Garantizar el derecho a la propiedad

Iniciativa para garantizar la planeación urbanística y evitar la corrupción en autorización en nuevas edificaciones.

 

La senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, presentó ante el pleno del Senado de la República la iniciativa que busca otorgar certeza jurídica y estabilidad al plan urbano, e incrementa su legitimación democrática. En cuanto a la publicidad del plan urbano, se trata de una técnica que asegura la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos residentes y con ello se promueve la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la legalidad en la imposición de impuestos municipales sobre bienes raíces. Esto con el fin de garantizar los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa en tribuna del Senado de la República.

El día de hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende adicionar un segundo párrafo al inciso a) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para:

 

Establecer la obligación del ayuntamiento de aprobar el plan urbano municipal, y sus reformas por mayoría calificada, en sesiones públicas; asimismo, la obligación de hacer público por medios digitales el plan urbano municipal aprobado por los ayuntamientos, y mandarlo publicar año con año en el periódico oficial del estado; y la obligación para los estados de configurar instrumentos de control constitucional estatal para cumplir con las obligaciones descritas.

 

Esta propuesta otorga certeza jurídica y estabilidad al plan urbano, e incrementa su legitimación democrática; en cuanto a la publicidad del mismo, se trata de una técnica que asegura la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos residentes y con ello se promueve la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la legalidad en la imposición de impuestos municipales sobre bienes raíces; y garantizará los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

 

Esto es:

  • Se establece la obligación de los ayuntamientos de aprobar el Plan Urbano Municipal y sus reformas por mayoría calificada; esta obligación que propongo busca, además de lo anterior, incrementar su legitimación democrática y el control político por los vecinos de los municipios en el proceso de aprobación y reforma del Plan Urbano.
  • Al exigir mayoría calificada de los miembros del cabildo para la aprobación y reformas, en su caso, del Plan Urbano dará pie a que participe el mayor número de partidos políticos que representan a los ciudadanos y no solo el del partido en el gobierno.
  • Establece la obligación de publicar en el periódico oficial de cada estado, en el mes de enero el Plan Urbano y sus reformas en la fecha que corresponda, así como en medios digitales con que cuenten los ayuntamientos.
  • La publicidad del Plan Urbano es una técnica para asegurar la rigidez de dicho Plan por los propios ciudadanos residentes.
  • La opacidad promueve la corrupción e inversamente la transparencia la inhibe, uno de los puntos relevantes de esta iniciativa, no obstante que el artículo 6 constitucional ya establece obligaciones de transparencia para las autoridades, se realizó una rápida revisión de las páginas de la gran mayoría de los ayuntamientos y fue posible observar que éstos no disponen de ligas digitales para la consulta ciudadana del Plan Urbano.
  • Señala la obligación para los estados a configurar instrumentos procesales de control constitucional para el cumplimiento de las obligaciones que he descrito anteriormente.

 

La iniciativa que presento el día de hoy garantizará los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

Iniciativa para proteger la actividad ganadera del abigeato

La senadora por Tabasco expresó que ha sido un reclamo durante muchos años del gremio ganadero.

Versión estenográfica de la Senadora Mónica Fernández Balboa en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El día de hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delito de abigeato. El abigeato es un delito que principalmente constituye el hurto o el robo de ganado.

 

La actividad ganadera es, de todas las actividades económicas, la que se extiende por completo en todo el territorio nacional. Apoyar la actividad de los ganaderos de México del sector social y del sector privado es un vigoroso estímulo al crecimiento de la economía nacional, a la consolidación de la soberanía alimentaria de México, y a las condiciones materiales en el sector rural para evitar la migración del campo a la ciudad y a los Estados Unidos de América.  

 

La protección jurídica de la industria ganadera ha sido una demanda que los ciudadanos de Tabasco expresan frecuentemente a sus representantes populares integrantes del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Tabasco. De manera personal y/o por medios electrónicos, ganaderos de mi estado me han transmitido frecuentemente su petición para mejorar el marco normativo que regula y protege la actividad ganadera, entre ellos el Código Penal Federal.

