está vacunada en contra de la politización. Nadie debe intentar lo contrario.

Aún sin vacuna, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia

Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro. 

 

La pandemia del Covid-19 ha resultado una tragedia de dimensiones planetarias, ante la que México, como el resto de las naciones, reaccionó y puso en marcha una estrategia de contención a través del confinamiento de la población, entre otras prevenciones.

En materia médica, la atención no tiene la eficacia que todos quisiéramos a partir de las limitaciones que impone la realidad y el avance científico: no hay un fármaco que cure la infección, y no hay todavía disponible una vacuna que la prevenga.

 

Mientras éstos recursos médicos no existan, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia, al igual que lo hace la labor heroica del personal sanitario.

Entretanto, ha sido relevante la actuación del gobierno mexicano para garantizar en su momento que nuestro país cuente con las dosis de inmunización que se requieran.

Cabe recordar que en marzo pasado, cuando en una etapa temprana los países que componen el G-20 llevaron a cabo una cumbre mundial sobre la pandemia, el Presidente de México consideró urgente “que la Organización de las Naciones Unidas controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento”.

Un mes después, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, impulsada por México, pidió al Secretario General que “busque formas de garantizar que todos los necesitados, particularmente en el mundo en desarrollo, tengan acceso libre, justo y rápido a las vacunas y otros medicamentos para combatir el virus COVID-19”.

Hace unos días, finalmente, el Gobierno de México firmó con la ONU y la Organización Mundial de la Salud un convenio para garantizar el derecho a la salud para la población mexicana, mediante compras conjuntas y esquemas de licitación internacional abierta, de medicamentos y vacunas, que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad.

En ese sentido, México ha actuado de manera correcta al participar y apoyar la investigación para resolver el problema de salud que enfrentamos en todo el mundo. Es muy importante que nuestro país, pero sobre todo las y los mexicanos puedan recibir la vacuna, más aun si tomamos en consideración que la pandemia podría durar un largo tiempo, como lo han señalado las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Lamentablemente, hay diversos grupos sociales que son más vulnerables y que es indispensable atenderlos para evitar que se siga extendiendo ese mal. Por eso, es adecuado que el gobierno mexicano promueva la solidaridad internacional y busque que el pueblo se beneficie de la vacuna de manera pronta en cuanto haya certeza de que las vacunas funcionan y no tienen efectos colaterales en las personas que las reciban.

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Lo más importante es la salud de los mexicanos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

La expansión del COVID-19 por todo el mundo además de los problemas de salud y el lamentable fallecimiento de muchas personas obligó a los gobiernos a cerrar sus economías y que funcionaran estrictamente para lo indispensable. Esa situación que se agudizó en el segundo trimestre del año provocó una caída del crecimiento a nivel global. En ese contexto, México no podía ser la excepción.

La producción y las inversiones se han detenido. Por tanto, una de las medidas más urgentes que se requieren es que las empresas vuelvan a trabajar y que los planes que tuvieron que ser pospuestos se inicien lo más pronto posible. De esa forma, se recuperará el empleo. Al haber nuevamente flujo de recursos también se reactivará el consumo y con ello la economía en general.

 

Por su parte, es fundamental que los gobiernos federal y estatales mantengan políticas sociales que auxilien a la población para garantizar que puedan resolver sus necesidades como se ha venido haciendo con los sectores mas vulnerables.

Sin embargo, hay que tener presente que lo más relevante es cuidar de la salud de las personas. Por ello, es indispensable que el retorno de las actividades económicas se haga en el marco de una estrategia que permita ir abriendo de manera gradual, adaptándonos a una nueva normalidad y respetando todas las recomendaciones sanitarias para evitar un nuevo brote de la pandemia.

En ese proceso, es indispensable que las empresas actúen de manera solidaria y apoyen a sus trabajadores, como ha sucedido en muchos casos. Pero también todos los mexicanos debemos apoyar a los demás consumiendo lo que se produce en el país y los servicios que se ofrecen. Es necesario impulsar el mercado interno.

