Aunque actualmente el Congreso de la Unión está en uno de sus recesos, una vez que concluyó el 30 de abril el segundo periodo ordinario del actual año legislativo, la pandemia del Covid19 obligó a suspender las últimas sesiones, y diversos grupos parlamentarios han mencionado la necesidad de llevar a cabo al menos un periodo extraordinario, para legislar sobre materias que quedaron pendientes y son urgentes.
Desde luego, esta posibilidad deberá ser analizada y acordada en la Comisión Permanente, instancia que en su caso convocará a sesionar a una o a ambas Cámaras. Un asunto inmediato a abordar es la puesta en marcha el 1 de julio del Tratado México – Estados Unidos – Canadá, el cual requiere de diversas adecuaciones a la legislación nacional para garantizar igualdad de condiciones a las empresas del país ante el mercado regional.
Aquí entran temas de calidad, propiedad industrial, derecho de autor, impuestos de importación y exportación, disposiciones aduaneras y sobre variedades vegetales. Otro rubro es la iniciativa enviada por el Presidente de la República para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le permitiría al Ejecutivo reorientar recursos a acciones prioritarias en caso de una emergencia de carácter económico y/o en materia de salubridad general, sin esperar la autorización de la Cámara de Diputados.
La emergencia provocada por el Covid-19 y los daños que ha causado a la salud de la población y a la economía nacional, igualmente demandan reformas legislativas para propiciar políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables: quienes han perdido el empleo y su ingreso, discapacitados, trabajadoras con hijos en edad escolar, adultos mayores, entre otros, todo ello encaminado a resolver la emergencia sanitaria y propiciar la reactivación económica.
Hay otros muchos pendientes legislativos, sobre los cuales deberemos trabajar en la Comisión Permanente para definir las prioridades y urgencias, y con base en el consenso al que se llegue, estar en posibilidad de convocar al periodo extraordinario, sin dejar de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para minimizar los riesgo de contagio, dado que la ciudad de México, sede del Legislativo, aún continúa en “semáforo rojo”.
Texto publicado por la senadora Mónica Fernández Balboa, en diario MILENIO.
En las últimas semanas hemos vivido situaciones que ni siquiera habíamos llegado a concebir en el imaginario y mucho menos prever, aunque fuera hipotéticamente, en ningún ordenamiento de carácter legislativo. Esta pandemia nos obliga a replantear diferentes aspectos y alternativas del papel de Poder Legislativo ante situaciones de emergencia, y para la atención de emergencias nacionales.
En un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado se reconoce que solo Brasil y España fueron capaces de plantear medidas, apresuradas, para que sus parlamentos pudieran utilizar los medios de comunicación digital y llevar a cabo sus procesos legales con carácter emergente. A nosotros esta etapa que actualmente vivimos nos tomó sin un análisis a conciencia, ni ordenado metodológica o jurídicamente del funcionamiento del Congreso. Por ello, este puede ser el momento de romper los paradigmas y llegar a un nuevo diseño institucional que nos permita refrescar el funcionamiento parlamentario mexicano.
La pregunta de por qué no sesionan la Cámara de Diputados y el Senado a través de Zoom, como se están llevando a cabo otras actividades de comunicación en diferentes ámbitos, también se ha elevado a polémica, cuando apenas hace unos días en el Congreso de CdMx varias voces se negaron a llevar a cabo la sesión virtual para aprobar la reforma al artículo 4 constitucional en materia de bienestar social.
A pesar de la conveniencia que reviste el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para llevar a cabo diversas actividades públicas o sociales, la implementación de esos recursos en las actividades parlamentarias están legalmente prohibidos por no estar reconocidos expresamente a escala constitucional, legal y reglamentaria.
México, al ser un estado de derecho, se encuentra subordinado a la ley que este mismo impone a través de su imperio y que es obligatoria para todos: gobernantes y gobernados, en igualdad de condiciones. Todo estado de derecho se encuentra obligado a observar dos condiciones elementales: el respeto a los derechos de las personas y el principio de legalidad, siendo este último aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a ésta, bajo pena de invalidez.