 

En este contexto recientemente la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco introdujo importantes reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Tabasco sobre el delito de abigeato encaminadas a la protección de la industria en el ámbito territorial de Tabasco.

 

No obstante, su encomiable esfuerzo legislativo, que mucho valoro, se ha de tener en cuenta que para proteger la actividad ganadera de Tabasco sería insuficiente si solo se actualiza -como han hecho los legisladores locales- el Código Penal del Estado. Ello es así porque el delito de abigeato suele trascender la división territorial entre los estados de la República Federal Mexicana, y aún la línea divisoria con otros Estados Nacionales de Centroamérica con los cuales colindan los Estados Unidos Mexicanos en su frontera sur. 

Mi propuesta es realizar diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal, específicamente, propongo lo siguiente:

  1. Reformar el artículo 381 ter para incrementar los supuestos de hecho para la comisión de este delito que se suman a los ya contenidos en el artículo vigente. Asimismo, para hacer referencia explícita a la falsificación de aretes que distribuye el gobierno federal de México para la identificación individual del ganado.

2. Asimismo, reformar el artículo 381 quater para incrementar los agravantes de la penalidad a la comisión del delito de abigeato, mismos que se suman a los ya contenidos en ese mismo artículo, y

3. La introducción del nuevo artículo 381 quinquies para establecer las atenuantes de la calificación del delito de abigeato.

Por estas razones someto a consideración de este Pleno la propuesta en mención.

Muchas gracias Presidenta. Es cuanto.

Descarga la Iniciativa AQUÍ

 

Senado aprueba reformas para creación y lineamientos de Centros de Justicia

”La atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia es prioridad, desde marzo del 2020 he insistido en la necesidad de los Centros de Justicia en todo el país. En ese sentido hoy el Senado aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia”: Mónica Fernández Balboa

 

El 20 de marzo del 2020 la senadora Mónica Fernández Balboa presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo para exhortar a los Congresos locales a expedir la legislación correspondiente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género con el fin de contar con el marco normativo, tanto federal como local, que reconozca, regule y sancione las acciones que derivan de ese tipo de violencia en los tres órdenes de gobierno. En él también se establecen los lineamientos para la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

 

Hoy en la sesión del pleno del Senado de la República fue aprobado el dictamen con el objetivo fundamental de que el mismo contribuya a fortalecer el marco normativo nacional de manera integral y armónica, para que prevenga eficazmente las violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y que garantice el acceso a la justicia a las víctimas. 

 

Entre los lineamientos, se definen los Centros de Justicia para las Mujeres, como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atienden de forma gratuita e integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos menores de edad. Asimismo, se específica que estarán a cargo de las entidades federativas y que deberán funcionar en base a los enfoques de interseccionalidad, interculturalidad y el enfoque diferenciado

 

Se establece que, en los casos de las mujeres con discapacidad, también se considerará violencia en el ámbito familiar cuando es cometida por personas que realizan labores de cuidado, sin importar que tengan o no una relación de parentesco. Y se establece el derecho de las mujeres con discapacidad a que los procedimientos sean accesibles y se realicen los ajustes de procedimiento necesarios a fin de garantizar el acceso a los distintos servicios en condiciones de igualdad. Asimismo, se establece que las mujeres sordas tendrán derecho a contar con un intérprete en lenguaje de señas mexicano. 

 

Se incorpora un enfoque diferencial en las medidas de protección, y se establece como una de estas medidas, la suspensión del régimen de tutela o curatela que ejerza la persona agresora. 

 

Se establece que, a fin de incorporar puntualmente el enfoque diferencial en la ley, que la Federación deberá educar en materia de derechos humanos, usando formatos accesibles, de lectura fácil, lenguaje de señas, entre otros.  

 

Se establece como atribuciones de la Secretaría de Gobernación, la de integrar, administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia, una reforma que resultaba necesaria, a fin de armonizarla con el Reglamento vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ajustar el marco normativo a la realidad, ya que esta Secretaría es quien desde hace 9 años se encarga de la operación del Banco. Además, se incorporan las atribuciones a la Secretaría de Gobernación de promover la creación y equipamiento de Centros de Justicia para las Mujeres y diseñar el Modelo de Gestión Operativa de los mismos, a fin de garantizar lineamientos comunes con los que deberán operar dichos mecanismos. 

