Presentación de dictamen por el que se modifica el nombre de la SCT

Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación durante la presentación del dictamen por el que se reforman reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por el que se modifica el nombre de la SCT.

 

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.  

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son modificaciones a los artículos 26, 30, 32 bis, 36 y 38 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto cambiar el nombre de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por “Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, para que sea acorde con las actuales atribuciones u obligaciones que ejerce y que se encuentran establecidas en la Ley.

 

Estas reformas no pretenden modificar y/o adicionar facultades nuevas a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar mayor precisión.

En ese sentido el dictamen que hoy ponemos a su consideración no va más allá de un cambio de denominación y que vale la pena hacer énfasis en que no representará un impacto dentro de los sectores económico-administrativos de la Administración Pública Federal.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

Presentación dictamen Revocación de Mandato

 

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la presentación del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y EStudios Legislativos Segunda.

 

Esta Ley que hoy discutimos tenía que ser expedida desde el mes de junio del año 2020, en cumplimiento del artículo Segundo Transitorio de la Reforma constitucional que en materia de consulta popular y revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

 

El dictamen contempla 6 iniciativas que fueron turnadas a estas comisiones y que proponen expedir una LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO:

El 16 de agosto, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de dictamen que se les hizo llegar presentaba las siguientes características:

  • Se valoró que en las seis iniciativas sobre el tema existía coincidencia en casi la totalidad de los artículos;
  • En dos artículos había diversas propuestas de redacción, el artículo 25 y 56.
  • Adicionalmente, se identificaron seis adiciones normativas sobre temas específicos respecto de las cuales existía también diversas propuestas de redacción.

 

Al inicio de la reunión acordamos y aprobamos en votación económica en ambas comisiones, que dicho proyecto de Decreto solo se discutiría y aprobaría en lo general y que las reservas serían sometidas a consideración de este Pleno.

Es de mencionarse que en esta reunión diversos grupos parlamentarios expresaron su opinión y propuesta, para darnos un poco más de tiempo el dictamen en cuestión y la expresaron la iniciativa de tener primero una reunión con el Instituto Nacional Electoral.

 

Durante la sesión se presentaron dos votos particulares y varias reservas, que hoy fueron retiradas por los proponentes.

 

Hoy reconozco la voluntad política de construir del Presidente de la JUCOPO, de los grupos parlamentarios que componen este Senado de la República, de la Presidenta de la Mesa Directiva y de las compañeras y compañeros que instalaron mesas de trabajo para analizar este dictamen. 

Aun cuando este proceso de dictaminación fue un largo y arduo trabajo, estoy convencida que debemos sumar esfuerzos para transitar a una democracia que brinde a las y los ciudadanos mayores mecanismos que les permitan participar de manera directa en la toma de decisiones transcendentales para el país.

 

Hoy nuevamente el dialogo, el debate y el ánimo de construir, sobre este tema de gran importancia para la ciudadanía, es una realidad. Les recuerdo que toda ley es perfectible, y para eso estamos aquí. 

 

Se ha integrado al dictamen una adenda que se ha trabajado durante varios días, que modifica 29 de los artículos del dictamen y los cinco artículos transitorios.

La revocación de mandato es el pleno derecho de la ciudadanía de solicitar y participar en este proceso para evaluar y decidir si están de acuerdo o no, con el trabajo del Presidente de la República que esté en turno. Esta reglamentación tiene la finalidad de empoderar verdaderamente a las y los ciudadanos.

El Poder Legislativo Federal en cumplimiento de sus facultades, tiene la obligación de expedir una Ley que regule este instrumento garante de la democracia participativa, así como las implicaciones y connotaciones que debe tener en el sistema jurídico mexicano.

 

La realización e instrumentación de este importante e inédito ejercicio y derecho ciudadano, no debe dejarse a interpretaciones de entidades no legislativas.

