- Texto publicado por la Sen. Mónica Fernández Balboa en Publímetro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de las instituciones fundamentales de la democracia mexicana y el trabajo que realiza es de enorme trascendencia en la división de poderes, pues entre otras de sus atribuciones además de constituir la última instancia en caso de controversias judiciales y, en consecuencia, impartir justicia, garantiza que las acciones del Ejecutivo y el Legislativo se apeguen a la Constitución.
Es por eso que el artículo 35 de la Carta Magna y en la Ley Federal de Consulta Popular establece que ese órgano judicial revise y determine la procedencia o no de las consultas populares consagradas como un derecho ciudadano.
En este caso, se trata de un asunto de enorme relevancia pues se tienen que cuidar todos los aspectos formales de la legalidad y, al mismo tiempo, actuar con criterio jurídico para resolver sobre las peticiones que, en su caso, realicen el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y al menos el 2 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral.
La Corte tiene que resolver la solicitud del Presidente de México para consultar el próximo año a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se investigue y, en su caso, se sancione a cinco expresidentes ante la posible comisión de delitos. En ese sentido, sin dudas el máximo tribunal se ajustará a lo que establece la Ley y se hará prevalecer el Estado de Derecho que todos debemos respetar.
Las y los ministros que conforman la SCJN deberán actuar con prudencia y serenidad, sabiendo que es de gran interés la discusión que se exprese en su sesión del 1 de octubre. Las y los mexicanos debemos tener confianza en que todos los integrantes de la Corte analizarán, reflexionarán, argumentarán y resolverán basados en la razón y lo que mantendrá a salvo el prestigio y la credibilidad del Poder Judicial.
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