Día Naranja 2022

Versión estenográfica del mensaje de la senadora Mónica Fernández Balboa.

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña. Desde entonces, se conmemora este día con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Debemos entender que las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres son la expresión de una estructura social arraigada en el mundo desde muchos años atrás. Es hablar de machismo y misoginia, y de un sistema en el que vivimos y que aun no hemos podido transformar.

Las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de violencia, y los niveles de búsqueda de apoyo institucional o denuncia fueron bajos. Las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar fueron: se trató de algo sin importancia que no le afectó, no sabía cómo y dónde denunciar y por miedo a las consecuencias o a las amenazas. Tenemos que reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas entre los tres niveles y órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar este flagelo. Hoy es un día para la reflexión, para el compromiso y para la acción, para avanzar en los pendientes legislativos y para aportar desde todas las trincheras a fin de asegurar la igualdad en derechos, oportunidades y condiciones, luchar juntas contra toda forma de violencia,  así como reconocer el valor y aportación que cada mujer realiza desde su espacio para transformar las estructuras culturales, sociales y de poder. 

Seguiré insistiendo: queremos una República de igualdad, un República sin discriminación, una República sin violencia, queremos una República con justicia y dignidad para todas las mujeres.

Acuerdan Comisiones Unidas del Senado dar más tiempo para el análisis en dictámenes en materia electoral

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, expresó la necesidad de escuchar voces expertas y profundizar en el análisis de los dictámenes a las minutas que reforman a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 El día de hoy, en la reunión de Comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, se discutió y se acordó en trabajar y analizar proyectos de dictamen que obedecen a minutas de la Cámara de Diputados de dos temas electorales que son polémicos. Al respecto la senadora Mónica Fernández Balboa señaló que en estas épocas tienen un elemento adicional por la actualidad de los temas que se están tratando en el Congreso de la Unión.

“Uno de los dictámenes fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República se contempla que se requiere un estudio mayor, un análisis minucioso, pero además escuchar a expertos, hacer foros de reflexión que nos permitan encontrar coincidencias en cuanto a los temas electorales”.

Ambos dictámenes fueron retirados del Orden del Día.

 

Senado exhorta a 21 Congresos locales a expedir las Leyes de Amnistía

La senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre de la Comisión de Gobernación, presentó el dictamen al punto de acuerdo.

 

 Estimadas Senadoras y Senadores:

El día de hoy presento ante ustedes un dictamen de punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas de Guerrero, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Yucatán, Colima, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Morelos, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones, expidan las leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se señala en la Ley de Amnistía publicada el pasado 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

 

Consideramos que es de vital trascendencia que las legislaturas de las entidades federativas aprueben y expidan sus respectivas leyes de amnistía, pues esto permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Penitenciarios locales.

 

El 23 de abril de 2020 entró en vigor la Ley de Amnistía, la cual tiene por objeto extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados, respecto de delitos específicos establecidos en el artículo 1° de dicha legislación, como lo son el aborto; delitos contra la salud; aquellos cometidos por personas indígenas que durante el proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura; por el delito de robo simple y sin violencia y por el delito de sedición.

Expedir dichas leyes permitirá extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas, en los supuestos mencionados. Por estas razones someto a consideración de este Pleno la propuesta en mención.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por el pleno del Senado.

Senado aprueba sustituir denominación del salario mínimo por el de UMA y conmemorar Batalla de Otumba

Presentación de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.

  1. Para sustituir la denominación del salario mínimo por el de UMA en la cantidad de pagos, se aprueba reformar, por unanimidad, las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral.
  2. Por el que a partir del 2023 cada 7 de julio se izará la Bandera Nacional 🇲🇽 a media asta en memoria de la Batalla de Otumba.

 Versión estenográfica de la Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República.