De forma general, en un análisis jurídico-parlamentario de las áreas responsables en el Senado, encontramos que el artículo 50 de la Constitución dispone que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Los artículos 63 y 72 de la misma Carta Magna se refieren a la concurrencia de sus miembros en sus sesiones y a la discusión en ambas cámaras de todo proyecto de ley o decreto, remitiendo a los ordenamientos legales respectivos que regulan la forma, los intervalos y modo de proceder en discusiones y votaciones, por lo que no es posible aprobar leyes unilateralmente sin ser ampliamente discutidas presencialmente.
El reglamento del Senado dispone que es obligación de las senadoras y los senadores asistir puntualmente a las sesiones y reuniones del pleno, la declaración de quórum presencial y hasta señala que un senador tendrá inasistencia si no se encuentra presente durante las votaciones nominales, estableciendo de esta forma la presencia física en el salón de sesiones como requisito de asistencia.
En consecuencia es necesario reformar la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y los reglamentos de las cámaras, con la finalidad de observar el principio de legalidad que rige a las autoridades en todo estado de derecho, así como otorgar certeza y seguridad jurídicas a los actos que, a través de estos medios, realicen tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, en el siguiente sentido: A) Constitución Política. Reformar los artículos 63 al 69, que contienen las disposiciones sobre las sesiones y la comprobación de asistencia. B) Ley Orgánica del Congreso General. Reformar los títulos segundo y tercero, correspondientes al funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Senado, e incluso considerar la conveniencia de reformar el título relativo a la Comisión Permanente. C) Reglamentos de cada cámara del Congreso. Incluir las disposiciones necesarias para desarrollar, de manera puntual, las formalidades aplicables a la modalidad virtual de las sesiones plenarias y de comisiones, las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de grupos parlamentarios, con criterios de eficacia, eficiencia y calidad, como sucede con la regulación vigente, a saber: apertura de la sesión, forma de acreditar el quórum, formalidades de los debates, de las votaciones, de la adopción de resoluciones y para la materialización de las normas, entre otros aspectos.
Adicionalmente a las reformas requeridas, no debe perderse de vista que es necesario contar con un respaldo que garantice la viabilidad material de implementar los sistemas electrónicos suficientes para el desarrollo de este tipo de sesiones. Considerar la viabilidad de realizar sesiones plenarias virtuales no solo implica su posibilidad material, sino también su posibilidad jurídica y toda vez que, por lo antes señalado, no existen disposiciones normativas suficientes para otorgar certeza y seguridad jurídicas por analogía a los actos realizados en esas sesiones virtuales, por tanto no es posible que un acuerdo de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, e inclusive de ambos órganos de gobierno, pueda subsanar la legalidad y complejidad normativa en la regulación de estos actos.
Cabe señalar que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede acordar sesionar vía remota con la finalidad de retomar en lo posible la función jurisdiccional, esa decisión se sustenta en el hecho de que no existe un órgano de control superior a la Corte que le impida hacerlo o que pueda ponderar la constitucionalidad y/o legalidad de las resoluciones que se adopten en las sesiones virtuales del órgano judicial, a diferencia del Poder Legislativo federal, cuyas resoluciones legislativas pueden ser impugnadas ante los tribunales competentes.
De esta forma se hace urgente la necesidad de considerar reformas constitucionales, legales y reglamentarias que sean aplicables en ambas cámaras del Congreso e incluso a la Comisión Permanente para permitir la realización de trabajos parlamentarios, a través de las diversas tecnologías de información y comunicación, y cumplir de forma ágil con nuestro mandato constitucional.
Se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, afirma Mónica Fernández Balboa.
Anuncia Ricardo Monreal mesa de alto nivel para lograr los consensos necesarios.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que la reforma del Poder Judicial de la Federación y al sistema de justicia constituyen una de las prioridades del Senado de la República, pues se trata de una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.
Dijo que, como toda discusión relevante, esta reforma se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, a fin de que la sociedad forme parte del proceso legislativo y “abonemos a la legitimidad de las nuevas normas”.
Se ha dicho que el Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos, “tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial”, acotó en la reunión de trabajo que sostuvieron senadores con integrantes del sistema de justicia.
