La senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen al punto de acuerdo.
Estimadas Senadoras y Senadores:
El día de hoy presento ante ustedes un dictamen de punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas de Guerrero, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Yucatán, Colima, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones, expidan las leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se señala en la Ley de Amnistía publicada el pasado 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
Consideramos que es de vital trascendencia que las legislaturas de las entidades federativas aprueben y expidan sus respectivas leyes de amnistía, pues esto permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Penitenciarios locales.
El 23 de abril de 2020 entró en vigor la Ley de Amnistía, la cual tiene por objeto extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados, respecto de delitos específicos establecidos en el artículo 1° de dicha legislación, como lo son el aborto; delitos contra la salud; aquellos cometidos por personas indígenas que durante el proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura; por el delito de robo simple y sin violencia y por el delito de sedición.
Expedir dichas leyes permitirá extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, en los supuestos mencionados. Por estas razones someto a consideración de este Pleno la propuesta en mención.
El Punto de Acuerdo fue aprobado por el pleno del Senado.
Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.
La Ley de Amnistía que acabamos de aprobar en el Senado de la República se trata de un acto de justicia para quienes han tenido que enfrentar un proceso penal por haber sido acusados de delitos no graves del orden federal. En esta circunstancia se encuentran alrededor de 2,600 personas en reclusorios de todo el país.
La nueva ley permitirá liberar a indígenas, jóvenes y mujeres que se han visto involucradas en supuestos hechos ilícitos, pero que a muchos de ellos se les violaron sus derechos humanos en el pasado y se cometieron abusos en su contra, padecieron procesos irregulares al no respetarse el debido proceso o peor aun que por sus condiciones socioeconómicas no tuvieron acceso a una adecuada justicia.
Es un paso de gran trascendencia que por primera vez se da en nuestro país. Sin embargo, apenas también es un primer avance de la justicia que es indispensable profundizar, ya que esa legislación aplica únicamente a personas privadas de su libertad en el orden federal. Lamentablemente, en esa situación también se encuentran muchos más en las diversas entidades del país.
Por eso, esperamos que a nivel local, en cada estado, se promuevan leyes similares que permitan que miles de personas, muchas de ellas inocentes o presas por delitos menores, puedan recuperar su libertad. Esa es la verdadera esencia del Estado democrático al que aspiramos. El acceso a una auténtica justicia, en la que se aplique la Ley de manera pareja para todos.
Se trata de construir una sociedad en la que las condiciones sociales, económicas, de género, origen étnico o incluso de ideología política no sean más un pretexto para que desde el Estado se cometan injusticias atroces en contra de inocentes o de quienes cometieron algún error en su vida y a quienes se les ha castigado de manera desproporcionada. La Ley de Amnistía que beneficiará a esos 2,600 mexicanos y mexicanas debe replicarse en toda la nación para favorecer muchos miles más que se encuentran injustamente en prisión.
Las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludan la aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso de la Unión, por ser una de las medidas que el Estado mexicano adopta para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el ámbito penitenciario y por seguir avanzando en la transformación del sistema de impartición de justicia en el país.
Consulta el Comunicado en el portal de la ONU-DH México AQUÍ
“En el contexto de la pandemia de Covid-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar”, afirmaron Antonino De Leo, Representante de la UNODC en México, y Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU-DH en México.
La ONU-DH reitera su posición, externada en el Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Ley de Amnistía que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en octubre de 2019, oportunidad en la que se señaló que dicho instrumento es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas indígenas, cuya condición se ha agravado debido a la privación de la libertad y otras medidas que les son impuestas.
Debido a la urgencia por mitigar los efectos de la pandemia y prevenir en lo inmediato el contagio por Covid-19 en las prisiones, las Oficinas invitan a la rápida aplicación de la Ley de Amnistía, acelerando la revisión de casos de potenciales beneficiarias de este instrumento.
Esta Ley se inserta en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios que ya se han comenzado a aplicar en las entidades federativas: medidas alternativas a la privación de la libertad, libertades anticipadas y beneficios de preliberación. Las Oficinas alientan a los niveles federal y estatal de gobierno a explorar también la aplicación intensiva de estas opciones, para evitar condiciones propicias para brotes por COVID-19 en las prisiones mexicanas.
Finalmente, la UNODC y la ONU-DH reiteran que la adopción de la Ley de Amnistía es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia en México, a través de la cual se puedan revisar figuras como la prisión preventiva oficiosa y diversos tipos penales que llevan al abuso de la pena de prisión, entre otras medidas para progresivamente armonizar el sistema de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Ley de Amnistía como la aprobada ayer será una medida insuficiente si no es acompañada por acciones de apoyo a la reinserción y cambios en las políticas criminales que entre otros aspectos eviten la criminalización de la pobreza.