En cuanto al dictamen relativo a la desindexación del salario mínimo, se considera necesaria la adecuación planteada en virtud de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, la cual estableció en su artículo 123 apartado A, fracción VI, que el salario mínimo “no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”, y en cuyo artículo cuarto transitorio se estableció que el Congreso de la Unión debía realizar las adecuaciones que correspondiera en las leyes y ordenamientos de su competencia “a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.”

 

El propósito de la reforma planteada es sustituir la denominación de salario mínimo general por el de Unidad de Medida y Actualización, la cual será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores y será calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme lo establecido en el artículo 26 constitucional. Creemos que es necesario realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación para evitar cualquier tipo de confusión que se pudiera dar en relación a la interpretación de la Ley. Es por ello, que con esta reforma propuesta se pretende armonizar nuestra legislación electoral, con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del salario mínimo y, con ello, dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto aprobado en 2016.

 

En cuanto la reforma del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para conmemorar, el 7 de julio de cada año, la Batalla de Otumba de 1520. El dictamen que se presenta propone izar a media asta la Bandera Nacional, en los edificios sede de las Autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, así como en los edificios de las Autoridades e Instituciones que presten servicios educativos y médicos y en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos, y en plazas públicas que las propias Autoridades determinen dentro de su territorio, con la intención de honrar a todos los guerreros y combatientes mexicas caídos en la Batalla de Otumba de 1520, que fue la primera defensa del territorio mexicano. Ya desde 1965 los vecinos del municipio de Otumba y Axapusco vienen conmemorando esta fecha, hoy corresponde a esta soberanía escuchar la voz del pueblo, e inspirar una reconciliación con nuestro pasado y valorar este suceso histórico. Es momento de cumplir nuestro compromiso histórico con todos los guerreros y soldados que combatieron en la Conquista del Nuevo Mundo.

Ambos fueron aprobados por el pleno del Senado y remitidos al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Proponen modificar el nombre de la Plaza de la Constitución en la CDMX

La senadora Mónica Fernández Balboa propuso un Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a homenajear el bicentenario de la organización política federal establecido en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, modificando el nombre oficial actual de la “Plaza de la Constitución” decretado en homenaje a la “Constitución Política de la Monarquía Española” aprobada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo del año de 1812, por el de “Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824”, promulgada en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1824.

               

La legisladora morenista expuso que tan señalada fecha histórica para México merece ser conmemorada y una forma de hacerlo es nombrar la plaza mayor de la capital de la República federal con el título de aquella primera Constitución federal mexicana. Agregó que a la fecha la plaza mayor del centro histórico lleva por nombre, según se indica en los letreros colocados en sus esquinas por la autoridad local, como “Plaza de la Constitución”, que abrevia su nombre completo que es “Plaza de la Constitución Política de la Monarquía Española” en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Coloquialmente a la plaza se le conoce como el “Zócalo” porque las primeras autoridades electas de la naciente República Mexicana determinaron, en un acto de justificada afirmación de su soberanía, remover la estatua ecuestre de Carlos IV de Borbón Rey de España y de las Indias, ubicada en su centro, para trasladarla por su notable belleza y valor como obra de arte, a la calle de Donceles, quedando tan solo en la plaza mayor el zócalo de dicha estatua. La senadora tabasqueña finalizó diciendo que el renombrar la plaza mayor de la Ciudad de México significaría concluir la intención de los gloriosos insurgentes y honrar en su bicentenario su más preciado legado: La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.    

 

Foro “Prevención del suicidio en las niñas, niños y adolescentes”

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa en el Foro: “Prevención del suicidio en las niñas, niños y adolescentes”.

 Muy buenos días, es un gusto coincidir con todas y todos ustedes en este Foro sobre la prevención del suicidio de niñas, niños y adolescentes. Agradezco a la Senadora Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la invitación que me ha hecho para participar en este tema que nos merece gran atención.

 

El suicidio desafortunadamente es un problema de salud extremadamente doloroso. Es, en todo sentido, una tragedia que impacta no solo a quien se quita la vida, sino a su familia y sus amigos. La pérdida de un ser querido siempre es difícil, enfrentar una muerte provocada es una situación que puede resultar devastadora para el círculo cercano de quien se ha quitado la vida. El suicidio es un problema de salud que debemos atender aprendiendo, combatiendo, pero, sobre todo, comprendiendo los problemas que lo provocan.

