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Es necesario un proceso electoral responsable ante el COVID_19

Texto publicado en Publimetro.

 

En principio la afirmación de hay un manejo político de la pandemia, es una afirmación errónea.

 

Aceptar como válida esa aseveración sería una injusticia para el personal de salud que literalmente ha entregado sus vidas a atender los enfermos de COVID 19.

Y de igual forma sucedería con los millones de mexicanas y mexicanos que a diario se esfuerzan para evitar mayores contagios. O también sería el caso de los científicos que están poniendo todos sus conocimientos y talento para encontrar una solución a un problema que afecta a toda la humanidad.

En la atención de la pandemia lo que ha prevalecido es la aplicación de medidas de carácter técnico.

En el 2021, las investigaciones médicas apuntan a que se irán dando respuestas más efectivas para superar la pandemia, como sucede con las diversas vacunas. Por lo que debemos tener un esperanzador optimismo, pero sin caer en triunfalismos.

Sin duda, la pandemia puede tener un impacto en el proceso electoral. En particular hay que cuidar el desarrollo de las campañas y de la jornada electoral. En ese sentido, es deseable que las y los candidatos tomen todas las medidas indispensables para evitar que sus actividades proselitistas se conviertan en un posible factor de contagio o de riesgo, al tiempo que deberá cuidarse que nadie pretenda lucrar políticamente con un mal que afecta a todas las personas.

Por ello, las campañas deberán ser muy creativas para comunicar las propuestas de los partidos y de las y los candidatos. Lo mismo deberá acontecer el día de las elecciones para lo cual las autoridades electorales deberán procurar que los comicios se celebren en las mejores condiciones sanitarias y la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en la renovación de la Cámara de Diputados y en muchos otros casos de los poderes locales.

 

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Es adecuada la estrategia de vacunación anti COVID_19 en México

Texto publicado en el periódico Publimetro.

 

Desde el momento en que la COVID 19 fue declarada pandemia, la comunidad científica, los laboratorios farmacéuticos y los gobiernos de distintos países se volcaron en buscar vacunas para detenerla.

 

En ese contexto, el gobierno mexicano fue de los primeros en exponer la conveniencia de que cuando se descubrieran, se deberían poner a disposición de todos los países e impedir que el mercado o la especulación se apoderaran de una solución que debe pertenecer a la humanidad en su conjunto.

Como se ha señalado las investigaciones científicas requerían tiempo para desarrollar una vacuna efectiva y segura. Así, en las semanas recientes las autoridades sanitarias de diversas naciones, incluido México, aprobaron el uso de una de esas vacunas y, al menos, hay otras tres que están en la fase final para someterlas a las autorizaciones oficiales.

En ese sentido, se estableció una estrategia adecuada. Por ello, se ha informado que México ha reservado más de 190 millones de dosis que llegarán a nuestro país a lo largo de 2021.

Las vacunas se están produciendo a la máxima capacidad de los laboratorios, pero también exige la colaboración internacional y la intervención coordinada de las instituciones nacionales para garantizar que lleguen a toda la población de forma gratuita. Por eso, la distribución y aplicación está a cargo, en principio, de las fuerzas armadas.

En ese sentido, en una primera etapa, el personal médico que atiende COVID es quien está siendo inmunizado, por el riesgo que conlleva su noble labor. Luego se continuará con los grupos más vulnerables por edades, ya que este factor es determinante para la superación o no de la enfermedad.

De esa manera, conforme se vaya teniendo acceso a las distintas vacunas se podrá cumplir el objetivo de llevárselas a la gran mayoría en 2021. Sin embargo, en tanto eso sucede, es indispensable mantener las medidas para evitar contagios: quedarse en casa, usar cubrebocas y aumentar la higiene personal.

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La vacuna contra la politización

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández en el periódico Publímetro.

