Mensaje de la presidenta de la Comisiones de Gobernación y de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado tras la resolución de paridad a favor de las mujeres en las candidaturas en las nueve entidades federativas en 2024.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DESDE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación:
Hoy es un día sumamente importante para todas las mujeres del país, el INE aprobó y el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno del 2024 y de esta manera los partidos políticos pueden postular 5 mujeres en las 9 candidaturas que se disputarán el próximo año. Más allá de cualquier aspiración personal celebro el trabajo que han hecho las consejeras electorales del INE, el trabajo que han hecho los partidos políticos y el trabajo que hemos hecho miles de mujeres desde hace muchísimos años por buscar paso a paso que haya igualdad de oportunidades en nuestro país. Es un gran logro y necesitamos más pasos como estos de igualdad en el INE.
Sen. Malú Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género: Así es, es extraordinaria la noticia. Aquí estamos las feministas de izquierda votando a favor de las mujeres reconociendo además también el trabajo que se hace en las instituciones, 5-4, pero donde estemos a cambiar la vida de las mujeres como lo ha hecho Mónica.
Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación: Así es vamos a seguir celebrando y vamos a seguir trabajando e impulsando cambios como estos en el país.
Senadoras en la Red por Mujeres por AMLO en el año 2000
Versión estenográfica de la Senador a Mónica Fernández Balboa en el Panel “Avances y retos de la paridad de género en México”, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos.
Saludo con gusto a mis compañeras panelistas, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, verdaderas aliadas en la lucha por el adelanto de las mujeres y la paridad de género en nuestro país. Del mismo modo, saludo a mi paisana, la maestra Yolidabey Alvarado de la Cruz, Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco y Presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos A.C.
Aprovecho para expresar mi reconocimiento a la maestra Alvarado, por la labor que ha hecho al frente de la AMMEL a lo largo de este último año, un año de intenso trabajo que coincidió con la celebración del proceso electoral de 2021, el más grande en la historia de nuestro país, en el que se aplicaron por primera vez las reformas de paridad total y de violencia política contra las mujeres en razón de género aprobadas por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, poniendo a prueba las capacidades de los órganos jurisdiccionales, que tuvieron que resolver los conflictos de las disputas observando un renovado marco jurídico orientado a la igualdad sustantiva.
Querida magistrada, muchas felicidades por tu liderazgo, por tu compromiso y capacidad mostrada en esta gestión que el día de hoy concluye con nuestro total reconocimiento y agradecimiento. Es un honor participar en este encuentro entre juzgadoras y juzgadores, en el que nos convoca el análisis de los avances y los retos que enfrenta la paridad de género, a la luz de los procesos electorales y de los cambios legislativos que hemos venido impulsando en el congreso para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.
Como senadora de la República y presidenta de la Comisión de Gobernación, quisiera compartir algunas reflexiones sobre el tema desde el punto de vista legislativo, es decir, desde la confección de las normas jurídicas que nos rigen y desde donde se pueden revertir, subsanar y eliminar las brechas de género que impiden el desarrollo pleno de las mujeres.
La democracia es incompatible con la exclusión de las mujeres de la cosa pública y en un Estado democrático de derecho, las leyes pueden y deben ser una herramienta de reivindicación y promoción de los derechos políticos de las mujeres.
Como no podía ser de otra manera, la paridad y la igualdad sustantiva han sido una de las prioridades en la legislatura de la paridad. La paridad de género es una condición indispensable para la igualdad sustantiva.
Se trata de la evolución de las cuotas de género que no busca otra cosa más que asegurarnos a las mujeres el lugar que nos corresponde y la construcción de una democracia plena en la que se encuentren representadas por igual hombres y mujeres.
Precisamente por ello, una de las primeras acciones legislativas que llevamos a cabo fue la reforma en materia de paridad total publicada en junio de 2019, que retomó y amplió el principio incorporado por la reforma política de 2014, para que no solo abarcara la paridad legislativa, sino que se aplicara también en todos los cargos de elección popular, en los organismos autónomos, en los gabinetes del Poder Ejecutivo, en los ayuntamientos y en el Poder Judicial.
Podríamos decir que la reforma de paridad en todo se trató de una reforma política, en la medida en que instituyó una nueva regla de acceso al poder político, en este caso, a la paridad de género, como derecho de la ciudadanía para acceder a los cargos de elección popular, así como principio de observación obligada para la conformación de los órganos autónomos.
