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Comisión de Gobernación determinará si proceden solicitudes sobre desaparición de poderes

  • Confirma la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, que este órgano legislativo ya recibió las peticiones.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, afirmó que este órgano legislativo tendrá la tarea de determinar si son procedentes las solicitudes para que el Senado ejerza la facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

 

En entrevista, confirmó que la Comisión recibió ayer los tres documentos sobre este tema; las solicitudes que presentaron el Grupo Parlamentario del PAN y la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, así como el acuerdo que establece el procedimiento para darles trámite.

 

Reveló que desde ayer en la noche se realizó una revisión exhaustiva de estos documentos, para proceder conforme a la fracción V del artículo 76 de la Constitución.

 

En este sentido, agregó que, de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Pleno del Senado, se realizará un estudio previo de las peticiones y posteriormente se convocará a los integrantes de la Comisión para el análisis, discusión y, en su caso, votación del tema.

 

Fernández Balboa enfatizó que, para elaborar el dictamen correspondiente, el órgano legislativo que preside tendrá la tarea de verificar si se cumplen o no los supuestos que se establecen en la fracción V del artículo 76 de la Carta Magna, así como en su Ley Reglamentaria.

 

“El resultado que tome la Comisión, se tiene que notificar de inmediato a la Mesa Directiva” del Senado, en el sentido en el que venga el proyecto, positivo o negativo, a fin de que continué su trámite correspondiente.

 

La senadora reconoció que, desde su personal punto de vista, en muchas ocasiones este tipo de solicitudes se realizan “por la misma efervescencia electoral”, pero pueden “llevarte efectivamente a medidas o acciones muy serias y delicadas, que no son juego”.

 

— ¿Es difícil que prosperen?, se le preguntó.

— “Es difícil, porque efectivamente, estás hablando de los tres poderes, no estás hablando de un tema al vapor”.

 

“Vamos a suponer que es procedente, vamos a suponer que ambas partes tienen razón y que es procedente; el primer paso es que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, va a mandar una terna para que entre de las personas que la compongan, se haga el nombramiento del gobernador provisional”, respondió la legisladora.

 

De acuerdo con el procedimiento aprobado por el Pleno del Senado, previo el estudio correspondiente, la Comisión de Gobernación elaborará el dictamen sobre la procedencia de la petición, que será votado por el Pleno del Senado.

 

En caso de que los y las senadoras estimen que no es procedente, se dará por concluido el asunto y se comunicará a quienes hayan presentado las solicitudes.

 

Pero si la Asamblea acepta la petición, se tendrá por recibida y la presidencia de la Mesa Directiva la turnará a la Comisión de Justicia, para que en un plazo de cinco días hábiles siguientes presente la resolución en cuanto al fondo del asunto.

 

“Si el Senado determina que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado, hará la declaratoria de que se está en el caso de nombrar un titular del Poder Ejecutivo provisional y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 5, 6, 8, 9 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República”, menciona el documento.

 

Fuente: Entrevista en Radio Fórmula, con Azucena Uresti.

Presenta Informe la Primera Comisión de la Permanente

Versión estenográfica de la Presidenta de la Primera Comisión de Trabajo, Mónica Fernández Balboa.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, de fecha 31 de mayo de 2023, se integraron las Comisiones de Trabajo que trabajaron durante este Segundo Receso.

La Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia se integró por 15 legisladoras y legisladores; la Junta Directiva, encabezada por una servidora y fungieron como secretarios los Diputados Alejandro Robles Gómez y Gerardo Peña Flores y el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Integramos esta Comisión las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera, Freyda Marybel Villegas Canché, Eunice Renata Romo Molina, María Graciela Gaitán Díaz, Kenia López Rabadán, los senadores Noé Fernando Castañón Ramírez y Alejandro González Yáñez. Y las diputadas Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Sue Ellen Bernal Bolnik, los diputados Hamlet García Almaguer y Román Cifuentes Negrete.

