Texto publicado por la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, en MILENIO Diario el 07 de marzo 2020.
La lucha por los derechos de las mujeres no inició ahora, sin embargo, por múltiples razones este 2020 pasará a la historia como un año crucial para la igualdad de género en México y el mundo. En febrero, los abominables feminicidios conmocionaron al país entero y detonaron una presión social sin precedentes que exige erradicar todas las formas de violencia y discriminación que afectan a las mujeres.
El problema es que las mujeres comenzamos desde puntos de partida distintos que los hombres y tenemos que sortear más obstáculos que ellos en el camino de la vida. Iniciamos desde más atrás, soportamos mayores cargas y enfrentamos riesgos y amenazas espantosas por el solo hecho de ser mujeres.
Ante la coyuntura internacional y el resurgimiento de una nueva ola feminista que reclama con vigor y hartazgo plenamente justificados, México está llamado a hacer una evaluación crítica que le permita llevar a cabo las transformaciones jurídicas, políticas y sociales que se requieren para garantizar los derechos de las mujeres. Los métodos de lucha han variado a lo largo del tiempo, pero están unidos por la misma causa. Muchos de los derechos que hoy damos por descontados, son las conquistas de las mujeres que lucharon en el pasado. En el siglo XXI tenemos que hacer un esfuerzo por tender puentes generacionales que nos permitan seguir avanzando.
Un día sin mujeres constituye un llamado de atención para la sociedad y para el Estado mexicano en el sentido de transformar el orden de las cosas que limita y vulnera a las mujeres de manera cotidiana El paro del 9 de marzo nos recuerda que México no podría funcionar sin la existencia y participación de sus mujeres. Como sociedad y como Estado debemos hacer nuestra la protesta de las mujeres. Las mujeres no buscamos privilegios. No buscamos permisos ni actitudes condescendientes. Las mujeres no aceptamos la solidaridad simulada motivada por el oportunismo político. Lo que buscamos es vivir en una sociedad en la que se puedan ejercer los mismos derechos que los hombres. Nada más, pero tampoco nada menos.
A pesar de la coyuntura crítica que vivimos, hay razones fundadas para ser optimistas. En primer lugar, tenemos una sociedad que empuja con fuerza la reivindicación de las mujeres y que cada vez manifiesta un mayor rechazo a fenómenos que antes eran generalmente aceptados, como el maltrato y la discriminación. En las últimas dos décadas, el Congreso de la Unión ha intensificado la producción normativa en materia de igualdad, con resultados como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los presupuestos de género, la tipificación del feminicidio y la paridad de género en los órganos legislativos federales y locales.
En la Legislatura de la Paridad no nos hemos quedado atrás y, en menos de dos años, hemos dado otros pasos relevantes, como la prisión preventiva oficiosa para los delitos de feminicidio, violación y trata de personas; la reforma educativa que incluyó a la perspectiva de género en los planes y programas de estudio; la prohibición del matrimonio infantil; la paridad en todo y los derechos de las trabajadoras del hogar. Es cierto, la igualdad de género no se alcanza por decreto, pero las normas son una condición necesaria e indispensable para reconocer los derechos de las mujeres, así como para hacerlos exigibles y justiciables. De ahí la importancia de mantener a la igualdad de género como una prioridad de la agenda legislativa.
Hoy no se ha reconocido que el actual gobierno abrió una agenda en favor de la mujer que no tiene precedentes. Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen una integración paritaria y se ha avanzado en tal sentido en la conformación del Poder Judicial, como se hará con el INE y con otros organismos. Se debe reconocer que estos cambios, aun siendo importantes, son insuficientes frente al problema. Por tanto, se requiere un viraje político profundo orientado a iniciar un proceso de cambios en la cultura nacional, con objeto de atacar las causas históricas de la desigualdad de las mujeres frente a los hombres en todos los ámbitos del desarrollo, y particularmente las formas de violencia extrema existentes.
Los retos que impiden la equidad de género y propician la violencia y el feminicidio son enormes; de ese tamaño debe ser la respuesta. Esto implica, en cierto sentido, una transformación cultural en el desarrollo nacional, principalmente en el desarrollo de valores que coadyuven a la solución de este complejo problema. Necesitamos impulsar procesos legislativos y decisiones administrativas para construir un sistema de acciones afirmativas a favor de las mujeres en diversas materias del desarrollo, principalmente en aspectos de educación, salud, trabajo, justicia, protocolos contra la violencia, campañas institucionales de comunicación social y participación del sector privado en las luchas feministas.
Hoy existen las condiciones políticas, sociales y culturales para acelerar el paso y poder hacer de este siglo XXI, el siglo de la igualdad sustantiva. El Senado de la República no dará un paso atrás en esta lucha por la igualdad.
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