La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República reflexiona sobre los alcances de la Reforma Electoral “Plan B”.
La reforma electoral que aún se encuentra en proceso en el Congreso y que en los próximos días deberá ser analizada y, en su caso, aprobada en el Senado de la República tiene el propósito fundamental robustecer nuestro sistema democrático. El ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía está garantizado plenamente por la Constitución y las leyes secundarias que permiten la organización de comicios en los que todas y todos podremos participar en el 2024.
De lo que se tratan los cambios que se están realizando es que contemos con autoridades electorales que actúen con imparcialidad, objetividad, profesionalismo y apego al Estado de Derecho. Por eso, resulta sorprendente que se hagan afirmaciones temerarias en el sentido de la posibilidad de poner en riesgo la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales el siguiente año, así como el cambio de gobierno en casi una decena de entidades, los congresos en treinta de ellas y de igual forma en miles de municipios en todo el país.
Hay que recordar que el control de la elección recae esencialmente en la ciudadanía y que las autoridades, partidos y candidatos tienen una participación destacada, pero deben asumir con transparencia y criterios de austeridad su responsabilidad legal.
Es evidente que en los últimos tiempos las instituciones políticas y electorales se han convertido en una costosa carga presupuestal, sobre todo porque son innegables los altos gastos que se realizan para organizar las votaciones. De igual manera, es indispensable disminuir los montos de recursos públicos que reciben los partidos políticos y sus dirigencias, pero sobre todo asegurar que sirvan para mejorar la vida democrática del país.
Debemos tener plena confianza que la reforma electoral será útil para esos propósitos y evitar caer en expresiones alarmistas y exageradas que solo buscan crear confusión entre el electorado.
Aún más, las causales de nulidad están expresamente referidas en el artículo 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las cuales son: 1) exceder los montos de los topes de gastos de campaña; b) comprar espacios en Radio y TV; y c) se reciban recursos de procedencia ilícita en las campañas.
Por lo que es importante mencionar que la reforma, en ninguna de sus propuestas, modifica reglas de topes de gastos de campaña, mucho menos de Radio y Televisión y menos aún de recursos de procedencia ilícita, y mucho menos se ha modificado la Carta Magna.
Los consejeros del INE han estado construyendo una narrativa sin argumento real a partir de las acciones mediáticas y debates políticos, olvidándose incluso, de la objetivad e imparcialidad con las que están obligados a actuar.
Esas manifestaciones sin sustento solo contribuyen a la generación de un clima de crispación y, sin duda, lastiman la credibilidad de un proceso de enorme complejidad como el que tendremos en 2024. Todas y todos estamos obligados a actuar de manera responsable y garantizar que esos comicios sean como espera y merece la sociedad mexicana.
*Texto publicado en diario Publimetro