Esta reforma comprendió modificaciones diversos artículos de la Constitución para reconocer a la paridad no solo como un principio transversal para la integración de los órganos del Estado Mexicano, sino como un derecho de la ciudadanía para acceder a todos los cargos de elección popular.
De esta manera, se incluyó el principio de paridad en la elección de representantes de los ayuntamientos en los municipios con población indígena, se reconoció el derecho de la ciudadanía a ser elegida en condiciones de paridad en los cargos de elección popular y se estableció la obligación de observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en los organismos autónomos.
Del mismo modo, se precisó que la postulación de las candidaturas de los partidos políticos debe atender este mismo principio. Se incorporaron los términos de “diputadas” y “senadoras”, “candidaturas” y “senadurías” para ajustar el texto constitucional con un lenguaje incluyente. Asimismo, se especificó que las listas nacionales de representación proporcional que postulen los partidos políticos, deberán conformarse paritaria y alternadamente entre hombres y mujeres, cumpliendo varias condiciones legales.
Se estableció también la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, garantizando el principio de paridad de género y se incluyó el término de “ministras” en la conformación de la SCJN. En los artículos transitorios se establecieron diversas disposiciones con la finalidad de que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones normativas para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la reforma de paridad. Con la aprobación de esta reforma, la legislatura de la paridad reafirmó su vocación histórica con la igualdad y refrendó su compromiso de seguir eliminando las barreras para el adelanto de las mujeres.
La reforma de paridad hubiera estado incompleta sin una acción legislativa que atendiera uno de los principales obstáculos para el empoderamiento femenino: la violencia política. Este problema ha venido creciendo de la mano de la adopción de las afirmativas orientadas a incrementar la presencia y participación de las mujeres en los asuntos de interés colectivo. Se trata de una de las expresiones más visibles y deleznables de la cultura patriarcal que se resiste a cambiar y a compartir el poder con las mujeres.
Precisamente por ello, en abril de 2020, antes del inicio del proceso electoral, aprobamos reformas a ocho ordenamientos con el fin de prevenir, atender y sancionar las agresiones cometidas contra las mujeres tanto en las contiendas electorales como en el ejercicio de los deberes y funciones públicas, así como para armonizar la legislación electoral de acuerdo con la reforma constitucional en materia de paridad.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporó la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género Se facultó al TEPJF, al INE, los OPLE´S y a los tribunales electorales locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección frente a las acciones que pongan en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas. También se incorporó al INE en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se le facultó a este y a los Organismos Públicos Locales Electorales para promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, así como para sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la LEGIPE se incorporó la definición de paridad de género, como la “Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación”. Se estipuló que esta violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
En ese sentido, se dispuso que el INE, los OPLE, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Otro candado relevante fue que se adicionó como requisito para una diputación o senaduría el no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. A fin de combatir la violencia política en las campañas, se estipuló que el Consejo General del INE podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión que ejerza violencia contra las mujeres en razón de género.
Además, se incorporó como una de las obligaciones de aspirantes y personas candidatas el abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas. También se especificó que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular y que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.
Las reformas a la LEGIPE estipularon sanciones ejemplares. De esta manera, según la gravedad, podrá significar hasta la cancelación del registro de los partidos políticos. También se previó que las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, contemplarán un análisis de riesgos y un plan de seguridad con las acciones requeridas para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite, además de considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan. En la Ley General de Partidos Políticos, se incorporó la obligación de promover los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.
En la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se ordenó la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, así como la obligación de evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, así como de coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Estas reformas posicionaron a México a la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres.
Una vez iniciado el proceso electoral, la labor de las autoridades electorales fue fundamental para ampliar y precisar los alcances de la reforma de paridad de género. De manera particular, el acuerdo aprobado por el INE en noviembre y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobada en diciembre de 2021, permitieron aplicar el principio de paridad en las 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en junio de 2021. Más allá de cualquier controversia que pudiera haberse suscitado, el incremento de la presencia de las mujeres en el poder es algo que merece reconocerse y celebrarse. Sobre todo, porque los saldos del proceso electoral fueron positivos para la igualdad.