El problema, advirtió, es que en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días. Ante este panorama, agregó, es claro que debemos emprender cambios profundos en el sistema de justicia de nuestro país.
Dijo que algunas de estas modificaciones no requieren cambios constitucionales o legales, sino de liderazgo y determinación en las instituciones.
En este sentido, reconoció el proceso de transformación que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en sólo en unos meses ha emprendido una lucha frontal sin precedentes contra la corrupción, el nepotismo y los abusos del Poder Judicial.
Además, celebró el trabajo, dedicación y voluntad política del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila; del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y del propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para construir propuestas concretas.
Desde el punto de vista legislativo, agregó, se han presentado distintas iniciativas en materia de justicia, las cuales se sumarán a las que envíe el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que el Senado tiene la convicción de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial y asegurar que el respeto y garantía plena de los derechos humanos no sean promesas vacías, sino realidades vivientes.
Dijo que el reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la realidad de país que vivimos han tocado las fibras más sensibles de los poderes de la Unión, por lo que se debe responder a este llamado con madurez institucional.
La Cámara de Senadores participa de esta convocatoria inédita y reconoce un esfuerzo de congruencia, resultado de una colaboración extraordinaria entre ambos poderes, subrayó.
El senador señaló que la transformación profunda que se ha iniciado al interior del Estado mexicano, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, toca hoy a uno de sus pilares: el Poder Judicial, ente que requiere de una reconstrucción a partir de una rigurosa autocritica en el ejercicio libre y responsable de su independencia.
Es absolutamente indispensable efectuar una reflexión colectiva: las asimetrías de la justicia en México y que éstas exigen pensar en grande, mirar al futuro, dejar atrás de la mezquindad política, las visiones corporativas de grupos y los proyectos inacabados, expresó ante integrantes del sistema de justicia.
Ricardo Monreal pidió entender que esta nueva relación institucional entre los poderes de la Unión debe allanar el camino para construir el andamiaje idóneo para la toma de decisiones y que transforme de manera profunda el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación.
Indicó que una vez que se presente la iniciativa de manera formal ante el Senado, dará inicio el proceso legislativo. En este sentido, propuso la creación de una mesa central de alto nivel, donde participen integrantes del sistema judicial, de la consejería jurídica de Presidencia y una comisión plural del Senado, a efecto de lograr un gran consenso en este periodo de sesiones respecto de este tema.
Llevamos muchos años discutiendo sobre la necesaria reforma al Poder Judicial y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para ello, esta es la oportunidad, enfatizó el senador por Morena.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que con este acto “se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanadas del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía”.
Sin embargo, aclaró que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal “no requieren una reforma estructural”, ya que la Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones, que le permiten alcanzar un equilibrio institucional “y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”.
Advirtió que emprender una reforma constitucional a estos dos órganos “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y los debilitaría, en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte, independiente y legitimada”.
En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, señaló que el aparato judicial ha sido pervertido por décadas. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y ahora “existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos, mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sean el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades”.
En este contexto, asentó el funcionario federal, “se nos impone transparentar la rendición de cuentas y sacar de la postración al aparato de justicia”. Además, afirmó que los planteamientos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán retomados por el titular del Ejecutivo federal para integrarlos, sin cambio alguno, a la iniciativa que será remitida al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla y ampliarla.
El senador Germán Martínez Cázares, coordinador de los trabajos de la reforma judicial en el Senado, dijo que hay disposición para examinar la propuesta elaborada por el ministros y ministras. Aclaró que la última palabra la tienen los legisladores y el constituyente permanente.
A su vez, el Dante Delgado manifestó “el mejor ánimo” de Movimiento Ciudadano para ser coadyuvantes de esta reforma. Pidió a los integrantes del Poder Judicial que, en el análisis de la iniciativa, puedan dar alcances y luces de su contenido.
Al encuentro asistieron, los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri González; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PVEM, Manuel Velasco Coello; del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
También los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristóbal Arias Solís; Justicia, Julio Menchaca Salazar; Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; Lucía Trasviña Waldenrath, de la Comisión de Seguridad Pública; y Manuel Añorve Baños, de la Comisión de Estudios Legislativos, así como senadores de los diferentes grupos parlamentarios.