 

El dictamen fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

 

 

 

 

Senado aprueba creación de “Muro de Honor”

  • Buscan reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la nación.

 

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de la senadora Mónica Fernández Balboa, por la que se crea el “Muro de Honor del Senado de la República” y se expiden los criterios para las inscripciones que se realicen en el mismo.

 

Esta iniciativa, presentada el 02 de octubre del 2019, señala que se ha convertido en una tradición solemne reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la historia de la dignidad de la patria, así como frases, acontecimientos y hechos trascendentes en la vida pública del país, a través de su inscripción en los salones de sesiones de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

 

También se detalla, sean inscritas en letras doradas los nombres de las personas que se entregaron a las causas de la nación, con el propósito de honrarlos y reconocerlos al paso de las generaciones, mujeres y hombres que han luchado por nuestro país, a las instituciones que le han dado prestigio y remembrar los sucesos de notoria trascendencia histórica.

 

Descarga la Iniciativa AQUÍ

Presentación dictamen por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales en materia de libre acceso a playas

 

  • Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, durante la presentación del dictamen que reforma los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes.

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento ante esta soberanía a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se pretende devolver a las mexicanas y los mexicanos la capacidad de hacer valer la soberanía sobre sus playas, la cual no se garantizaba de manera clara en la legislación vigente. El Dictamen que hoy se pone a consideración garantiza el uso público, libre y gratuito de las playas mexicanas.

 

Si bien es cierto que el artículo 27 de nuestra Constitución menciona que son propiedad de la nación las tierras, aguas y recursos naturales de nuestro territorio, en tal garantía no aparece el concepto de playa pública.

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son las siguientes:

 

  • Se modifica la delimitación actual de las playas marítimas, para ampliarla por diez metros a partir de la parte más alta de la marea (pleamar);

 

  • Se adiciona como parte del concepto de playas marítimas la arena, los acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma;

 

  • Se precisa que las playas marítimas serán de uso público, con acceso libre;
  • Se propone reducir el área de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) a diez metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de los lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, esto como consecuencia de la propuesta de ampliación de diez metros del área de playa pública;

 

  • Asimismo, se precisa que la medición de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), para los casos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, será a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar más una faja de diez metros de ancho de tierra adentro.

 

  • Finalmente, en las disposiciones transitorias, es importante mencionar que las concesiones en materia de Zonas Federales Marítimas Terrestres vigentes al momento de la entrada en vigor de las presentes reformas se regirán con las disposiciones bajo las cuales se otorgaron.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, para resarcir el derecho constitucional a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos de hacer uso libre de las playas públicas.

 

No omito manifestar mi amplio reconocimiento al Senador José Luis Pech Várguez promotor de esta iniciativa.

 

Por todo lo anterior, senadoras y senadores, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidente.

En intensa jornada en Comisiones del Senado se aprobaron diversos dictámenes, acuerdos y protocolos

 

  • La senadora Mónica Fernández Balboa, participó este día en la reunión de cuatro comisiones de las que es integrante.

 

La primera reunión fue de la Comisión de Defensa, durante su intervención la legisladora tabasqueña señaló que están trabajando en la actualización de la  Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, tan necesarias para la transformación de México y destacó el agradeciemiento del pueblo de Tabasco por el gran esfuerzo realizado durante las inundaciones de esta año.

La segunda reunión fue de las comisiones unidas Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, en ella aprobaron la idoneidad para efectos de ratificación del nombramiento de un Magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federalde Justicia Administrativa.

 

Por la tarde en comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, los integrantes de la Comisión aprobaron el Segundo Protocolo Modificatorio y el Tercer Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del #Uruguay, firmado en Montevideo en 2019.

Por último la senadora Fernández Balboa asistió a la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa donde compareció Rogelio Granguillhome Morfín, designado como Embajador de México en Bélgica.