Del total de candidaturas registradas 71,465 correspondieron a mujeres y 67,347 a hombres una diferencia de 4,118 candidatas más que los candidatos. Gracias a la reforma de paridad habrá más gobernadoras y más presidentas municipales que en toda la historia del país. Las mujeres gobernarán más de 23 millones de personas en siete entidades de la República.
En el Poder Legislativo se logró por primera vez la paridad exacta en la Cámara de Diputados, con 250 diputadas y 250 diputados. De esta manera, México pasó a ocupar cuarto sitio en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre paridad legislativa. Desde luego que aún estamos lejos de la democracia paritaria que anhelamos, pero tenemos razones para ser optimistas de cara a los retos y rezagos que enfrentamos. En el Poder Legislativo, una de las asignaturas pendientes más importantes es cumplir con la resolución del Tribunal Electoral mediante la cual se vinculó a las Cámaras del Congreso de la Unión a regular la paridad en las gubernaturas.
En los partidos políticos tenemos que redoblar los esfuerzos para que el cumplimiento de la paridad y el compromiso con la igualdad sustantiva vaya más allá del discurso y lo políticamente correcto, para convertirse en auténticas convicciones democráticas. Para estos y otros temas, el diálogo con las y los intérpretes de la ley es sumamente útil, pues nos permite conocer el funcionamiento de las normas en la realidad, así como identificar posibles insuficiencias, vacíos y ambigüedades que interfieran con los objetivos que buscamos en el momento de aprobar las reformas en sede legislativa.
Por ello agradezco a la AMMEL y a su presidenta por la oportunidad que me brinda para conocer la visión de las y los magistrados, como parte de una colaboración respetuosa entre poderes que busca seguir eliminando las brechas de género que persisten en nuestro país. Desde la comisión de Gobernación que me honro en presidir, tomaremos nota de las participaciones de este conversatorio, para tenerlas en cuenta en la deliberación legislativa.
Llama la senadora Mónica Fernández Balboa a trascender actos protocolarios y establecer un compromiso real para cumplir con este objetivo.
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, hizo un llamado para trascender los actos protocolarios y establecer un compromiso real que garantice la paridad de género en la composición de los principales órganos del Estado mexicano.
La senadora asentó que la transversalidad de género es un enfoque que deben asumir todas las instituciones para lograr la igualdad sustantiva. Así se ha hecho al interior de la Cámara de Senadores buscando incorporar esa perspectiva en toda iniciativa, evento y acción a realizar.
Consideró necesario concretar la operación de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión en materia de paridad y violencia política en contra de
las mujeres en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Así como en los organismos constitucionales autónomos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales.
La presidenta de la Mesa Directiva participó en la mesa de trabajo virtual “Transversalización de la perspectiva de género”, organizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que encabeza el Comisionado Presidente Leopoldo Vicente Melchi García.
En el encuentro virtual recordó que a dos años de trabajo, la LXIV Legislatura ha aprobado “reformas históricas de enorme calado”, que serán determinantes para que las mujeres sean dueñas de sus decisiones y corresponsables en la construcción de una sociedad diferente y de un México más justo.
Ahora, dijo, se busca abrir brecha para que en temas de transparencia, fiscalización, evaluación, derechos humanos y de víctimas por desaparición forzada, violencia, trata y feminicidio, la perspectiva de género “contribuya a expandirse no sólo como una nueva cultura que eche abajo las relaciones tóxicas que impiden la auténtica igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.
La senadora también celebró que la Comisión Reguladora de Energía promueva a la transversalidad de la perspectiva de género como uno de los criterios del desarrollo eficiente del sector energético de nuestro país.
Guadalupe Escalante Benítez, comisionada de la CRE, precisó que ser trata de crear mecanismos de oportunidad para que la experiencia, conocimientos y opiniones de las mujeres y de los hombres tengan el mismo valor en la toma de decisiones, en cualquier sector, ya sea político, económico, académico o social.
Sulma Campos Mata, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, afirmó que también son necesarios mecanismos para combatir la discriminación, el acoso laboral y el hostigamiento sexual, porque dan certeza sobre su actuar a todo el personal .
Este órgano legislativo, agregó, cuenta con un protocolo que busca que no se tolere la violencia y discriminación, que obliga a todos los trabajadores a su observancia.
