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Elección de integrantes al Consejo Nacional Ciudadano con transparencia y apego a derecho

  • Nuestro compromiso es garantizar el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

 

La desaparición de personas es una violación grave a los derechos humanos que se cometió durante la llamada «Guerra Sucia», y que se profundizó desde hace más de 10 años a raíz de la fallida estrategia de seguridad implementada entre 2006 y 2012, con impactos tan graves y alarmantes que continúan hasta la fecha, lo cual habla de una deuda histórica en materia de derechos, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación proporcionados en 2020, actualmente se tienen localizadas 873 fosas clandestinas y 147 mil 033 personas desaparecidas desde 1964 al 2019, de ellas, 85 mil 396 se reportaron como localizadas, mientras que 61 mil 637 personas aún se encuentran en calidad de desaparecidas.

 

Es en este doloroso contexto, los senadores abajo firmantes, integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República suscribimos el presente comunicado y reiteramos nuestro compromiso de garantizar el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, especialmente en la elección de los mejores perfiles para la renovación de su Consejo Nacional Ciudadano.

Creemos que es indispensable que el Estado mexicano adopte todas las medidas para fortalecer este Sistema, y que para tal efecto es necesario dar todo el respaldo institucional para que el Consejo pueda cumplir con todas sus responsabilidades, reiteramos que la elección de las nuevas y nuevos integrantes de este órgano se realizará con la mayor transparencia, con apego absoluto a la Convocatoria emitida y en pleno respeto a lo que la Ley dispone.

 

Hacemos propias las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, que hace un llamado a que «En estos tiempos de crisis [ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2], los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora», por lo que —ante la renovación de este importante organismo— trabajaremos por ahínco a fin de elegir a los mejores perfiles.

Como en todos los procesos que atienden el interés superior de las víctimas, haremos nuestro trabajo, sin dilaciones y con absoluto compromiso, para responder ante la deuda histórica que sostenemos con todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país.

 

Sen. Mónica Fernández Balboa

Sen. María Celeste Sánchez Sugia

Sen. Martha Guerrero Sánchez

Sen. Martha Lucía Micher Camarena

Sen. Antares Vázquez Alatorre

Sen. Nancy Sánchez Arredondo

Sen. Gloria Sánchez Hernández

Sen. Nestora Salgado García

Sen. Rocío Abreu Artiñano

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez

Sen. María Merced González González

Sen. Verónica Camino Farjat

Sen. Alejandra del Carmen León Gastelum

Sen. Eunice Renata Romo Molina

Sen. Salomón Jara Cruz

Sen. José Narro Céspedes

Sen. Gilberto Herrera Ruiz

Consulta la lista de candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas AQUÍ.

 

 

El reto es garantizar derechos humanos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

El derecho a la no discriminación figura en primerísimo término en la Constitución Política.

Para ubicar la reflexión, es útil citar textualmente el párrafo final del artículo 1º de nuestra Carta Magna:

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Para garantizar este derecho constitucional es que en 2003 el Congreso de la Unión creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo marco se estableció como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido por su sigla, Conapred.

La erradicación de todo tipo de discriminación es una tarea relevante, porque la existencia de toda exclusión o restricción es causa y síntoma de desigualdad social, y opera siempre en contra de los derechos de los sectores más vulnerables.

La no discriminación es un principio fundamental para que la libertad y la igualdad de todas las personas se puedan ejercer a plenitud.

Su cumplimiento, como el de todos los derechos humanos, es una responsabilidad irrenunciable del Estado. Eso no está a discusión.

Lo que tenemos que considerar en la actual etapa de transformación de la nación en todos los órdenes, es si el pleno ejercicio de derechos y libertades requiere necesariamente de pesadas y onerosas estructuras burocráticas, y en general si un Estado obeso es un buen garante de las acciones afirmativas en pro de la igualdad y la inclusión social; puede que sea al revés.

Desaparecer o modificar el Conapred es un tema que en su caso el Congreso de la Unión deberá abordar con todo detalle y profundidad.

