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Durante la toma de protesta de la titular de la CNDH, el senador Madero me agredió físicamente, cuando entonces me desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva.
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Su conducta merece ser investigada y sancionada conforme a derecho para enviar un mensaje de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Consciente de que el Senado de la República debe ser una institución garante de los derechos de las mujeres, presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz por la violencia ejercida en mi contra en la sesión del 12 de noviembre de 2019, durante la toma de protesta de la C. Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En la denuncia fechada el pasado 10 de noviembre, se describen las agresiones del senador Madero con las cuales trató de impedir el desarrollo de mi quehacer en la dirección de la sesión del Senado, enfatizando que dichas acciones no solo me causaron daños físicos, sino también afectaciones psicológicas y emocionales que persisten hasta la fecha, debido a la actitud misógina, machista y burlona luego de los hechos que motivaron la denuncia.
La violencia ejercida en mi contra por el senador Madero, obstaculizó el ejercicio de mi función como presidenta del Senado. Por ello, es necesario que la autoridad competente investigue los hechos para que se sancionen conforme a derecho los actos ejercidos en mi contra.
Esta conducta cobarde no la hubiera tenido con un hombre al frente de la Mesa Directiva.
Esta conducta lamentable, contraviene lo dispuesto en las leyes de nuestro país, además de ser contraria a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, particularmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Belém Do Pará, las cuales comprometen a nuestro país a condenar toda forma de violencia contra la mujer, así como para prevenir, investigar y sancionar todos los actos que causan daños a la mujer, tanto en el ámbito publico como en el privado.
Quien agrede a una mujer no tiene autoridad moral para ocupar posiciones de representación o en el servicio público. Por ello, no debemos normalizar ni dejar impune cualquier ningún tipo de violencia ejercida contra las mujeres, venga de donde venga, sin importar el nivel de las y los servidores públicos involucrados.
Como sociedad no podemos tolerar la violencia política contra las mujeres, pero mucho menos desde las instituciones del Estado, en donde tenemos la obligación de dar el ejemplo del trato respetuoso hacia las mujeres que desempeñan alguna responsabilidad pública.
De cara al inicio de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, iniciativa convocada por la ONU para este año 2020 con el fin de promover la responsabilidad compartida mundial, desde el Senado de la República debemos enviar un mensaje contundente en contra de la violencia contra las Mujeres en sus distintas manifestaciones.
Los avances legislativos tienen que rendir frutos, no pueden ni deben quedarse en papel, los derechos de las mujeres deben ejercerse y respetarse en todos los espacios, públicos y privados.
Por su relevancia constitucional y política, el Senado de la República debe acreditarse todos los días como un espacio libre de violencia contra las mujeres y en el que las conductas que menoscaban nuestros derechos son sancionadas de manera ejemplar.
TENEMOS QUE UNIRNOS Y PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
En los próximos días ratificaré la denuncia, confiada y segura de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación objetiva e imparcial.
Mónica Fernández Balboa, senadora de la República por el Estado de Tabasco.
