Comparecen ante las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos la terna para titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

 

Esta mañana se llevó a cabo la reunión de comisiones unidas con las comparecencias de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, compuesta por:

 

  • Martha Yuriria Rodríguez Estrada
  • Claudia Lilia Cruz Santiago
  • Luis Fernando Rosas Ramírez

 

Tras las comparecencias, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, la Sen. Mónica Fernández Balboa, declaró sesión permanente y por acuerdo las comisiones unidas se reunirán nuevamente el viernes para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen.

 

 

El objetivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley General de Víctimas (LGV); así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y las demás que la citada Ley señale.

 

Comisiones unidas Gobernación y Derechos Humanos aprueban candidatos a Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del SNBP

  • También se aprobó Acuerdo por el que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia de las personas que integran la terna para la elección de la Persona Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, declaró aprobadas por ambas comisiones las propuestas a ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Honoríficos, quienes fueron entrevistados en una sesión previa.

La lista para ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que será enviada a la Mesa Directiva quedó integrada por:

 

CINCO FAMILIARES:

  1. Juan Bautista Andalón
  2. Juan Carlos Lozada Delgadillo
  3. Maribel Enciso Olguín
  4. Virginia Garay Cázares
  5. Martín Villalobos Valencia

 

CUATRO ESPECIALISTAS EN LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS O EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN MATERIA FORENSE:

 

  1. Álvaro Martos
  2. Liliana Candelario Cardoso
  3. Roxana Enríquez Farias
  4. Zoraida García Castillo

 

CUATRO REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE DERECHOS HUMANOS:

 

  1. Rafael Heredia Aguilar
  2. Sonia Josefina Torres Hernández
  3. Brayan Alberto Jove Vázquez
  4. Valentina Peralta Puga

En un segundo tema durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas, se aprobó Acuerdo por el que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia de las personas que integran la terna para la elección de la Persona Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La presidenta de la Comisión de Gobernación destacó que desde el 9 de septiembre del 2020 la Secretaría de Gobernación emitió las Bases de la consulta pública, el 11 de noviembre se publicó en la página de la SEGOB la lista de los 23 aspirantes inscritos y del 23 al 26 de noviembre se realizaron las entrevistas, al final 19 candidaturas se remitieron al Ejecutivo Federal, quien a su vez envió la terna el 9 de diciembre con los nombres de las personas propuestas para la designación de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas:

 

  • Martha Yuriria Rodríguez Estrada;
  • Claudia Lilia Cruz Santiago, y
  • Luis Fernando Rosas Ramírez.

 

La Ley General de Víctimas, establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

Las comparecencias de la terna de aspirantes ante las comisiones unidas se celebrarán a distancia el martes 16 de marzo, a las 10:00 horas.

 

 

 

 

Elección de integrantes al Consejo Nacional Ciudadano con transparencia y apego a derecho

  • Nuestro compromiso es garantizar el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

 

La desaparición de personas es una violación grave a los derechos humanos que se cometió durante la llamada «Guerra Sucia», y que se profundizó desde hace más de 10 años a raíz de la fallida estrategia de seguridad implementada entre 2006 y 2012, con impactos tan graves y alarmantes que continúan hasta la fecha, lo cual habla de una deuda histórica en materia de derechos, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación proporcionados en 2020, actualmente se tienen localizadas 873 fosas clandestinas y 147 mil 033 personas desaparecidas desde 1964 al 2019, de ellas, 85 mil 396 se reportaron como localizadas, mientras que 61 mil 637 personas aún se encuentran en calidad de desaparecidas.

 

Es en este doloroso contexto, los senadores abajo firmantes, integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República suscribimos el presente comunicado y reiteramos nuestro compromiso de garantizar el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, especialmente en la elección de los mejores perfiles para la renovación de su Consejo Nacional Ciudadano.

Creemos que es indispensable que el Estado mexicano adopte todas las medidas para fortalecer este Sistema, y que para tal efecto es necesario dar todo el respaldo institucional para que el Consejo pueda cumplir con todas sus responsabilidades, reiteramos que la elección de las nuevas y nuevos integrantes de este órgano se realizará con la mayor transparencia, con apego absoluto a la Convocatoria emitida y en pleno respeto a lo que la Ley dispone.