Nuestro objetivo radica en fortalecer y hacer respetar los derechos humanos, y hacerlo con oportunidad y eficacia.

La tarea de gobierno no es construir estructuras de grandes organigramas ni abultadas nóminas, pues eso es en estos tiempos un derroche ya inadmisible, intolerable para un país en que la mayoría de la población sufre grandes carencias.

El reto, no lo perdamos de vista, es garantizar derechos humanos, libertades y oportunidades, inclusión y bienestar para toda la población. Y hacerlo optimizando los escasos recursos.

 

Lee esta columna en Publímetro AQUÍ.

 

El mundo que surja de la pandemia debe ser más justo para las mujeres: MFB

  • Ratificó la convicción del Senado de seguir revisando y reformando las leyes para construir una sociedad más igualitaria e incluyente.

 

El mundo que surja de esta pandemia debe ser un mundo en el que las mujeres puedan ejercer sus derechos, un mundo libre de violencia y con plena igualdad de oportunidades, aseguró la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa.

 

Durante el conversatorio a distancia “Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el Covid-19”, la senadora refrendó el compromiso del Senado con los derechos humanos de las mujeres, y ratificó su convicción de seguir revisando y reformando las leyes para construir sociedades más iguales e incluyentes.

 

Manifestó su repudio a toda forma de violencia contra las mujeres e hizo votos para que las autoridades de los tres niveles de gobierno lleven a cabo las acciones que sean necesarias para proteger a las mujeres de los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.

 

Dijo que la pandemia no puede ser un pretexto para aplazar los compromisos con la igualdad de género, sino, por el contrario, la coyuntura convoca a redoblar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva.

 

La presidenta de la Mesa Directiva aseguró que para México, el tema de la igualdad de género era, ha sido y seguirá siendo una prioridad, y mucho más para la Legislatura actual, en la que, por primera vez en la historia, los órganos del Poder Legislativo se encuentran integrados de acuerdo con este principio.

 

Afirmó que antes de la irrupción de la pandemia, el problema de la violencia y la discriminación de las mujeres estaba en el centro del debate y la agenda política en México y en varias partes del mundo. “Hay que decir que la igualdad de género era al mismo tiempo una meta y desafío antes del Covid-19”, apuntó.

 

“La pandemia no solo ha sido desafortunada por sus costos humanos, económicos y sociales, sino porque nos vino a confirmar que las mujeres seguimos siendo una población vulnerable que enfrenta desventajas en escenarios ordinarios y extraordinarios”, acotó.

 

Indico que, de manera dolorosa, en México los feminicidios, la violencia doméstica y las solicitudes de refugio de las mujeres han registrado incrementos significativos en estos últimos meses. “Para millones de mujeres quedarse en casa significa exponerlas a situaciones de riesgo por la violencia de género”, sentenció.

 

Fernández Balboa señaló que la violencia de género no es el único de los problemas que requieren de una perspectiva de género, ya que fenómenos como el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral impactan con mayor fuerza a las mujeres.

 

Ante esto, manifestó, México tiene el interés de mantener el tema de la igualdad de género como una de las prioridades de la agenda global. “En la búsqueda de un mundo más justo, no podemos dar un solo paso atrás”, aseguró.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la pandemia causada por el Covid-19, mostró que se requiere acelerar las reformas y los cambios en favor de las mujeres.

Indicó que la emergencia sanitaria golpeó con más fuerza a quienes ya se encontraban en una situación desfavorable. “Las crisis pueden ser más hondas y profundas en las partes más frágiles, como son las mujeres, niños y las personas vulnerables”.

 

Consideró necesario generar las condiciones que mejoren la situación de desventaja que experimentan las mujeres y que han sido exaltadas y exacerbadas por la pandemia. Dentro de los planes de recuperación económica, precisó, se tiene que trazar una ruta que evite que la brecha entre los géneros se siga agrandando.

