Protección a mujeres con la colaboración de instituciones

En ese sentido, desde el poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se han impulsado acciones encaminadas a garantizar el derecho humano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente en algunas regiones el problema se ha agudizado derivado de otros contextos de violencia que no han favorecido y por el contrario han mermado la eficacia de las políticas públicas en la materia.

 

Por ello, se requiere ampliar el enfoque de protección de las diversas esferas en que se desarrollan las mujeres mexicanas, la inclusión y la igualdad es el camino, sin duda alguna, la discriminación social, económica y política obstaculizan su empoderamiento y su seguridad.

Esta tarea exige una mejor coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno. Las autoridades estatales y municipales junto con la Federación necesitan darle gravedad a un problema que resulta inadmisible en cualquier circunstancia.

El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres y las niñas mexicanas, la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todos aquellos delitos en los que son víctimas, debe garantizarlas no solo una reparación integral y satisfactoria por la violación a sus derechos humanos, también lo es la protección y la atención integral a la que tienen derecho.

En suma, el tema demanda una colaboración más estrecha entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la violencia feminicida es una tarea de todas y de todos, su atención y erradicación implica colocar en el centro de las políticas públicas de seguridad y atención a las mujeres y a las niñas mexicanas.

En la medida que se unan esfuerzos y se amplíen los espacios de colaboración y comunicación podrá disminuirse y terminar con un flagelo que es inaceptable desde cualquier perspectiva.

Texto  publicado en el periodico Publimetro

Nadie está por encima de la Ley

Hay cuestiones destacadas como el desafuero de dos legisladores federal y un funcionario estatal que deben analizarse con cuidado y que requieren, por su importancia, un periodo extraordinario específico. Ello ocurrirá muy probablemente la próxima semana, una vez que se logren los acuerdos respectivos en la Comisión Permanente que garanticen la aprobación de dos terceras partes.

 

La Cámara de Diputados debe poder ejercer plenamente sus funciones al erigirse en Jurado de Procedencia. En días recientes la discusión sobre la convocatoria al extraordinario se ha radicalizado por la confrontación de algunos grupos de legisladores de la oposición que han dificultado el proceso con tácticas dilatorias que encubren, probablemente, otros intereses políticos. En comisiones votamos a favor en varias ocasiones, pero no se alcanzaron los votos necesarios debido a las resistencias opositoras que buscaban obstaculizar los otros temas si no se cedía ante sus pretensiones.

Por nuestra parte, en Morena, estamos a favor de que se haga justicia con apego estricto a derecho. Nuestra prioridad, por principios, es que nadie esté por encima de la Ley y al margen de la Ley tampoco nada.

La Comisión Permanente al ser un órgano compuesto por legisladores y legisladoras de ambas Cámaras no tiene facultades para determinar la procedencia o no de los desafueros. Por eso, esta instancia legislativa debe ceñirse a sus atribuciones y debe aprobar o rechazar la solicitud del periodo extraordinario, pero no puede pronunciarse respecto a los asuntos que en el se traten. En este caso, es facultad exclusiva de las y los diputados resolver si mantienen o quitan el fuero a un par de legisladores y al fiscal de Morelos.

En los siguientes días, nuevamente en la primera comisión de la Permanente, analizaremos el asunto y, por lo que a nosotros toca, insistiremos que lo más pronto posible, es deseable que a más tardar la semana entrante, la Cámara de Diputados sesione en su carácter de jurado de procedencia. Nosotros lo hemos reiterado, no tapamos a nadie y lo que exigimos es que se haga justicia en todos los casos.

 

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Una Suprema Corte prudente y serena

 

  • Texto publicado por la Sen. Mónica Fernández Balboa en Publímetro.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de las instituciones fundamentales de la democracia mexicana y el trabajo que realiza es de enorme trascendencia en la división de poderes, pues entre otras de sus atribuciones además de constituir la última instancia en caso de controversias judiciales y, en consecuencia, impartir justicia, garantiza que las acciones del Ejecutivo y el Legislativo se apeguen a la Constitución.