 

Por todo lo anterior, me permito felicitar desde este espacio a las senadoras y senadores que componen esta Cámara, por este ánimo de poder trabajar entre todos y construir para el país, por ello  los exhorto de manera respetuosa a que aprobemos la LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO y con ello contribuiremos a fortalecer nuestro sistema democrático participativo y cumpliremos con nuestra obligación legislando.

Por su atención, gracias. Es cuanto presidenta.

 

 

 

 

 

Comisiones aprueban el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato

Esta mañana se llevó a cabo la reunión ordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación informó que el dictamen aprobado esta conformado por 6 iniciativas que fueron presentadas, por diversas senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de MORENA, PRI, PAN, MC y PRD y que fueron turnadas a estas comisiones.

 

Conforme al Orden del Día las y los legisladores integrantes hicieron el análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, propuesta que mostró coincidencias en casi la totalidad de los artículos, presentando dos diferencias en los temas: 1) del informe detallado que el Secretario Ejecutivo del INE debe presentar al Consejo General sobre la verificación del apoyo ciudadano y 2) sobre los medios de impugnación; así como la propuesta de adiciones.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras en la reunión de trabajo aprobaron que la discusión sería en lo general sobre todas las coincidencias; posteriormente se llevó a cabo la discusión de los artículos 25 y 56 en los que había diferendo por tal motivo se realizaron votaciones en lo individual de las propuestas presentadas. Finalmente, se sometió a consideración la inclusión al Dictamen de diversas propuestas de adiciones, aprobándose tres de ellas.

 

Es de mencionarse que las comisiones unidas aprobaron que las reservas que esta mañana presentaron diversos senadores y senadoras sean discutidas en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores; y fue anunciado la presentación de votos particulares.

En una primera votación el dictamen fue aprobado en lo general. Al reanudarse la sesión, después de un receso, las  Comisiones Unidas aprobaron nominalmente los contenidos de los artículos 25 y 56 así como la adición de tres artículos al dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva.

 

Seminario sobre Desplazamiento Forzado Interno

Versión estenográfica Sen. Mónica Fernández Balboa en el Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado SEGOB

12 de agosto de 2021

 

Quisiera comenzar saludando la realización de este seminario, que forma parte del reconocimiento que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo del desplazamiento interno forzado como lo que es: un problema de derechos humanos que requiere de la intervención del Estado tanto para brindar atención integral a las víctimas, como para atender las causas que dan origen al desplazamiento forzado en nuestro país.

 

Este reconocimiento representa acción política reivindicatoria en sí misma y el primer paso para poner fin a los desplazamientos forzados y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.  

   

Las personas migrantes no son migrantes sino víctimas de violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que carecen de un entorno seguro y precisamente por ello la responsabilidad del Estado, en la medida en que refleja el incumplimiento de sus obligaciones más elementales.

 

Hay que decir que este no es un problema exclusivo de nuestro país. Como se advierte en el Informe mundial sobre desplazamiento interno, en el año 2019 se generaron 33.4 millones de desplazamientos internos en 145 países y territorios del mundo originados por múltiples causas en las que intervienen una gran cantidad componentes de índole político, social y medioambiental.

El desplazamiento interno forzado en nuestro país se manifiesta en pueblos abandonados y en familias separadas; en niñas y niños que tienen de escapar de sus hogares y comunidades, en el aumento del poder de las organizaciones criminales y en la pérdida de confianza hacia las autoridades.

 

Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno forzado es que México no cuenta con un marco normativo especializado a nivel nacional, lo que resulta en una falta de claridad en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno para la prevención y atención integral al fenómeno.

 

Por ello, coincidimos con diversos organismos de derechos humanos que han hecho énfasis en la necesidad de expedir una legislación que establezca un sistema de responsabilidades para los tres niveles de gobierno y que permita atender las deficiencias de política pública en la materia, como por ejemplo, la falta de un registro oficial de desplazados internos, y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos que dificultan la comprensión de los patrones de desplazamiento, la evaluación de los incidentes a pequeña escala.

 

En esta LXIV Legislatura se dio un paso adelante el 29 de septiembre de 2020, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, mediante la cual se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.