Exhorto a la Secretaría de Salud a brindar más información a la población mexicana ya vacunada: MFB

  • En total, la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha administrado más de 9.6 millones de dosis, mientras que el número de personas que han recibido la segunda vacuna se aproxima a 1.3 millones de mexicanos.

 

En la sesión ordinaria de este día la senadora Mónica Fernández Balboa presentó un Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, elabore una Guía Informativa y Campañas de Difusión sobre los cuidados después de la aplicación de la vacuna contra el COVID_19.

La senadora por Tabasco expuso que a raíz de la pandemia, el Gobierno Federal ha tomado las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las y los mexicanos en primera instancia, ejemplo de ello fue la Jornada Nacional de Sana Distancia y la creación del Semáforo Epidemiológico que ha sido replicado en varias partes del mundo debido a su efectividad.

Hoy en día, México se encuentra en la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19, el cual está enfocado en adultos mayores. Se inició la vacunación en las zonas más vulnerables, como son las zonas rurales y los pueblos indígenas para proteger a quienes tienen mayor riesgo con las complicaciones de la enfermedad, en días posteriores se extendió a las zonas urbanas donde existe mayor eficiencia en los contagios debido a la concentración de la población.

En cuanto a los fármacos autorizados en nuestro país, la senadora expuso que el 06 de abril del presente año, la (COFEPRIS), vinculada con el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud Federal, ha autorizado para uso de emergencia la vacuna COVAXIN,para sumarse a los otros cinco fármacos autorizados: AstraZeneca, CanSino, Sinovac, Pfizer y Sputnik V.

La legisladora tabasqueña destacó la importancia de mencionar que la mayoría de las vacunas contra el COVID-19, o por lo menos todas las que son aplicadas en México, requiere de dos dosis. Y de acuerdo con diversos estudios, así como información que ha proporcionado la OMS, la respuesta inmunitaria se activa alrededor de dos semanas después de recibir la primera dosis y al aplicar la segunda dosis es cuando aumenta esta inmunidad y se hace más fuerte. Sin embargo, la OMS recomienda continuar con las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, el lavado adecuado de manos y evitar estar en aglomeraciones.

Mónica Fernández Balboa, sostuvo que la relevancia de este Punto de Acuerdo recae en la imperiosa necesidad de darle difusión a la información referente a los cuidados posteriores, ya que la mayoría de las y los mexicanos deben de conocer de los beneficios y cuidados que trae consigo la vacuna. Sin dejar de mencionar que una de las formas de garantizar la efectividad de la vacuna contra el COVID-19, es continuando con las precauciones pertinentes, tales como usar mascarilla en lugares públicos, mantener una sana distancia de por lo menos 1.5 metros con los demás, evitar la aglomeración, abstenerse a espacios con poca ventilación y lavarse las manos con frecuencia.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud.

Consulta y descarga el Punto de Acuerdo AQUÍ.

Senado fortalece atribuciones de la SEMAR para administración de Comercio Marítimo y Puertos

 

  • Senado aprueba reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

 

Las Comisiones unidas de Gobernación, Marina y Estudios Legislativos Segunda presentaron el dictamen en la sesión ordinaria de este miércoles.

 

Durante su intervención en tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández Balboa, expresó: “Esta reforma espera lograr un control efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marinas mexicanas; una educación náutica mercante con estándares internacionales; protección y seguridad marítimo-portuaria eficaz; control y transparencia del dragado en el país; mayor eficiencia en regulación tarifaria; y una Autoridad Marítima Nacional unificada y consolidada”.

En su posicionamiento, la legisladora tabasqueña también apuntó: “No se requiere mayor crecimiento en la estructura organizacional actual, ni presupuesto adicional; no se afectarán los derechos laborales del personal que sea transferido; no se transgrede el estado de derecho constitucional del país; y permitirá la mejora regulatoria de los controles tarifarios en el sector marítimo nacional”.

El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado de la República en lo general con 70 votos a favor y 26 en contra y 6 abstenciones para las reformas a las tres Leyes:

 

  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
  • Ley de Navegación y Comercio Marítimo
  • Ley de puertos

Con esta aprobación se amplían las atribuciones de la Secretaría de Marina.