 

Politizar un tema de salud pública resulta inadmisible desde cualquier circunstancia y punto de vista. Las condiciones de vida de la población no deben ni pueden ser entendidas desde la perspectiva del poder. Por el contrario, si hay un tema estrictamente humano ajeno a la política, es el sanitario. Por ello, es que en el caso de la pandemia se han unido los esfuerzos de los científicos, de la sociedad civil, de empresarios y por supuesto de diversos gobiernos.

El problema de salud que ha causado el COVID-19 exige la participación de todos. Se trata de un tema en el que la solidaridad internacional y humanitaria es fundamental para salvar la vida de millones de personas, en especial de aquellas que padecen las mayores desventajas económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de la población que viven en los países latinoamericanos.

 

Al tratarse de una pandemia que no respeta edad, género, condición económica o social, en el momento en que se cuente con la vacuna y que ésta haya pasado todas las pruebas científicas que garanticen su efectividad e inocuidad en cuanto a consecuencias secundarias, es cuando deberá estar disponible para todas las personas.

En el caso de México, el Presidente de la República ha señalado con toda claridad que el acceso a la inmunización será universal y gratuita. De esa manera, sin que haya fines de lucro de cualquier tipo, todos los individuos tendrán acceso a ella.

La intervención y colaboración de la academia, organizaciones civiles y de diversos gobiernos impide que se intente obtener alguna ventaja política e incluso económica. Nuestras sociedades han madurado democráticamente de manera importante y quien pretendiera darle a la vacuna un uso distinto al de la salud seguramente sufriría el rechazo y el repudio social.

En pocas palabras la vacuna de antemano está vacunada en contra de la politización. Nadie debe intentar lo contrario.

Aún sin vacuna, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia

Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro. 

 

La pandemia del Covid-19 ha resultado una tragedia de dimensiones planetarias, ante la que México, como el resto de las naciones, reaccionó y puso en marcha una estrategia de contención a través del confinamiento de la población, entre otras prevenciones.

En materia médica, la atención no tiene la eficacia que todos quisiéramos a partir de las limitaciones que impone la realidad y el avance científico: no hay un fármaco que cure la infección, y no hay todavía disponible una vacuna que la prevenga.

 

Mientras éstos recursos médicos no existan, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia, al igual que lo hace la labor heroica del personal sanitario.

Entretanto, ha sido relevante la actuación del gobierno mexicano para garantizar en su momento que nuestro país cuente con las dosis de inmunización que se requieran.

Cabe recordar que en marzo pasado, cuando en una etapa temprana los países que componen el G-20 llevaron a cabo una cumbre mundial sobre la pandemia, el Presidente de México consideró urgente “que la Organización de las Naciones Unidas controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento”.

Un mes después, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, impulsada por México, pidió al Secretario General que “busque formas de garantizar que todos los necesitados, particularmente en el mundo en desarrollo, tengan acceso libre, justo y rápido a las vacunas y otros medicamentos para combatir el virus COVID-19”.

Hace unos días, finalmente, el Gobierno de México firmó con la ONU y la Organización Mundial de la Salud un convenio para garantizar el derecho a la salud para la población mexicana, mediante compras conjuntas y esquemas de licitación internacional abierta, de medicamentos y vacunas, que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad.

En ese sentido, México ha actuado de manera correcta al participar y apoyar la investigación para resolver el problema de salud que enfrentamos en todo el mundo. Es muy importante que nuestro país, pero sobre todo las y los mexicanos puedan recibir la vacuna, más aun si tomamos en consideración que la pandemia podría durar un largo tiempo, como lo han señalado las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Lamentablemente, hay diversos grupos sociales que son más vulnerables y que es indispensable atenderlos para evitar que se siga extendiendo ese mal. Por eso, es adecuado que el gobierno mexicano promueva la solidaridad internacional y busque que el pueblo se beneficie de la vacuna de manera pronta en cuanto haya certeza de que las vacunas funcionan y no tienen efectos colaterales en las personas que las reciban.

Puedes leer esta columna en Publímetro AQUÍ.

