El estereotipo social de la mujer en el derecho escrito y en el derecho consuetudinario

Reflexión sobre la institución de “la Primera Dama” en la Cuarta Transformación.

Texto publicado por la Sen. Mónica Fernández Balboa en la revista  revista del Instituto Belisario Domínguez Pluralidad y Consenso: “Hacia la igualdad sustantiva”. 

 

La Organización de las Naciones Unidas estableció que el 8 de marzo sea considerado el “Día Internacional de la Mujer” como una más de las acciones tendientes a visibilizar el problema de la desigualdad, culturalmente configurada, de la mujer frente al hombre en las sociedades de los Estados Nacionales integrantes de las Naciones Unidas. La intención de la conmemoración de un día especial en nuestro calendario, es que se cobre conciencia de tan grave lacra de la humanidad. La peor cara del esquema patriarcal y distribución de poder en nuestra sociedad  se traduce en la pérdida de vidas humanas, por la violencia extrema que un hombre puede ejercer sobre su pareja hasta, literalmente, asesinarla –por lo que también se ha establecido el 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero cotidianamente se hace violencia contra la mujer en acciones cotidianas que reproducen el esquema de desigualdad del esquema patriarcal y que implican la mutilación de los espíritus -que no solo afecta una vida individual de una mujer, sino que empobrece el potencial de una nación.

 

La desigualdad del hombre y la mujer es un problema mundial y por ello se ha implicado decididamente la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas suscrita en 1945 es el primer acuerdo internacional donde se afirma la igualdad en derechos de la mujer y el hombre. Y desde esa fecha se han dado pasos adicionales para la consecución de la igualdad de género, entre los más importantes se encuentran para nuestro hemisferio la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer adoptada en Bogotá el 30 de abril de 1948; y en el  mismo año la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer suscrito en la ciudad de Belém Do Pará el 9 de junio de 1994. 

 

En México nos viene bien que se hayan suscrito todas estas convenciones internacionales, y que el 8 de marzo se convierta, año con año, en cita obligada para la reflexión y la acción en el ámbito público y en el privado. Nos viene muy bien porque históricamente es posible comprobar que el dato objetivo es que, salvo raras excepciones -entre las que destaco la del Presidente de la República Benito Juárez, y la del Gobernador de Yucatán Salvador Alvarado-,  los hombres con poder en nuestro país no han manifestado en dos siglos de historia política una clara voluntad política para provocar el cambio que la mujer exige. Tal afirmación se puede constatar: los varones han arrastrado los pies para llevar al ordenamiento jurídico la igualdad del hombre y la mujer, primero en el derecho privado en las relaciones familiares en la transición del siglo XIX al XX, luego en el ámbito educativo, en el laboral en los albores del siglo XX, posteriormente en el político, en el económico y en el cultural. Pero la desigualdad persiste.

 

Como antes dije solo unos cuantos hombres públicos se han distinguido por promover en acciones públicas concretas las causas de la mujer. Benito Juárez es uno de ellos. En su programa de gobierno publicado en el mes de enero de 1861 se dispuso: “Secularizando los establecimientos de utilidad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, dándoles la importancia que merecen por la influencia que ejercen en la sociedad”. Y solo unos años después se creó la Escuela Nacional Secundaria para Señoritas.

 

El progreso de la emancipación de la mujer fue prácticamente nulo en el régimen conservador del General Porfirio Díaz, y bastante modesto en el siglo XX, en el que podemos identificar tan solo unos cuantos episodios dignos de mención. En el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón suscrito en 1906, se proponía la remuneración del trabajo doméstico. En 1915, el Primer Jefe de la Revolución, Venustiano Carranza, promueve la “Ley del Divorcio” en plena lucha armada.  Por su parte el también revolucionario, Salvador Alvarado, siendo gobernador de Yucatán, inicia en 1916 una serie de medidas legislativas y de orden administrativo mucho más trascendentes que las intentadas en el plano federal. Entre ellas se destacan la reforma al código civil del Estado para que las mujeres solteras gozaran de los mismos derechos que los hombres al cumplir 21 años; y la legislación laboral que alojó el postulado del Partido Liberal de remunerar el trabajo doméstico. También ese año se organiza bajo sus auspicios en Mérida el Primer Congreso Feminista.