Se remite al Ejecutivo Federal.

 

Presidenta del la Comisión de Gobernación presenta dictamen sobre consulta popular propuesta por AMLO

 

 

Versión estenográfica de la intervención de la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, al presentar el dictamen de la petición de consulta popular del presidente de México.

 

Señoras Senadoras y Senadores de la República:

 

El día de ayer la Comisión de Gobernación dictaminó en sentido afirmativo la trascendencia nacional de la consulta popular solicitada por el Presidente de la República el 15 de septiembre del año en curso, que fue turnada a dicha Comisión para su análisis y dictamen por el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Federal de Consulta Popular y correspondientes de nuestro Reglamento camaral, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese remitido al Senado de la República su resolución en la que determina la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y los términos precisos de la pregunta que se habrá de someter a la consideración de la ciudadanía por conducto del INE, en caso que el Congreso de la Unión así lo apruebe.

 

  

 

Como ustedes saben la Corte se abocó a la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular en cuanto a la materia en sesión del Pleno del Tribunal el 1 de octubre de 2020, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, así como el artículo 26 fracción II inciso b de la Ley Federal de Consulta Popular y determinó que la pregunta de la consulta popular fuese la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

 

Sobre la trascendencia nacional de la consulta popular el dictamen de la Comisión de Gobernación textualmente dispone en sus artículos resolutivos:

 

ARTÍCULO PRIMERO. Es procedente la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La materia de la consulta popular referida a la petición presentada por el Presidente cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

 

 ARTÍCULO TERCERO. Es procedente convocar a las y los ciudadanos mexicanos a consulta popular para que se manifiesten sobre la pregunta contenida en la Convocatoria a Consulta Popular.

 

La convocatoria elaborada y aprobada por la Comisión de Gobernación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, por lo que ahorro su lectura ante el Pleno.

 

Señoras y señores Senadores de la República: Según lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, y por el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular que lo reglamenta, corresponde a las cámaras del Congreso de la Unión, y en primer término al Pleno del Senado por ser cámara de origen de la petición del Presidente de la República, determinar por mayoría si la consulta popular es una cuestión de  trascendencia nacional, y de ser el caso aprobar la convocatoria a consulta popular solicitada por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral el primer domingo del mes de agosto de 2021.

 

Para la Comisión de Gobernación la trascendencia nacional de la consulta popular se infiere de los efectos benéficos sobre todos los mexicanos que puede tener una consulta popular como la que se presenta.

 

En primer lugar, es posible afirmar con rotundidad, porque estudios empíricos de ciencia política así lo sugieren, que la consulta popular es una escuela de la democracia pues se aprende a participar y se incentiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos ejerciendo el derecho a votar.

 

Sin lugar a duda el voto directo del ciudadano para resolver cuestiones de trascendencia nacional con fundamento en el artículo 35 constitucional expande el espectro del derecho político del ciudadano, establecido para votar únicamente por los representantes populares que habrán de decidir en su nombre los asuntos públicos que atañen a toda la Nación.

 

¿Qué duda puede haber que el voto directo del pueblo en una consulta popular es una reafirmación contundente del principio de la soberanía popular escrito en prosa intemporal en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Recordemos el texto: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

 

En el año 2021 los mexicanos habremos de celebrar doscientos años de la conclusión de nuestra guerra de independencia, así como de la lucha física, intelectual y moral por implantar como principio rector del sistema político la soberanía nacional y popular.

 

Y es en el marco de esta memorable fecha de nuestro calendario republicano y democrático que se habrá de celebrar la consulta popular convocada por el honorable Congreso de la Unión a petición del jefe del Estado Mexicano, para reafirmar el principio de la soberanía popular en su bicentenario mediante una consulta popular directa.

 

 

Este es el marco histórico en el que discurre la evolución política del pueblo de México: los mexicanos estaremos haciendo historia dando un paso adelante en nuestro desarrollo político al concurrir el 1 de agosto de 2021 a votar para decidir una cuestión de trascendencia nacional.