En ese sentido, debe fortalecerse el diálogo y la coordinación entre órdenes de gobierno, empresas y trabajadores para recuperar lo más pronto posible la actividad en los sectores estratégicos de nuestra economía, considerando el efecto multiplicador que tienen. El esfuerzo conjunto permitirá que México restablezca en el corto plazo la ruta del crecimiento, supere una crisis sin antecedentes en el país y en el mundo y retomemos un desarrollo con justicia para todos.

 

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Necesaria la presencia de marinos en los puertos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

Una de las principales políticas públicas que se impulsan en la actual administración y compromiso para la transformación de México consiste en el combate decidido a la corrupción. Este mal que ha dañado la vida pública del país afecta a muchas áreas del gobierno y, en particular, de manera destacada se presenta en puertos y aduanas.

De ahí que desde hace algunas semanas el Presidente de la República haya tomado la decisión para que miembros de las fuerzas armadas se hagan cargo del control de las entradas de mercancías. Es ampliamente sabido que en puertos como el de Manzanillo, Colima o Lázaro Cárdenas en Michoacán existe con frecuencia un intenso trasiego de drogas o sustancias prohibidas.

 

Se trata de una situación preocupante, ya que asociadas a ese delito la inseguridad y la violencia en diversas regiones han aumentado y la sociedad reclama una intervención más contundente de las instituciones del Estado.

La participación de las fuerzas armadas en la administración de los puertos y aduanas permitirán impedir el acceso de esas mercancías y otras actividades ilícitas, en las que lamentablemente se han involucrado empleados públicos civiles.

Por ello, es necesario que intervengan las autoridades militares y el Estado mexicano pueda contribuir al restablecimiento eficaz de la seguridad y al combate a la corrupción, así como a terminar con el tráfico de drogas y el contrabando.

El control que han asumido elementos de las Secretarías de Defensa y de Marina evitará que el cáncer de los malos manejos y la inestabilidad social que generan se sigan extendiendo. Es un paso drástico, pero necesario.

La única forma de acabar con esos males es tomando decisiones de fondo y utilizando toda la capacidad del Estado para garantizar a todos los mexicanos el bienestar que con justicia reclaman.

 

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No más ilegalidades amparadas en el poder

  • Texto de la Sen. Mónica Fernández Balboa, publicado en el periódico Publímetro.

 

Es bien sabido que en el pasado México padeció uno de los peores males de cualquier sociedad. La corrupción y la impunidad alcanzaron niveles altísimos y por ello en el 2018 nos comprometimos a combatirla de manera radical y permanente.

En ese sentido, en las instancias responsables de la investigación de delito existen diversos expedientes abiertos que deben continuar su curso y llegar hasta las últimas consecuencias.

No se trata de que desde el gobierno se hagan persecuciones. Pero si es indispensable que se aclaren, para el bien de todos, los excesos y desviaciones que se cometieron desde el poder en las décadas anteriores. En los tiempos de la democracia que vivimos es indispensable que se conozca la verdad sobre la comisión de abusos. No hay espacio ya para los amiguismos y para encubrir delitos.

Sin embargo, todo proceso debe estar sujeto a la aplicación de la ley para que haya auténtica justicia. Nadie puede estar por encima de la Ley como tampoco al margen de la Ley nada.

Las y los mexicanos debemos ver hacia adelante y actuar para impedir que en el futuro vuelvan a ocurrir ilegalidades amparadas en el poder. Por eso, tenemos un firme compromiso con un ejercicio democrático en la vida pública apegado a valores y principios éticos de absoluta honestidad e inspirados en la austeridad republicana.

En la nueva etapa que estamos construyendo todos los servidores públicos están obligados a conducirse con apego a las normas legales, así como actuar con sensibilidad y responsabilidad frente a la corrupción.

Ello es ineludible en una sociedad con tantas y profundas desigualdades, pero sobre todo que exige superar las épocas de la injusticia.

Sin caer en linchamientos sociales, ni venganzas es pertinente que las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia actúen con absoluto respeto a la Ley para que se conozcan con toda veracidad las posibles arbitrariedades que se hayan cometido y en caso de ser procedentes se aplique la Ley, sin estridencias y ni revanchismos.

 

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Legislando por la justicia

  • Texto publicado por la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, en el periódico Publímetro.

 

 

Evitar que la justicia sea nulificada por el poder de la corrupción es un reto al que se enfrenta toda nación en la que este cáncer social se haya desarrollado.