 

El Congreso Constituyente de Querétaro fue conservador en cuanto al derecho de la mujer a ser considerada igual en derechos políticos en el naciente sistema democrático que impulsó la Revolución. La Comisión que dictaminó el artículo 34 de la Constitución de 1917 adujo que no debía otorgarse el voto de la mujer porque era la costumbre social imperante que éstas se supeditasen o bien a la voluntad de su marido -que le indicaría el sentido de su voto- o bien a la del cura de su respectiva parroquia. En cualquiera de los dos casos –concluían-, el voto de la mujer era no solo irrelevante, sino aún peligroso para la causa de la Revolución en el caso de que por vía de ellas la iglesia católica pudiese seguir ejerciendo influencia política.

 

Consecuente con ese esquema patriarcal, en el título I capítulo IV de la Constitución el 5 de febrero de 1917 se aprobó el artículo 34, que a la letra decía:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y II. Tener un modo honesto de vivir.

 

El artículo 34 fue objeto de una primera reforma el 17 de octubre de 1953; y el 22 de diciembre de diciembre de 1969 se reformó nuevamente. Actualmente dice: Artículo 34. “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido dieciocho años de edad y; II. Tener un modo honesto de vivir

 

Complementariamente al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres del derecho al voto activo y pasivo en los tres ordenes de gobierno –que primero solo fue tolerado para el ámbito municipal, y posteriormente arrastrando los pies se extendió para la elección de autoridades estatales y federales-, cinco años después se amplía el margen de libertades públicas y derechos reconocidos a las mujeres.  El artículo 4 establece hasta la fecha y desde la adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, la igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley. El citado artículo 4 textualmente señaló desde esa fecha: Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

 

El artículo 4 de la Constitución ha experimentado catorce modificaciones. Pero el mandato que establece la igualdad ante la ley del varón y la mujer, así como la derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, ha permanecido inalterado.

 

Ahora bien, es de señalar que las concepciones sociales que impregnan el derecho escrito en el artículo 4 constitucional del año de 1974, ya han sido rebasadas por nuestra realidad social. Y ello ha sido recogido por el derecho civil federal y por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer es, en 2019, legal y socialmente libre de poder decidir si tener hijos o no, pues es válida también como opción vital tener pareja sin necesariamente tener hijos –o decidir no tener pareja ni hijos. En segundo lugar porque actualmente en el caso de que se tenga familia, la responsabilidad de mantener y educar a la familia se concibe como una obligación compartida por partes iguales y consensuada entre el hombre y la mujer cuando se trata de familias heterosexuales; o de ambos en las parejas del mismo sexo; o ya del hombre o ya de la mujer en el caso de las familias monoparentales. Cualquier opción vital es lícita.

 

Pero no solo en el derecho escrito ha de darse la batalla por la igualdad como lo indica el artículo 4, también en el derecho no escrito que precisamente no se expresa a través de una ley formal. Ahí encontramos aún el esquema patriarcal de relaciones de poder que asigna a la mujer una función ancilar a la del varón, y concretamente en el derecho consuetudinario no escrito. Y la institución de derecho consuetudinario que con mayor potencia ha seguido reproduciendo en el imaginario colectivo la distribución predeterminada por sexo del trabajo entre las parejas de la sociedad mexicana, en mi opinión, es hasta la conclusión del sexenio pasado, la institución de “la primera dama” -título con el que, como es sabido, se identificaba a la esposa del Presidente, y todavía a la fecha a las esposas de los gobernadores de la mayoría de los Estados de nuestra República Federal.

 

Recordemos que los juristas distinguen como fuentes de las que mana el derecho obligatorio en México: (1) a la Constitución escrita; (2) a la interpretación que los tribunales hacen de la Constitución escrita –que llaman derecho jurisprudencial-; (3) a las leyes; (4) a los tratados internacionales; (5) a las convenciones; y (5) a la costumbre jurídica o derecho consuetudinario.