 

Hacemos propias las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, que hace un llamado a que «En estos tiempos de crisis [ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2], los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora», por lo que —ante la renovación de este importante organismo— trabajaremos por ahínco a fin de elegir a los mejores perfiles.

Como en todos los procesos que atienden el interés superior de las víctimas, haremos nuestro trabajo, sin dilaciones y con absoluto compromiso, para responder ante la deuda histórica que sostenemos con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

 

Sen. Mónica Fernández Balboa

Sen. María Celeste Sánchez Sugia

Sen. Martha Guerrero Sánchez

Sen. Martha Lucía Micher Camarena

Sen. Antares Vázquez Alatorre

Sen. Nancy Sánchez Arredondo

Sen. Gloria Sánchez Hernández

Sen. Nestora Salgado García

Sen. Rocío Abreu Artiñano

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez

Sen. María Merced González González

Sen. Verónica Camino Farjat

Sen. Alejandra del Carmen León Gastelum

Sen. Eunice Renata Romo Molina

Sen. Salomón Jara Cruz

Sen. José Narro Céspedes

Sen. Gilberto Herrera Ruiz

Consulta la lista de candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas AQUÍ.

 

 

Presentación de dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional en materia de agentes extranjeros

  • Se tiene que resaltar, que el presente dictamen, no solo actualiza el marco jurídico como hemos señalado, sino que lo fortalece, por que en adelante, la cooperación estará regulada por una ley del Congreso, y no solo por acuerdos de secretarias del poder ejecutivo: MFB

 

En la sesión ordinaria del día de hoy la Sen. Mónica Fernández Balboa, presentó a Dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación señaló que el objeto esencial de la iniciativa propuesta del titular del Poder Ejecutivo, es preservar la cooperación internacional para llevar a la justicia a los delincuentes que cometen delitos de la más elevada peligrosidad – contra la seguridad nacional de dos o más países,- e inhibir la comisión de los mismos y que además busca fortalecer el marco jurídico nacional mexicano en el que se ha venido sustentando esta cooperación, para que su regulación se defina en una Ley aprobada por el Congreso de la Unión, y no únicamente en acuerdos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo y de la extinta Procuraduría General de la República.

 

 

Durante su intervención en tribuna, la legisladora tabasqueña destacó las reformas:

 

  • Regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan agentes del extranjero en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Establecer la definición de agentes del extranjero, a fin de especificar que se trata de personas funcionarias del exterior que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes, y otras disposiciones de carácter técnico especializado o reglamentario.

 

  • Señalar que, en el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Establecer que las y los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Regular que las y los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes del extranjero.

 

  • Limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.

 

  • Establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral.

 

  • Se propone que las y los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones – o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

 

  • Establecer un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios, programas y temas estratégicos de cooperación.

 

  • Establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, con las agencias de seguridad de países extranjeros que determine el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

 

El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado de la República y remitido a la Cámara de Diputados para su proceso legislativo.

 

Senado fortalece atribuciones de la SEMAR para administración de Comercio Marítimo y Puertos

 

  • Senado aprueba reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

 

Las Comisiones unidas de Gobernación, Marina y Estudios Legislativos Segunda presentaron el dictamen en la sesión ordinaria de este miércoles.

 

Durante su intervención en tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández Balboa, expresó: “Esta reforma espera lograr un control efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marinas mexicanas; una educación náutica mercante con estándares internacionales; protección y seguridad marítimo-portuaria eficaz; control y transparencia del dragado en el país; mayor eficiencia en regulación tarifaria; y una Autoridad Marítima Nacional unificada y consolidada”.

En su posicionamiento, la legisladora tabasqueña también apuntó: “No se requiere mayor crecimiento en la estructura organizacional actual, ni presupuesto adicional; no se afectarán los derechos laborales del personal que sea transferido; no se transgrede el estado de derecho constitucional del país; y permitirá la mejora regulatoria de los controles tarifarios en el sector marítimo nacional”.