Es por eso que el artículo 35 de la Carta Magna y en la Ley Federal de Consulta Popular establece que ese órgano judicial revise y determine la procedencia o no de las consultas populares consagradas como un derecho ciudadano.

En este caso, se trata de un asunto de enorme relevancia pues se tienen que cuidar todos los aspectos formales de la legalidad y, al mismo tiempo, actuar con criterio jurídico para resolver sobre las peticiones que, en su caso, realicen el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y al menos el 2 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral.

La Corte tiene que resolver la solicitud del Presidente de México para consultar el próximo año a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se investigue y, en su caso, se sancione a cinco expresidentes ante la posible comisión de delitos. En ese sentido, sin dudas el máximo tribunal se ajustará a lo que establece la Ley y se hará prevalecer el Estado de Derecho que todos debemos respetar.

Las y los ministros que conforman la SCJN deberán actuar con prudencia y serenidad, sabiendo que es de gran interés la discusión que se exprese en su sesión del 1 de octubre. Las y los mexicanos debemos tener confianza en que todos los integrantes de la Corte analizarán, reflexionarán, argumentarán y resolverán basados en la razón y lo que mantendrá a salvo el prestigio y la credibilidad del Poder Judicial.

 

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Indispensable mantener política de apoyo a mexicanos en EU

 

La relación entre México y Estados Unidos es de una enorme complejidad por la interacción que hay en nuestras fronteras, por el intenso y permanente intercambio comercial, pero sobre todo porque en aquel país viven millones de personas de origen mexicano. Esas mujeres y hombres contribuyen a diario al desarrollo de la región de Norteamérica.

Muchas de esas personas han tenido que dejar sus lugares de origen para ir en busca de un empleo y una forma de vida que responda mejor a sus necesidades y aspiraciones. Hoy el funcionamiento de la economía norteamericana sería impensable sin la participación de las y los mexicanos que laboran en todo tipo de tareas y que en la enorme mayoría son personas con historias de vida extraordinarias y que sin duda son mujeres y hombres de bien.

En ese sentido, la postura que ha adoptado México es la de defender con inteligencia y mediante de la diplomacia los derechos de los paisanos que viven en la Unión Americana. Nuestra política se sustenta en los derechos humanos universales y en su protección a través de una amplia red de consulados que tienen como prioridad que se hagan valer y se respeten sus derechos.

 

 

En los tiempos de campaña es común que se exacerben los discursos y, en ocasiones, se recurra a la estridencia para llamar la atención de los electores. Entender esto es fundamental para actuar con prudencia y evitar caer en actitudes que pudieran interpretarse como intervencionistas de la parte mexicana.

De cualquier forma, las autoridades mexicanas deben estar pendientes de que se respeten los derechos de nuestros connacionales y hacer a un lado a posibles declaraciones que solo se inscriben en el ámbito de las contiendas electorales. De igual manera, es indispensable mantener una política de apoyo a las comunidades mexicanas que están en aquel país y sostener un diálogo permanente entre gobiernos para encontrar soluciones viables a los múltiples problemas que padecen nuestros paisanos. Lo que se requiere son respuestas constructivas y evitar caer en dimes y diretes que solo enrarecen más las relaciones entre ambos países

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La vacuna contra la politización

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández en el periódico Publímetro.

 

Politizar un tema de salud pública resulta inadmisible desde cualquier circunstancia y punto de vista. Las condiciones de vida de la población no deben ni pueden ser entendidas desde la perspectiva del poder. Por el contrario, si hay un tema estrictamente humano ajeno a la política, es el sanitario. Por ello, es que en el caso de la pandemia se han unido los esfuerzos de los científicos, de la sociedad civil, de empresarios y por supuesto de diversos gobiernos.

