Senado aprueba acuerdo a la interpretación de los Art. 11 y 12 de la Ley Federal Revocación de Mandato

Versión estenográfica del mensaje de la Senadora Mónica Fernández Balboa al término de la sesión ordinaria sobre el Acuerdo por el que se realiza la Interpretación de los Art. 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2021.

 

En el Senado de la República acabamos de aprobar por unanimidad la interpretación de los Art. 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Queremos garantizar y dar certidumbre a la ciudadanía que sus derechos a una participación accesible en cualquier ejercicio de Revocación de Mandato puedan darse.

 Esta interpretación la hacemos ante algunas formas que ha definido el INE en sus lineamientos que no son necesariamente los que corresponden con la Ley. Esto lo hacemos de una manera abierta, en pleno uso de nuestras facultades como Congreso de la Unión, pero firmes y mediante el diálogo respetuoso.

Esperamos puedan ser recibidas estas observaciones, esta interpretación de una Ley que nosotros mismos hicimos y que quede muy claro y transparente. Los que hacemos las Leyes somos las y los legisladores en el Congreso de la Unión.

*Descarga el Acuerdo de la JUCOPO AQUÍ.

 

Avances y retos de la paridad de género en México

Versión estenográfica de la Senador a Mónica Fernández Balboa en el Panel “Avances y retos de la paridad de género en México”, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Saludo con gusto a mis compañeras panelistas, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, verdaderas aliadas en la lucha por el adelanto de las mujeres y la paridad de género en nuestro país. Del mismo modo, saludo a mi paisana, la maestra Yolidabey Alvarado de la Cruz, Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco y Presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos A.C.

   

Aprovecho para expresar mi reconocimiento a la maestra Alvarado, por la labor que ha hecho al frente de la AMMEL a lo largo de este último año, un año de intenso trabajo que coincidió con la celebración del proceso electoral de 2021, el más grande en la historia de nuestro país, en el que se aplicaron por primera vez las reformas de paridad total y de violencia política contra las mujeres en razón de género aprobadas por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, poniendo a prueba las capacidades de los órganos jurisdiccionales, que tuvieron que resolver los conflictos de las disputas  observando un renovado marco jurídico orientado a la igualdad sustantiva

 

Querida magistrada, muchas felicidades por tu liderazgo, por tu compromiso y capacidad mostrada en esta gestión que el día de hoy concluye con nuestro total reconocimiento y agradecimiento. Es un honor participar en este encuentro entre juzgadoras y juzgadores, en el que nos convoca el análisis de los avances y los retos que enfrenta la paridad de género, a la luz de los procesos electorales y de los cambios legislativos que hemos venido impulsando en el congreso para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.

 

Como senadora de la República y presidenta de la Comisión de Gobernación, quisiera compartir algunas reflexiones sobre el tema desde el punto de vista legislativo, es decir, desde la confección de las normas jurídicas que nos rigen y desde donde se pueden revertir, subsanar y eliminar las brechas de género que impiden el desarrollo pleno de las mujeres.

La democracia es incompatible con la exclusión de las mujeres de la cosa pública y en un Estado democrático de derecho, las leyes pueden y deben ser una herramienta de reivindicación y promoción de los derechos políticos de las mujeres.

Como no podía ser de otra manera, la paridad y la igualdad sustantiva han sido una de las prioridades en la legislatura de la paridad. La paridad de género es una condición indispensable para la igualdad sustantiva.

 

Se trata de la evolución de las cuotas de género que no busca otra cosa más que asegurarnos a las mujeres el lugar que nos corresponde y la construcción de una democracia plena en la que se encuentren representadas por igual hombres y mujeres.

Precisamente por ello, una de las primeras acciones legislativas que llevamos a cabo fue la reforma en materia de paridad total publicada en junio de 2019, que retomó y amplió el principio incorporado por la reforma política de 2014, para que no solo abarcara la paridad legislativa, sino que se aplicara también en todos los cargos de elección popular, en los organismos autónomos, en los gabinetes del Poder Ejecutivo, en los ayuntamientos y en el Poder Judicial.