El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado de la República en lo general con 70 votos a favor y 26 en contra y 6 abstenciones para las reformas a las tres Leyes:

 

  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
  • Ley de Navegación y Comercio Marítimo
  • Ley de puertos

Con esta aprobación se amplían las atribuciones de la Secretaría de Marina.

Se remite al Ejecutivo Federal.

 

Presidenta del la Comisión de Gobernación presenta dictamen sobre consulta popular propuesta por AMLO

 

 

Versión estenográfica de la intervención de la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, al presentar el dictamen de la petición de consulta popular del presidente de México.

 

Señoras Senadoras y Senadores de la República:

 

El día de ayer la Comisión de Gobernación dictaminó en sentido afirmativo la trascendencia nacional de la consulta popular solicitada por el Presidente de la República el 15 de septiembre del año en curso, que fue turnada a dicha Comisión para su análisis y dictamen por el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Federal de Consulta Popular y correspondientes de nuestro Reglamento camaral, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese remitido al Senado de la República su resolución en la que determina la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y los términos precisos de la pregunta que se habrá de someter a la consideración de la ciudadanía por conducto del INE, en caso que el Congreso de la Unión así lo apruebe.

 

  

 

Como ustedes saben la Corte se abocó a la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular en cuanto a la materia en sesión del Pleno del Tribunal el 1 de octubre de 2020, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, así como el artículo 26 fracción II inciso b de la Ley Federal de Consulta Popular y determinó que la pregunta de la consulta popular fuese la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

 

Sobre la trascendencia nacional de la consulta popular el dictamen de la Comisión de Gobernación textualmente dispone en sus artículos resolutivos:

 

ARTÍCULO PRIMERO. Es procedente la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La materia de la consulta popular referida a la petición presentada por el Presidente cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

 

 ARTÍCULO TERCERO. Es procedente convocar a las y los ciudadanos mexicanos a consulta popular para que se manifiesten sobre la pregunta contenida en la Convocatoria a Consulta Popular.

 

La convocatoria elaborada y aprobada por la Comisión de Gobernación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, por lo que ahorro su lectura ante el Pleno.

 

Señoras y señores Senadores de la República: Según lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, y por el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular que lo reglamenta, corresponde a las cámaras del Congreso de la Unión, y en primer término al Pleno del Senado por ser cámara de origen de la petición del Presidente de la República, determinar por mayoría si la consulta popular es una cuestión de  trascendencia nacional, y de ser el caso aprobar la convocatoria a consulta popular solicitada por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral el primer domingo del mes de agosto de 2021.

 

Para la Comisión de Gobernación la trascendencia nacional de la consulta popular se infiere de los efectos benéficos sobre todos los mexicanos que puede tener una consulta popular como la que se presenta.

 

En primer lugar, es posible afirmar con rotundidad, porque estudios empíricos de ciencia política así lo sugieren, que la consulta popular es una escuela de la democracia pues se aprende a participar y se incentiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos ejerciendo el derecho a votar.

 

Sin lugar a duda el voto directo del ciudadano para resolver cuestiones de trascendencia nacional con fundamento en el artículo 35 constitucional expande el espectro del derecho político del ciudadano, establecido para votar únicamente por los representantes populares que habrán de decidir en su nombre los asuntos públicos que atañen a toda la Nación.

 

¿Qué duda puede haber que el voto directo del pueblo en una consulta popular es una reafirmación contundente del principio de la soberanía popular escrito en prosa intemporal en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Recordemos el texto: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

 

En el año 2021 los mexicanos habremos de celebrar doscientos años de la conclusión de nuestra guerra de independencia, así como de la lucha física, intelectual y moral por implantar como principio rector del sistema político la soberanía nacional y popular.

 

Y es en el marco de esta memorable fecha de nuestro calendario republicano y democrático que se habrá de celebrar la consulta popular convocada por el honorable Congreso de la Unión a petición del jefe del Estado Mexicano, para reafirmar el principio de la soberanía popular en su bicentenario mediante una consulta popular directa.

 

 

Este es el marco histórico en el que discurre la evolución política del pueblo de México: los mexicanos estaremos haciendo historia dando un paso adelante en nuestro desarrollo político al concurrir el 1 de agosto de 2021 a votar para decidir una cuestión de trascendencia nacional.