El problema de salud que ha causado el COVID-19 exige la participación de todos. Se trata de un tema en el que la solidaridad internacional y humanitaria es fundamental para salvar la vida de millones de personas, en especial de aquellas que padecen las mayores desventajas económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de la población que viven en los países latinoamericanos.

 

Al tratarse de una pandemia que no respeta edad, género, condición económica o social, en el momento en que se cuente con la vacuna y que ésta haya pasado todas las pruebas científicas que garanticen su efectividad e inocuidad en cuanto a consecuencias secundarias, es cuando deberá estar disponible para todas las personas.

En el caso de México, el Presidente de la República ha señalado con toda claridad que el acceso a la inmunización será universal y gratuita. De esa manera, sin que haya fines de lucro de cualquier tipo, todos los individuos tendrán acceso a ella.

La intervención y colaboración de la academia, organizaciones civiles y de diversos gobiernos impide que se intente obtener alguna ventaja política e incluso económica. Nuestras sociedades han madurado democráticamente de manera importante y quien pretendiera darle a la vacuna un uso distinto al de la salud seguramente sufriría el rechazo y el repudio social.

En pocas palabras la vacuna de antemano está vacunada en contra de la politización. Nadie debe intentar lo contrario.

Aún sin vacuna, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia

Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro. 

 

La pandemia del Covid-19 ha resultado una tragedia de dimensiones planetarias, ante la que México, como el resto de las naciones, reaccionó y puso en marcha una estrategia de contención a través del confinamiento de la población, entre otras prevenciones.

En materia médica, la atención no tiene la eficacia que todos quisiéramos a partir de las limitaciones que impone la realidad y el avance científico: no hay un fármaco que cure la infección, y no hay todavía disponible una vacuna que la prevenga.

 

Mientras éstos recursos médicos no existan, las medidas preventivas pueden hacer la diferencia, al igual que lo hace la labor heroica del personal sanitario.

Entretanto, ha sido relevante la actuación del gobierno mexicano para garantizar en su momento que nuestro país cuente con las dosis de inmunización que se requieran.

Cabe recordar que en marzo pasado, cuando en una etapa temprana los países que componen el G-20 llevaron a cabo una cumbre mundial sobre la pandemia, el Presidente de México consideró urgente “que la Organización de las Naciones Unidas controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento”.

Un mes después, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, impulsada por México, pidió al Secretario General que “busque formas de garantizar que todos los necesitados, particularmente en el mundo en desarrollo, tengan acceso libre, justo y rápido a las vacunas y otros medicamentos para combatir el virus COVID-19”.

Hace unos días, finalmente, el Gobierno de México firmó con la ONU y la Organización Mundial de la Salud un convenio para garantizar el derecho a la salud para la población mexicana, mediante compras conjuntas y esquemas de licitación internacional abierta, de medicamentos y vacunas, que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad.

En ese sentido, México ha actuado de manera correcta al participar y apoyar la investigación para resolver el problema de salud que enfrentamos en todo el mundo. Es muy importante que nuestro país, pero sobre todo las y los mexicanos puedan recibir la vacuna, más aun si tomamos en consideración que la pandemia podría durar un largo tiempo, como lo han señalado las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Lamentablemente, hay diversos grupos sociales que son más vulnerables y que es indispensable atenderlos para evitar que se siga extendiendo ese mal. Por eso, es adecuado que el gobierno mexicano promueva la solidaridad internacional y busque que el pueblo se beneficie de la vacuna de manera pronta en cuanto haya certeza de que las vacunas funcionan y no tienen efectos colaterales en las personas que las reciban.

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Lo más importante es la salud de los mexicanos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

La expansión del COVID-19 por todo el mundo además de los problemas de salud y el lamentable fallecimiento de muchas personas obligó a los gobiernos a cerrar sus economías y que funcionaran estrictamente para lo indispensable. Esa situación que se agudizó en el segundo trimestre del año provocó una caída del crecimiento a nivel global. En ese contexto, México no podía ser la excepción.