 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados retoma las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos y los plasma en una ley que no solo logró el consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino que también el respaldo del Gobierno de la República para atender un problema que había sido invisibilizado.

 

Incorpora los principios Deng en el marco jurídico nacional, entre los que me permito resaltar la obligación de las autoridades de proporcionar atención y asistencia humana a las personas desplazadas, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios y la protección para niñas, niños y adolescentes.

 

La minuta contempla la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, en cuyo diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación

 

También ordena la integración del Registro Nacional de Personas Desplazadas, un registro de información y recopilación de datos de carácter confidencial que, además de contener datos de las personas desplazadas, tendrá información sobre sus lugares de origen, características sociodemográficas y necesidades especiales.

 

Dispone la creación del Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento interno forzado, un órgano

 

Asimismo, estipula la obligación de integrar un Fondo Nacional que brindará recursos económicos para la atención, prevención, protección e implementación de soluciones duraderas de las personas desplazadas.

 

Este proyecto de Ley, actualmente se encuentra en el Senado de la República, en donde tenemos la obligación de revisar las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados y construir los consensos entre las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo para seguir con el proceso legislativo correspondiente.

Como presidenta de la Comisión de Gobernación, una de las comisiones dictaminadoras de las comisiones dictaminadoras de esta minuta, puedo decir que todas y todos los integrantes de esta comisión coincidimos en que el desplazamiento interno forzado requiere de la atención del Estado mexicano y, por ello, también coincidimos en la necesidad de aprobar cuanto antes la legislación general en la materia, la cual formará parte de la agenda de la Legislatura que está por comenzar.

 

El desplazamiento interno forzado constituye uno de nuestros retos pendientes para garantizar los derechos humanos de las personas en nuestro país.

 

Queda claro que aún tenemos mucho por hacer para resolver esta problemática que apenas está siendo reconocida como tal por el Estado mexicano.

 

La solución del desplazamiento interno forzado pasa necesariamente por la expedición una nueva legislación que establezca responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno, que reconozca las causas de los desplazamientos, que establezca un catálogo de derechos para las personas desplazadas y los mecanismos para su aseguramiento.

 

Esta legislación debe entenderse como el primer paso para generar soluciones de largo plazo por medio de políticas públicas, instituciones y presupuestos adecuados.

 

En la Comisión de Gobernación seguiremos trabajando para darle a México un instrumento eficiente que brinde soluciones jurídicas viables para el problema del desplazamiento interno forzado; una ley que nos ponga en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y nos permita dar respuesta a los miles de mexicanas y mexicanas que han tenido que escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. Tengan la seguridad de que en el Senado de la República cumpliremos con la parte que nos corresponde para atender al desplazamiento interno forzado. Muchas gracias por su atención.

 

Comisiones ratifican a Roberto Salcedo como titular SFP

Esta mañana se llevó a cabo la reunión extraordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la cual fue presidida por la Sen. Mónica Fernández Balboa, en la que hicieron el análisis, discusión y votación del dictamen por el que se propone la ratificación del nombramiento que el Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de Roberto Salcedo Aquino como Titular de la Secretaría de la Función Pública.

 

En el Orden del Día se desarrolló la comparecencia del funcionario, previa lectura de su semblanza. Las y los legisladores integrantes de ambas comisiones realizaron tres rondas de preguntas y una vez concluida se realizó la votación con resultado a favor del dictamen.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la Sen. Mónica Fernández Balboa, hizo la declaratoria de aprobación del dictamen que ratifica el nombramiento del titular del Ejecutivo Federal en la persona de Roberto Salcedo Aquino como Secretario de la Función Pública. Se remite a la Mesa Directiva.