 

En este sentido la trascendencia nacional de la consulta popular radica también en un cambio profundo en la práctica constitucional de México y en su cultura constitucional: poner a los poderosos en una situación de igualdad ante los desposeídos y hacerles entender que la Constitución y las leyes también a ellos les aplican, pues es esto y no otra cosa el significado auténtico del concepto “Estado de derecho”.

 

La consulta popular tiene el poder de abrogar la impunidad garantizada al más alto nivel de funcionarios públicos que, como inveterada costumbre jurídica, ha caracterizado al sistema político mexicano durante el siglo XX y parte del XXI.

 

La consulta popular es de trascendencia nacional porque modifica el sistema político de los mexicanos ya que  empodera a los ciudadanos, quienes por esta vía obtienen un instrumento eficaz de participación no controlado por las dirigencias de los partidos políticos integradas por políticos profesionales.

 

En este sentido cabe decir ante este honorable Pleno que la consulta popular es de trascendencia nacional también porque con ello México cumplen con un compromiso internacional expresado en la Carta Democrática Interamericana, en especial en sus artículos 2 y 6 que, respectivamente, dicen:

 

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. 

 

Por todas estas consideraciones, que han podido leer en el análisis que acompaña a los resolutivos del dictamen de la Comisión de Gobernación, exhorto a que el día de hoy este Pleno, con su voto mayoritario, determine que esta consulta popular es de trascendencia nacional, y que apruebe la respectiva convocatoria. 

Muchas gracias.

Senado aprueba garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México

 

La Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales en materia de garantía al libre acceso y tránsito en las playas de México.

 

“Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas”. Mónica Fernández Balboa

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Las Comisiones Unidas Gobernación; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, presenta ante ustedes dictamen sobre la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 8; un párrafo segundo al artículo 127, y un nuevo artículo el 154 a la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

 

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue recibida y turnada el 03 de septiembre de 2019.

 

Con las modificaciones legales que contiene la Minuta que se dictamina, se establece, que:

 

  • El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento.

 

  • En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre.

 

  • Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.

 

  • Serán revocadas las concesiones o permisos, para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas. Lo anterior, para hacer efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima.

 

Las Comisiones dictaminadoras consideran viable y oportuna la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto, de conformidad con los siguientes razonamientos:

 

Se estima que las adiciones que se proponen son congruentes con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que en su párrafo primero establece la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas, y en su párrafo tercero contempla el derecho de la misma, de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

 

Hay que recordar que México posee un extenso litoral a lo largo de su territorio, más de 11 mil 122 kilómetros de extensión y una gran variedad de sistemas costeros y marinos, lo que le confiere una importancia en el que lo posiciona, en el cuarto país más rico del mundo, en cuanto a biodiversidad, esto constituye un patrimonio invaluable del cual todas las personas deben tener acceso a disfrutar.

 

 

No debe quedar desapercibido que constitucional y legalmente, las playas mexicanas son públicas y deben existir caminos de acceso a todo ciudadano que deseé disfrutarlas. Sin embargo, a pesar de dicha cualidad legal, persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas.

 

Por ello, se coincide con la manifiesta preocupación de la Cámara de Diputados, ante los flagrantes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que por medios extralegales establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas. Tales restricciones van desde cercas semifijas, hasta verdaderas construcciones permanentes, apoyándose incluso en ocasiones de elementos de seguridad privada o personal hotelero a quienes instruyen a realizar actividades que violentan la ley.

 

 

Hay que señalar, que la restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la Nación.

 

Derivado de lo anterior, es importante mencionar, que también se prevé la revocación de concesiones o permisos para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas, ya que se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad que otorga los permisos y concesiones, deberá aplicar en vía de sanción su revocación. Con esto, se hará efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima terrestre.

 

 

Por todo lo expuesto, se consideran adecuadas y oportunas las adiciones contenidas en la Minuta y con su aprobación, se garantiza el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas.

 

Muchas gracias.

 

Consulta y descarga el Dictamen AQUÍ.