 

Podríamos decir que la reforma de paridad en todo se trató de una reforma política, en la medida en que instituyó una nueva regla de acceso al poder político, en este caso, a la paridad de género, como derecho de la ciudadanía para acceder a los cargos de elección popular, así como principio de observación obligada para la conformación de los órganos autónomos.

 

Esta reforma comprendió modificaciones diversos artículos de la Constitución para reconocer a la paridad no solo como un principio transversal para la integración de los órganos del Estado Mexicano, sino como un derecho de la ciudadanía para acceder a todos los cargos de elección popular.

De esta manera, se incluyó el principio de paridad en la elección de representantes de los ayuntamientos en los municipios con población indígena, se reconoció el derecho de la ciudadanía a ser elegida en condiciones de paridad en los cargos de elección popular y se estableció la obligación de observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en los organismos autónomos.

 

Del mismo modo, se precisó que la postulación de las candidaturas de los partidos políticos debe atender este mismo principio. Se incorporaron los términos de “diputadas” y “senadoras”, “candidaturas” y “senadurías” para ajustar el texto constitucional con un lenguaje incluyente. Asimismo, se especificó que las listas nacionales de representación proporcional que postulen los partidos políticos, deberán conformarse paritaria y alternadamente entre hombres y mujeres, cumpliendo varias condiciones legales.

 

Se estableció también la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, garantizando el principio de paridad de género y se incluyó el término de “ministras” en la conformación de la SCJN. En los artículos transitorios se establecieron diversas disposiciones con la finalidad de que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones normativas para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la reforma de paridad. Con la aprobación de esta reforma, la legislatura de la paridad reafirmó su vocación histórica con la igualdad y refrendó su compromiso de seguir eliminando las barreras para el adelanto de las mujeres.

 

La reforma de paridad hubiera estado incompleta sin una acción legislativa que atendiera uno de los principales obstáculos para el empoderamiento femenino: la violencia política. Este problema ha venido creciendo de la mano de la adopción de las afirmativas orientadas a incrementar la presencia y participación de las mujeres en los asuntos de interés colectivo. Se trata de una de las expresiones más visibles y deleznables de la cultura patriarcal que se resiste a cambiar y a compartir el poder con las mujeres.

 

Precisamente por ello, en abril de 2020, antes del inicio del proceso electoral, aprobamos reformas a ocho ordenamientos con el fin de prevenir, atender y sancionar las agresiones cometidas contra las mujeres tanto en las contiendas electorales como en el ejercicio de los deberes y funciones públicas, así como para armonizar la legislación electoral de acuerdo con la reforma constitucional en materia de paridad.

 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  se incorporó la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género Se facultó al TEPJF, al INE, los OPLE´S y a los tribunales electorales locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección frente a las acciones que pongan en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas. También se incorporó al INE en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se le facultó a este y a los Organismos Públicos Locales Electorales para promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, así como para sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.

En la LEGIPE se incorporó la definición de paridad de género, como la “Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación”. Se estipuló que esta violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

 

En ese sentido, se dispuso que el INE, los OPLE, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Otro candado relevante fue que se adicionó como requisito para una diputación o senaduría el no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. A fin de combatir la violencia política en las campañas, se estipuló que el Consejo General del INE podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión que ejerza violencia contra las mujeres en razón de género.

 

Además, se incorporó como una de las obligaciones de aspirantes y personas candidatas el abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas. También se especificó que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular y que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.

 

Las reformas a la LEGIPE estipularon sanciones ejemplares. De esta manera, según la gravedad, podrá significar hasta la cancelación del registro de los partidos políticos. También se  previó que las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, contemplarán un análisis de riesgos y un plan de seguridad con las acciones requeridas para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite, además de considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan. En la Ley General de Partidos Políticos, se incorporó la obligación de promover los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

 

En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se ordenó la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, así como la obligación de evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, así como de coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Estas reformas posicionaron a México a la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres.