Link de la transmisión en vivo

 

Foro Cabildeo en el S. XXI, organizado por la OCDE y el CEI Gilberto Bosques

Versión estenográfica de la intervención de la Sen. Mónica Fernández Balboa durante el Foro: Cabildeo en el S. XXI: Acceso, Transparencia, e Integridad. Organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

 

Muy buenos días a todas y todos los presentes, es un gusto saludarles en una sesión más de este espacio de reflexión entre el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

El tema que nos convoca hoy es muy cercano al quehacer diario del Poder Legislativo: el cabildeo. Todos hemos tenido un contacto con esta herramienta que forma parte legítima de toda democracia.  

 

El cabildeo ha sido utilizado para ejercer influencia sobre las decisiones, acercar información y ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, es muy evidente que la falta de transparencia e integridad en este ejercicio representa un riesgo para la salud de nuestra democracia.

A nivel global, existen diferentes acercamientos al cabildeo y diferentes formas de regularlo, y los Principios de Transparencia e Integridad en la materia impulsados por la OCDE han sido una referencia para nuestras interacciones con los cabilderos.

 

En el Reglamento del Senado de la República, en el artículo 298 establece una definición de lo que comprende el cabildeo y lineamientos básicos sobre la relación entre los Senadores y las personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares. Se aclara que “las comisiones y los senadores deben informar por escrito a la Mesa Directiva de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses.” En el artículo 299 se precisa que las y “los senadores ni el personal pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de personas que realicen cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado”.

 

Sin embargo, en diferentes ocasiones hemos participado en discusiones plurales sobre la pertinencia o no de contar con normatividad de otro tipo para regular de manera integral las actividades de cabildeo. Incluso para homologar medidas entre ambas cámaras del Congreso. Entre las propuestas, se ha debatido el establecimiento de un registro público de cabilderos, el registro de grupos de interés y de presión, el diseño de códigos de ética, entre muchas otras opciones que están disponibles y de las que hay ejemplos a nivel internacional.

Al mismo tiempo, como se discutió recientemente en la presentación del informe de la OCDE sobre el cabildeo en el siglo XXI, los mecanismos y canales de influencia en la toma de decisiones han evolucionado. Ya no sólo se basa en la comunicación directa entre el cabildero y el legislador, las tecnologías, redes sociales, los objetivos de financiamiento el sector privado, entre otros, nos obligan a repensar si estamos haciendo lo suficiente para asegurar la apertura, el acceso y la transparencia, además de promover de manera efectiva una cultura de la integridad entre los actores que participan en las dinámicas de influencia.

 

El contexto internacional también ha hecho evidente la necesidad de, incluso, revisar qué se entiende por influencia legítima y cómo se diferencia de una interferencia clandestina extranjera que vaya contra valores nacionales.

 

Ante este escenario, nos ocupa empezar por entender mejor la naturaleza de las conductas que se están presentando en diferentes latitudes para prepararnos y detonar las conversaciones que sean necesarias. Las nuevas tecnologías y la digitalización está acelerando transformaciones, muchas que ni siquiera anticipábamos. La pandemia obligó a tomar decisiones, necesarias en tiempos de crisis, que incrementan la susceptibilidad de los países en detrimento de la transparencia, el acceso y la integridad. Será necesario abordar esta realidad en las reflexiones post-pandemia para asegurar que, ante cualquier otra emergencia, estemos preparados para atender la crisis mientras se asegura la integridad de la operación del gobierno.

Y con ese propósito, celebro la decisión de abrir el tema y traer expertos que nos acerquen hallazgos que son tan necesarios para mantener al Senado de la República a la vanguardia de los debates y las soluciones. No me queda más que agradecer al Dr. Jacobo Pastor García Villareal Toledo, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, al Centro Gilberto Bosques, y por supuesto, al Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE para México y América Latina, por la celebración de este foro y por alentar a que no dejemos de reflexionar sobre el quehacer legislativo de manera crítica.

 

Agradece senadora Mónica Fernández “Moneda al Desafío”

  •  A través de sus redes sociales la senadora por Tabasco y presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República expresó su gratitud.

 

Mi agradecimiento a los Generales, Jefes Oficiales, Personal de Tropa de la 30 Zona Militar, y a su comandante Gral.Bgda.D.E.M. José Fausto Torres Sánchez (SEDENA).