 

Para entender a plenitud la forma en que se regula jurídicamente la institución de la “primera dama”, resulta necesario tener siempre presente que las Constituciones y las leyes son normas incompletas en tanto no pueden prever absolutamente todas las contingencias que se presentan en la aplicación de las normas jurídicas y la operación cotidiana de las instituciones. Por tanto ante situaciones no contempladas por el derecho escrito en toda la complejidad y detalle que la realidad presenta, las costumbres sirven para dar solución al caso concreto no contemplado por el derecho escrito. Una costumbre es la repetición inveterada de una práctica o uso a la que se le reconoce obligatoriedad como norma jurídica. Este ha sido el caso de la esposa del Presidente, que no es contemplada por el artículo 40 que establece la República como nuestro sistema político, y que configura un sistema presidencial unipersonal en los siguientes términos:

 

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

La esposa del Presidente tampoco encuentra encaje en el artículo 90 de la Constitución que erige la organización administrativa sobre la que se apoya el presidente para el descargo de sus funciones; y tampoco dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que reglamenta dicho precepto constitucional. En esta Ley sí se reconoce desde luego entidad al tratamiento público de los niños en tanto que sujetos de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y derechos humanos de fuente internacional; también a la mujer, a la familia, a los ancianos y en general a todos los individuos que constituyen sectores vulnerables de nuestra sociedad -y que hoy son atendidos por el Estado mexicano a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

 

El lugar que en la organización administrativa ocuparía la esposa del Presidente, no contemplado por el derecho escrito, fue solucionado por la costumbre jurídica en el derecho mexicano por medio de la cual se forjó la institución de “la primera dama”.

 

Interesa destacar que la costumbre jurídica, a diferencia de las cinco fuentes del derecho arriba citadas, se crea como derecho espontáneo y no tiene forma escrita, pero como he dicho sí se le reconoce obligatoriedad.  Sin embargo ha de destacarse inmediatamente después de esta afirmación que la costumbre jurídica puede ser abrogada (1) por convención constitucional –es decir por acuerdo expreso de los actores relevantes del orden constitucional; (2) por una nueva costumbre jurídica no escrita; o (3) por mandato expreso de la ley. Y son estos medios reconocidos por el derecho constitucional mexicano y por la doctrina jurídica de los que se ha valido el Presidente Andrés Manuel López Obrador –con la convicción activa de su cónyuge, que es una académica reconocida por el Sistema nacional de Investigadores CONACyT-, para actualizar el marco jurídico que regula –por norma escrita o no escrita- el lugar de la esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuente con la afirmación de la igualdad de derechos del varón y la mujer que es el credo de la mujer mexicana del siglo XXI –y en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos-, el nuevo esquema establecido en la Cuarta Transformación contempla que la esposa del Presidente es enteramente libre de optar por su actividad profesional durante el periodo constitucional de seis años en el que su cónyuge ejerce el poder ejecutivo.

 

La concepción de la “primera dama” pertenece al estereotipo de la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo pasado. Como una evolución secular, primero, de las organizaciones de caridad, posteriormente de la beneficencia pública encargada de los orfanatos y asilos de ancianos, se creó una unidad administrativa encargada del tratamiento público de la protección de la familia y los niños que al tiempo sería conocida como el DIF, acrónimo de Desarrollo Integral de la Familia. Y consecuente con la concepción de la mujer del siglo pasado, la asistencia de la familia como responsabilidad del Estado recayó en la esposa del Presidente. Esto ha sido así hasta el viernes 30 de noviembre de 2018.

 

La función que desempeñaba la esposa del Presidente como titular de facto del DIF hasta el último día del mes de noviembre de 2018, con poder de mando sobre la estructura administrativa y la distribución y aplicación del presupuesto público –y con presupuesto para comunicación social-, será en adelante desempeñada por un funcionario público profesional en la materia. Este o esta estará –ya lo está-  sujeto al régimen de responsabilidades políticas y jurídicas (penal, civil y administrativa), que por costumbre jurídica no les aplicaba a las primeras damas, contemplado en el Título Cuarto de la Constitución. De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado.  

 

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Centenario de la Constitución del Estado de Tabasco en el Senado de la República

Al cumplirse 100 Años de su promulgación, el Senado de la República organizó el Foro Reflexión Y Análisis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

En sus palabras de bienvenida, la senadora por el Estado de Tabasco, Mónica Fernández Balboa, expuso que el propósito del evento es remirar el pasado, pero también enhebrar la historia del periodo de la Revolución con el presente de los tabasqueños y su futuro, con reflexiones a cargo de conferencistas de gran solidez intelectual y compromiso social y político con Tabasco y México.

