- Requieren una regulación moderna que garantice los derechos de las personas y promueva el crecimiento.
- El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación, son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza, asentó.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, consideró que los datos biométricos en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE) pueden ser aprovechados por el Estado en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y para facilitar trámites y servicios del gobierno, y no sólo para garantizar los derechos políticos electorales.
La legisladora cuestionó ¿por qué las empresas y las redes sociales pueden aprovechar estos datos para bombardearnos de publicidad y el Estado tiene negado utilizarlos para cumplir con sus funciones? Creo, acotó, que nos podríamos ahorrar muchas discusiones si pensamos en hacerle la vida más fácil a las personas.
La senadora tabasqueña participó en el foro la “Revolución digital de nuestra era, ¿una oportunidad para la economía global?”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Ahí dijo que el enfoque de los derechos humanos es la base de referencia para abordar las diferencias en esta materia entre el INE y la Secretaría de Gobernación.
En esta discusión, asentó, tenemos una oportunidad de reivindicar a lo público: “No podemos caer en la tentación de abonar a la desconfianza de las instituciones. El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza”.
Dijo que siempre habrá riesgos y quienes advierten sobre la utilización de los datos biométricos tienen razón en señalarlos, “pero no podemos permitir que la desconfianza limite las capacidades del Estado para responder a las demandas de la sociedad y cumplir con sus obligaciones”.
La presidenta del Senado de la República confío en que a través del diálogo se llegará a una solución que permita avanzar en la creación de una cédula que garantice el derecho a la identidad de las personas, sin dejar de asegurar los datos personales.
Explicó que los datos personales constituyen bienes de las personas, de sus titulares, no un patrimonio de las instituciones. Todo lo que se determine, agregó, debe partir de este derecho y el Estado, llámese órgano autónomo o gobierno, tiene la obligación de protegerlos.
Desde el punto de vista económico, continuó, la era digital ha multiplicado las posibilidades y alternativas del comercio, las transferencias de capital, el consumo y las actividades económicas en lo general.
En el caso de la protección de datos personales, los datos biométricos han ampliado los medios de identificación de las personas, quienes ahora pueden acreditar su personalidad no sólo con su nombre y apellido, sino también con sus huellas, retinas, rostros y hasta con sus gustos y perfiles en las redes sociales, dijo.
Todo ello, subrayó, ha sido aprovechado por las empresas y las instituciones financieras para maximizar las relaciones económicas y comerciales. Este tipo de fenómenos no está exento, por lo que requieren de una regulación moderna y eficiente que garantice los derechos de las personas y al mismo tiempo promueva el crecimiento de la economía con criterios de seguridad, igualdad y equidad social.
Refirió que el cambio tecnológico también supone nuevos desafíos para la protección de los datos personales, un derecho reconocido en la Constitución desde hace poco más de una década que cuenta con todo un andamiaje legal e institucional de garantías.
El sector primario, aseveró la legisladora, tiene deberes al respecto, pero lo que no debemos perder de vista es que la protección de los datos personales es una de las obligaciones del Estado, de acuerdo con los principios de universalidad, independencia y propersona establecidos en la Constitución.
Afirmó que la Cámara de Senadores se mantendrá atenta a esta discusión con la apertura y disposición de realizar las modificaciones legales que resulten pertinentes en beneficio de las personas.
En tanto, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que la propuesta de la senadora Mónica Fernández Balboa es un desafío interesante, por lo que solicitó que en el Senado “construyamos una técnica de Estado” para analizar los pormenores sobre el resguardo de las bases de datos que se encentran en las instituciones públicas.
En el foro, que se llevó a cabo como parte de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020, también estuvieron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; José Francisco Quiroga Hernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía; Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del INAI del estado de Jalisco.