 

Recibir la “Moneda al Desafío”, es una distinción que valoro y me honra, por el gran significado dentro de nuestro Ejército Mexicano, ya que alberga los sentimientos y principios más profundos de valores como la integridad, pertenencia, valor, lealtad y compromiso. Comparto sus ideales que, sin duda, refrendan la institucionalidad que los hace La Gran Fuerza de México.

 

 

Comisión Permanente aprueba Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a Elecciones 2021

 

  • La senadora Mónica Fernández Balboa presidirá este grupo conformado por 15 legisladoras y legisladores.
  • En reunión a distancia la Sen. Mónica Fernández Balboa instaló la tarde de este miércoles los trabajos del Grupo de Trabajo.

 

El 6 de junio de 2021 se llevarán a cabo elecciones para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en las 32 entidades federativas, entre los que se encuentran congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales, en ese sentido la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó acuerdo para la creación de un Grupo de Trabajo para darle seguimiento al desarrollo de los procesos electorales.

Las actividades del Grupo de Trabajo se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales del año 2021, con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía, organización y funcionamiento de las instituciones y organismos encargados de los procesos electorales, garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad.

 

El acuerdo establece que el Grupo de Trabajo estará vigente hasta la conclusión del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de actividades, el cual será dado a conocer a ambas Cámaras y se hará público a través de los medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión.

La Presidencia del Grupo de Trabajo está a cargo la Sen. Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario mayoritario y el grupo quedó conformado por las y los legisladores siguientes:

 

Grupo Parlamentario MORENA

Sen. Martí Batres Guadarrama

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

Dip. Rubén Cayetano García

Dip. Alejandro Viedma Velázquez

Dip. María del Carmen Almeida Navarro

Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional

Dip. Dulce Alejandra García Morían

Sen. Damián Zepeda Vidales

Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional

Sen. Manuel Añorve Baños

Dip. Claudia Pastor Badllia

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Dip. Gerardo Fernández Noroña 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Sen. Dante Delgado

Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Sen. Elvia Marcela Mora Arellano

Grupo Parlamentarlo del Partido Verde Ecologista de México

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Sen. Marco Trejo Pureco

 

Si hay culpables que se castigue, pero no hagamos de la tragedia del Metro una comedia electorera: MFB

Versión estenográfica de la intervención de la senadora Mónica Fernández Balboa durante el debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro de la CDMX.

 

Es increíble el nivel de desvergüenza y oportunismo con el que algunos se han referido en esta sesión a un hecho trágico. Querer sacar raja política de un hecho que todos lamentamos, que ha enlutado a muchas familias, es una muestra fehaciente su carencia absoluta de ética para no decir de moral.

 

El incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, es sin duda un hecho que a todos nos ha causado un gran dolor. Por eso, quiero iniciar dirigiéndome a las personas que resultaron lesionadas a las que les deseo una pronta recuperación, y a las familias que perdieron a un ser querido, les envío mis condolencias y mi más sentido pésame.

La prioridad para este gobierno debe ser esclarecer lo sucedido y fincar las responsabilidades correspondientes. La ciudadanía y las familias afectadas merecen justicia.

 

Para lograrlo, es importante revisar con detenimiento los hechos que llevaron a que un tramo de una de las obras más auditadas de la historia del país se desplomara, llevándose consigo vidas humanas. 

 

El 30 de octubre de 2012 inició la operación de la Línea 12, obra construida y supervisada por empresas e instituciones nacionales e internacionales, que avalaron una infraestructura en óptimas condiciones, de acuerdo con los más altos estándares de seguridad.

 

En julio de 2013, el Gobierno del DF hizo la entrega final al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la línea en cuestión. En ningún apartado de la entrega-recepción se precisa que existiera alguna falla. Sin embargo, ya desde noviembre de 2013, el Proyecto Metro emitió el primer dictamen que señala una falta de mantenimiento de la obra electromecánica, y un año después se anunció la suspensión de la Línea 12.