Al referirse a los ponentes, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, agradeció la presencia de la señora Secretaria de Gobernación, la Doctora, Ministra, Senadora, Doña Olga Sánchez Cordero, quien participó en representación del Presidente de México, el Lic. Andrés Manuel López Obrador. En representación del Gobernador de Tabasco acudió la Secretaria de Cultura, la Lic. Yolanda Osuna Huerta. También en el panel de ponentes estuvieron el Doctor, maestro, senador de la 48 y 49 legislaturas y ex gobernador de Tabasco, Don Enrique González Pedrero; el Notario Presidente del Colegio de Doctores en Derecho de Tabasco, el Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez y el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Sen. Martí Batres Guadarrama, quien fue el encargado de clausurar el evento en la sede alterna del Senado en la calle Xicoténcatl 9 del Centro Histórico de la ciudad de México.

El foro, organizado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, quien afirmó que la Constitución de Tabasco del periodo revolucionario se distinguió por su tratamiento de los nuevos derechos sociales, a la educación, a la tierra, al trabajo, a las libertades públicas, y la determinación de prohibir la servidumbre, que era una versión local de la esclavitud.

A cien años de su promulgación, la Carta Magna de Tabasco de 1919 es un referente jurídico de nuestro orden social, político y económico, asentó la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que cuando la realidad exige cambiar la norma el legislador debe actuar para asegurar que las garantías individuales y los derechos humanos prevalezcan ante cualquier circunstancia.

Reconoció la importancia del federalismo como fórmula idónea para atender las necesidades locales. Por eso, dijo, el nuevo gobierno ha decidido robustecer la colaboración con los gobiernos estatales, con los que comparte la responsabilidad de atender las demandas de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es respetar el auténtico federalismo que consagra nuestra Constitución Política y refleja la del Estado de Tabasco”, manifestó la titular de la SEGOB.

 A su vez, el exgobernador Enrique González Pedrero asentó: “nuevamente estamos ante la posibilidad de transformar a fondo el quehacer de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos. De hacer lo que nos corresponde, como hombres y mujeres comprometidos con nuestro tiempo, pero siempre con la certidumbre de que los textos que nos rigen están hechos para todos”.

Ahora más que nuca, agregó, “necesitamos ceñirnos a los mandatos de nuestras normas constitucionales más preciadas”.

En este panel magistral, el Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez, señaló que los retos de “nuestro constitucionalismo” están en hacer realidad derechos fundamentales, como la protección a la salud, vivienda, alimentación, agua, educación, así como abatir los rezagos y carencias que padecen amplios sectores de la sociedad.

Por su parte, Yolanda Osuna Huerta, Secretaria de Cultura de Tabasco, expuso: “nos corresponde hoy afianzar la cultura de la legalidad, para que el respeto irrestricto a la Constitución Política sea garante del pleno goce de nuestras libertades”.

Antes de clausurar el foro, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Sen. Martí Batres Guadarrama, expresó que la reflexión sobre los cien años de la denominada “Constitución Roja” sirva para que continúen las grandes transformaciones que México necesita.

Dijo que ese estado ha sido muchas veces punta de lanza para el progreso mexicano y recordó a los tabasqueños que con gran pasión han cambiado la política mexicana como: el vicepresidente de la República, José María Pino Suarez, los exgobernadores Tomás Garrido Canabal, Leandro Rovirosa Wade, Carlos Pellicer Cámara y actualmente el presidente de México, el Lic. Andrés Manuel López Obrador.  

Al evento asistieron tabasqueños de la política, cultura y empresarios así como senadores, diputados locales y funcionarios federales.

Video con la participación de la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Sen. Mónica Fernández Balboa.

Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

En un día como hoy hace cien años se promulgó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, texto que transformaba en mandato jurídico las demandas de la Revolución por una democracia auténtica y por derechos sociales, después de una cruenta lucha armada que se prolongó por varios años.

La promulgación de la Constitución del 5 de abril de 1919 marcó el final de la álgida lucha política que en Tabasco libraron los revolucionarios, primero, contra el régimen porfirista de Abraham Bandala y Policarpo Valenzuela; después, contra las autoridades electas que en Tabasco secundaron el golpe Estado de Victoriano Huerta que se cobró la vida del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez; y al final, en una tercera etapa, entre los propios revolucionarios tabasqueños que se pelearon entre sí por la disputa de la hegemonía política del Estado  -el grupo político de la Chontalpa y el grupo político de Los Ríos… Y la promulgación de la Constitución del 5 de abril de 1919 marcó también el inicio del proceso de regularización de la vida política, económica y social de Tabasco, así como de la construcción institucional para avanzar hacia un régimen democrático.