La presidenta del Senado pidió a legislaturas locales que expidan la legislación sobre paridad y violencia política de género para que se pueda aplicar durante los próximos comicios.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dirigió un oficio a los presidentes de los congresos estatales para solicitarles que expidan la legislación local sobre paridad y violencia política de género, con el propósito de que se pueda aplicar durante los próximos comicios y así garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.
La senadora dijo que con las reformas que aprobó el Congreso de la Unión y que ya se publicaron, se sentó un precedente importante para las entidades federativas para garantizar la paridad de género, prevenir y sancionar la violencia política de género.
Así, apuntó la legisladora “hemos dado dos pasos significativos, pero requieren de un seguimiento puntual” para asegurar que estos cambios cumplan con los propósitos para los que fueron aprobados, “ya que la paridad de género se enfrentará con obstáculos de todo tipo, empezando por la falta de una armonización legislativa en las entidades”.
Sin duda alguna, acotó, a partir de estas disposiciones, los congresos locales contarán con disposiciones marco que les permitirán adecuar las leyes locales, una tarea que deberán realizar preferentemente antes de que concluya este mes de mayo, para que las modificaciones sean aplicables en las elecciones que se celebrarán el próximo año.
La paridad de género, señaló Fernández Balboa, es un derecho reconocido por nuestra Ley Fundamental y, al menos, por las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales y de Responsabilidades Administrativas, gracias al decreto que se publicó en el Diario Oficial en abril pasado.
Esto mismo ocurre con la violencia política de género, cuyas figuras, procedimientos, sanciones y atribuciones asociadas también están vigentes desde el 14 de abril de 2020, agregó.
Mónica Fernández Balboa recordó que en este contexto presentó un punto de acuerdo el 20 de mayo de este año, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a expedir, preferentemente previo al inicio del proceso electoral de 2021, la legislación correspondiente que reconozca, regule y sancione la violencia política por razones de género.
“Buscamos que estas reformas hagan un Estado más equilibrado y paritario, que nos ayude a eliminar los obstáculos del desarrollo político de las mujeres; que hemos construido juntas y juntos y que nos hacen imaginar en un mejor futuro para México y las mujeres que vivimos en este gran país”, expresó.
Reiteró que hace apenas dos meses, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres era el principal tema de discusión nacional. Sin embargo, agregó, la irrupción del coronavirus impuso nuevas prioridades nacionales que merecen toda nuestra atención, “pero no podemos dejar de trabajar por un México más igual, más justo y más generoso con las mujeres”.
Buenos días, es un honor reunirme con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, organismo que agrupa a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país encabezadas por mujeres mexicanas, quienes contribuyen todos los días al desarrollo económico de nuestro país, a la generación de empleos de calidad y, sobre todo, al empoderamiento y a la autonomía de las mujeres.
Con más de 4 mil afiliadas en todo el territorio nacional, la AMEXME no solo se ha consolidado como la red de negocios de mujeres más grande de México, sino que, además, se ha convertido en un referente nacional e internacional por su capacidad de organización, talento y visión social.
Las socias, accionistas y dueñas que integran a este organismo, son un ejemplo viviente de la capacidad emprendedora de las mujeres y del impacto positivo que tiene nuestra presencia en los más altos puestos de dirección de los diferentes sectores productivos: en la gastronomía, la hotelería, los servicios, el transporte y el comercio.
En su más de medio siglo de historia, la AMEXME ha derribado mitos y estereotipos de género propios de la cultura machista. Ha roto innumerables techos de cristal y, al mismo tiempo, ha hecho un esfuerzo importante por promover la sororidad, esa hermandad que nos une a las mujeres bajo la premisa de que juntas, somos invencibles.
En ese sentido, la AMEXME es una aliada estratégica para continuar avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, una sociedad que reivindique los derechos de las mujeres y elimine las barreras que obstaculizan su pleno desarrollo.
Esta conferencia versa sobre la paridad de género en puestos de liderazgo, pero resulta inevitable tratar este tema sin referirnos antes a la difícil coyuntura en la que nos encontramos, y que ha colocado a los derechos de las mujeres en el centro de la discusión pública nacional.
Es verdad que ningún país del mundo, ni siquiera los más avanzados, han logrado alcanzar la igualdad de género, pero los problemas que tenemos aquí son especialmente graves, porque suponen una auténtica amenaza para la sobrevivencia de las mujeres.
