Todos queremos un México libre y sin corrupción

En los últimos días, que han sido tiempos electorales, ha habido desafortunadas declaraciones de algunos personajes de la política que se inscriben en el ámbito de la difamación y de las acusaciones sin ningún sustento en contra del Presidente de la República.

En ocasiones da la impresión que ya sea desde la irresponsabilidad o incluso desde la nostalgia, se hacen afirmaciones temerarias sin presentar ninguna prueba y simplemente buscan que la ciudadanía o el auditorio que los escucha les conceda credibilidad.

Esta forma de difamación y de guerra sucia, o campañas negras en como se les conoce, ha sido una estrategia electoral recurrente de la derecha desde hace muchos años.

Incluso hay que recordar las máximas plasmadas en su documento guía “ave azul”, que se hizo público hace más de 2 décadas, en donde una de las instrucciones a seguir era la de difamar y mentir sobre alguien, y que en el momento que cayera por tierra la mentira, inventaran otra de inmediato.

Hay que recordar que la problemática de la seguridad y del tráfico ilícito de narcóticos es un asunto que lamentablemente se padece en este país desde hace varias décadas.

Se conoce con gran amplitud que esa actividad ha afectado a México como consecuencia de la corrupción que incluso se ha manifestado en los altos niveles gubernamentales. En particular, conviene tener presente que en el extranjero, hoy mismo hay personas detenidas y en procesos judiciales por sus prácticas indebidas cuando fueron funcionarios.

Tampoco es casual que en el contexto de una nueva estrategia para recuperar la paz en nuestro país haya quienes tengan interés con fines políticos para demeritar lo que se está haciendo. Sin prueba alguna y solo con dichos se pretende ensuciar a un gobierno y a quien lo encabeza de manera irresponsable. En ese sentido, la ley es clara, quien acusa tiene la obligación de probar

Por ello, no es serio ni ético, hacer ese tipo de señalamientos con el único propósito de llamar la atención y de atraer los reflectores para causas personales, y que hoy solo se entienden en la desesperación de la debacle electoral de ciertos grupos.

Los nuevos tiempos que vive México en el que debe imperar el Estado de Derecho exige que los políticos actúen con responsabilidad, sobre todo cuando se trata de emitir opiniones personales basadas en supuestos absurdos motivados por el odio.

Todas y todos queremos un México libre y sin corrupción.

Texto publicado en Publimetro

 

Corrupción, un batalla difíci

El principal compromiso de la nueva etapa que vive México es acabar con la corrupción. Para ello se ha puesto en marcha una política basada en primer lugar en la expedición de leyes, que permite combatir las desviaciones en el ejercicio de los programas públicos, pero también para evitar que en otros sectores haya corrupción.

Por eso, una de las primeras medidas que tomamos desde el Congreso fue establecer como delito grave la corrupción en la Constitución y se terminó con las partidas presupuestales discrecionales que daba lugar a que desde el Congreso se destinaran recursos para gestiones de los propios legisladores.

Esta batalla no es nada fácil, se tiene que ir a contracorriente frente a serie de vicios y costumbres que fueron metiéndose como la humedad en las instituciones y en la sociedad. Por eso hay que utilizar todos los medios para combatirla y denunciar, siempre.

Otro instrumento fundamental es el combate a la simulación para triangular recursos a través de empresas fantasma, mediante las cuales se canalizaba dinero público para fines personales o distintos a los de los programas.

Se modificó la ley orgánica de la administración pública federal para que las compras de gobierno se realicen de manera ordenada a través de la Secretaría de Hacienda, logrando así economías, pero sobre todo evitando el tráfico de influencias. De igual forma, se dotó de mayor capacidad de investigación a la Función Pública, así como de plena autonomía a la Fiscalía General de la República para sancionar cualquier corruptela.

Otra forma de corrupción era la manipulación del gasto público en los programas sociales. La intermediación a través de liderazgos deshonestos y la simulación para la supuesta prestación de servicios, se terminó al entregar de manera directa los recursos públicos a quienes realmente los necesitan.

Todas las acciones que en conjunto han establecido el Congreso y el gobierno están siendo eficaces para impedir que se violente la ley y para lograr que los recursos no se desvíen para enriquecer a nadie.

Por todo esto, la estrategia está siendo eficaz y se ha traducido en una mayor confianza ciudadana. La percepción de la sociedad, quien es la que a final de cuentas califica y evalúa, es positiva. No obstante, hay que reconocer que este es un problema presente en todos los órdenes de gobierno y sobre el cual es necesario mantener una política de Estado permanente para erradicar de manera definitiva la corrupción en nuestro país.

 

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