La buena noticia es que 100 años después, justamente al celebrar el siglo, se nos presenta el mejor escenario para que concluyamos el anhelo de Madero: construir una democracia auténtica. Y en este contexto cabe recordar y celebrar hoy aquí a dos personajes públicos que, nacidos en Tabasco, se han elevado a los dos cargos más altos dentro de la institución presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, para impulsar desde allí la democracia en México: el vicepresidente de la República, Lic. José María Pino Suárez y, un siglo después, el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Debemos valorar altamente el éxito que ha tenido la Constitución de Tabasco, porque cien años después de su promulgación nos sigue sirviendo como referente jurídico de nuestro orden social, político y económico. Los tabasqueños la hemos venido actualizando, imprimiendo en ella la huella de cada momento histórico, y continuaremos promoviendo el cambio con orden que la ley fundamental de los tabasqueños garantiza, y nuestro momento marcados por las últimas elecciones del 1 de julio de 2018 es el de la democracia participativa. En este periodo histórico que se abre, lograremos garantizar la participación del pueblo en las decisiones públicas que les afectan, atemperar la pobreza con más y mejores empleos y oportunidades de formación de los jóvenes, y combatiremos decididamente la corrupción, bajo la patriota conducción del señor presidente de la República licenciado Andrés Manuel López Obrador y del señor Gobernador del Estado Adán Augusto López Hernández.

En el Senado de la República, Cámara de representación política de los Estados me tienen como aliada en ese propósito. Nuestra Constitución estatal de 1919 y sus reformas nos seguirán sirviendo de fundamento para seguir en ruta de progreso hacia los objetivos más altos que se ha fijado la sociedad tabasqueña: la vida en paz, en orden y con dignidad.

Sen. Mónica Fernández Balboa, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Igualdad en partidos

La democracia mexicana la hemos construido con el esfuerzo y participación de hombres y mujeres que aportan su talento y compromiso de hacer de nuestro país un lugar con igualdad de oportunidades. Se han abierto espacios para que todas y todos podamos intervenir en las decisiones públicas. Se trata de una acción afirmativa en favor de las mujeres. Pues durante largo tiempo, aunque en la Constitución se reconozca la igualdad jurídica entre ambos sexos, esta legítima aspiración ha sido insuficiente para estar en el lugar que nos corresponde.
 
Afortunadamente, cada día también vemos que en una sociedad mayoritariamente femenina, somos más quienes participamos activamente en la política. Por primera vez, la Cámara de Diputados y el Senado están conformados mitad y mitad por mujeres y hombres. En el gabinete del Presidente López Obrador sucede algo similar y, en ese sentido destaca que, por primera vez, la responsable de la política interior sea una mujer. En la Suprema Corte de Justicia hay dos ministras y decenas de juezas y magistradas. Hay cientos de presidentas municipales, y aunque hoy sólo hay dos gobernadoras, este cargo lo han ocupado alrededor de una decena de mujeres. El avance es innegable, pero aún falta mucho. En la vida cotidiana, es común ver el trabajo de las mujeres lo mismo en la organización comunitaria que en las campañas o en las casillas electorales y en algunas posiciones secundarias.
 
Es indispensable admitir que nuestra realidad y avance político serían impensables sin nuestra activa participación. Lamentablemente, es poco frecuente que se reconozca, como es debido y deseable, a nivel nacional y estatal. En la actualidad, de los ocho partidos con registro sólo dos mujeres presiden a sus organizaciones. En el caso de nuestro estado, los cuatro partidos con representación en el Congreso todos son encabezados por hombres y este mismo fenómeno se repite en casi la mitad de las entidades federativas.
 
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Paridad de género en los órganos internos de los partidos políticos

La vicepresidenta del Senado de la República, Sen. Mónica Fernández Balboa, propuso adicionar el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para aumentar la participación de las mujeres en las instancias de decisión política.

La causa de la igualdad de las mujeres es una obligación de MORENA incluida en nuestra declaración de principios, del programa de acción y de la plataforma electoral con la que nos presentamos ante la ciudadanía el pasado 1 de julio y que recibió un respaldo mayoritario del pueblo de México.

En los objetivos de desarrollo político que nos hemos planteado en la cuarta transformación es fundamental aumentar el número de mujeres en las instancias de decisión de la política, meta obligada de proceso de democratización del país. Y por ello, hoy, día internacional de la mujer, someto la presente iniciativa de ley para expandir la influencia en la arena pública de las mujeres, esta vez a través de los órganos internos de los partidos políticos obligando para que éstos integren sus órganos internos de decisión y operación con el criterio de paridad de género.