 

Le tomó 20 meses al gobierno en turno reabrir todas las estaciones que fueron suspendidas debido a fallas derivadas por la falta de mantenimiento. Con estos hechos surgen importantes cuestionamientos: ¿Qué pasó con Línea 12 después de ser entregada en óptimas condiciones a la nueva administración?

 

Mucho se especuló de la construcción, de la compatibilidad de rieles con las ruedas, del reto arquitectónico que implicaba el tramo elevado en un suelo ya conocido y complicado en la Ciudad de México, demás temas que los expertos aquí presentes han mencionado. Pero existen pruebas, documentos y certificaciones firmadas que respaldan esta obra.

 

Dos años después, tuvo lugar el sismo de septiembre de 2017. El resultado del transporte en cuestión fue una trabe que evidentemente sufrió daños. El Gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión del servicio por algunos días para la reparación de las columnas en el tramo elevado.

 

Surgen aún más preguntas: ¿qué tipo de mantenimiento se dio después del sismo? ¿qué se hizo con los reportes hechos por la ciudadanía después del sismo ¿En qué estado están las líneas del metro que se encuentran en funcionamiento y al servicio de miles de ciudadanos?

Nosotros estamos por qué haya transparencia total, por eso, apoyamos que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de la CDMX fue pedir un peritaje a una empresa del mayor prestigio internacional para esclarecer los hechos. Hay que llegar a la verdad. Y esa es también nuestra exigencia.

 

Dejen trabajar a los peritos, no lucren con el dolor de lesionados o de las familias que tuvieron la desgracia de perder a un ser querido.

 

Nosotros nos negamos a hacer juicios a priori, sin elementos técnicos ni estudios serios.

 

Claro que queremos justicia ¡no queremos que se repitan historias de sucesos de las últimas décadas, como los 49 niños fallecidos y más de 100 heridos por negligencia en la guardería ABC! ¡claro que queremos justicia! pero ello no se logra viniendo a pegar de gritos y con estridencias en esta tribuna.

 

Vayamos al fondo, que no quede ninguna duda y si hay culpables que se castigue, pero no hagamos de esta tragedia una comedia electorera.

 

Presentación dictamen por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales en materia de libre acceso a playas

 

  • Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, durante la presentación del dictamen que reforma los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes.

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento ante esta soberanía a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se pretende devolver a las mexicanas y los mexicanos la capacidad de hacer valer la soberanía sobre sus playas, la cual no se garantizaba de manera clara en la legislación vigente. El Dictamen que hoy se pone a consideración garantiza el uso público, libre y gratuito de las playas mexicanas.

 

Si bien es cierto que el artículo 27 de nuestra Constitución menciona que son propiedad de la nación las tierras, aguas y recursos naturales de nuestro territorio, en tal garantía no aparece el concepto de playa pública.

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son las siguientes:

 

  • Se modifica la delimitación actual de las playas marítimas, para ampliarla por diez metros a partir de la parte más alta de la marea (pleamar);

 

  • Se adiciona como parte del concepto de playas marítimas la arena, los acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma;

 

  • Se precisa que las playas marítimas serán de uso público, con acceso libre;
  • Se propone reducir el área de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) a diez metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de los lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, esto como consecuencia de la propuesta de ampliación de diez metros del área de playa pública;

 

  • Asimismo, se precisa que la medición de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), para los casos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, será a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar más una faja de diez metros de ancho de tierra adentro.

 

  • Finalmente, en las disposiciones transitorias, es importante mencionar que las concesiones en materia de Zonas Federales Marítimas Terrestres vigentes al momento de la entrada en vigor de las presentes reformas se regirán con las disposiciones bajo las cuales se otorgaron.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, para resarcir el derecho constitucional a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos de hacer uso libre de las playas públicas.

 

No omito manifestar mi amplio reconocimiento al Senador José Luis Pech Várguez promotor de esta iniciativa.

 

Por todo lo anterior, senadoras y senadores, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidente.