Senado aprueba el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos

VERISÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA PRESENTA DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, Y LOS ARTÍCULOS 31 Y 38 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Este dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas, en  la reunión ordinaria del pasado 9 de septiembre, estas reforman proponen incluir dentro del procedimiento de enajenación el sorteo y permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender bienes a través de sorteo, con la finalidad de obtener más recursos para que puedan ser aprovechados y utilizados por el Gobierno para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la sociedad.

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen permiten que a través del sorteo se enajenen bienes inmuebles que ahora están bajo la tutela del Estado mexicano, que hoy en día, la mayor parte de estos bienes, no son aptos para el servicio público, o están ociosos y generan un gasto al erario, por lo que se considera que el sorteo es una medida más, a través de la cual el gobierno podrá allegarse de recursos para destinarlos en beneficio de la sociedad, además de reducir el gasto corriente derivado de la manutención y administración de los bienes en comento.

 

La Lotería Nacional constituye una de las instituciones con mayor arraigo en la sociedad y durante su existencia ha aportado recursos importantes para la asistencia pública y social al Gobierno Federal.

 

Con estas reformas estamos dotando al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de las herramientas jurídicas con la finalidad de que el sorteo sea una opción a través de la cual, el Instituto pueda vender los bienes, a través de un mecanismo transparente.

 

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas. Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

 

Se remite para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Presentación de dictamen por el que se modifica el nombre de la SCT

Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación durante la presentación del dictamen por el que se reforman reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por el que se modifica el nombre de la SCT.

 

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.  

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son modificaciones a los artículos 26, 30, 32 bis, 36 y 38 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto cambiar el nombre de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por “Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, para que sea acorde con las actuales atribuciones u obligaciones que ejerce y que se encuentran establecidas en la Ley.

 

Estas reformas no pretenden modificar y/o adicionar facultades nuevas a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar mayor precisión.

En ese sentido el dictamen que hoy ponemos a su consideración no va más allá de un cambio de denominación y que vale la pena hacer énfasis en que no representará un impacto dentro de los sectores económico-administrativos de la Administración Pública Federal.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

Presentación dictamen Revocación de Mandato

 

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la presentación del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y EStudios Legislativos Segunda.

 

Esta Ley que hoy discutimos tenía que ser expedida desde el mes de junio del año 2020, en cumplimiento del artículo Segundo Transitorio de la Reforma constitucional que en materia de consulta popular y revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

 

El dictamen contempla 6 iniciativas que fueron turnadas a estas comisiones y que proponen expedir una LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO:

El 16 de agosto, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de dictamen que se les hizo llegar presentaba las siguientes características:

  • Se valoró que en las seis iniciativas sobre el tema existía coincidencia en casi la totalidad de los artículos;
  • En dos artículos había diversas propuestas de redacción, el artículo 25 y 56.
  • Adicionalmente, se identificaron seis adiciones normativas sobre temas específicos respecto de las cuales existía también diversas propuestas de redacción.

 

Al inicio de la reunión acordamos y aprobamos en votación económica en ambas comisiones, que dicho proyecto de Decreto solo se discutiría y aprobaría en lo general y que las reservas serían sometidas a consideración de este Pleno.

Es de mencionarse que en esta reunión diversos grupos parlamentarios expresaron su opinión y propuesta, para darnos un poco más de tiempo el dictamen en cuestión y la expresaron la iniciativa de tener primero una reunión con el Instituto Nacional Electoral.

 

Durante la sesión se presentaron dos votos particulares y varias reservas, que hoy fueron retiradas por los proponentes.

 

Hoy reconozco la voluntad política de construir del Presidente de la JUCOPO, de los grupos parlamentarios que componen este Senado de la República, de la Presidenta de la Mesa Directiva y de las compañeras y compañeros que instalaron mesas de trabajo para analizar este dictamen. 

Aun cuando este proceso de dictaminación fue un largo y arduo trabajo, estoy convencida que debemos sumar esfuerzos para transitar a una democracia que brinde a las y los ciudadanos mayores mecanismos que les permitan participar de manera directa en la toma de decisiones transcendentales para el país.

 

Hoy nuevamente el dialogo, el debate y el ánimo de construir, sobre este tema de gran importancia para la ciudadanía, es una realidad. Les recuerdo que toda ley es perfectible, y para eso estamos aquí. 

 

Se ha integrado al dictamen una adenda que se ha trabajado durante varios días, que modifica 29 de los artículos del dictamen y los cinco artículos transitorios.

La revocación de mandato es el pleno derecho de la ciudadanía de solicitar y participar en este proceso para evaluar y decidir si están de acuerdo o no, con el trabajo del Presidente de la República que esté en turno. Esta reglamentación tiene la finalidad de empoderar verdaderamente a las y los ciudadanos.

El Poder Legislativo Federal en cumplimiento de sus facultades, tiene la obligación de expedir una Ley que regule este instrumento garante de la democracia participativa, así como las implicaciones y connotaciones que debe tener en el sistema jurídico mexicano.

 

La realización e instrumentación de este importante e inédito ejercicio y derecho ciudadano, no debe dejarse a interpretaciones de entidades no legislativas.

 

Por todo lo anterior, me permito felicitar desde este espacio a las senadoras y senadores que componen esta Cámara, por este ánimo de poder trabajar entre todos y construir para el país, por ello  los exhorto de manera respetuosa a que aprobemos la LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO y con ello contribuiremos a fortalecer nuestro sistema democrático participativo y cumpliremos con nuestra obligación legislando.

Por su atención, gracias. Es cuanto presidenta.

 

 

 

 

 

Comisiones aprueban el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato

Esta mañana se llevó a cabo la reunión ordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación informó que el dictamen aprobado esta conformado por 6 iniciativas que fueron presentadas, por diversas senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de MORENA, PRI, PAN, MC y PRD y que fueron turnadas a estas comisiones.

 

Conforme al Orden del Día las y los legisladores integrantes hicieron el análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, propuesta que mostró coincidencias en casi la totalidad de los artículos, presentando dos diferencias en los temas: 1) del informe detallado que el Secretario Ejecutivo del INE debe presentar al Consejo General sobre la verificación del apoyo ciudadano y 2) sobre los medios de impugnación; así como la propuesta de adiciones.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras en la reunión de trabajo aprobaron que la discusión sería en lo general sobre todas las coincidencias; posteriormente se llevó a cabo la discusión de los artículos 25 y 56 en los que había diferendo por tal motivo se realizaron votaciones en lo individual de las propuestas presentadas. Finalmente, se sometió a consideración la inclusión al Dictamen de diversas propuestas de adiciones, aprobándose tres de ellas.

 

Es de mencionarse que las comisiones unidas aprobaron que las reservas que esta mañana presentaron diversos senadores y senadoras sean discutidas en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores; y fue anunciado la presentación de votos particulares.

En una primera votación el dictamen fue aprobado en lo general. Al reanudarse la sesión, después de un receso, las  Comisiones Unidas aprobaron nominalmente los contenidos de los artículos 25 y 56 así como la adición de tres artículos al dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva.

 

Presidenta Comisión Gobernación presenta Dictamen Ley Federal de Consulta Popular

  • Versión estenográfica de la intervención en tribuna de la Presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, Mónica Fernández Balboa.

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

 

Las reformas que hoy estamos presentando, de manera general, obedecen a actualizar el contenido de la LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR en concordancia con los preceptos constitucionales actualizados en la materia, desde el 20 de diciembre de 2019, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son las siguientes:

 

  • Se introduce un lenguaje inclusivo en diversos artículos de la Ley;

 

  • Determina que la Consulta Popular Regional tiene trascendencia cuando, el tema propuesto repercuta en una o más entidades federativas o que impacte significativamente en los habitantes de la entidad o las entidades de que se trate;

 

  • Especifica que la Consulta Popular se celebrará el primer domingo de agosto, y ya no el mismo día de la jornada electoral federal, como actualmente se estipula en la Ley;

 

  • Amplía el catálogo de supuestos que no podrán ser objeto de Consulta Popular, como: la restricción de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular; el sistema financiero; el presupuesto de Egresos de la Federación; y las obras de infraestructura en ejecución.

 

  • Se establece que, para la Consulta Popular con transcendencia regional, la petición la realizará los ciudadanos de una o más entidades federativas en un número equivalente, al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan;

 

  • Se especifica que la petición de Consulta Popular realizada por el Ejecutivo o por el 33% de las y los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara;

 

  • Señala plazo en que deberá presentarse la petición de Consulta Popular, esto es, se tendrá hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior al en que se pretenda realizar la jornada de Consulta, para presentarla.

 

  • Establece que los formatos de aviso de intención y de obtención de firmas ciudadanas tendrán vigencia permanente y cualquier modificación a estos deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del año en que se pretenda realizar el ejercicio de consulta popular;

 

  • La recaudación de firmas podrá realizarse digitalmente;

 

  • Para el caso de la Consulta Popular proveniente del Ejecutivo Federal y/o de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, se propone que el dictamen que emitan las comisiones correspondientes en cada Cámara, en caso de proponer la aprobación de la petición de Consulta, contendrá un proyecto de Decreto que contenga la convocatoria, que expresará como mínimo: convocatoria, fecha de la jornada de consulta, la materia y la pregunta; así como notificación al Instituto Nacional Electoral. Este dictamen deberá ser aprobado en un plazo de 20 días naturales para cada una de las Cámaras, en forma sucesiva, contados a partir de la recepción del proyecto.

 

  • Propone que el Instituto Nacional Electoral diseñará el formulario que se aplicará en la jornada de Consulta Popular en donde se pretende adicionar el recuadro para la “ABSTENCIÓN”.

 

  • Finalmente, se establece que Instituto Nacional Electoral garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de Consulta Popular. Asimismo, procurará habilitar los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas que fueron determinados para la jornada electoral inmediata anterior. Y podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior. Los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de casilla.

En este sentido, es relevante aprobar estas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular con la finalidad de armonizar nuestro Sistema Jurídico y que el contenido de esta Ley sea acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema de toda la Unión.

 

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar en sus términos la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. No obstante, manifiesto que se realizaron modificaciones necesarias de técnica legislativa que demandan el buen uso del lenguaje y claridad de los textos, haciendo énfasis en que no se altera o modifica lo aprobado por la Cámara de Diputados.

 

Por todo lo anterior, senadoras y senadores los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos estas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular, con ello contribuiremos a fortalecer nuestro sistema democrático.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidente.

La Comisión de Gobernación del Senado aprobó 22 dictámenes con el que se desahogan 36 asuntos

 

En reunión de trabajo a distancia de la comisión de Gobernación, que preside la Sen. Mónica Fernández Balboa, hoy las y los legisladores integrantes aprobaron 14 dictámenes, en los que se aprueban una minuta, una iniciativa y tres puntos de acuerdo y se desechan varios asuntos.

 

 

Previamente, en reunión de comisiones unidas con Estudios Legislativos Segunda, habían aprobado 5 dictámenes; y hoy por la mañana en reunión con la Comisión de Estudios Legislativos también aprobaron 3 dictámenes con lo que la Comisión de Gobernación sumó 22 dictámenes aprobados que desahogan 36 asuntos diversos.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, informó que los dictámenes serán enviados a la Mesa Directiva para su aprobación por el pleno.

 

Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos aprueban Dictamen sobre la elegibilidad del titular de la CEAV

 

Comisiones unidas aprueban Dictamen sobre la elegibilidad de las personas que integran la terna para ocupar el cargo de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

Esta mañana las comisiones unidas reanudaron los trabajos donde las senadoras y senadores aprobaron Dictamen sobre la elegibilidad de las personas que integran la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.

Una vez verificados y analizados los expedientes y documentación de cada una de las personas aspirantes y con el desarrollo de las comparecencias de cada una de las tres personas aspirantes, las y los legisladores pudieron evaluar los conocimientos y el plan o programa de trabajo a realizar, en caso de asumir la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, la Sen. Mónica Fernández Balboa, hizo la declaratoria de aprobación del dictamen por unanimidad de votos concluyendo que los ciudadanos postulados:

 

  • Martha Yuriria Rodríguez Estrada,
  • Claudia Lilia Cruz Santiago, y
  • Luis Fernando Rosas Ramírez

 

Reúnen los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, por lo que son elegibles para desempeñar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, por cinco años sin posibilidad de reelección.

 

El dictamen será remitido a la Mesa Directiva del Senado para su aprobación por el pleno y mediante votación por cédula, con el voto de las dos terceras de las y los legisladores, se elija a la Comisionada o Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.

 

 

 

 

Presentación de dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional en materia de agentes extranjeros

  • Se tiene que resaltar, que el presente dictamen, no solo actualiza el marco jurídico como hemos señalado, sino que lo fortalece, por que en adelante, la cooperación estará regulada por una ley del Congreso, y no solo por acuerdos de secretarias del poder ejecutivo: MFB

 

En la sesión ordinaria del día de hoy la Sen. Mónica Fernández Balboa, presentó a Dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación señaló que el objeto esencial de la iniciativa propuesta del titular del Poder Ejecutivo, es preservar la cooperación internacional para llevar a la justicia a los delincuentes que cometen delitos de la más elevada peligrosidad – contra la seguridad nacional de dos o más países,- e inhibir la comisión de los mismos y que además busca fortalecer el marco jurídico nacional mexicano en el que se ha venido sustentando esta cooperación, para que su regulación se defina en una Ley aprobada por el Congreso de la Unión, y no únicamente en acuerdos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo y de la extinta Procuraduría General de la República.

 

 

Durante su intervención en tribuna, la legisladora tabasqueña destacó las reformas:

 

  • Regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan agentes del extranjero en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Establecer la definición de agentes del extranjero, a fin de especificar que se trata de personas funcionarias del exterior que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes, y otras disposiciones de carácter técnico especializado o reglamentario.

 

  • Señalar que, en el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Establecer que las y los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

 

  • Regular que las y los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes del extranjero.

 

  • Limitar la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.

 

  • Establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral.

 

  • Se propone que las y los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones – o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a personas extranjeras el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

 

  • Establecer un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios, programas y temas estratégicos de cooperación.

 

  • Establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de los convenios, programas, acciones o acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, con las agencias de seguridad de países extranjeros que determine el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

 

El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado de la República y remitido a la Cámara de Diputados para su proceso legislativo.

 

Presidenta del la Comisión de Gobernación presenta dictamen sobre consulta popular propuesta por AMLO

 

 

Versión estenográfica de la intervención de la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, al presentar el dictamen de la petición de consulta popular del presidente de México.

 

Señoras Senadoras y Senadores de la República:

 

El día de ayer la Comisión de Gobernación dictaminó en sentido afirmativo la trascendencia nacional de la consulta popular solicitada por el Presidente de la República el 15 de septiembre del año en curso, que fue turnada a dicha Comisión para su análisis y dictamen por el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Federal de Consulta Popular y correspondientes de nuestro Reglamento camaral, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese remitido al Senado de la República su resolución en la que determina la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y los términos precisos de la pregunta que se habrá de someter a la consideración de la ciudadanía por conducto del INE, en caso que el Congreso de la Unión así lo apruebe.

 

  

 

Como ustedes saben la Corte se abocó a la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular en cuanto a la materia en sesión del Pleno del Tribunal el 1 de octubre de 2020, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, así como el artículo 26 fracción II inciso b de la Ley Federal de Consulta Popular y determinó que la pregunta de la consulta popular fuese la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

 

Sobre la trascendencia nacional de la consulta popular el dictamen de la Comisión de Gobernación textualmente dispone en sus artículos resolutivos:

 

ARTÍCULO PRIMERO. Es procedente la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La materia de la consulta popular referida a la petición presentada por el Presidente cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

 

 ARTÍCULO TERCERO. Es procedente convocar a las y los ciudadanos mexicanos a consulta popular para que se manifiesten sobre la pregunta contenida en la Convocatoria a Consulta Popular.

 

La convocatoria elaborada y aprobada por la Comisión de Gobernación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, por lo que ahorro su lectura ante el Pleno.

 

Señoras y señores Senadores de la República: Según lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII, y por el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular que lo reglamenta, corresponde a las cámaras del Congreso de la Unión, y en primer término al Pleno del Senado por ser cámara de origen de la petición del Presidente de la República, determinar por mayoría si la consulta popular es una cuestión de  trascendencia nacional, y de ser el caso aprobar la convocatoria a consulta popular solicitada por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral el primer domingo del mes de agosto de 2021.

 

Para la Comisión de Gobernación la trascendencia nacional de la consulta popular se infiere de los efectos benéficos sobre todos los mexicanos que puede tener una consulta popular como la que se presenta.

 

En primer lugar, es posible afirmar con rotundidad, porque estudios empíricos de ciencia política así lo sugieren, que la consulta popular es una escuela de la democracia pues se aprende a participar y se incentiva el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos ejerciendo el derecho a votar.

 

Sin lugar a duda el voto directo del ciudadano para resolver cuestiones de trascendencia nacional con fundamento en el artículo 35 constitucional expande el espectro del derecho político del ciudadano, establecido para votar únicamente por los representantes populares que habrán de decidir en su nombre los asuntos públicos que atañen a toda la Nación.

 

¿Qué duda puede haber que el voto directo del pueblo en una consulta popular es una reafirmación contundente del principio de la soberanía popular escrito en prosa intemporal en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Recordemos el texto: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

 

En el año 2021 los mexicanos habremos de celebrar doscientos años de la conclusión de nuestra guerra de independencia, así como de la lucha física, intelectual y moral por implantar como principio rector del sistema político la soberanía nacional y popular.

