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Prueba PISA olvida diferencias regionales y condiciones de desigualdad

Los resultados de México en la prueba PISA son un reflejo de la desigualdad social entre los países miembros de la OCDE

 

En principio, conviene establecer que cualquier esfuerzo para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes debe reconocerse. Sin embargo, también hay que admitir que la prueba PISA, elaborada y aplicada por la OCDE en los países que integran esa organización, debiera tomar en cuenta diversos factores.

 
Entre otros, el grado de desarrollo de los lugares en donde se aplica y, por supuesto, cuestiones coyunturales, como ocurrió en el 2020, que fue un año atípico a nivel mundial como consecuencia de la pandemia del covid-19.

El nivel de desarrollo es una cuestión importante, toda vez que en la OCDE participan naciones muy diversas como, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia o Francia, que evidentemente tienen una economía por encima de la nuestra. De esta forma, los resultados entre países pudieran ser incomparables entre un país como el nuestro y los otros.

Por otra parte, habría que tomar en cuenta que en México estudian millones de niños y jóvenes, y que el estudio PISA solo es una encuesta que evalúa solo entre 4,500 y 10,000 personas de 15 años. Sus resultados tampoco toman en cuenta las diferencias regionales o las condiciones de desigualdad que existen en México y que sin duda representan el mayor reto que tenemos por delante.

 

El covid-19, como lo han señalado las autoridades educativas, fue un elemento que sin duda también debe tomarse en cuenta. Durante un largo periodo, las escuelas de todos los niveles tuvieron que suspender sus actividades, aunque hubo clases a distancia a través de internet y otros medios.

Aun así, se perdió un tiempo importante en la formación de niños y jóvenes que ahora se busca recuperar para elevar la calidad educativa y cerrar la brecha de desigualdad interna, para que todas y todos los mexicanos puedan competir en mejores circunstancias a nivel internacional.

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Ante a la pandemia, urge corregir fallas estructurales que propician la desigualdad: MFB

  • En XXIII Reunión Extraordinaria del FOPREL, presidenta pro-tempore llama a evitar que se profundicen “fenómenos perniciosos” contra la mujer.
  • Imperativo, que las medidas adoptadas para atender la emergencia no sean pretexto para restringir derechos fundamentales, resuelve el organismo.

 

La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que para construir un mundo más humano, incluyente y con más oportunidades para todas y todos después de la pandemia, se quieren mejores leyes, normas e instituciones que corrijan las fallas estructurales que propician la desigualdad social.

En la XXIII Reunión Extraordinaria de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), la senadora consideró que el rol de los parlamentos es fundamental para reducir los impactos del Covid-19, atender sus secuelas de forma articulada y con especial atención de los grupos más vulnerables.

La presidenta pro-tempore del FOPREL advirtió que indígenas, migrantes, refugiados, adultos mayores, personas en situación de pobreza, mujeres y niñas serán de los sectores más afectados por la contingencia.

El género, alertó, es tierra fértil para las desigualdades, pues las mujeres, que representan la mitad de la población enfrentan grandes desventajas y mayores obstáculos para su desarrollo.

Así, en la primera reunión virtual del Foro, Fernández Balboa invitó a los legisladores a combatir, desde los parlamentos nacionales, “fenómenos perniciosos como la discriminación, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, la violencia psicológica, patrimonial y económica en contra de las mujeres y a garantizar sus derechos.


Aseveró que ya no se podrá regresar a la normalidad previa a la emergencia. Nuestros países han enfrentado históricamente grandes desafíos, pero nunca se había tenido un escenario tan demandante y problemático: lamentablemente con pérdidas humanas, economías detenidas y “terribles consecuencias sociales”.

Mónica Fernández Balboa dijo que la pandemia obliga a reflexionar sobre los aspectos claves para rediseñar los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales para dar respuesta a futuras crisis.

Por ello, refirió, los presidentes y presidentas de los poderes legislativos que integran FOPREL elaboraron los lineamientos para la implementación de una agenda regional de prevención y respuesta a los impactos adversos derivados del Covid-19 y otros eventos epidemiológicos. Se trata, agregó, de una agenda integral, incluyente e innovadora, una hoja de ruta clara con acciones fundamentales.

Santiago Rivas Lecaír, secretario ejecutivo del FOPREL, explicó que para la elaboración de este documento se analizó la brecha y vacíos legislativos que restringieron la capacidad de respuesta ante la contingencia. Además, se identificaron los principales ámbitos afectados, para lo cual se tomaron como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 


 
En este sentido, dio lectura a la resolución sobre las acciones de este organismo frente al Covid-19 y sus impactos adversos. Así, los parlamentarios se comprometieron a promover el oportuno abastecimiento de las pruebas, vacunas y tratamientos contra la enfermedad y a que su provisión sea de acceso universal, gratuito y oportuno.

Acordaron dar prioridad a temas de salud y gestión de riesgo, seguridad alimentaria, producción sostenible y agroecológica, derecho humano al agua potable, violencia contra la niñez y adolescencia, educación a distancia, migración y gobernanza, ciber delitos, violencia contra la mujer, micro, pequeña y mediana empresa, comercio y finanzas.

Además, consideraron imperativo que las medidas adoptadas frente a la emergencia sean legales, proporcionales, temporales, sujetas a control parlamentario, y que no se utilicen como pretexto para comprometer y restringir el ejercicio de los derechos fundamentales.

En la XXIII Reunión Extraordinaria del FOPREL también se abordaron diversos temas relacionados con la atención de la pandemia, a cargo de Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Marcelo Pisani, director Regional de Organización Internacional para la Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Además, participaron Patricia Palma de Fulladolsa, directora del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional; Victoria Ward, directora regional de Save the Children; Mateo Lucchetti, director del Programa del Consejo de Europa sobre CIBERDELITO; y Giovanni Bassu Representante de ACNUR para Centroamérica y Cuba.

 


El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, indicó que el mundo enfrenta una crisis que no se había vivido desde hace 100 años, por ello, este tipo de foros, son necesarios para tomar lecciones de otras naciones que se ha hecho bien y que se ha hecho mal.

Marcelo Pisani, director regional de Organización Internacional para la Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, subrayó que trabajan con diversos países para garantizar que los migrantes, regulares e irregulares se incluyan en los esfuerzos para mitigar el impacto de la pandemia.