 

Sesiones a distancia: la nueva normalidad del Congreso de la Unión

  • Texto publicado por la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, en el periódico El Universal.

 

La vida genera sucesos como la pandemia del COVID 19 que son simultáneamente, inevitables e imprevisibles, y que afectan significativamente la normalidad de las relaciones sociales reguladas por el Derecho. Sin embargo, precisamente por la certeza de que tales hechos formidables ocurrirán, desde hace siglas el Derecho ha construido la institución jurídica de la “causa de fuerza mayor” para afrontar las anormalidades.

 

En el derecho privado vigente existen disposiciones específicas para regular los efectos sobre las responsabilidades civiles que el cambio de circunstancias justificadamente exige para enfrentar la anormalidad; y también en el derecho público.

 

El derecho público mexicano se había hecho cargo de los llamados estados de excepción que tenemos previstos en los artículos 29 y 73 fracción XVI de la Constitución. Pero tanto en la Carla Magna como en las normas supremas de otros países, solo se había puesta el énfasis en el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Incluso el derecho internacional de los derechos humanos había regulada los estados de excepción centrándose en las potestades del Poder Ejecutivo y en su control por los Poderes Legislativo y Judicial.

 

El hecho es que hasta que aparece el COVID 19 no se había considerado el funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial en circunstancias de extraordinaria anormalidad.

 

La SCJN, así como los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación han podido sortear con cierta flexibilidad su funcionamiento las circunstancias impuestas por las medidas sanitarias sugeridas, porque la Constitución expresamente le atribuye la potestad de emitir “acuerdos” para regular su funcionamiento; además de que los tribunales mexicanos tenían la experiencia de la sustanciación de los procesos jurisdiccionales en línea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Pero no es el caso del Poder Legislativo. En el Congreso no contamos desde la Constitución con habilitación expresa para emitir “acuerdas” para regular con flexibilidad nuestro funcionamiento, sino exactamente la contraria: La Constitución establece procedimientos parlamentarios rigurosamente regulados como medida de
autoprotección de la democracia representativa.

Al elaborar las reglas de funcionamiento del Congreso de la Unión los Constituyentes de Querétaro tenían fresca la experiencia de la violación de los procedimientos parlamentarios para la imposición del usurpador Victoriano Huerta. El militar golpista hizo aprobar su acceso al Poder Ejecutivo sin importar el tamaño de las violaciones al procedimiento parlamentaria, entre ellas la falla de quórum. En efecto, los diputados de la XXVI Legislatura, entre los que figuraba mi paisano teapaneco Félix Fulgencio Palavicini, intentaron por distintos medios
parlamentarios impedir la aprobación de la renuncia del Presidente Francisco Madera y del Vicepresidente José María Pino Suárez par la minoría de diputadas afines al
Golpe de Estado, así que para provocar la invalidez de dichos actos se salieron del recinto parlamentario, de tal manera que par falla del cuórum que marcaba el  Reglamento de Cámara de Diputados, se evitase la usurpación.

Experiencia tan traumática para la República y para el Congreso se llevó del Reglamento a la Constitución, y en ésta se reguló la presencia física y el quórum necesario para el debate y las votaciones como requisito esencial para imprimir validez a los actos parlamentarios. Y este fue el ordenamiento constitucional y parlamentario con el que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que presido tuvo que enfrentar el COVID-19.


Por si ello no fuese suficiente, cabe destacar que tampoco había experiencia en el derecho parlamentario comparado para afrontar por medias telemáticas una emergencia tan formidable como la del COVID-19.

México cumple más de cien días del inicio de la pandemia, y si bien el Poder Legislativa se encuentra trabajando en modalidad a distancia, lo está haciendo con limitaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Los parlamentos del mundo, entre ellos el inglés, el más longevo, pasada la perplejidad inicial retornaran a sus labores. Lo mismo sucedió con el bicentenario Congreso estadounidense Y poco a poco los Congresos de los países de América Latina hemos venido reiniciando actividades sobre bases operativas totalmente nuevas. Como es sabido, en el Congreso de la Unión hemos funcionado por videoconferencias en la Comisión Permanente, dado que no implica un proceso parlamentario.