 

Y es en el marco de esta memorable fecha de nuestro calendario republicano y democrático que se habrá de celebrar la consulta popular convocada por el honorable Congreso de la Unión a petición del jefe del Estado Mexicano, para reafirmar el principio de la soberanía popular en su bicentenario mediante una consulta popular directa.

 

 

Este es el marco histórico en el que discurre la evolución política del pueblo de México: los mexicanos estaremos haciendo historia dando un paso adelante en nuestro desarrollo político al concurrir el 1 de agosto de 2021 a votar para decidir una cuestión de trascendencia nacional.

 

En este sentido la trascendencia nacional de la consulta popular radica también en un cambio profundo en la práctica constitucional de México y en su cultura constitucional: poner a los poderosos en una situación de igualdad ante los desposeídos y hacerles entender que la Constitución y las leyes también a ellos les aplican, pues es esto y no otra cosa el significado auténtico del concepto “Estado de derecho”.

 

La consulta popular tiene el poder de abrogar la impunidad garantizada al más alto nivel de funcionarios públicos que, como inveterada costumbre jurídica, ha caracterizado al sistema político mexicano durante el siglo XX y parte del XXI.

 

La consulta popular es de trascendencia nacional porque modifica el sistema político de los mexicanos ya que  empodera a los ciudadanos, quienes por esta vía obtienen un instrumento eficaz de participación no controlado por las dirigencias de los partidos políticos integradas por políticos profesionales.

 

En este sentido cabe decir ante este honorable Pleno que la consulta popular es de trascendencia nacional también porque con ello México cumplen con un compromiso internacional expresado en la Carta Democrática Interamericana, en especial en sus artículos 2 y 6 que, respectivamente, dicen:

 

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. 

 

Por todas estas consideraciones, que han podido leer en el análisis que acompaña a los resolutivos del dictamen de la Comisión de Gobernación, exhorto a que el día de hoy este Pleno, con su voto mayoritario, determine que esta consulta popular es de trascendencia nacional, y que apruebe la respectiva convocatoria. 

Muchas gracias.

Senado aprueba garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México

 

La Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales en materia de garantía al libre acceso y tránsito en las playas de México.

 

“Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas”. Mónica Fernández Balboa

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Las Comisiones Unidas Gobernación; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, presenta ante ustedes dictamen sobre la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 8; un párrafo segundo al artículo 127, y un nuevo artículo el 154 a la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

 

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue recibida y turnada el 03 de septiembre de 2019.

 

Con las modificaciones legales que contiene la Minuta que se dictamina, se establece, que:

 

  • El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento.

 

  • En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre.

 

  • Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.

 

  • Serán revocadas las concesiones o permisos, para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas. Lo anterior, para hacer efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima.

 

Las Comisiones dictaminadoras consideran viable y oportuna la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto, de conformidad con los siguientes razonamientos:

 

Se estima que las adiciones que se proponen son congruentes con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que en su párrafo primero establece la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas, y en su párrafo tercero contempla el derecho de la misma, de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

 

Hay que recordar que México posee un extenso litoral a lo largo de su territorio, más de 11 mil 122 kilómetros de extensión y una gran variedad de sistemas costeros y marinos, lo que le confiere una importancia en el que lo posiciona, en el cuarto país más rico del mundo, en cuanto a biodiversidad, esto constituye un patrimonio invaluable del cual todas las personas deben tener acceso a disfrutar.

 

 

No debe quedar desapercibido que constitucional y legalmente, las playas mexicanas son públicas y deben existir caminos de acceso a todo ciudadano que deseé disfrutarlas. Sin embargo, a pesar de dicha cualidad legal, persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas.

 

Por ello, se coincide con la manifiesta preocupación de la Cámara de Diputados, ante los flagrantes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que por medios extralegales establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas. Tales restricciones van desde cercas semifijas, hasta verdaderas construcciones permanentes, apoyándose incluso en ocasiones de elementos de seguridad privada o personal hotelero a quienes instruyen a realizar actividades que violentan la ley.

 

 

Hay que señalar, que la restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la Nación.

 

Derivado de lo anterior, es importante mencionar, que también se prevé la revocación de concesiones o permisos para quienes reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas, ya que se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad que otorga los permisos y concesiones, deberá aplicar en vía de sanción su revocación. Con esto, se hará efectivo el cumplimiento de las normas jurídicas que establecen el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes de uso común, en este caso de las playas y de la zona federal marítima terrestre.

 

 

Por todo lo expuesto, se consideran adecuadas y oportunas las adiciones contenidas en la Minuta y con su aprobación, se garantiza el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas.

 

Muchas gracias.

 

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