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Senado instala Comisión Técnica para realizar el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto

  • Se busca hacer un Poder Legislativo más transparente, profesional y cercano a la sociedad, destaca Mónica Fernández Balboa.

 

 

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, instaló la Comisión Técnica para realizar el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto en el Senado de la República.

 

Dicha Comisión fue prevista en el Convenio Específico de colaboración firmado entre la UNAM y el Senado;  es uno de los primeros firmados en toda Latinoamérica, en esta materia.

 

Con este instrumento, explicó la legisladora tabasqueña, se busca pasar a un Senado más transparente, profesional y cercano a la sociedad, a través del uso de instrumentos que permitan institucionalizar el modelo de Parlamento Abierto.

Su objetivo es vigilar, evaluar e incidir en asuntos de interés público, a través de la generación y el intercambio de información, con la intención de que esta sea considerada en la toma de decisiones, señaló.

 

Refirió que las y los senadores decidieron consolidar las diversas actividades que se desarrollan con la UNAM, por lo que se conformó una alianza estratégica con la Máxima Casa de Estudios del país, mediante la suscripción de un Convenio Marco y un Convenio Específico.

 

El Convenio Específico, recordó, se refiere a la implementación de transparencia legislativa y Parlamento Abierto y entre sus acuerdos se encuentra la instalación de esta Comisión.

Lo anterior, expresó, debido a los retos que actualmente enfrenta México, y que ponen en relevancia la importancia de entenderlos a través  de un nuevo modelo de relación entre la ciudadanía y el Poder Legislativo.

 

El modelo se debe caracterizar por un diálogo permanente, dinámico, colaborativo, entre el gobierno, la sociedad  y donde las tecnologías de la información juegan un papel importante, manifestó.

 

Dijo que  entre los trabajos se buscará construir una Ley en la que se plasme como una obligación legal, hacer el Parlamento Abierto una obligación del Senado.

Desde el inicio de esta legislatura, indicó, se busca ser una punta de lanza en este tipo de ejercicio y se han hecho esfuerzos para que la transparencia y la inclusión sean parte del día a día.

 

Por ello, tenemos la convicción de que nuestros esfuerzos y el acompañamiento de la UNAM, lograrán ubicar al Senado a la vanguardia en materia de transparencia y Parlamento Abierto, concluyó.

 

En su mensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que, con la puesta en marcha de esta Comisión, el Senado de la República comenzará un proyecto de colaboración interinstitucional, cuyo eje central es la transparencia y la rendición de cuentas. “Es decir, abrir la Cámara de Senadores absolutamente a la transparencia”, subrayó.

 

 

De esta manera, apuntó, la Cámara Alta podrá adoptar y establecer los principios del Parlamento Abierto en la elaboración y discusión de reformas a la Constitución y a las leyes, acuerdos internacionales, comparecencias, designaciones de servidores públicos y todas las tareas que la Ley les encomienda.

 

 

La Comisión Técnica está integrada por la senadora Mónica Fernández Balboa, en representación de Morena, y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, ambos son miembros permanentes; además, forman parte la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del PVEM; Nancy de la Sierra Arámburo, del PT; Eunice Renata Romo, del PES; y Antonio García Conejo, del PRD.

 

Ve la transmisión completa AQUÍ.

Crea Senado mexicano el primer Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto

  • La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, reconoció en la Universidad a una aliada indiscutible en la construcción de México.

     

    “Queremos a la Universidad Nacional en el Senado compartiendo retos y proyectos. Que juntos celebremos congresos, conferencias magistrales y mesas de análisis en las que participen las comisiones, los grupos parlamentarios, las y los senadores y la comunidad académica pertinente”, manifestó.

            

    Explicó que los convenios signados este jueves,  únicos en América Latina,  tienen como propósito fortalecer las actividades del Senado de la República, para hacer a este órgano  legislativo más transparente, profesional y cercano a la sociedad. Se trata, dijo, de nuevos instrumentos para institucionalizar el modelo de Parlamento Abierto que ha adoptado la LXIV Legislatura.

     

    Refirió que con el Convenio General, la UNAM compartirá al Senado estudios y análisis sobre la realidad mexicana. “De igual forma nos acercaremos a los conocimientos de científicos y expertos en proyectos y trabajos en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y compartiremos las acciones, estudios, análisis y opiniones del propio Senado”, expresó.

    De esta manera, afirmó, el Senado pondrá en marcha los principios del Parlamento Abierto en la elaboración y discusión de leyes, en las comparecencias, designación de servidores públicos, fiscalización de recursos, con el acompañamiento académico y profesional de investigadores.

    Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el convenio marco “nos permitirá colaborar estrechamente con el Senado, en aquellos estudios que nos soliciten”. Además, contempla que los funcionarios públicos y senadores que no hayan concluido sus estudios de grado puedan hacerlo dentro de la normatividad y planes de estudio de la UNAM, así como la posibilidad de que en la Cámara de Senadores se hagan estudios de especialidad, maestría y, eventualmente, doctorado.

    Expresó que es un instrumento jurídico que tiene como objeto promover la profesionalización de legisladores y servidores públicos, realizar investigaciones en diversas materias, brindar asesorías en áreas que así se requieran, impulsar programas de servicio social para estudiantes, celebrar congresos, conferencias, mesas redondas, coloquios, simposios, talleres y actividades.