 

Tanto legisladoras como legisladores, destacó, deben llevar a cabo un esfuerzo para que este proceso de recuperación se traduzca en políticas que ayuden a erradicar la enorme carga social concentrada en sectores, como las trabajadoras del hogar, las madres, enfermeras y las víctimas de violencia doméstica, que lamentablemente se incrementaron en el confinamiento de esta pandemia.

 

“No debemos dejar pasar la oportunidad de poner estas necesidades políticas en el centro de la recuperación que tendremos que iniciar, una vez que la pandemia sea superada”, expresó.

 

Monreal Ávila recordó que, desde el inicio de la actual Administración, se han logrado en materia de igualdad y género avances importantes, como reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y también otorgar derechos laborales a quienes realizan trabajos en el hogar.

 

Aunado a ello, dijo, “enaltece mucho” que la “Jefa del Parlamento”, en el caso del Senado de la República, sea una mujer de “gran talento, un ejemplo de que se puede romper el techo de cristal del confinamiento histórico en el que la mujer ha vivido”, Mónica Fernández, una mujer que, en lo personal, me ha sorprendido su capacidad.

 

La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que los temas de los cuidados y de la violencia familiar se hicieron más visibles durante la pandemia. Detalló que muchas mujeres, además de seguir su vida profesional durante el confinamiento, deben hacerse cargo de manera casi exclusiva de las labores de cuidado de sus niños y de las labores de limpieza, las cuales hacen sin ayuda de sus parejas.

 

Apuntó que las mujeres han sido más propensas a perder su empleo durante la pandemia, además de recibir salarios menores e incluso trabajar sin salario alguno. Aunado a esto, denunció la violencia doméstica que ha aumentado durante el confinamiento. Es fundamental que la estrategia en materia de derechos humanos ponga en el centro de las poblaciones vulnerables a las mujeres.

 

Aseguró que el reto principal para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres frente a la pandemia por Covid-19 es hacer tangibles y justiciables estos derechos, es decir, el estado constitucional y de derecho debe dejar de ser una estructura formal para ser un ente que escuche y empodere a las mujeres. “La nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad”, apuntó.

 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que estamos ante la que posiblemente sea la peor crisis económica que hemos enfrentado, lo cual está ensanchando la curva de pobreza en América Latina.

 

Ante este escenario, consideró pertinente este conversatorio para escuchar que camino deben seguir los gobiernos para garantizar la igualdad de género. Recordó que México es un país progresista y feminista, por lo que la discriminación contra las mujeres es una máxima preocupación para nuestro país.

 

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, subrayó que la crisis sanitaría debe traer un replanteamiento del modelo de vida y la oportunidad de poner a más mujeres en liderazgos y reconocer que deben estar en las mesas donde se toman las decisiones.

 

La pandemia, expresó, no trajo desigualdades, sólo las hizo visibles y mostró el impacto que el sistema sexogenérico, injusto y desigual tiene en la vida de las mujeres. “Necesitamos una nueva normalidad, totalmente diferente, porque la anterior no nos servía”.

 

Refirió que el Gobierno de México se ha propuesto ser un Estado de bienestar, que ha hecho un gran esfuerzo por apoyar a la gente durante la contingencia. No sólo fortaleció los programas sociales prioritarios, también creó oportunidades a través de créditos para el mercado informal y las mujeres trabajadoras del hogar, concluyó.

 

María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, dijo que México es líder en el trabajo legislativo hacia la igualdad y la paridad. Refirió que 75 por ciento de los congresos latinoamericanos son dominados por hombres.

 

Destacó que México está viviendo la paridad, una excepción, “que queremos trasladar al resto de la región” en esta materia. 

 

En su turno, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, expuso que la pandemia afecta a mujeres y niñas de manera distinta, pues la actual crisis está acompañada por un aumento de la violencia de género, donde hay pocos o ningún recurso para buscar apoyo.