Debemos reconocerlo, estamos en medio de una crisis social, donde la violencia de género no escapa. Duele decirlo, pero cada día, 10 mujeres son asesinadas de manera cobarde y vil, por el simple hecho de ser mujeres.
Este problema debe ser tratado con urgencia, sobre todo, considerando que la barbarie contra las mujeres no solo ha crecido en número, sino que también ha escalado en cuanto a la saña y crueldad con las que se violenta a las mujeres.
No terminamos de reponernos de una tragedia, cuando ya nos enteramos de otra igual o más espantosa que la anterior.
Lo peor es que casos como los de Abril, Ingrid y Fátima no son hechos aislados, sino que forman parte de un contexto de violencia,
discriminación y adversidad al que nos enfrentamos las mujeres todos los días: en la familia, en la escuela, en las calles y en el trabajo.
Según el INEGI, seis de cada 10 mujeres han sido violentadas por sus parejas, 3 de cada diez han padecido acoso sexual cibernético y se estima que el 10% de todas las mujeres fueron abusadas sexualmente durante la infancia.
Pero también quiero hablarles de otro tipo de violencia, la laboral y económica. De acuerdo con el Censo Económico 2019 del INEGI, en México existen 35.4 millones de personas ocupadas, de las cuales el 43.8% son mujeres.
Poco a poco, las mujeres hemos venido conquistando espacios en la economía, pero con frecuencia ganamos menos dinero que los hombres, nos cuesta más trabajo ocupar puestos ejecutivos y enfrentamos mayores obstáculos que los hombres. Ustedes saben bien que así es.
Estos problemas no son exclusivos de nuestro país. En el mundo, una mujer gana en promedio 20% menos que un hombre y se estima que, al ritmo que vamos, esta brecha tardará 200 años en cerrarse.
En el caso de México, la brecha salarial de género es del 11%. Ciertamente, somos el país de la OCDE que más ha disminuido esta brecha en los últimos 20 años. Sin embargo, seguimos enfrentando otro tipo de barreas de género.
De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial sobre oportunidades económicas y laborales de las mujeres, México ocupa la posición 122 de 149 países evaluados.
Las trabajadoras en México tienen que realizar dobles y hasta triples jornadas de trabajo, al hacerse cargo del cuidado de los hijos e hijas y de las labores del hogar, además de sus actividades laborales.
Incluso entre nosotras las mujeres existen brechas por cuestiones como la maternidad. De hecho, somos el país de América Latina que reporta una brecha salarial mayor entre mujeres madres y no madres, con 33.2%.
Este clima de discriminación, tratos injustos, brechas y violencia hacia las mujeres es justamente lo que ha motivado a muchas de ellas a tomar las calles o a organizarse -como ustedes- exigiendo que se pongan en marcha políticas públicas más efectivas para la resolución de los problemas que nos afectan. ¡Así también debemos luchar por desterrar al machismo y a la misoginia de la sociedad!
Las mujeres estamos alzando la voz y nos deben escuchar, pero también debemos escucharnos y atendernos entre nosotras, con empatía, sensibilidad y altura de miras.
Ahora bien, no partimos de cero. México ha dado importantes avances que merecen reconocerse, no como un auto consuelo, sino como una demostración palpable de que juntas y unidas, podemos impulsar con éxito las transformaciones que se requieren para lograr la igualdad de género.
En esta LXIV Legislatura, hemos aprobado diversas reformas que buscan precisamente la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, así como el desvanecimiento de las brechas de género en nuestro país.
Una de estas reformas es la de paridad de género, que ordena la observación de este principio en la integración de los órganos autónomos y las secretarías de despacho a nivel federal y local.
La llamada “paridad total” ha sido una de las acciones más visibles y difundidas, pero quisiera señalar que, en esta misma Legislatura, hemos aprobado otras reformas que buscan saldar deudas históricas con las mujeres,como la seguridad social para las personas trabajadoras del Hogar, la clasificación del feminicidio como delito grave en la Constitución, la prohibición el matrimonio infantil y la paridad de género en los consejos de administración de la Banca de Desarrollo.
No obstante lo anterior, nos queda todavía un largo tramo por recorrer. Entre los pendientes que tenemos se encuentra en primer lugar erradicar con todas las formas de violencia que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres.
Este problema es de todas y de todos. La solución también tiene que venir de todas y de todos.