Es necesario que el Congreso General, las Cámaras y la Comisión Permanente tengan un sólido fundamento constitucional para operar en futuras emergencias. Este es el motivo principal del conjunto de iniciativas de reformas y adiciones a nuestro ordenamiento constitucional y parlamentario que he presentado a la consideración de los Senadores de la República.



Los aspectos más sobresalientes de la iniciativa tienen que ver con el uso de medios telemáticos para que las Cámaras del Congreso de la Unión, sus órganos de
gobierno y de funcionamiento, así como la Comisión Permanente, puedan operar sin necesidad de la presencia física de los representantes de la Nación y de los Estados en un mismo recinto parlamentario durante situaciones excepcionales, como pueden ser las epidemias o los desastres naturales tales como terremotos o huracanes. La palabra misma, “Congreso”, que hasta hoy se define en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia como “conferencia generalmente periódica en que los miembros de una asociación, cuerpo, organismo, profesión, se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas”, también tendré que ser modificada, al igual que las normas para su funcionamiento como se propone.

Las reformas que se plantean en estas tres iniciativas no promueven el abuso de este recurso, y su propósito serviré visiblemente para permitir soluciones institucionales y legales en casos como el que nos aqueja.

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Fortalecer cooperación internacional para enfrentar la pandemia: MFB

  • Urge a redefinir la política y construir un nuevo Estado Nacional para combatir las desigualdades que se han agudizado por los efectos del Covid-19.


     
    La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, hizo un llamado a parlamentarios de América, la Cuenca del Caribe y África a redefinir la política y construir un nuevo Estado Nacional para enfrentar las desigualdades sociales que se han agudizado por los efectos de la contingencia sanitaria global.
     
    La legisladora participó en el “Diálogo Político Interparlamentaria, en pro de acciones para la atención de los impactos derivados de la pandemia de Covid-19”, que se llevó a cabo en el Foro Parlamentario de África y América Latina y Caribe (AFROLAC).

 
En el encuentro, Fernández Balboa se pronunció por fortalecer la cooperación y coordinación internacional para establecer programas especiales y acciones específicas a proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como a revisar las políticas públicas para erradicar la violencia intrafamiliar, que se ha endurecido en todos los países por el confinamiento.
 
“Esta situación requiere como nunca una cooperación reforzada entre las naciones, en coordinación con las presidentas y presidentes del FOPREL, procedemos a la elaboración de los lineamientos para la implementación de una agenda regional de prevención y respuesta a los impactos adversos derivados del Covid-19 y otros eventos epidemiológicos”, agregó.


 
Se trata, explicó, de una agenda regional integral, incluyente, innovadora, que marca una hoja ruta con acciones fundamentales que se podrá desarrollar en conjunto para lograr una plataforma de cooperación del más alto nivel, entre todos los países participantes y en coordinación con instancias internacionales.
 
En la “Declaración conjunta del Foro Parlamentario de África y América Latina y Caribe, los legisladores expresaron su solidaridad a todas las personas, familias y países, que han sido afectados por la Pandemia del COVID-19 y pidieron que la vacuna sea gratuita para toda la humanidad.


Además, reconocieron a los profesionales de la salud en los diferentes campos y niveles de acción, por su alto compromiso en pro de salvar vidas humanas y lograr que los servicios esenciales, funcionen de la mejor manera posible.



También exhortaron a  la Comunidad Internacional, Estados, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Comunitarios, y Organismos no gubernamentales, a fundamentar todas sus iniciativas y acciones en los principios de solidaridad, igualdad social, cooperación desinteresada, paz, armonía y generosidad.
 
Así como iniciar paulatinamente un proceso mundial de aplicación de los recursos, para la vida, la paz, la equidad, la democracia y la justicia.