 

Una vez iniciado el proceso electoral, la labor de las autoridades electorales fue fundamental para ampliar y precisar los alcances de la reforma de paridad de género. De manera particular, el acuerdo aprobado por el INE en noviembre y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobada en diciembre de 2021, permitieron aplicar el principio de paridad en las 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en junio de 2021. Más allá de cualquier controversia que pudiera haberse suscitado, el incremento de la presencia de las mujeres en el poder es algo que merece reconocerse y celebrarse. Sobre todo, porque los saldos del proceso electoral fueron positivos para la igualdad.

 

Del total de candidaturas registradas 71,465 correspondieron a mujeres y 67,347 a hombres una diferencia de 4,118 candidatas más que los candidatos. Gracias a la reforma de paridad habrá más gobernadoras y más presidentas municipales que en toda la historia del país. Las mujeres gobernarán más de 23 millones de personas en siete entidades de la República.

 

En el Poder Legislativo se logró por primera vez la paridad exacta en la Cámara de Diputados, con 250 diputadas y 250 diputados. De esta manera, México pasó a ocupar cuarto sitio en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre paridad legislativa. Desde luego que aún estamos lejos de la democracia paritaria que anhelamos, pero tenemos razones para ser optimistas de cara a los retos y rezagos que enfrentamos. En el Poder Legislativo, una de las asignaturas pendientes más importantes es cumplir con la resolución del Tribunal Electoral mediante la cual se vinculó a las Cámaras del Congreso de la Unión a regular la paridad en las gubernaturas.

En los partidos políticos tenemos que redoblar los esfuerzos para que el cumplimiento de la paridad y el compromiso con la igualdad sustantiva vaya más allá del discurso y lo políticamente correcto, para convertirse en auténticas convicciones democráticas. Para estos y otros temas, el diálogo con las y los intérpretes de la ley es sumamente útil, pues nos permite conocer el funcionamiento de las normas en la realidad, así como identificar posibles insuficiencias, vacíos y ambigüedades que interfieran con los objetivos que buscamos en el momento de aprobar las reformas en sede legislativa.

 

Por ello agradezco a la AMMEL y a su presidenta por la oportunidad que me brinda para conocer la visión de las y los magistrados, como parte de una colaboración respetuosa entre poderes que busca seguir eliminando las brechas de género que persisten en nuestro país. Desde la comisión de Gobernación que me honro en presidir, tomaremos nota de las participaciones de este conversatorio, para tenerlas en cuenta en la deliberación legislativa.

Muchas gracias.

Senado aprueba el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos

VERISÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA PRESENTA DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, Y LOS ARTÍCULOS 31 Y 38 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Este dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas, en  la reunión ordinaria del pasado 9 de septiembre, estas reforman proponen incluir dentro del procedimiento de enajenación el sorteo y permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender bienes a través de sorteo, con la finalidad de obtener más recursos para que puedan ser aprovechados y utilizados por el Gobierno para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la sociedad.

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen permiten que a través del sorteo se enajenen bienes inmuebles que ahora están bajo la tutela del Estado mexicano, que hoy en día, la mayor parte de estos bienes, no son aptos para el servicio público, o están ociosos y generan un gasto al erario, por lo que se considera que el sorteo es una medida más, a través de la cual el gobierno podrá allegarse de recursos para destinarlos en beneficio de la sociedad, además de reducir el gasto corriente derivado de la manutención y administración de los bienes en comento.

 

La Lotería Nacional constituye una de las instituciones con mayor arraigo en la sociedad y durante su existencia ha aportado recursos importantes para la asistencia pública y social al Gobierno Federal.

 

Con estas reformas estamos dotando al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de las herramientas jurídicas con la finalidad de que el sorteo sea una opción a través de la cual, el Instituto pueda vender los bienes, a través de un mecanismo transparente.

 

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas. Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

 

Se remite para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Senado aprueba creación de “Muro de Honor”

  • Buscan reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la nación.

 

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de la senadora Mónica Fernández Balboa, por la que se crea el “Muro de Honor del Senado de la República” y se expiden los criterios para las inscripciones que se realicen en el mismo.