Indicó que si las medidas restrictivas continúan por seis meses más, habrá, a nivel global, 31 millones de casos adicionales de violencia de género. Refirió que en América Latina es una región con altos niveles de feminicidio y “hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica, debido a la cuarentena o las medidas de distanciamiento”.

 

Michelle Bachelet mencionó que las mujeres y niñas corren un alto riesgo como consecuencia de la discriminación y desigualdad por razones de genero preexistentes, especialmente para aquellas que se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad.

 

Después de esta pandemia, agregó, no se puede volver al día cero, no sólo en relación a las mujeres, sino también porque la gente no está contenta con el sistema económico y democrático vigente.

 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió que la actual crisis provocará que aumenten los índices de pobreza en la región, donde las más afectadas serán las mujeres. 

 

Señaló que en la actualidad existen 110 millones de mujeres en pobreza, pero con la crisis podría aumentar esta cifra a 115 millones, el impacto de la pandemia tiene rostro de mujer, expresó.

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher, Camarena aseguró que las acciones y políticas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, se deben implementar desde una perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres.

 

Señaló que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, tiene un impacto diferenciado en la vida de las mujeres, ya que los sectores “altamente feminizados” de la economía son los más afectados por la crisis.

 

Dijo que es necesario crear alternativas económicas y financieras que mitiguen los impactos y garanticen el trabajo digno para las mujeres. “Tendremos que enfrentar sus efectos, no sólo en los mercados financieros, sino en la vida cotidiana de todas las personas”.

 

Al final hubo una sesión de preguntas y respuestas, en el que participaron las senadoras Jesusa Rodríguez, Citlalli Hernández y Blanca Piña, del Grupo Parlamentario de Morena; así como la legisladora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano.

 

UNODC y ONU-DH saludan la aprobación de la Ley de Amnistía

  • Las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludan la aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso de la Unión, por ser una de las medidas que el Estado mexicano adopta para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el ámbito penitenciario y por seguir avanzando en la transformación del sistema de impartición de justicia en el país.

 

Consulta el Comunicado en el portal de la ONU-DH México AQUÍ

“En el contexto de la pandemia de Covid-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar”, afirmaron Antonino De Leo, Representante de la UNODC en México, y Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU-DH en México.

La ONU-DH reitera su posición, externada en el Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Ley de Amnistía que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en octubre de 2019, oportunidad en la que se señaló que dicho instrumento es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas indígenas, cuya condición se ha agravado debido a la privación de la libertad y otras medidas que les son impuestas.

Debido a la urgencia por mitigar los efectos de la pandemia y prevenir en lo inmediato el contagio por Covid-19 en las prisiones, las Oficinas invitan a la rápida aplicación de la Ley de Amnistía, acelerando la revisión de casos de potenciales beneficiarias de este instrumento.

Esta Ley se inserta en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios que ya se han comenzado a aplicar en las entidades federativas: medidas alternativas a la privación de la libertad, libertades anticipadas y beneficios de preliberación. Las Oficinas alientan a los niveles federal y estatal de gobierno a explorar también la aplicación intensiva de estas opciones, para evitar condiciones propicias para brotes por COVID-19 en las prisiones mexicanas.

Finalmente, la UNODC y la ONU-DH reiteran que la adopción de la Ley de Amnistía es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia en México, a través de la cual se puedan revisar figuras como la prisión preventiva oficiosa y diversos tipos penales que llevan al abuso de la pena de prisión, entre otras medidas para progresivamente armonizar el sistema de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Ley de Amnistía como la aprobada ayer será una medida insuficiente si no es acompañada por acciones de apoyo a la reinserción y cambios en las políticas criminales que entre otros aspectos eviten la criminalización de la pobreza.

En este sentido, las oficinas en México de UNODC y ONU-DH reiteran su compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas para continuar apoyando los esfuerzos de transformación del sistema de procuración y administración de justicia de México.

 

UNODC: Martha Orozco – martha.orozco@un.org

ONU-DH: Gabriela Gorjón – ggorjon@ohchr.org

Descarga el PDF del Comunicado AQUÍ