Por último, hicieron un llamado a los organismos multilaterales de crédito, así como a los acreedores bilaterales y tenedores de bonos soberanos de los países en vías de desarrollo a “declarar un alivio a la deuda externa de los mismos que incluya su reestructuración en forma integral y justa, así como la condonación en los casos que ameriten.


 
El senador Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, dijo que para enfrentar la crisis sanitaria se necesitan planes especiales que permitan recuperar la actividad económica, el empleo y una protección de las familias para que puedan mantenerse en sus hogares.
 
Esto, advirtió, “con el agravante de que no tenemos garantías de que se vayan a mantener las cadenas de suministros en el área alimenticia”.


 
Benchamach Abdelhakim, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, asentó que se trata de una situación excepcional, que nos enfrenta a nuevos desafíos y eso nos insta a trabajar en un programa común, porque las consecuencias de la pandemia serán más difíciles de lo que podemos pensar.

Senado regresará paulatinamente a sus actividades a partir del 15 de junio

  • La presidenta de la Mesa Directiva presentó el protocolo de acciones sanitarias para prevenir contagios en las instalaciones.

 

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que, a partir del próximo 15 de junio, se aplicarán las acciones de prevención sanitarias para el retorno, paulatino, de actividades en el Senado de la República.

 

Mediante un aviso, publicado en la página de la Cámara de Senadores, explicó que estas medidas se implementarán conforme a la Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, emitida por el Consejo de Salubridad General, y de conformidad con el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, el 26 de marzo de 2020.

 

La senadora precisó que, en cumplimiento de las medidas contenidas en el sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, el Senado no reabrirá espacios para reanudar actividades, hasta en tanto se cuente con las condiciones sanitarias pertinentes que inhiban la posibilidad de contagio, entre las personas que se encuentren en su recinto.

 

Determinó que a partir del 15 junio de 2020 se reanudarán, paulatinamente, las actividades en la Cámara de Senadores, en los horarios laborales que corresponde a cada área, con personal mínimo, y solamente se permitirá el acceso al recinto legisladores y al personal que acredite prestar sus servicios bajo cualquier modalidad de contratación, incluyendo a trabajadores de Fonatur.

Queda prohibido el acceso de personas distintas a las señaladas, con excepción de aquellas que presten un servicio público o privado, debido a un contrato previo celebrado con la Cámara de Senadores, aclaró.

 

Indicó que de acuerdo con la evolución de la señalización de semáforos, en su momento se determinará la fecha, a partir de la cual se podrán presentar a trabajar en el Senado de la República las personas mayores de 60 años, quienes padezcan alguna enfermedad de alto riesgo, así como mujeres embarazadas y madres que tengan hijos menores de 10 años.

 

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que en tanto se mantendrá la suspensión, de manera indefinida, de todos los eventos en el Senado de la República, así como la participación de senadoras y senadores en foros parlamentarios internacionales, y reuniones interparlamentarias que tengan lugar en Europa, Asia y Norteamérica.

 

Asimismo, se dieron a conocer las acciones de prevención que se aplicarán en las instalaciones del Senado, como la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, filtros de ingreso, toma de temperatura a la entrada de los edificios y repartición de gel antibacterial, caretas y cubrebocas.

 

También habrá sanitización y limpieza diaria de los espacios de trabajo, conformación de lugares laborales, observando los protocolos de sana distancia, tapete de entrada que contenga producto desinfectante en todos los accesos a las instalaciones, así como en las áreas de elevadores en los pisos de estacionamiento, que garantice la limpieza del calzado.

 

Otra de las medidas es la limpieza exhaustiva del Salón de Sesiones y las salas de comisiones, oficinas, baños y lugares comunes como pasillos y elevadores, así como en las áreas de servicio de alimentos. 8

 

Se limitará el uso de aire acondicionado o, en su defecto, garantizará el intercambio o limpieza diaria de los filtros correspondientes. Se capacitará al personal de seguridad y resguardo para detectar posibles riesgos sanitarios entre los trabajadores.