A continuación, me permito dar cuenta, sucintamente, de los trabajos realizados por la Primera Comisión.

Desde su sesión de instalación, el día 13 de junio, hasta el 23 de agosto del año en curso, la Primera Comisión celebró cuatro reuniones de trabajo en las que se atendieron un total de 167 asuntos, puntos de acuerdo de todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso de la Unión.

Los temas de los asuntos que atendió esta Comisión fueron algunos de ellos complejos y otros en los que tuvimos coincidencia total como exhortar a autoridades para que atiendan la violencia vicaria en niñas, niños, adolescentes y mujeres; para realizar campañas de capacitación y sensibilización en materia de no revictimización; para que el Poder Judicial de las Entidades Federativas actúen con estricto apego al principio de perspectiva de género; para que el Poder Judicial de la Federación privilegie en sus resoluciones el interés superior de la niñez, así como el derechos humano a la protección de la salud de la población mexicana, respecto a la impugnación de medidas para el control del tabaco y los nuevos productos de tabaco y nicotina; asimismo, exhortamos a algunos Congresos locales para que visibilicen e incorporen en sus legislaciones el delito de agresiones inferidas con ácido o sustancias similares en contra de las mujeres; para que armonicen su legislación en materia de paridad entre géneros, mejor conocido como paridad en todo; en el tema de movilidad y seguridad vial; para que tipifiquen el delito de pornografía infantil, así como para crear, fortalecer u operar de manera adecuada a las Unidades de Género en su estructura administrativa.

Logramos conjuntar en un documento las propuestas de diversos grupos parlamentarios referentes a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación de sus acciones encaminadas a combatir, prevenir y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

También trabajamos en el tema de protección civil para exhortar a las autoridades competentes con la finalidad de que fortalezcan sus acciones encaminadas a la prevención de desastres naturales y para la elaboración, y en su caso la actualización de los atlas de riesgos nacional, locales y municipales; asimismo, para atender los asuntos relacionados con la actividad del volcán Popocatépetl.

Con lo anterior, quedan sintetizadas las labores de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. En este sentido, agradezco a todas y todos los integrantes de esta Comisión, su esfuerzo, dedicación y trabajo porque logramos aprobar los asuntos por consenso y unanimidad.

 

A pesar de la calumnia ¡seguiremos cumpliendo a México!

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA DURANTE SU INTERVENCIÓN EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ POR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR.

 

Señor Secretario de Gobernación, nuevamente a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, le damos la más cordial bienvenida al Senado de la República, agradeciendo su disposición para cumplir con el análisis al Cuarto Informe de Gobierno de nuestro Presidente, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Celebro que este encuentro se lleve a cabo en el marco de la rendición de cuentas que establece nuestra Constitución y que sea propicio para exponer los avances evidentes que hay en materia de la gobernabilidad democrática que caracteriza a la actual administración.

 

Como lo hemos señalado, en diversas ocasiones, tenemos la convicción de que la transformación de México solo es posible mediante la colaboración y el intercambio constructivo entre los poderes de la Unión.          México tiene grandes retos que superar y solo podremos lograrlo con la voluntad y el compromiso de todas y todos. En ese sentido, es necesario destacar que, pese a diversos obstáculos, muchos de ellos originados hace años, aunados a crisis mundiales como la pandemia y la guerra, en el país existe un clima propicio para una convivencia pacífica y razonable de todas y todos los mexicanos. Ello no es gratuito, pues es consecuencia de la sensibilidad y del trabajo que realiza el Titular del Ejecutivo Federal.

