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Instala senadora Mónica Fernández Balboa Defensoría Jurídica para mujeres en Tabasco

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  • Avanzan en México acciones concretas para garantizar la participación política de las mujeres, señaló

 

La senadora Mónica Fernández Balboa afirmó que en México se han realizado acciones concretas para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre mujeres y hombres, así como para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

La legisladora de Morena instaló, este viernes, la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y demás grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco.

Fernández Balboa, también le tomó la protesta correspondiente a Leidy Gabriela Salvador Hernández, como titular de dicha Defensoría.

En la instalación que se llevó a cabo a distancia, la senadora aseguró que nuestro país cuenta con un sólido marco normativo que pretende erradicar la discriminación política del género femenino en todos los niveles.

Desde el Congreso de la Unión, dijo, se han aprobado reformas a la Constitución y a diversos ordenamientos legales para incorporar la paridad de género como eje rector en la integración de todos los órganos del Estado mexicano.

 

 

Además, a través de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha fortalecido y consolidado la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Con ello, apuntó, hemos avanzada de una manera decidida en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

El reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres, acotó, es producto del esfuerzo y de la lucha de millones de mexicanas y mexicanos, “que con acciones concretas hemos dados pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre mujeres y hombres”.

En este contexto, agregó, la Defensoría Jurídica resolverá los conflictos o controversias electorales que atenten contra los derechos políticos de las tabasqueñas y los grupos vulnerables de la entidad, lo que asegurará el ejercicio democrático de tabasqueñas y tabasqueños.

Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Margarita Espinosa, expresó: “de nosotras depende no bajar la guardia y seguir al pie del cañón para no desdibujar lo que ya hemos conseguido”.

Leidy Gabriela Salvador Hernández, en tanto, enfatizo que con esta instancia se dará orientación gratuita sobre el contenido y alcances de los derechos políticos electorales de quienes pretendan o ejerzan cargos de elección popular.

Además, el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Rigoberto Mata Villanueva, dijo que la “tarea no ha sido fácil y se necesitan más acciones para fortalecer el acceso efectivo de los derechos políticos reconocidos a las mujeres, sin distinción”.

Por último, la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, destacó que además del marco normativo en favor del género femenino y de los grupos vulnerables se requieren mecanismos para que puedan acceder a los tribunales en la defensa de sus derechos.

  

Servidores públicos deben garantizar derechos políticos de las mujeres o ser sancionados: MFB

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• Su empoderamiento no es una opción, sino una obligación, un mandato constitucional y un escenario deseable para la vida pública de nuestro país.

La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que las y los servidores públicos deben ser los primeros en garantizar los derechos políticos de las mujeres o sujetos a sanciones severas en caso de restringirlos.

El empoderamiento de ellas no es una opción, sino una obligación, un mandato constitucional y un escenario deseable para la vida pública de nuestro país, asentó en el foro virtual sobre “Delitos electorales e infracciones administrativas de servidores públicos enfocados en violencia política de género”.

Dijo que siempre habrá resistencias para el avance político de las mujeres y una de las más complejas es la violencia política por razón de género que, conforme a las reformas que aprobó el Congreso, se expresa en conductas como las restricciones al voto y los derechos de asociación, el uso de propaganda denigrante e imágenes basadas en estereotipos.

Además de la violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en el libre ejercicio de sus derechos políticos o de sus responsabilidades públicas, continuó Fernández Balboa.

“Este tipo de conductas -acotó- son inadmisibles vengan de donde vengan, pero tratándose de los servidores públicos la situación es todavía más grave, pues se trata de agentes del Estado que atentan contra principios elementales plasmados en el texto constitucional”.

La senadora recordó que con las reformas que se publicaron el pasado 13 de abril, se estableció que cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales o partidistas, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, las penas se aumentarán en un tercio.

También se definió que toda conducta que desde el servicio público limite la actividad política de las mujeres es al mismo tiempo un delito electoral y una falta administrativa acreedora a sanciones tanto penales como administrativas.

Se trata, aseveró la presidenta de la Mesa Directiva, de disposiciones que, independientemente de la armonización legislativa que lleven a cabo las entidades federativas, serán aplicables para el proceso electoral de 2021.