 

Respecto de reuniones de trabajo y sesiones plenarias, se informó que en éstas no podrá concurrir un número mayor de 50 personas, además las sesiones plenarias de la Comisión Permanente tendrán la duración que acuerde por consenso la Mesa Directiva con los grupos parlamentarios.

 

Para el caso de las sesiones del Senado de la República, su duración será acordada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, a fin de atender lo estrictamente necesario.

 

Aunado a ello, se mencionó que el personal que sea detectado con fiebre pasará al servicio médico para su revisión, de acuerdo con el protocolo establecido.

Consulta y descarga el Aviso AQUÍ.

 

Se reúne Senado con CCE por pandemia COVID_19

  • La presidenta del Senado de la República e integrantes de la JUCOPO se reunieron a distancia con miembros del CCE para revisar propuestas que permitan enfrentar las repercusiones económicas de la emergencia sanitaria.

  • La búsqueda de soluciones ante la pandemia exige unidad y visión de futuro: Senado

 

La presidenta del Senado de la República y de la Comisión Permanente del congreso de la Unión, Mónica Fernández Balboa, se reunió virtualmente con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la JUCOPO y los líderes de las 12 cámaras del Consejo Coordinador Empresarial.

 

En la videoconferencia la legisladora tabasqueña se refirió a la emergencia sanitaria: “ha trastocado gran parte de nuestros hábitos y de las actividades económicas de los mexicanos en un diálogo con respeto entre el Senado y el CCE nos escuchamos a fin de lograr una construcción colectiva incluyente para relanzar el desarrollo de México”.

Por su parte el Sen. Monreal Ávila aseguró que todos los sectores de la sociedad deben coincidir en la unidad, cohesión y visión de futuro para buscar las alternativas que permitan enfrentar con éxito a la pandemia por COVID-19 y sus efectos económicos: “El Senado de la República busca ser interlocutor de buena fe, eficaz y confiable, entre todos los sectores de la sociedad”, apuntó.

 

El senador advirtió que en esta crisis “cualquier exceso” puede poner en riesgo al país. Por eso, subrayó, me parece pertinente esta reunión en la que podemos coincidir, o no, con los planteamientos que expresen.

 

Hoy, remarcó, tenemos que recurrir al entendimiento y buscar el consenso para salir adelante de esta emergencia. Indicó que, para entrar de manera segura a la nueva normalidad, es fundamental la coordinación entre todos los sectores de la sociedad, pues ello permitirá superar la pandemia.

 

Los legisladores celebraron que el Consejo Coordinador Empresarial realice un esfuerzo de propuestas que buscan establecer medidas de recuperación económica que beneficien a todo México.

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado a dejar atrás los momentos de disenso y de diferencia, pues el país debe estar unido para hacer frente a un solo enemigo. “Un México unido es un México fortalecido”, expresó.

 

Salazar Lomelín hizo un llamado a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, para que convoque a las fracciones parlamentarias a acompañarlos en su esfuerzo.

 

 

Con la Ley de Amnistía el Senado se solidariza con un grupo vulnerable de la sociedad

 

Nuestro país, y el mundo, atraviesan una difícil etapa originada por la pandemia del COVID 19. Las y los mexicanos nos encontramos preocupados por lo que está ocurriendo y por los impactos que tendrá en la salud de toda la nación.

 

En la declaratoria de emergencia nacional decretada el 31 de marzo se considera a la tarea legislativa como una actividad esencial del estado mexicano, por ello es necesario, por lo pronto, tomar decisiones parlamentarias que permitan combatir los impactos de esta pandemia, entre los grupos de población más vulnerables.

 

En este sentido, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, órganos de gobierno del Senado, así como el Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han dirigido a ésta Presidencia de la Mesa Directiva, solicitando se convoque a los legisladores, para continuar y concluir con el proceso legal que se requiere para la aprobación de la ley de amnistía y que sean vigentes los derechos que se otorgarán a la población más vulnerable, en situación de reclusión. Es necesario que el Estado pueda contar con herramientas legales que permitan adoptar medidas que salvaguarden los derechos humanos de ellos, ante esta pandemia.