La producción y las inversiones se han detenido. Por tanto, una de las medidas más urgentes que se requieren es que las empresas vuelvan a trabajar y que los planes que tuvieron que ser pospuestos se inicien lo más pronto posible. De esa forma, se recuperará el empleo. Al haber nuevamente flujo de recursos también se reactivará el consumo y con ello la economía en general.

 

Por su parte, es fundamental que los gobiernos federal y estatales mantengan políticas sociales que auxilien a la población para garantizar que puedan resolver sus necesidades como se ha venido haciendo con los sectores mas vulnerables.

Sin embargo, hay que tener presente que lo más relevante es cuidar de la salud de las personas. Por ello, es indispensable que el retorno de las actividades económicas se haga en el marco de una estrategia que permita ir abriendo de manera gradual, adaptándonos a una nueva normalidad y respetando todas las recomendaciones sanitarias para evitar un nuevo brote de la pandemia.

En ese proceso, es indispensable que las empresas actúen de manera solidaria y apoyen a sus trabajadores, como ha sucedido en muchos casos. Pero también todos los mexicanos debemos apoyar a los demás consumiendo lo que se produce en el país y los servicios que se ofrecen. Es necesario impulsar el mercado interno.

En ese sentido, debe fortalecerse el diálogo y la coordinación entre órdenes de gobierno, empresas y trabajadores para recuperar lo más pronto posible la actividad en los sectores estratégicos de nuestra economía, considerando el efecto multiplicador que tienen. El esfuerzo conjunto permitirá que México restablezca en el corto plazo la ruta del crecimiento, supere una crisis sin antecedentes en el país y en el mundo y retomemos un desarrollo con justicia para todos.

 

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Necesaria la presencia de marinos en los puertos

  • Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.

 

Una de las principales políticas públicas que se impulsan en la actual administración y compromiso para la transformación de México consiste en el combate decidido a la corrupción. Este mal que ha dañado la vida pública del país afecta a muchas áreas del gobierno y, en particular, de manera destacada se presenta en puertos y aduanas.

De ahí que desde hace algunas semanas el Presidente de la República haya tomado la decisión para que miembros de las fuerzas armadas se hagan cargo del control de las entradas de mercancías. Es ampliamente sabido que en puertos como el de Manzanillo, Colima o Lázaro Cárdenas en Michoacán existe con frecuencia un intenso trasiego de drogas o sustancias prohibidas.

 

Se trata de una situación preocupante, ya que asociadas a ese delito la inseguridad y la violencia en diversas regiones han aumentado y la sociedad reclama una intervención más contundente de las instituciones del Estado.

La participación de las fuerzas armadas en la administración de los puertos y aduanas permitirán impedir el acceso de esas mercancías y otras actividades ilícitas, en las que lamentablemente se han involucrado empleados públicos civiles.

Por ello, es necesario que intervengan las autoridades militares y el Estado mexicano pueda contribuir al restablecimiento eficaz de la seguridad y al combate a la corrupción, así como a terminar con el tráfico de drogas y el contrabando.

El control que han asumido elementos de las Secretarías de Defensa y de Marina evitará que el cáncer de los malos manejos y la inestabilidad social que generan se sigan extendiendo. Es un paso drástico, pero necesario.

La única forma de acabar con esos males es tomando decisiones de fondo y utilizando toda la capacidad del Estado para garantizar a todos los mexicanos el bienestar que con justicia reclaman.

 

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No más ilegalidades amparadas en el poder

  • Texto de la Sen. Mónica Fernández Balboa, publicado en el periódico Publímetro.

 

Es bien sabido que en el pasado México padeció uno de los peores males de cualquier sociedad. La corrupción y la impunidad alcanzaron niveles altísimos y por ello en el 2018 nos comprometimos a combatirla de manera radical y permanente.