Lo anterior porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que si los congresos locales no han armonizado sus leyes de acuerdo con lo que dicta la Constitución, serán las autoridades electorales las que tendrán la obligación de emitir lineamientos para garantizar la paridad de género y la sanción de la violencia política de género.

Rigoberto Riley Mata Villanueva, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, advirtió que las penas por este ilícito van desde multas hasta la privación ilegal de la libertad, así como sanciones económicas, apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución del cargo o inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público.

Daniel Díaz Cuevas, director General Jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, se pronunció por fortalecer las relaciones con órganos autónomos y tribunales estatales, “debido a que son ellos son los primeros que nos pueden dar vista sobre algún delito electoral lo que nos genera mayor certeza”.

A su vez, Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, afirmó que actualmente están armonizando las penalidades, por lo que proponen que cuando un servidor público cometa un delito en razón de género su pena se aumente hasta un tercio más y cuando se trate de una mujer indígena esta penalidad se incremente a una mitad más.

Ante a la pandemia, urge corregir fallas estructurales que propician la desigualdad: MFB

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  • En XXIII Reunión Extraordinaria del FOPREL, presidenta pro-tempore llama a evitar que se profundicen “fenómenos perniciosos” contra la mujer.
  • Imperativo, que las medidas adoptadas para atender la emergencia no sean pretexto para restringir derechos fundamentales, resuelve el organismo.

 

La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que para construir un mundo más humano, incluyente y con más oportunidades para todas y todos después de la pandemia, se quieren mejores leyes, normas e instituciones que corrijan las fallas estructurales que propician la desigualdad social.

En la XXIII Reunión Extraordinaria de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), la senadora consideró que el rol de los parlamentos es fundamental para reducir los impactos del Covid-19, atender sus secuelas de forma articulada y con especial atención de los grupos más vulnerables.

La presidenta pro-tempore del FOPREL advirtió que indígenas, migrantes, refugiados, adultos mayores, personas en situación de pobreza, mujeres y niñas serán de los sectores más afectados por la contingencia.

El género, alertó, es tierra fértil para las desigualdades, pues las mujeres, que representan la mitad de la población enfrentan grandes desventajas y mayores obstáculos para su desarrollo.

Así, en la primera reunión virtual del Foro, Fernández Balboa invitó a los legisladores a combatir, desde los parlamentos nacionales, “fenómenos perniciosos como la discriminación, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, la violencia psicológica, patrimonial y económica en contra de las mujeres y a garantizar sus derechos.


Aseveró que ya no se podrá regresar a la normalidad previa a la emergencia. Nuestros países han enfrentado históricamente grandes desafíos, pero nunca se había tenido un escenario tan demandante y problemático: lamentablemente con pérdidas humanas, economías detenidas y “terribles consecuencias sociales”.

Mónica Fernández Balboa dijo que la pandemia obliga a reflexionar sobre los aspectos claves para rediseñar los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales para dar respuesta a futuras crisis.

Por ello, refirió, los presidentes y presidentas de los poderes legislativos que integran FOPREL elaboraron los lineamientos para la implementación de una agenda regional de prevención y respuesta a los impactos adversos derivados del Covid-19 y otros eventos epidemiológicos. Se trata, agregó, de una agenda integral, incluyente e innovadora, una hoja de ruta clara con acciones fundamentales.

Santiago Rivas Lecaír, secretario ejecutivo del FOPREL, explicó que para la elaboración de este documento se analizó la brecha y vacíos legislativos que restringieron la capacidad de respuesta ante la contingencia. Además, se identificaron los principales ámbitos afectados, para lo cual se tomaron como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 


 
En este sentido, dio lectura a la resolución sobre las acciones de este organismo frente al Covid-19 y sus impactos adversos. Así, los parlamentarios se comprometieron a promover el oportuno abastecimiento de las pruebas, vacunas y tratamientos contra la enfermedad y a que su provisión sea de acceso universal, gratuito y oportuno.