La senadora de MORENA señaló que de los ocho partidos políticos nacionales que compitieron en la pasada elección federal del 1 de julio, y que están representados en el Senado de la República, solo dos son dirigidos por mujeres: Morena y PRI.

De ser aprobado esta propuesta, están previstas las medidas necesarias para llevarla a efecto; el artículo transitorio establece un plazo razonable de 180 días para que los partidos políticos conformen sus órganos internos a la nueva disposición de la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa de la senadora tabasqueña fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

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Disciplina, honestidad y lealtad en la Guardia Nacional

El titular de la Guardia Nacional deberá cumplir una serie de requisitos profesionales y personales que garanticen el éxito.

Una de las decisiones más difíciles que deberá tomar el presidente de la República será la designación del responsable de la Guardia Nacional. Se trata de un cargo de enorme complejidad que implica un perfil de gran especialización, sensibilidad y confianza. En la persona que encabece la nueva corporación recaerá la tarea de responder a la principal demanda de los mexicanos que es la recuperación de la paz y la tranquilidad en la mayor parte del país.

El titular de la Guardia deberá cumplir una serie de requisitos profesionales y personales que garanticen el éxito de la nueva encomienda. En principio, es indispensable que cuente con la experiencia para asumir la obligación de proporcionar seguridad a todos los mexicanos.

Este es un tema tan delicado y que se encuentra en una situación tan vulnerable que también demanda una gran capacidad de liderazgo y disciplina para encabezar una organización que irá creciendo hasta llegar a 50 mil elementos, formada por miembros de las fuerzas armadas y de otros cuerpos policiacos.

En quien recaiga la designación además de preparación académica y experiencia deber tener un compromiso sólido con los derechos humanos. La columna vertebral de la actuación de la Guardia es el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora bien, de igual forma esa persona deberá tener entre sus características el valor. Se necesita a alguien que anteponga los intereses de la nación y de la sociedad, sobre cualquier otro. Debe tener un profundo sentido del patriotismo, pero sobre todo ser honesto a prueba de cualquier forma e intento de corrupción.

En pocas palabras, quien esté al frente de la nueva Guardia Nacional deberá tener liderazgo así como de decisión con una incuestionable y comprobada lealtad a las instituciones del país.

 

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Solicitud para realizar estudios históricos por el Bicentenario del Federalismo Mexicano

El Senado de la República aprobó este martes 05 de febrero un Punto de Acuerdo de la Mesa Directiva. En él la senadora Mónica Fernández Balboa exhorta a las universidades públicas del país, entre ellas a la UJAT, a emprender estudios sobre la historia del nacimiento de la República Federal Mexicana, y de cada uno de sus Estados así como de sus respectivas Constituciones, en conmemoración de los doscientos años de la fundación del Federalismo Mexicano el 31 de enero de 2024.

El punto de acuerdo de la Mesa Directiva, promovido por la senadora Mónica Fernández Balboa, busca también provocar el estudio académico de los problemas actuales de nuestro sistema federal, para que se traduzca en acciones concretas que mejoren la forma en la que nos gobernamos y atendemos con mayor eficacia los problemas comunes, como la inseguridad pública, la corrupción y la falta de empleo. También servirá para valorar la justeza del federalismo fiscal; y la distribución de la riqueza de la nación que se encuentra en los territorios de unos Estados –caso del petróleo, el gas, o el agua- entre otros importantes temas.

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¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

Columna publicada por la Sen. Mónica Fernández Balboa en diario Tabasco HOY.

El Congreso Federal aprobó la creación de la Guardia Nacional, mediante reformas a la Constitución que ahora deberán ser refrendadas por al menos 17 legislaturas de las entidades federativas. Se emitirá una Ley que regule el uso de la fuerza; la cual se sujetará a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.

Esa nueva legislación establecerá las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública. El tercer elemento legislativo que complementa la creación de la Guardia Nacional considera la expedición de una Ley del Registro Nacional de Detenciones. Su finalidad es que haya un marco jurídico específico al que las autoridades deberán apegarse para realizar su función, y el adecuado manejo de la información y datos personales de las personas detenidas. 