 

Hemos visto en México diversos ejemplos de cómo, las instituciones de seguridad han hecho su trabajo y han logrado aprehender a importantes delincuentes.

 

Lamentablemente también hemos visto que en muchas ocasiones la corrupción ha permeado, como la humedad, en muchas instituciones del Estado, para permitir la impunidad a través de la corrupción en unos casos, y de la agresión y violencia en otros.

 

Frente a los cuerpos de seguridad y los funcionarios judiciales, la frase de “plata o plomo” ha sido por décadas divisa de las bandas de criminales.

 

La reciente ejecución de un juez federal y su esposa en la ciudad de Colima indignó al pueblo de México y volvió a encender una alerta nacional sobre la necesidad de proteger a quienes forman parte del Poder Judicial, para evitar que los delincuentes se salgan con la suya, y agudicen el ambiente de violencia en que vivimos.

Proteger a los juzgadores y demás instancias de procuración de justicia es una tarea compleja que involucra al conjunto de las instituciones del Estado.

 

Si prevalece la impunidad y el temor en la aplicación del Derecho, por supuesto no sólo se pervierte la actuación judicial, en realidad se lesiona la tranquilidad social, la comunidad queda a merced de la delincuencia, y la función del Estado queda en entredicho.

 

A la vigilancia permanente que ejerce el Consejo de la Judicatura Federal para revisar cualquier denuncia y corregir y sancionar las anomalías detectadas, debe sumarse la colaboración de los demás poderes.

 

Las áreas de inteligencia del Estado mexicano son vitales para encontrar y neutralizar posibles riesgos que enfrentan los jueces en casos relevantes y ante organizaciones criminales destacadas.

 

Creemos que es posible acabar con la impunidad, la corrupción y la amenaza, es un camino largo y hasta peligroso, pero es posible.

 

En el Legislativo hay tareas por realizar. Una de las más importantes es precisamente la Reforma Judicial, en cuyo marco podremos coadyuvar en el análisis y aprobación de nuevas normas que transformen de fondo a las instituciones de justicia.

En esto estamos trabajando.

 

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AMLO-Trump, un encuentro con grandes beneficios

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de México y, junto con Canadá, conformamos la región económica más importante del mundo.

Luego de una larga negociación entre los gobiernos de las tres naciones, así como de la aprobación del T-MEC y sus instrumentos adicionales por los poderes legislativos respectivos, el pasado 1 de julio finalmente ha entrado en vigor el nuevo tratado comercial trilateral.

La reunión programada en Washington es una oportunidad significativa para subrayar la relevancia de la estrategia que le dará un nuevo brío al dinamismo de la región, y generará bienestar y oportunidades para la población de la zona.

Adicionalmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado otros motivos válidos: agradecer al gobierno norteamericano su apoyo con equipo para el combate a la epidemia del COVID-19, y reconocer a la comunidad de origen mexicano asentada en aquel país su extraordinario apoyo financiero a sus familias en la actual emergencia sanitaria y económica.

Hay que situar el encuentro en la perspectiva de los cada vez más profundos lazos económicos con nuestros vecinos y con la también creciente comunidad mexicana que ha migrado a Estados Unidos.

El diálogo entre los Presidentes, que es decir entre nuestras naciones, puede traducirse en el fomento de un ambiente propicio para atraer mayores inversiones, impulsar la productividad, y promover el comercio en la región y con el mundo.

Nada más necesario en el actual proceso de final de la pandemia que ha lastimado al mundo entero, la cual dejará secuelas que es necesario superar en el corto plazo y de la mejor manera.

Si lo analizamos en una perspectiva de fondo y de largo plazo, y dejamos de lado los temores ante la coyuntura, la visita del Presidente de México a Estados Unidos generará múltiples beneficios, que en breve y en el futuro podremos apreciar mejor.

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Descarga AQUÍ el Oficio de la SEGOB al Senado de la República con la comunicación de la salida del Presidente de México para la visita oficial a la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, los días 7 a 9 de julio de 2020, con el objeto de sostener una reunión oficial de trabajo con el Presidente de los Estados Unidos de América DonaldTrump.