En este sentido, las oficinas en México de UNODC y ONU-DH reiteran su compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas para continuar apoyando los esfuerzos de transformación del sistema de procuración y administración de justicia de México.
Significa un importante paso para la reivindicación de las injusticias cometidas en el pasado
Servirá para evitar contagios de Covid-19 al interior de los reclusorios
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía, a efecto de descongestionar los centros penitenciarios y aminorar el contagio de Covid-19, al interior de los reclusorios.
El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El dictamen parte del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.
Subraya que, de adquirir fuerza de ley, se reconocería que en ciertos casos, el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.
“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.
Uno de los objetivos principales de este proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.
Se trata de un paso en la dirección correcta, no sólo para reparar injusticias que se hayan cometido por el sistema de justicia penal, sino para atacar las causas estructurales que ocasionan el fenómeno delictivo que sufre México, se puntualiza.
Población beneficiada
El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.
En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.
La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.
Se decretará amnistía a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso, por cualquier delito, no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haberles sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
Mandata al Ejecutivo federal a integrar una Comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a esta ley. La solicitud de amnistía será resuelta por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.
Podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís expresó que por razones humanitarias es que se debe aprobar el dictamen, ya que sus efectos, alcances y beneficios tienen un impacto positivo en la impartición de justicia para los grupos más vulnerables.
Indicó que con su aprobación se estaría abonando al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio de Covid-19, al interior de las mismas.
En este sentido, señaló que la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas, que representa el 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas, precisó.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que la aprobación del dictamen significará un importante paso para la reivindicación de las injusticias cometidas en el pasado y para la reconstrucción del tejido social, además de constituir una acción estratégica de cara al actual al problema de salud nacional.
Aseguró que el hecho de estar sesionando el día de hoy, , es una muestra de que en este recinto legislativo se trabaja solidariamente pensando en el bien de la sociedad y especialmente en quienes por sus condiciones sociales, económicas, culturales o éticas, no pueden defenderse por sí mismas de la injusticia.
No hemos venido a dictaminar una ley para liberar criminales, hemos venido a servirle a nuestro prójimo, porque hemos aprendido que el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio de los más débiles y vulnerables, puntualizó.
Desde la tribuna., el senador Primo Dothé Mata, de Morena, informó que un gran sector de los reclusos es inocente o fueron empujados a cometer delitos por la crisis socioeconómica acarreada por gobiernos anteriores. “Es moralmente obligatorio para la Cuarta Transformación comenzar con un proceso de remediación para esta situación”, apunto.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.
El senador por el PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indicó que dicha ley es parte del proceso de pacificación, reconciliación y construcción del tejido social, es un gesto reconciliador con el que se refrenda el compromiso de legislar para los sectores más vulnerables de la sociedad, además de que significa una segunda oportunidad a quienes cometieron uno de los delitos descritos.
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT, dijo que el dictamen no se limita a la seguridad pública o la justicia. Es un asunto humanitario, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, con un enfoque de reinserción y no meramente punitivo hacia la población más vulnerable.
Esta aprobación fue remitida al Ejecutivo federal para su promulgación.
Nuestro país, y el mundo, atraviesan una difícil etapa originada por la pandemia del COVID 19. Las y los mexicanos nos encontramos preocupados por lo que está ocurriendo y por los impactos que tendrá en la salud de toda la nación.
En la declaratoria de emergencia nacional decretada el 31 de marzo se considera a la tarea legislativa como una actividad esencial del estado mexicano, por ello es necesario, por lo pronto, tomar decisiones parlamentarias que permitan combatir los impactos de esta pandemia, entre los grupos de población más vulnerables.
En este sentido, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, órganos de gobierno del Senado, así como el Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han dirigido a ésta Presidencia de la Mesa Directiva, solicitando se convoque a los legisladores, para continuar y concluir con el proceso legal que se requiere para la aprobación de la ley de amnistía y que sean vigentes los derechos que se otorgarán a la población más vulnerable, en situación de reclusión. Es necesario que el Estado pueda contar con herramientas legales que permitan adoptar medidas que salvaguarden los derechos humanos de ellos, ante esta pandemia.
En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva, con base en las atribuciones y facultades que me otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado, y compartiendo la preocupación, por lo que puede ocurrir en los centros de reclusión, he convocado a sesión ordinaria el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas.
Es importante señalar que en dicha sesión plenaria se aplicaran las medidas sanitarias que han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos directivos de esta Cámara, quedando exentas de acudir, de manera presencial, a las instalaciones de este órgano legislativo, mujeres embarazadas o en lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.
En aplicación de las disposiciones sanitarias vigentes, la Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle implementando todas aquellas medidas que sean indispensables para asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud.
De esta manera el Senado de la República cumple con su función constitucional de dictar leyes en beneficio de la población general y con pleno respeto a los derechos humanos.
Consulta la carta enviada por la ONU al Sendao en petición de aprobar la Ley de Amnistía AQUÍ
