Revisión exhaustiva a los organismos autónomos

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La figura de organismos autónomos tiene carácter Constitucional, de tal suerte que modificar su categoría implica un gran esfuerzo de diálogo y construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La autonomía que la Carta Magna le otorga a diversas instituciones públicas obedece a que se buscó que su trabajo estuviera al margen del debate político y que, en consecuencia, su labor se concentrara en aspectos técnicos.

Sin embargo, en varios casos se ha desvirtuado esa función y los organismos autónomos se han politizado, constituyéndose en espacios que son utilizados ya sea para obstaculizar a los poderes o como una especie de contrapesos que no responden a su razón de ser.

Además debe considerarse que en esos organismos con frecuencia se actúa con gastos excesivos, particularmente en lo que se refiere a los ingresos que perciben sus cuadros directivos.

En ese sentido, es loable analizar con absoluta objetividad y a profundidad lo que está sucediendo con los organismos que gozan de autonomía constitucional.

Es indispensable revisar sus atribuciones, su forma de operar y de integración para garantizar a toda la ciudadanía contar con instituciones que sean útiles y cumplan con los objetivos para los que fueron creadas.

Lamentablemente, en ocasiones, se ha confundido la autonomía con la falta de colaboración y coordinación con los poderes públicos. En ningún caso, debe asumirse que ningún organismo debe estar al margen de la Ley o que forman una estructura paralela a las responsabilidades de gobierno.

Este análisis deberá ser intenso y amplio, pero deberá hacerse con altura de miras para que el Estado mexicano cuente con instituciones que verdaderamente le sirvan al pueblo y dejen de ser entes en los que se busque mantener privilegios y en los que sus integrantes dediquen su tiempo, capacidad y talento a responder a los desafíos del país.

 

Lee esta columna en Publimetro AQUÍ.

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