 

Vivimos tiempos anómalos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

El país ha venido arrastrando desde hace casi tres lustros una estela de violencia que es difícil contener y erradicar; bandas del crimen organizado se multiplicaron ante la falta de  estrategias eficaces para combatirlas y neutralizarlas.

Atentados como el ocurrido el viernes pasado en la Ciudad de México son también reacciones extremas de los grupos criminales ante la intervención de las instituciones gubernamentales que afectan sus intereses.

Abatir la delincuencia, en particular la que practican estas bandas de proceder sanguinario, es un gran reto no sólo para los cuerpos policiacos, sino para las estructuras del gobierno en sus distintos órdenes.

Proteger a la sociedad, garantizar la paz y la tranquilidad, son desafíos que los gobiernos requieren resolver como elementos indispensables para garantizar el bienestar social.

Al cambiar de régimen, el Gobierno de la República decidió sustituir la política simple de choque frontal contra el crimen organizado, la cual mostró su ineficacia a lo largo de por lo menos dos sexenios.

Se aplica ahora una visión integral que atiende a las causas profundas que alimentan la violencia, entre ellas la desigualdad y la marginación de las mayorías, así como la corrupción y la impunidad.

En el ámbito legislativo ha habido un acompañamiento a ese esfuerzo, cuyo punto culminante fue la creación de las leyes que amparan la formación y operación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio de bienes producto de actividades ilícitas, y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, entre otras reformas recientes.

Por supuesto, el proceso de recuperación y consolidación de la paz y el abatimiento del delito llevarán un tiempo.

También requiere paciencia la identificación y desarticulación de las bandas criminales.

Los lamentables hechos del viernes, mostraron sin embargo el lado positivo de una inmediata y profesional reacción de la policía capitalina, así como el apoyo oportuno de fuerzas federales ante la gravedad del atentado, todo lo cual culminó con la aprehensión y el inicio de proceso contra un grupo numeroso de quienes realizaron la emboscada.

En la medida en que fortalezcamos la presencia y actuación de la Guardia Nacional y del resto de las instituciones de seguridad, así como su profesionalización y disciplina, tendremos mecanismos que nos permitirán pacificar el país e impedir que hechos como éste se repitan.

Vivimos tiempos anómalos, agravados por circunstancias extraordinarias como la pandemia que atravesamos, pero podemos tener confianza de que como sociedad saldremos adelante frente al desafío que uno o varios grupos de criminales puedan representar. Las y los mexicanos de bien somos millones más.

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El reto es garantizar derechos humanos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

El derecho a la no discriminación figura en primerísimo término en la Constitución Política.

Para ubicar la reflexión, es útil citar textualmente el párrafo final del artículo 1º de nuestra Carta Magna:

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Para garantizar este derecho constitucional es que en 2003 el Congreso de la Unión creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo marco se estableció como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido por su sigla, Conapred.

La erradicación de todo tipo de discriminación es una tarea relevante, porque la existencia de toda exclusión o restricción es causa y síntoma de desigualdad social, y opera siempre en contra de los derechos de los sectores más vulnerables.

La no discriminación es un principio fundamental para que la libertad y la igualdad de todas las personas se puedan ejercer a plenitud.

Su cumplimiento, como el de todos los derechos humanos, es una responsabilidad irrenunciable del Estado. Eso no está a discusión.

Lo que tenemos que considerar en la actual etapa de transformación de la nación en todos los órdenes, es si el pleno ejercicio de derechos y libertades requiere necesariamente de pesadas y onerosas estructuras burocráticas, y en general si un Estado obeso es un buen garante de las acciones afirmativas en pro de la igualdad y la inclusión social; puede que sea al revés.

Desaparecer o modificar el Conapred es un tema que en su caso el Congreso de la Unión deberá abordar con todo detalle y profundidad.

Nuestro objetivo radica en fortalecer y hacer respetar los derechos humanos, y hacerlo con oportunidad y eficacia.

La tarea de gobierno no es construir estructuras de grandes organigramas ni abultadas nóminas, pues eso es en estos tiempos un derroche ya inadmisible, intolerable para un país en que la mayoría de la población sufre grandes carencias.

El reto, no lo perdamos de vista, es garantizar derechos humanos, libertades y oportunidades, inclusión y bienestar para toda la población. Y hacerlo optimizando los escasos recursos.

 

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