¿Qué le toca al gobierno? me refiero también, a las legisladoras y legisladores e integrantes del poder legislativo.
El Gobierno debe revisar las políticas públicas para atender con un enfoque integral y transversal las causas y consecuencias de la violencia de género.
Los ministerios públicos y las policías aplicar los protocolos especializados previstos en la ley para atender de manera inmediata a las mujeres víctimas del delito.
Las y los juzgadores deben adoptar la perspectiva de género como una directriz en la resolución de los casos que se les asignan.
En el Poder Legislativo, nos corresponde revisar y corregir la legislación que propician la discriminación y la vulneración de derechos de las mujeres.
¿Y desde la sociedad que se debe plantear? ¿Qué cambios debemos promover en el sector privado? ¿Cómo avanzar? Definitivamente con la propia paridad de género en puestos de liderazgo
Desde el punto de vista económico, debemos promover incentivos a las empresas que promuevan: la igualdad de género a través de la igualdad salarial y el combate al hostigamiento y acoso sexual laboral.
Propongamos y exijamos la presencia de las mujeres en los consejos de administración en forma paritaria.
Impulsemos horarios laborales flexibles para las mujeres.
Sé que ustedes pueden hacerlo, ¡que juntas podemos!
Una vertiente en la que necesitamos avanzar más para empoderar a las mujeres es la autonomía económica, lo cual no solo es benéfico para las mujeres, sino para el país en su conjunto.
Cuando una mujer se inserta en el mercado laboral, tiene mayores herramientas para ejercer sus derechos, pero no solo eso. De acuerdo con múltiples estudios, las empresas encabezadas por mujeres son las más rentables, productivas y eficientes.
Por todo esto celebro la oportunidad que tengo de dialogar con ustedes, las mujeres empresarias mexicanas, que aportan su talento, capital y trabajo en beneficio de la prosperidad del país.
El éxito y expansión de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias es un testimonio de la capacidad y visión de las mujeres para producir, innovar y crear lazos de solidaridad.
Queridas amigas, ustedes, las socias, accionistas y empresarias de la AMEXME son una inspiración para las mujeres de nuestro país.
La AMEXME es un símbolo del empoderamiento de las mujeres y, por tanto, una aliada estratégica en la construcción de un país más igualitario.
En el marco de este tercer foro regional empresarial, les expreso mi más amplio reconocimiento. Por esto, les invito a que cerremos filas entre nosotras y con nuestro gobierno para plantear alternativas y soluciones frente a los problemas que nos afectan como mujeres.
Deben saber que cuentan conmigo, que soy una aliada de sus luchas, desde cualquier trinchera, como ciudadana, como servidora pública, como Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, como Senadora, como mujer líder. ¡Soy una de Ustedes!
Porque como dicen y dicen bien: ¡solas invisibles, unidas invencibles!
La vicepresidenta del Senado de la República, Sen. Mónica Fernández Balboa, propuso adicionar el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para aumentar la participación de las mujeres en las instancias de decisión política.
La
causa de la igualdad de las mujeres es una obligación de MORENA incluida en
nuestra declaración de principios, del programa de acción y de la plataforma
electoral con la que nos presentamos ante la ciudadanía el pasado 1 de julio y
que recibió un respaldo mayoritario del pueblo de México.
En los
objetivos de desarrollo político que nos hemos planteado en la cuarta
transformación es fundamental aumentar el número de mujeres en las instancias
de decisión de la política, meta obligada de proceso de democratización del
país. Y por ello, hoy, día internacional de la mujer, someto la presente
iniciativa de ley para expandir la influencia en la arena pública de las
mujeres, esta vez a través de los órganos internos de los partidos políticos obligando
para que éstos integren sus órganos internos de decisión y operación con el
criterio de paridad de género.
La senadora de MORENA señaló que de los ocho
partidos políticos nacionales que compitieron en la pasada elección federal del
1 de julio, y que están representados en el Senado de la República, solo dos
son dirigidos por mujeres: Morena y PRI.
De ser aprobado esta propuesta, están previstas las medidas necesarias para llevarla a efecto; el artículo transitorio establece un plazo razonable de 180 días para que los partidos políticos conformen sus órganos internos a la nueva disposición de la Ley General de Partidos Políticos.
La iniciativa de la senadora tabasqueña fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