La Guardia Nacional es parte de una política pública más amplia para alcanzar la pacificación en diversos lugares del país, donde lamentablemente la violencia ha trastocado la vida cotidiana de las comunidades. Esa estrategia sólo representa el 20 por ciento de una política más amplia que está impulsando el gobierno del presidente López Obrador. Finalmente, una aportación de gran relevancia que logramos en el Senado de la República fue que tanto en la constitución de la Guardia Nacional como en los instrumentos jurídicos y administrativos que surjan de ella se imprima siempre un enfoque de género, para cuidar que se respeten los derechos de las mujeres, y cuenten con los espacios necesarios para participar como sujetos activos de la política general de pacificación que estamos impulsando en la Cuarta Transformación.

En este mes que celebramos el Día Internacional de la Mujer, esta decisión es una buena noticia, y aprovecho este espacio para saludar y felicitar a las mujeres tabasqueñas con el compromiso de seguir trabajando a favor de su pleno desarrollo.

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La transparencia es la base de la democracia

Toda investigación de un accidente, en principio, debe apegarse al derecho, además de aplicar las mejores técnicas y prácticas para poder determinar las causas que lo originaron.

En este sentido, el Presidente López Obrador se ha comprometido con proporcionar toda la información y ha instruido a las instituciones a cargo de la investigación a actuar en consecuencia. La transparencia es parte fundamental de la cuarta transformación y del fortalecimiento de la democracia. En este asunto, como en cualquier otro, la difusión de lo que se conozca es el mejor medio para garantizar objetividad y una actuación impecable, en especial, de las autoridades.

Este es el caso de la lamentable situación que ocasionó el fallecimiento de la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle, la tripulación y otros acompañantes.

En accidentes en los que se ven involucrados personajes públicos es común que se hagan especulaciones. Por ello, es indispensable que se abra toda la información para que se despejen dudas y se eviten comentarios que muchas veces enrarecen el ambiente, afectan políticamente a las instituciones y a otras personas.

En este sentido, la caída del helicóptero en el que viajaban los políticos poblanos y otras tres personas ha propiciado suspicacias. Sin embargo, se trata de una investigación altamente técnica y compleja que requiere incluso el apoyo de instancias internacionales. Ello implica que las pesquisas científicas necesariamente tomen tiempo.

Hasta ahora, todos los resultados que se han dado a conocer apuntan a que se trató de un accidente. La información obtenida forma parte no solo de una investigación técnica sino también de un procedimiento judicial. Por eso, se debe cuidar al extremo para garantizar que se mantenga, en todo momento, el debido proceso, pero también debe haber absoluta transparencia para que los familiares, amigos y la opinión pública en general queden satisfechos con los datos que se aporten.

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Guardia Nacional se logró de forma constructiva y a través del diálogo

La senadora Mónica Fernández responde a la pregunta del periódico Publímetro: ¿El consenso alcanzado en la votación de la Guardia Nacional en el Senado marca un precedente para la discusión en iniciativas futuras?

El tema de la Guardia Nacional, en el que hubo consenso de las fuerzas políticas, en principio se debe a que la recuperación de la paz y la seguridad es un asunto que afecta a todos y es la mayor preocupación de los mexicanos. La gravedad del problema obliga a todos a actuar con responsabilidad y fortalecer al Estado para garantizar a la ciudadanía la seguridad que se merece. Afortunadamente, se hicieron a un lado atavismos o posiciones intransigentes para sacar adelante un proyecto indispensable para la Nación.

El acuerdo que dará vida a la nueva corporación es de gran importancia por si mismo, pero cobra mayor relevancia porque se demostró que la política es el instrumento esencial para resolver los problemas de la sociedad. En tiempos en los que esta actividad ha estado tan cuestionada, en la mayoría de las veces con toda razón, la decisión del Senado permite revalorarla y recuperar la confianza.

Esta es la propuesta que hemos hecho desde MORENA. Utilizar todos los medios de la política para atender los asuntos públicos, incluyendo el parlamento abierto. Se trata de conciliar posiciones y construir soluciones viables. En la cuarta transformación de México en la que estamos trabajando sabemos que para avanzar la mejor vía es el diálogo y la confrontación constructiva de ideas. Es así como se logró la creación de la Guardia Nacional.

Por eso, es deseable que en lo sucesivo continuemos sumando esfuerzos y destacando las coincidencias por encima de las diferencias naturales para resolver las grandes cuestiones e impulsar un desarrollo más equitativo en el que todos tenemos una responsabilidad y un espacio para participar.

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