 

Esta iniciativa, presentada el 02 de octubre del 2019, señala que se ha convertido en una tradición solemne reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la historia de la dignidad de la patria, así como frases, acontecimientos y hechos trascendentes en la vida pública del país, a través de su inscripción en los salones de sesiones de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

 

También se detalla, sean inscritas en letras doradas los nombres de las personas que se entregaron a las causas de la nación, con el propósito de honrarlos y reconocerlos al paso de las generaciones, mujeres y hombres que han luchado por nuestro país, a las instituciones que le han dado prestigio y remembrar los sucesos de notoria trascendencia histórica.

 

Descarga la Iniciativa AQUÍ

Presentación de dictamen por el que se modifica el nombre de la SCT

Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación durante la presentación del dictamen por el que se reforman reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por el que se modifica el nombre de la SCT.

 

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.  

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son modificaciones a los artículos 26, 30, 32 bis, 36 y 38 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto cambiar el nombre de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por “Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, para que sea acorde con las actuales atribuciones u obligaciones que ejerce y que se encuentran establecidas en la Ley.

 

Estas reformas no pretenden modificar y/o adicionar facultades nuevas a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar mayor precisión.

En ese sentido el dictamen que hoy ponemos a su consideración no va más allá de un cambio de denominación y que vale la pena hacer énfasis en que no representará un impacto dentro de los sectores económico-administrativos de la Administración Pública Federal.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

Presentación dictamen Revocación de Mandato

 

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la presentación del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y EStudios Legislativos Segunda.

 

Esta Ley que hoy discutimos tenía que ser expedida desde el mes de junio del año 2020, en cumplimiento del artículo Segundo Transitorio de la Reforma constitucional que en materia de consulta popular y revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

 

El dictamen contempla 6 iniciativas que fueron turnadas a estas comisiones y que proponen expedir una LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO:

El 16 de agosto, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de dictamen que se les hizo llegar presentaba las siguientes características:

  • Se valoró que en las seis iniciativas sobre el tema existía coincidencia en casi la totalidad de los artículos;
  • En dos artículos había diversas propuestas de redacción, el artículo 25 y 56.
  • Adicionalmente, se identificaron seis adiciones normativas sobre temas específicos respecto de las cuales existía también diversas propuestas de redacción.

 

Al inicio de la reunión acordamos y aprobamos en votación económica en ambas comisiones, que dicho proyecto de Decreto solo se discutiría y aprobaría en lo general y que las reservas serían sometidas a consideración de este Pleno.

Es de mencionarse que en esta reunión diversos grupos parlamentarios expresaron su opinión y propuesta, para darnos un poco más de tiempo el dictamen en cuestión y la expresaron la iniciativa de tener primero una reunión con el Instituto Nacional Electoral.

 

Durante la sesión se presentaron dos votos particulares y varias reservas, que hoy fueron retiradas por los proponentes.

 

Hoy reconozco la voluntad política de construir del Presidente de la JUCOPO, de los grupos parlamentarios que componen este Senado de la República, de la Presidenta de la Mesa Directiva y de las compañeras y compañeros que instalaron mesas de trabajo para analizar este dictamen. 

Aun cuando este proceso de dictaminación fue un largo y arduo trabajo, estoy convencida que debemos sumar esfuerzos para transitar a una democracia que brinde a las y los ciudadanos mayores mecanismos que les permitan participar de manera directa en la toma de decisiones transcendentales para el país.

 

Hoy nuevamente el dialogo, el debate y el ánimo de construir, sobre este tema de gran importancia para la ciudadanía, es una realidad. Les recuerdo que toda ley es perfectible, y para eso estamos aquí. 

 

Se ha integrado al dictamen una adenda que se ha trabajado durante varios días, que modifica 29 de los artículos del dictamen y los cinco artículos transitorios.

La revocación de mandato es el pleno derecho de la ciudadanía de solicitar y participar en este proceso para evaluar y decidir si están de acuerdo o no, con el trabajo del Presidente de la República que esté en turno. Esta reglamentación tiene la finalidad de empoderar verdaderamente a las y los ciudadanos.

