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Denuncia contra Gustavo Enrique Madero Muñoz por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género: MFB

 

  • Durante la toma de protesta de la titular de la CNDH, el senador Madero me agredió físicamente, cuando entonces me desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva.

  • Su conducta merece ser investigada y sancionada conforme a derecho para enviar un mensaje de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

 

Consciente de que el Senado de la República debe ser una institución garante de los derechos de las mujeres, presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz por la violencia ejercida en mi contra en la sesión del 12 de noviembre de 2019, durante la toma de protesta de la C. Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

En la denuncia fechada el pasado 10 de noviembre, se describen las agresiones del senador Madero con las cuales trató de impedir el desarrollo de mi quehacer en la dirección de la sesión del Senado, enfatizando que dichas acciones no solo me causaron daños físicos, sino también afectaciones psicológicas y emocionales que persisten hasta la fecha, debido a la actitud misógina, machista y burlona luego de los hechos que motivaron la denuncia.

 

La violencia ejercida en mi contra por el senador Madero, obstaculizó el ejercicio de mi función como presidenta del Senado. Por ello, es necesario que la autoridad competente investigue los hechos para que se sancionen conforme a derecho los actos ejercidos en mi contra.

 

Esta conducta cobarde no la hubiera tenido con un hombre al frente de la Mesa Directiva.

 

Esta conducta lamentable, contraviene lo dispuesto en las leyes de nuestro país, además de ser contraria a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, particularmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Belém Do Pará, las cuales comprometen a nuestro país a condenar toda forma de violencia contra la mujer, así como para prevenir, investigar y sancionar todos los actos que causan daños a la mujer, tanto en el ámbito publico como en el privado.

 

Quien agrede a una mujer no tiene autoridad moral para ocupar posiciones de representación o en el servicio público. Por ello, no debemos normalizar ni dejar impune cualquier ningún tipo de violencia ejercida contra las mujeres, venga de donde venga, sin importar el nivel de las y los servidores públicos involucrados.

 

Como sociedad no podemos tolerar la violencia política contra las mujeres, pero mucho menos desde las instituciones del Estado, en donde tenemos la obligación de dar el ejemplo del trato respetuoso hacia las mujeres que desempeñan alguna responsabilidad pública.

 

De cara al inicio de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, iniciativa convocada por la ONU para este año 2020 con el fin de promover la responsabilidad compartida mundial, desde el Senado de la República debemos enviar un mensaje contundente en contra de la violencia contra las Mujeres en sus distintas manifestaciones.

 

Los avances legislativos tienen que rendir frutos, no pueden ni deben quedarse en papel, los derechos de las mujeres deben ejercerse y respetarse en todos los espacios, públicos y privados.

 

Por su relevancia constitucional y política, el Senado de la República debe acreditarse todos los días como un espacio libre de violencia contra las mujeres y en el que las conductas que menoscaban nuestros derechos son sancionadas de manera ejemplar.

 

TENEMOS QUE UNIRNOS Y PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

 

En los próximos días ratificaré la denuncia, confiada y segura de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación objetiva e imparcial.

 

Mónica Fernández Balboa, senadora de la República por el Estado de Tabasco.

 

UNODC y ONU-DH saludan la aprobación de la Ley de Amnistía

  • Las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludan la aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso de la Unión, por ser una de las medidas que el Estado mexicano adopta para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el ámbito penitenciario y por seguir avanzando en la transformación del sistema de impartición de justicia en el país.

 

Consulta el Comunicado en el portal de la ONU-DH México AQUÍ

“En el contexto de la pandemia de Covid-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar”, afirmaron Antonino De Leo, Representante de la UNODC en México, y Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU-DH en México.

La ONU-DH reitera su posición, externada en el Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Ley de Amnistía que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en octubre de 2019, oportunidad en la que se señaló que dicho instrumento es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas indígenas, cuya condición se ha agravado debido a la privación de la libertad y otras medidas que les son impuestas.

Debido a la urgencia por mitigar los efectos de la pandemia y prevenir en lo inmediato el contagio por Covid-19 en las prisiones, las Oficinas invitan a la rápida aplicación de la Ley de Amnistía, acelerando la revisión de casos de potenciales beneficiarias de este instrumento.

Esta Ley se inserta en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios que ya se han comenzado a aplicar en las entidades federativas: medidas alternativas a la privación de la libertad, libertades anticipadas y beneficios de preliberación. Las Oficinas alientan a los niveles federal y estatal de gobierno a explorar también la aplicación intensiva de estas opciones, para evitar condiciones propicias para brotes por COVID-19 en las prisiones mexicanas.

Finalmente, la UNODC y la ONU-DH reiteran que la adopción de la Ley de Amnistía es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia en México, a través de la cual se puedan revisar figuras como la prisión preventiva oficiosa y diversos tipos penales que llevan al abuso de la pena de prisión, entre otras medidas para progresivamente armonizar el sistema de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Ley de Amnistía como la aprobada ayer será una medida insuficiente si no es acompañada por acciones de apoyo a la reinserción y cambios en las políticas criminales que entre otros aspectos eviten la criminalización de la pobreza.

En este sentido, las oficinas en México de UNODC y ONU-DH reiteran su compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas para continuar apoyando los esfuerzos de transformación del sistema de procuración y administración de justicia de México.

 

UNODC: Martha Orozco – martha.orozco@un.org

ONU-DH: Gabriela Gorjón – ggorjon@ohchr.org

Descarga el PDF del Comunicado AQUÍ