 

En este sentido la trascendencia nacional de la consulta popular radica también en un cambio profundo en la práctica constitucional de México y en su cultura constitucional: poner a los poderosos en una situación de igualdad ante los desposeídos y hacerles entender que la Constitución y las leyes también a ellos les aplican, pues es esto y no otra cosa el significado auténtico del concepto “Estado de derecho”.

 

La consulta popular tiene el poder de abrogar la impunidad garantizada al más alto nivel de funcionarios públicos que, como inveterada costumbre jurídica, ha caracterizado al sistema político mexicano durante el siglo XX y parte del XXI.

 

La consulta popular es de trascendencia nacional porque modifica el sistema político de los mexicanos ya que  empodera a los ciudadanos, quienes por esta vía obtienen un instrumento eficaz de participación no controlado por las dirigencias de los partidos políticos integradas por políticos profesionales.

 

En este sentido cabe decir ante este honorable Pleno que la consulta popular es de trascendencia nacional también porque con ello México cumplen con un compromiso internacional expresado en la Carta Democrática Interamericana, en especial en sus artículos 2 y 6 que, respectivamente, dicen:

 

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. 

 

Por todas estas consideraciones, que han podido leer en el análisis que acompaña a los resolutivos del dictamen de la Comisión de Gobernación, exhorto a que el día de hoy este Pleno, con su voto mayoritario, determine que esta consulta popular es de trascendencia nacional, y que apruebe la respectiva convocatoria. 

Muchas gracias.

Senado aprueba garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México

 

La Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales en materia de garantía al libre acceso y tránsito en las playas de México.

 

“Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas”. Mónica Fernández Balboa

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Las Comisiones Unidas Gobernación; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, presenta ante ustedes dictamen sobre la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 8; un párrafo segundo al artículo 127, y un nuevo artículo el 154 a la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

 

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue recibida y turnada el 03 de septiembre de 2019.

 

Con las modificaciones legales que contiene la Minuta que se dictamina, se establece, que:

 

  • El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento.

 

  • En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre.

 

  • Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.

 

  • Serán revocadas las concesiones o permisos, para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas. Lo anterior, para hacer efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima.

 

Las Comisiones dictaminadoras consideran viable y oportuna la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto, de conformidad con los siguientes razonamientos:

 

Se estima que las adiciones que se proponen son congruentes con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que en su párrafo primero establece la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas, y en su párrafo tercero contempla el derecho de la misma, de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

 

Hay que recordar que México posee un extenso litoral a lo largo de su territorio, más de 11 mil 122 kilómetros de extensión y una gran variedad de sistemas costeros y marinos, lo que le confiere una importancia en el que lo posiciona, en el cuarto país más rico del mundo, en cuanto a biodiversidad, esto constituye un patrimonio invaluable del cual todas las personas deben tener acceso a disfrutar.

 

 

No debe quedar desapercibido que constitucional y legalmente, las playas mexicanas son públicas y deben existir caminos de acceso a todo ciudadano que deseé disfrutarlas. Sin embargo, a pesar de dicha cualidad legal, persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas.

 

Por ello, se coincide con la manifiesta preocupación de la Cámara de Diputados, ante los flagrantes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que por medios extralegales establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas. Tales restricciones van desde cercas semifijas, hasta verdaderas construcciones permanentes, apoyándose incluso en ocasiones de elementos de seguridad privada o personal hotelero a quienes instruyen a realizar actividades que violentan la ley.

 

 

Hay que señalar, que la restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la Nación.

 

Derivado de lo anterior, es importante mencionar, que también se prevé la revocación de concesiones o permisos para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas, ya que se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad que otorga los permisos y concesiones, deberá aplicar en vía de sanción su revocación. Con esto, se hará efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima terrestre.

 

 

Por todo lo expuesto, se consideran adecuadas y oportunas las adiciones contenidas en la Minuta y con su aprobación, se garantiza el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas.

 

Muchas gracias.

 

Consulta y descarga el Dictamen AQUÍ.