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Texto publicado por la senadora Mónica Fernández en el periódico Publímetro.
Politizar un tema de salud pública resulta inadmisible desde cualquier circunstancia y punto de vista. Las condiciones de vida de la población no deben ni pueden ser entendidas desde la perspectiva del poder. Por el contrario, si hay un tema estrictamente humano ajeno a la política, es el sanitario. Por ello, es que en el caso de la pandemia se han unido los esfuerzos de los científicos, de la sociedad civil, de empresarios y por supuesto de diversos gobiernos.
El problema de salud que ha causado el COVID-19 exige la participación de todos. Se trata de un tema en el que la solidaridad internacional y humanitaria es fundamental para salvar la vida de millones de personas, en especial de aquellas que padecen las mayores desventajas económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de la población que viven en los países latinoamericanos.
Al tratarse de una pandemia que no respeta edad, género, condición económica o social, en el momento en que se cuente con la vacuna y que ésta haya pasado todas las pruebas científicas que garanticen su efectividad e inocuidad en cuanto a consecuencias secundarias, es cuando deberá estar disponible para todas las personas.
En el caso de México, el Presidente de la República ha señalado con toda claridad que el acceso a la inmunización será universal y gratuita. De esa manera, sin que haya fines de lucro de cualquier tipo, todos los individuos tendrán acceso a ella.
La intervención y colaboración de la academia, organizaciones civiles y de diversos gobiernos impide que se intente obtener alguna ventaja política e incluso económica. Nuestras sociedades han madurado democráticamente de manera importante y quien pretendiera darle a la vacuna un uso distinto al de la salud seguramente sufriría el rechazo y el repudio social.
En pocas palabras la vacuna de antemano está vacunada en contra de la politización. Nadie debe intentar lo contrario.