 

Sin duda, uno de los aspectos fundamentales del trabajo que inició en diciembre de 2018 y que comienza a dar resultados: México está cambiando profundamente. Hoy vivimos en un país con mayores libertades, todas y todos podemos expresarnos sin cortapisas, incluso hay que reconocer que en ocasiones se cometen excesos, se recurre a la diatriba, a la calumnia y hasta el insulto y estridencias, pero que afortunadamente no son la regla. La tolerancia y respeto han sido las divisas de este gobierno que casi siempre en esta casa practicamos y en esta comparecencia no ha sido la excepción. Por ello, una de mis preguntas se enmarca precisamente en ese contexto, ¿cuál es el compromiso y como lo está cumpliendo la Secretaría de Gobernación para ensanchar los cauces de la libertad de todos los sectores, como la libertad de prensa, por ejemplo.

En MORENA estamos conscientes de las dificultades que debemos enfrentar y que la ciudadanía reclama con justicia. Uno de ellos, sin duda se refiere a la inseguridad y a la violencia, así como el respeto a los derechos humanos. Entendemos que este es un tema complejo que exige la intervención y coordinación de todas las instituciones del Estado y los 3 órdenes de gobierno, ya que todos son parte fundamental en esta tarea y desde aquí reafirmamos nuestro compromiso para colaborar, en todo lo que esté a nuestro alcance, en la recuperación de la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Respaldamos la política del gobierno de la República, y me gustaría que desde el ámbito de su responsabilidad, abundara en este tema que es la principal preocupación ciudadana, y que no se queden con la idea de mentiras y tergiversaciones que quieren hacer creer a través de gritos y tuitazos.

 

De igual forma, el Gobierno está comprometido con la premisa fundamental de la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ello, se han emprendido diversas acciones como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas y la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Con el objetivo de cumplir la política pública para garantizar la verdad a las familias de personas desaparecidas, se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que significa un avance en la lucha de las familias de las víctimas y los colectivos de víctimas. También debo destacar la reciente creación del Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres y del Modelo para la Atención y Protección Integral de Mujeres que viven Violencias. Estos modelos, contribuyen a prevenir y atender esta problemática inadmisible, sé que no son suficientes, dada la magnitud del problema, pero son un gran paso. Y en este tenor le pregunto: ¿Cuál es la importancia de la cooperación institucional para la efectiva prevención y erradicación de las desapariciones?

 

Como usted sabe, en este Senado de la República en el que existe paridad de género y desde donde hemos impulsado que se apliquen políticas y acciones para garantizar la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida del país, quisiera preguntarle ¿qué otras acciones está haciendo el Gobierno de la República para alcanzar los objetivos de que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia?  En el mismo sentido, ¿qué hace, desde la Secretaría que usted encabeza, para asegurar que las mujeres ocupemos los espacios que por justicia nos corresponden?

 

Desde este Senado, sepa usted, que en la construcción responsable de un México para todas y todos, el Grupo Parlamentario de MORENA, seguirá cumpliendo y hará la parte que nos corresponde. A pesar de los gritos de la oposición, a pesar de la calumnia, a pesar de tratar de llamar la atención para tener un minuto de gloria en redes, en MORENA ¡seguiremos cumpliendo a México. Le agradezco de antemano sus amables respuestas.

Seminario sobre Desplazamiento Forzado Interno

Versión estenográfica Sen. Mónica Fernández Balboa en el Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado SEGOB

12 de agosto de 2021

 

Quisiera comenzar saludando la realización de este seminario, que forma parte del reconocimiento que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo del desplazamiento interno forzado como lo que es: un problema de derechos humanos que requiere de la intervención del Estado tanto para brindar atención integral a las víctimas, como para atender las causas que dan origen al desplazamiento forzado en nuestro país.

 

Este reconocimiento representa acción política reivindicatoria en sí misma y el primer paso para poner fin a los desplazamientos forzados y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.  

   

Las personas migrantes no son migrantes sino víctimas de violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que carecen de un entorno seguro y precisamente por ello la responsabilidad del Estado, en la medida en que refleja el incumplimiento de sus obligaciones más elementales.