Acordaron dar prioridad a temas de salud y gestión de riesgo, seguridad alimentaria, producción sostenible y agroecológica, derecho humano al agua potable, violencia contra la niñez y adolescencia, educación a distancia, migración y gobernanza, ciber delitos, violencia contra la mujer, micro, pequeña y mediana empresa, comercio y finanzas.

Además, consideraron imperativo que las medidas adoptadas frente a la emergencia sean legales, proporcionales, temporales, sujetas a control parlamentario, y que no se utilicen como pretexto para comprometer y restringir el ejercicio de los derechos fundamentales.

En la XXIII Reunión Extraordinaria del FOPREL también se abordaron diversos temas relacionados con la atención de la pandemia, a cargo de Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Marcelo Pisani, director Regional de Organización Internacional para la Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Además, participaron Patricia Palma de Fulladolsa, directora del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional; Victoria Ward, directora regional de Save the Children; Mateo Lucchetti, director del Programa del Consejo de Europa sobre CIBERDELITO; y Giovanni Bassu Representante de ACNUR para Centroamérica y Cuba.

 


El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, indicó que el mundo enfrenta una crisis que no se había vivido desde hace 100 años, por ello, este tipo de foros, son necesarios para tomar lecciones de otras naciones que se ha hecho bien y que se ha hecho mal.

Marcelo Pisani, director regional de Organización Internacional para la Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, subrayó que trabajan con diversos países para garantizar que los migrantes, regulares e irregulares se incluyan en los esfuerzos para mitigar el impacto de la pandemia.

 

 

Solicitud a Congresos locales para garantizar derechos políticos de las mujeres

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  • La presidenta del Senado pidió a legislaturas locales que expidan la legislación sobre paridad y violencia política de género para que se pueda aplicar durante los próximos comicios.

 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dirigió un oficio a los presidentes de los congresos estatales para solicitarles que expidan la legislación local sobre paridad y violencia política de género, con el propósito de que se pueda aplicar durante los próximos comicios y así garantizar los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

La senadora dijo que con las reformas que aprobó el Congreso de la Unión y que ya se publicaron, se sentó un precedente importante para las entidades federativas para garantizar la paridad de género, prevenir y sancionar la violencia política de género.  

 

Así, apuntó la legisladora “hemos dado dos pasos significativos, pero requieren de un seguimiento puntual” para asegurar que estos cambios cumplan con los propósitos para los que fueron aprobados, “ya que la paridad de género se enfrentará con obstáculos de todo tipo, empezando por la falta de una armonización legislativa en las entidades”.  

 

Sin duda alguna, acotó, a partir de estas disposiciones, los congresos locales contarán con disposiciones marco que les permitirán adecuar las leyes locales, una tarea que deberán realizar preferentemente antes de que concluya este mes de mayo, para que las modificaciones sean aplicables en las elecciones que se celebrarán el próximo año. 

 

La paridad de género, señaló Fernández Balboa, es un derecho reconocido por nuestra Ley Fundamental y, al menos, por las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales y de Responsabilidades Administrativas, gracias al decreto que se publicó en el Diario Oficial en abril pasado.  

Esto mismo ocurre con la violencia política de género, cuyas figuras, procedimientos, sanciones y atribuciones asociadas también están vigentes desde el 14 de abril de 2020, agregó.

 

Mónica Fernández Balboa recordó que en este contexto presentó un punto de acuerdo el 20 de mayo de este año, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a expedir, preferentemente previo al inicio del proceso electoral de 2021, la legislación correspondiente que reconozca, regule y sancione la violencia política por razones de género.

 

“Buscamos que estas reformas hagan un Estado más equilibrado y paritario, que nos ayude a eliminar los obstáculos del desarrollo político de las mujeres; que hemos construido juntas y juntos y que nos hacen imaginar en un mejor futuro para México y las mujeres que vivimos en este gran país”, expresó.

 

Reiteró que hace apenas dos meses, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres era el principal tema de discusión nacional. Sin embargo, agregó, la irrupción del coronavirus impuso nuevas prioridades nacionales que merecen toda nuestra atención, “pero no podemos dejar de trabajar por un México más igual, más justo y más generoso con las mujeres”.