    Al expresar su beneplácito con la firma de este convenio, el senador Ricardo Monreal Ávila destacó que si bien es correcto aceptar reclamos de causas legitimas, como las del movimiento en contra del acoso sexual hacia mujeres, no se puede admitir, so pretexto, que la violencia se vuelva una práctica cotidiana en la Universidad.  

     “La respetamos y agradecemos el gran legado que ha dejado en millones de hombres y mujeres que han formado en sus aulas”.

    Por eso, asentó, hace unos días, el Senado refrendó de forma contundente su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria, así como nuestro rechazo a cualquier intento político o legislativo que pretenda vulnerarla.

Requiere la subcontratación de una regulación moderna: presidenta del Senado

  • Debe garantizar los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas, afirma la senadora Mónica Fernández Balboa.
  • El presidente de la Comisión del Trabajo, el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, afirma es indispensable eliminar y castigar las prácticas ilegales en esa materia.

 

Al inaugurar el Parlamento Abierto en materia de subcontratación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dijo que a través de estos diálogos el Senado reafirma su compromiso de escuchar todas las voces e inquietudes, a efecto de conciliar los intereses que convergen en las relaciones obrero-patronales.

Expresó que el también llamado outsourcing, es una materia compleja, que requiere de una regulación moderna, que tome los derechos de las personas contratadas bajo este régimen y las necesidades de las empresas.

 

Señaló que dicha figura laboral fue afectada por la corrupción y aprovechada para la simulación, la defraudación fiscal y la violación sistemática de los derechos laborales en México.

 

La senadora refirió que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cinco millones de trabajadoras y trabajadores en México están subcontratados bajo esquemas que no les garantizan plenamente los derechos laborales previstos por la ley, como la salud, vivienda y ahorro para el retiro.

 

En este sentido, señaló que la subcontratación ilegal le cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos por concepto de evasión de Impuesto Sobre la Renta.

Expresó, es necesario que el siguiente paso en la legislación debe darse de manera conjunta entre el Estado, las empresas y los sindicatos, “para que el único interés afectado por la nueva legislación sea el de las empresas ilegales que obtienen ganancias millonarias a costa del erario y los derechos de las y los trabajadores de este país”.

 

“Queremos que nos compartan sus preocupaciones para llegar a una redacción que garantice el ejercicio de los derechos laborales en el país, sin afectar las libertades económicas y el correcto funcionamiento de las empresas”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que es indispensable revisar a fondo la subcontratación en México, para mejorarlo y eliminar el outsourcing ilegal, que tanto daño le provoca a las personas trabajadoras en el país.

 

Destacó que en la práctica, un sin número de empresas, la convirtió en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violentado sus derechos laborales y de seguridad social e incumpliendo con sus obligaciones fiscales, obteniendo ganancias multimillonarias.

Hoy iniciamos con un Parlamento Abierto, para analizar el dictamen aprobado por las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda y así construir los insumos pertinentes que sirvan de base para fortalecerlo, mejorarlo y con ello generar una legislación que implique robustecer dicha actividad de manera correcta, ética y legal.

 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján dijo que se debe construir una nueva legislación que elimine toda posibilidad de defraudar a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad en el país.

 

Advirtió que existe una subcontratación que se utiliza para abaratar la mano de obra de los trabajadores, no cumplir con responsabilidades laborales y no pagar reparto de utilidades. Por ello, en la nueva legislación “debe quedar claro lo que se vale y aquello que no se vale simplemente no debe tener cabida, así como sancionarse con todo el peso de la ley”.

La directora de la oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, Geraldina González Marroquín, indicó que para dicho organismo es fundamental que los temas del mundo del trabajo se discutan ampliamente y se realice un verdadero diálogo social antes de tomar decisiones.

 

En este sentido, hizo un llamado al Legislativo para realizar un análisis profundo de en dónde se encuentran los problemas, es decir, pensar si es necesario más legislación o si el obstáculo se encuentra en la aplicación e interpretación de la ley. “La solución no es necesariamente más legislación”, enfatizó.

 

Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que el “outsourcing malo” afecta las prestaciones de los trabajadores y su relación con el seguro social, alejando a estos de los servicios necesarios para su bienestar. “Esa discontinuidad los está matando, no es sólo un asunto económico”, sentenció.

Reveló que también es un problema para las instituciones de seguridad social, quienes reciben menos ingresos, entorpeciendo el desarrollo de infraestructura, reduciendo la contratación de personal y ofrecer mejores servicios de salud. Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión vía outsourcing significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel, detalló.

 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó que un gobierno que se jacta de ser garantista de los derechos de los trabajadores no puede mantener una política de outsourcing ilegal tolerada desde las autoridades.

Indico que, desde la óptica del combate a la corrupción, la subcontratación ilegal no es una práctica químicamente pura, es decir, se desarrolla en relación con otros fenómenos como la generación de empresas fantasma y las facturas falsas. “Es necesario crear una política nacional que tenga como medida central la protección efectiva de los derechos de los trabajadores”, puntualizó. 

 

Durante el evento se llevarán a cabo mesas de trabajo para analizar el régimen de responsabilidades y sanciones en materia de subcontratación; la especialización y temporalidad; supervisión y certificación efectiva; el derecho a la libre sindicación y a la participación de las personas trabajadoras en las utilidades.