 

En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva, con base en las atribuciones y facultades que me otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado, y compartiendo la preocupación, por lo que puede ocurrir en los centros de reclusión, he convocado a sesión ordinaria el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas.

 

Es importante señalar que en dicha sesión plenaria se aplicaran las medidas sanitarias que han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos directivos de esta Cámara, quedando exentas de acudir, de manera presencial, a las instalaciones de este órgano legislativo, mujeres embarazadas o en lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.

 

En aplicación de las disposiciones sanitarias vigentes, la Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle implementando todas aquellas medidas que sean indispensables para asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud.

 

De esta manera el Senado de la República cumple con su función constitucional de dictar leyes en beneficio de la población general y con pleno respeto a los derechos humanos.

  • Consulta la carta enviada por la ONU al Sendao en petición de aprobar la Ley de Amnistía AQUÍ

 

Reconoce Senado profesionalismo, ética y calidad humana del sector salud para enfrentar la pandemia

  • Condena enérgicamente cualquier agresión descuido o desatención a médicos, paramédicos, enfermeras y personal en general.
  • La Cámara Alta estará atenta de que se dote de los insumos necesarios a todos quienes participen en la atención de los pacientes infectados.

El Senado de la República reconoce el profesionalismo, ética, sensibilidad, compromiso humano y sacrificio de médicos, paramédicos, enfermeras y todas aquellas personas vinculadas al sector salud de nuestro país que, arriesgando sus vidas, atienden la emergencia del COVID-19.

La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, encabezadas por la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, destacaron el trabajo que desarrolla este sector para revertir los efectos del citado virus en México.

Las y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República condenan enérgicamente cualquier agresión, descuido o desatención hacia los integrantes del sector salud público y privado.

Llamaron a intensificar las medidas de seguridad en instalaciones hospitalarias para proteger su integridad física.

Mediante un acuerdo aprobado por unanimidad, la Jucopo, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, y suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Mónica Fernández Balboa, se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a dotar al personal de salud del equipo e insumos necesarios.

La Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva señalan que están atentos al cumplimiento de todas aquellas medidas encaminadas a superar la crisis sanitaria.

Además, alertarán acerca de cualquier deficiencia o insuficiencia que obstaculice o burocratice la atención de la pandemia y promoverán su solución lo más pronto posible.

   

Senado ilumina edificio principal en solidaridad con personal de salud y de seguridad.

 

  •  La acción busca concientizar sobre la labor que realizan estos héroes para enfrentar la pandemia de Covid-19 en el país.

Como muestra de solidaridad y en reconocimiento a la labor que lleva a cabo el personal de salud y de seguridad en el país, el Senado de la República ilumina, este miércoles por la noche, su edificio principal con los colores patrios (verde, blanco y rojo).

De esta manera, la Cámara de Senadores expresa su gratitud y ratifica su compromiso con todas y todos los trabajadores de estos sectores, a los que considera verdaderos héroes, pues laboran intensamente para enfrentar la pandemia del Covid-19.

El Senado busca concientizar sobre el trabajo titánico que realiza el personal médico y de enfermería, además de hacer un llamado a la población a evitar las agresiones hacia estos ciudadanos, que arriesgan sus vidas para salvar a otros.

Este acto simbólico, forma parte de la decisión de la Cámara de Senadores de aportar 250 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria, medida anunciada la víspera por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Dicha aportación se deriva de la aprobación unánime del acuerdo de Austeridad y Solidaridad y es un gesto de solidaridad con todas y todos los enfermos y sus familiares.

Este recurso se otorgará al Consejo de Salubridad General y su ejercicio será vigilado por la Jucopo, a efecto de que se destine a medicamentos, instrumentos de salud, mascarillas y respiradores, y para que estos insumos se distribuyan a lo largo del país.