El Poder Legislativo Federal en cumplimiento de sus facultades, tiene la obligación de expedir una Ley que regule este instrumento garante de la democracia participativa, así como las implicaciones y connotaciones que debe tener en el sistema jurídico mexicano.

 

La realización e instrumentación de este importante e inédito ejercicio y derecho ciudadano, no debe dejarse a interpretaciones de entidades no legislativas.

 

Por todo lo anterior, me permito felicitar desde este espacio a las senadoras y senadores que componen esta Cámara, por este ánimo de poder trabajar entre todos y construir para el país, por ello  los exhorto de manera respetuosa a que aprobemos la LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO y con ello contribuiremos a fortalecer nuestro sistema democrático participativo y cumpliremos con nuestra obligación legislando.

Por su atención, gracias. Es cuanto presidenta.

 

 

 

 

 

Comisiones aprueban el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato

Esta mañana se llevó a cabo la reunión ordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación informó que el dictamen aprobado esta conformado por 6 iniciativas que fueron presentadas, por diversas senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de MORENA, PRI, PAN, MC y PRD y que fueron turnadas a estas comisiones.

 

Conforme al Orden del Día las y los legisladores integrantes hicieron el análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, propuesta que mostró coincidencias en casi la totalidad de los artículos, presentando dos diferencias en los temas: 1) del informe detallado que el Secretario Ejecutivo del INE debe presentar al Consejo General sobre la verificación del apoyo ciudadano y 2) sobre los medios de impugnación; así como la propuesta de adiciones.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras en la reunión de trabajo aprobaron que la discusión sería en lo general sobre todas las coincidencias; posteriormente se llevó a cabo la discusión de los artículos 25 y 56 en los que había diferendo por tal motivo se realizaron votaciones en lo individual de las propuestas presentadas. Finalmente, se sometió a consideración la inclusión al Dictamen de diversas propuestas de adiciones, aprobándose tres de ellas.

 

Es de mencionarse que las comisiones unidas aprobaron que las reservas que esta mañana presentaron diversos senadores y senadoras sean discutidas en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores; y fue anunciado la presentación de votos particulares.

En una primera votación el dictamen fue aprobado en lo general. Al reanudarse la sesión, después de un receso, las  Comisiones Unidas aprobaron nominalmente los contenidos de los artículos 25 y 56 así como la adición de tres artículos al dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva.

 

Seminario sobre Desplazamiento Forzado Interno

Versión estenográfica Sen. Mónica Fernández Balboa en el Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado SEGOB

12 de agosto de 2021

 

Quisiera comenzar saludando la realización de este seminario, que forma parte del reconocimiento que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo del desplazamiento interno forzado como lo que es: un problema de derechos humanos que requiere de la intervención del Estado tanto para brindar atención integral a las víctimas, como para atender las causas que dan origen al desplazamiento forzado en nuestro país.

 

Este reconocimiento representa acción política reivindicatoria en sí misma y el primer paso para poner fin a los desplazamientos forzados y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.  

   

Las personas migrantes no son migrantes sino víctimas de violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que carecen de un entorno seguro y precisamente por ello la responsabilidad del Estado, en la medida en que refleja el incumplimiento de sus obligaciones más elementales.

 

Hay que decir que este no es un problema exclusivo de nuestro país. Como se advierte en el Informe mundial sobre desplazamiento interno, en el año 2019 se generaron 33.4 millones de desplazamientos internos en 145 países y territorios del mundo originados por múltiples causas en las que intervienen una gran cantidad componentes de índole político, social y medioambiental.

El desplazamiento interno forzado en nuestro país se manifiesta en pueblos abandonados y en familias separadas; en niñas y niños que tienen de escapar de sus hogares y comunidades, en el aumento del poder de las organizaciones criminales y en la pérdida de confianza hacia las autoridades.

 

Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno forzado es que México no cuenta con un marco normativo especializado a nivel nacional, lo que resulta en una falta de claridad en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno para la prevención y atención integral al fenómeno.