 

Hay que decir que este no es un problema exclusivo de nuestro país. Como se advierte en el Informe mundial sobre desplazamiento interno, en el año 2019 se generaron 33.4 millones de desplazamientos internos en 145 países y territorios del mundo originados por múltiples causas en las que intervienen una gran cantidad componentes de índole político, social y medioambiental.

El desplazamiento interno forzado en nuestro país se manifiesta en pueblos abandonados y en familias separadas; en niñas y niños que tienen de escapar de sus hogares y comunidades, en el aumento del poder de las organizaciones criminales y en la pérdida de confianza hacia las autoridades.

 

Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno forzado es que México no cuenta con un marco normativo especializado a nivel nacional, lo que resulta en una falta de claridad en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno para la prevención y atención integral al fenómeno.

 

Por ello, coincidimos con diversos organismos de derechos humanos que han hecho énfasis en la necesidad de expedir una legislación que establezca un sistema de responsabilidades para los tres niveles de gobierno y que permita atender las deficiencias de política pública en la materia, como por ejemplo, la falta de un registro oficial de desplazados internos, y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos que dificultan la comprensión de los patrones de desplazamiento, la evaluación de los incidentes a pequeña escala.

 

En esta LXIV Legislatura se dio un paso adelante el 29 de septiembre de 2020, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, mediante la cual se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.

 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados retoma las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos y los plasma en una ley que no solo logró el consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino que también el respaldo del Gobierno de la República para atender un problema que había sido invisibilizado.

 

Incorpora los principios Deng en el marco jurídico nacional, entre los que me permito resaltar la obligación de las autoridades de proporcionar atención y asistencia humana a las personas desplazadas, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios y la protección para niñas, niños y adolescentes.

 

La minuta contempla la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, en cuyo diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación

 

También ordena la integración del Registro Nacional de Personas Desplazadas, un registro de información y recopilación de datos de carácter confidencial que, además de contener datos de las personas desplazadas, tendrá información sobre sus lugares de origen, características sociodemográficas y necesidades especiales.

 

Dispone la creación del Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento interno forzado, un órgano

 

Asimismo, estipula la obligación de integrar un Fondo Nacional que brindará recursos económicos para la atención, prevención, protección e implementación de soluciones duraderas de las personas desplazadas.

 

Este proyecto de Ley, actualmente se encuentra en el Senado de la República, en donde tenemos la obligación de revisar las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados y construir los consensos entre las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo para seguir con el proceso legislativo correspondiente.

Como presidenta de la Comisión de Gobernación, una de las comisiones dictaminadoras de las comisiones dictaminadoras de esta minuta, puedo decir que todas y todos los integrantes de esta comisión coincidimos en que el desplazamiento interno forzado requiere de la atención del Estado mexicano y, por ello, también coincidimos en la necesidad de aprobar cuanto antes la legislación general en la materia, la cual formará parte de la agenda de la Legislatura que está por comenzar.

 

El desplazamiento interno forzado constituye uno de nuestros retos pendientes para garantizar los derechos humanos de las personas en nuestro país.

 

Queda claro que aún tenemos mucho por hacer para resolver esta problemática que apenas está siendo reconocida como tal por el Estado mexicano.

 

La solución del desplazamiento interno forzado pasa necesariamente por la expedición una nueva legislación que establezca responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno, que reconozca las causas de los desplazamientos, que establezca un catálogo de derechos para las personas desplazadas y los mecanismos para su aseguramiento.

 

Esta legislación debe entenderse como el primer paso para generar soluciones de largo plazo por medio de políticas públicas, instituciones y presupuestos adecuados.

 

En la Comisión de Gobernación seguiremos trabajando para darle a México un instrumento eficiente que brinde soluciones jurídicas viables para el problema del desplazamiento interno forzado; una ley que nos ponga en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y nos permita dar respuesta a los miles de mexicanas y mexicanas que han tenido que escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. Tengan la seguridad de que en el Senado de la República cumpliremos con la parte que nos corresponde para atender al desplazamiento interno forzado. Muchas gracias por su atención.