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Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa en el periódico Publímetro.
Una de las principales políticas públicas que se impulsan en la actual administración y compromiso para la transformación de México consiste en el combate decidido a la corrupción. Este mal que ha dañado la vida pública del país afecta a muchas áreas del gobierno y, en particular, de manera destacada se presenta en puertos y aduanas.
De ahí que desde hace algunas semanas el Presidente de la República haya tomado la decisión para que miembros de las fuerzas armadas se hagan cargo del control de las entradas de mercancías. Es ampliamente sabido que en puertos como el de Manzanillo, Colima o Lázaro Cárdenas en Michoacán existe con frecuencia un intenso trasiego de drogas o sustancias prohibidas.
Se trata de una situación preocupante, ya que asociadas a ese delito la inseguridad y la violencia en diversas regiones han aumentado y la sociedad reclama una intervención más contundente de las instituciones del Estado.
La participación de las fuerzas armadas en la administración de los puertos y aduanas permitirán impedir el acceso de esas mercancías y otras actividades ilícitas, en las que lamentablemente se han involucrado empleados públicos civiles.
Por ello, es necesario que intervengan las autoridades militares y el Estado mexicano pueda contribuir al restablecimiento eficaz de la seguridad y al combate a la corrupción, así como a terminar con el tráfico de drogas y el contrabando.
El control que han asumido elementos de las Secretarías de Defensa y de Marina evitará que el cáncer de los malos manejos y la inestabilidad social que generan se sigan extendiendo. Es un paso drástico, pero necesario.
La única forma de acabar con esos males es tomando decisiones de fondo y utilizando toda la capacidad del Estado para garantizar a todos los mexicanos el bienestar que con justicia reclaman.
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