 

Por ello, coincidimos con diversos organismos de derechos humanos que han hecho énfasis en la necesidad de expedir una legislación que establezca un sistema de responsabilidades para los tres niveles de gobierno y que permita atender las deficiencias de política pública en la materia, como por ejemplo, la falta de un registro oficial de desplazados internos, y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos que dificultan la comprensión de los patrones de desplazamiento, la evaluación de los incidentes a pequeña escala.

 

En esta LXIV Legislatura se dio un paso adelante el 29 de septiembre de 2020, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, mediante la cual se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.

 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados retoma las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos y los plasma en una ley que no solo logró el consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino que también el respaldo del Gobierno de la República para atender un problema que había sido invisibilizado.

 

Incorpora los principios Deng en el marco jurídico nacional, entre los que me permito resaltar la obligación de las autoridades de proporcionar atención y asistencia humana a las personas desplazadas, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios y la protección para niñas, niños y adolescentes.

 

La minuta contempla la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, en cuyo diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación

 

También ordena la integración del Registro Nacional de Personas Desplazadas, un registro de información y recopilación de datos de carácter confidencial que, además de contener datos de las personas desplazadas, tendrá información sobre sus lugares de origen, características sociodemográficas y necesidades especiales.

 

Dispone la creación del Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento interno forzado, un órgano

 

Asimismo, estipula la obligación de integrar un Fondo Nacional que brindará recursos económicos para la atención, prevención, protección e implementación de soluciones duraderas de las personas desplazadas.

 

Este proyecto de Ley, actualmente se encuentra en el Senado de la República, en donde tenemos la obligación de revisar las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados y construir los consensos entre las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo para seguir con el proceso legislativo correspondiente.

Como presidenta de la Comisión de Gobernación, una de las comisiones dictaminadoras de las comisiones dictaminadoras de esta minuta, puedo decir que todas y todos los integrantes de esta comisión coincidimos en que el desplazamiento interno forzado requiere de la atención del Estado mexicano y, por ello, también coincidimos en la necesidad de aprobar cuanto antes la legislación general en la materia, la cual formará parte de la agenda de la Legislatura que está por comenzar.

 

El desplazamiento interno forzado constituye uno de nuestros retos pendientes para garantizar los derechos humanos de las personas en nuestro país.

 

Queda claro que aún tenemos mucho por hacer para resolver esta problemática que apenas está siendo reconocida como tal por el Estado mexicano.

 

La solución del desplazamiento interno forzado pasa necesariamente por la expedición una nueva legislación que establezca responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno, que reconozca las causas de los desplazamientos, que establezca un catálogo de derechos para las personas desplazadas y los mecanismos para su aseguramiento.

 

Esta legislación debe entenderse como el primer paso para generar soluciones de largo plazo por medio de políticas públicas, instituciones y presupuestos adecuados.

 

En la Comisión de Gobernación seguiremos trabajando para darle a México un instrumento eficiente que brinde soluciones jurídicas viables para el problema del desplazamiento interno forzado; una ley que nos ponga en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y nos permita dar respuesta a los miles de mexicanas y mexicanas que han tenido que escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. Tengan la seguridad de que en el Senado de la República cumpliremos con la parte que nos corresponde para atender al desplazamiento interno forzado. Muchas gracias por su atención.

 

Comisiones ratifican a Roberto Salcedo como titular SFP

Esta mañana se llevó a cabo la reunión extraordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la cual fue presidida por la Sen. Mónica Fernández Balboa, en la que hicieron el análisis, discusión y votación del dictamen por el que se propone la ratificación del nombramiento que el Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de Roberto Salcedo Aquino como Titular de la Secretaría de la Función Pública.

 

En el Orden del Día se desarrolló la comparecencia del funcionario, previa lectura de su semblanza. Las y los legisladores integrantes de ambas comisiones realizaron tres rondas de preguntas y una vez concluida se realizó la votación con resultado a favor del dictamen.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la Sen. Mónica Fernández Balboa, hizo la declaratoria de aprobación del dictamen que ratifica el nombramiento del titular del Ejecutivo Federal en la persona de Roberto Salcedo Aquino como Secretario de la Función Pública. Se remite a la Mesa Directiva.

