La educación de niños y jóvenes debe entenderse como una actividad esencial para el desarrollo nacional, además por supuesto de que se trata de un derecho humano consagrado en nuestra Constitución.
Ante la pandemia que afecta a la mayoría de los países, el gobierno tuvo que tomar decisiones drásticas para evitar mayores contagios.
En ese sentido, han pasado casi 16 meses en que las clases presenciales fueron suspendidas, pero el sistema educativo ha continuado en funcionamiento a través del uso de las tecnologías digitales. Sin duda para ello han contribuido las y los estudiantes, y sus padres. Sin embargo, ahora es necesario dar un nuevo paso y restablecer la operación normal de las escuelas en donde sea posible.
Ante la disminución constante y sistemática del número de personas contagiadas, las autoridades educativas en conjunto con las de salud consideraron pertinente que el 30 de agosto el sistema de educación pueda regresar a la nueva normalidad con todos los cuidados establecidos.
Sin embargo, debido a la aparición de una nueva ola de la pandemia, el gobierno federal anunció que ese regreso deberá hacerse no solo conforme a las más estrictas normas sanitarias, sino que en cada entidad o región deberá evaluarse si es posible.
Nos enfrentamos ante una pandemia que lamentablemente durará algún tiempo más, como lo ha señalado la comunidad científica nacional e internacional.
En ese contexto, se requiere que todas y todos colaboremos, con solidaridad y respeto, para que la enfermedad no se propague más y comenzar a que las actividades cotidianas se vuelvan a iniciar, aunque sea de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados.
La política que se ha determinado es flexible y, por tanto, dependiendo de las circunstancias que haya en cada entidad se deberá considerar la continuación o suspensión de las clases presenciales, pero siempre manteniendo en operación el sistema educativo nacional.