En ese sentido, en las instancias responsables de la investigación de delito existen diversos expedientes abiertos que deben continuar su curso y llegar hasta las últimas consecuencias.

No se trata de que desde el gobierno se hagan persecuciones. Pero si es indispensable que se aclaren, para el bien de todos, los excesos y desviaciones que se cometieron desde el poder en las décadas anteriores. En los tiempos de la democracia que vivimos es indispensable que se conozca la verdad sobre la comisión de abusos. No hay espacio ya para los amiguismos y para encubrir delitos.

Sin embargo, todo proceso debe estar sujeto a la aplicación de la ley para que haya auténtica justicia. Nadie puede estar por encima de la Ley como tampoco al margen de la Ley nada.

Las y los mexicanos debemos ver hacia adelante y actuar para impedir que en el futuro vuelvan a ocurrir ilegalidades amparadas en el poder. Por eso, tenemos un firme compromiso con un ejercicio democrático en la vida pública apegado a valores y principios éticos de absoluta honestidad e inspirados en la austeridad republicana.

En la nueva etapa que estamos construyendo todos los servidores públicos están obligados a conducirse con apego a las normas legales, así como actuar con sensibilidad y responsabilidad frente a la corrupción.

Ello es ineludible en una sociedad con tantas y profundas desigualdades, pero sobre todo que exige superar las épocas de la injusticia.

Sin caer en linchamientos sociales, ni venganzas es pertinente que las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia actúen con absoluto respeto a la Ley para que se conozcan con toda veracidad las posibles arbitrariedades que se hayan cometido y en caso de ser procedentes se aplique la Ley, sin estridencias y ni revanchismos.

 

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Legislando por la justicia

  • Texto publicado por la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, en el periódico Publímetro.

 

 

Evitar que la justicia sea nulificada por el poder de la corrupción es un reto al que se enfrenta toda nación en la que este cáncer social se haya desarrollado.

 

Hemos visto en México diversos ejemplos de cómo, las instituciones de seguridad han hecho su trabajo y han logrado aprehender a importantes delincuentes.

 

Lamentablemente también hemos visto que en muchas ocasiones la corrupción ha permeado, como la humedad, en muchas instituciones del Estado, para permitir la impunidad a través de la corrupción en unos casos, y de la agresión y violencia en otros.

 

Frente a los cuerpos de seguridad y los funcionarios judiciales, la frase de “plata o plomo” ha sido por décadas divisa de las bandas de criminales.

 

La reciente ejecución de un juez federal y su esposa en la ciudad de Colima indignó al pueblo de México y volvió a encender una alerta nacional sobre la necesidad de proteger a quienes forman parte del Poder Judicial, para evitar que los delincuentes se salgan con la suya, y agudicen el ambiente de violencia en que vivimos.

Proteger a los juzgadores y demás instancias de procuración de justicia es una tarea compleja que involucra al conjunto de las instituciones del Estado.

 

Si prevalece la impunidad y el temor en la aplicación del Derecho, por supuesto no sólo se pervierte la actuación judicial, en realidad se lesiona la tranquilidad social, la comunidad queda a merced de la delincuencia, y la función del Estado queda en entredicho.

 

A la vigilancia permanente que ejerce el Consejo de la Judicatura Federal para revisar cualquier denuncia y corregir y sancionar las anomalías detectadas, debe sumarse la colaboración de los demás poderes.

 

Las áreas de inteligencia del Estado mexicano son vitales para encontrar y neutralizar posibles riesgos que enfrentan los jueces en casos relevantes y ante organizaciones criminales destacadas.

 

Creemos que es posible acabar con la impunidad, la corrupción y la amenaza, es un camino largo y hasta peligroso, pero es posible.

 

En el Legislativo hay tareas por realizar. Una de las más importantes es precisamente la Reforma Judicial, en cuyo marco podremos coadyuvar en el análisis y aprobación de nuevas normas que transformen de fondo a las instituciones de justicia.

En esto estamos trabajando.

 

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