Link de la transmisión en vivo

 

Foro Cabildeo en el S. XXI, organizado por la OCDE y el CEI Gilberto Bosques

Versión estenográfica de la intervención de la Sen. Mónica Fernández Balboa durante el Foro: Cabildeo en el S. XXI: Acceso, Transparencia, e Integridad. Organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

 

Muy buenos días a todas y todos los presentes, es un gusto saludarles en una sesión más de este espacio de reflexión entre el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

El tema que nos convoca hoy es muy cercano al quehacer diario del Poder Legislativo: el cabildeo. Todos hemos tenido un contacto con esta herramienta que forma parte legítima de toda democracia.  

 

El cabildeo ha sido utilizado para ejercer influencia sobre las decisiones, acercar información y ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, es muy evidente que la falta de transparencia e integridad en este ejercicio representa un riesgo para la salud de nuestra democracia.

A nivel global, existen diferentes acercamientos al cabildeo y diferentes formas de regularlo, y los Principios de Transparencia e Integridad en la materia impulsados por la OCDE han sido una referencia para nuestras interacciones con los cabilderos.

 

En el Reglamento del Senado de la República, en el artículo 298 establece una definición de lo que comprende el cabildeo y lineamientos básicos sobre la relación entre los Senadores y las personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares. Se aclara que “las comisiones y los senadores deben informar por escrito a la Mesa Directiva de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses.” En el artículo 299 se precisa que las y “los senadores ni el personal pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de personas que realicen cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado”.

 

Sin embargo, en diferentes ocasiones hemos participado en discusiones plurales sobre la pertinencia o no de contar con normatividad de otro tipo para regular de manera integral las actividades de cabildeo. Incluso para homologar medidas entre ambas cámaras del Congreso. Entre las propuestas, se ha debatido el establecimiento de un registro público de cabilderos, el registro de grupos de interés y de presión, el diseño de códigos de ética, entre muchas otras opciones que están disponibles y de las que hay ejemplos a nivel internacional.

Al mismo tiempo, como se discutió recientemente en la presentación del informe de la OCDE sobre el cabildeo en el siglo XXI, los mecanismos y canales de influencia en la toma de decisiones han evolucionado. Ya no sólo se basa en la comunicación directa entre el cabildero y el legislador, las tecnologías, redes sociales, los objetivos de financiamiento el sector privado, entre otros, nos obligan a repensar si estamos haciendo lo suficiente para asegurar la apertura, el acceso y la transparencia, además de promover de manera efectiva una cultura de la integridad entre los actores que participan en las dinámicas de influencia.

 

El contexto internacional también ha hecho evidente la necesidad de, incluso, revisar qué se entiende por influencia legítima y cómo se diferencia de una interferencia clandestina extranjera que vaya contra valores nacionales.

 

Ante este escenario, nos ocupa empezar por entender mejor la naturaleza de las conductas que se están presentando en diferentes latitudes para prepararnos y detonar las conversaciones que sean necesarias. Las nuevas tecnologías y la digitalización está acelerando transformaciones, muchas que ni siquiera anticipábamos. La pandemia obligó a tomar decisiones, necesarias en tiempos de crisis, que incrementan la susceptibilidad de los países en detrimento de la transparencia, el acceso y la integridad. Será necesario abordar esta realidad en las reflexiones post-pandemia para asegurar que, ante cualquier otra emergencia, estemos preparados para atender la crisis mientras se asegura la integridad de la operación del gobierno.

Y con ese propósito, celebro la decisión de abrir el tema y traer expertos que nos acerquen hallazgos que son tan necesarios para mantener al Senado de la República a la vanguardia de los debates y las soluciones. No me queda más que agradecer al Dr. Jacobo Pastor García Villareal Toledo, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, al Centro Gilberto Bosques, y por supuesto, al Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE para México y América Latina, por la celebración de este foro y por alentar a que no dejemos de reflexionar sobre el quehacer legislativo de manera crítica.