 

Este problema a nivel mundial ha crecido en un 60%, y en nuestro país en los últimos 45 años, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que entre el año 2000 y el 2016 murieron 83 mil 490 personas en nuestro país por lesiones auto infringidas, con el propósito deliberativo de perder la vida. Y en el año 2017 murieron otras seis mil 600 personas, lo que nos lleva a un incremento preocupante, ya que de 1994 a 2016 aumentó en un 244 % en México.

La Organización Mundial de la Salud OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. Hoy, un poco más de 800 mil personas se suicidan cada año, esto es que una persona fallece cada 40 segundos y, desafortunadamente en el grupo de los 15 a los 29 años es la segunda causa de muerte. Una de las principales causas del suicidio, aunque no es la única, son las enfermedades mentales y emocionales, como la bipolaridad, la esquizofrenia, la anorexia, la bulimia, la depresión, la desesperanza, las adicciones, el maltrato intrafamiliar, el acoso laboral, el bullying entre los niños, la violencia contra las mujeres, el miedo, entre otras causas.

 

El suicidio es prevenible y para ello necesitamos de un equipo interdisciplinario profesionalizado para su contención, se necesita capacitar al personal de las instituciones públicas en los diferentes órdenes de gobierno que confronta este problema como parte de sus actividades cotidianas. Es por ello, que celebro el desarrollo de este Foro porque hemos escuchado a profesionales en el tema y es importante tomar en cuenta lo que nos dicen los especialistas.

 

Quiero decirles que este Senado de la República ha trabajo en este gravísimo tema de salud pública, en septiembre de 2019 presenté una iniciativa que proponía adicionar la Ley General de Salud para prevenir el suicidio, fue una propuesta que trabajamos todos en comisiones, y el 29 de julio de 2020, se aprobó por el Pleno de esta Cámara de Senadores por unanimidad con 85 votos a favor. Esta propuesta la considero muy completa y por ello quiero destacar lo siguiente:

 

  • Establece como materia de salubridad general la prevención del suicidio y la asistencia por lesiones auto infligidas con el propósito de perder la vida.
  • Resalta que dichas acciones en materia de salud serán concurrentes entre los tres órdenes de gobierno.
  • Establece como obligación para las autoridades en materia de salud de los tres órdenes de gobierno, la implementación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
  • Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, presidido por el Secretario de Salud.
  • Dispone que la protección del derecho a la salud comprenderá la prevención del suicidio en situaciones de riesgo y de crisis, así como la asistencia continuada del Estado a la persona que se lesiona a sí misma con la intención de perder la vida.

 

Este esfuerzo de unanimidad y atención estuvo precedido por análisis, estudios, Parlamentos Abiertos, así como con la opinión de diversos especialistas de México y Latinoamérica. Esta propuesta ahora minuta en la Cámara de Diputados es un tema significativo que al materializarse se otorgará atención multidisciplinaria y de nuevas políticas y formas de prevención y detección temprana del Suicidio, sobre todo en atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es por todo lo anterior, que me congratulo con la celebración de estos eventos en los que nos aportan sus conocimientos en temas complejos pero que se requiere para hacer más y mejores propuestas.

Muchas gracias.

Estudiantes UJAT y UVT visitan Senado

Estudiantes tabasqueños visitan el Senado a invitación de la Sen. Mónica Fernández Balboa

 

Me dio mucho gusto recibir en el Senado de la República la visita de un grupo de estudiantes tabasqueños de la Licenciatura en Derecho, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Universidad Vasconcelos de Tabasco.

Espero que esta visita a la Casa del Federalismo sea de gran utilidad en su crecimiento profesional. En el momento histórico que vivimos necesitamos de ustedes, que sus ganas de vivir, sus sueños, pasiones e ilusiones construyan un gran país.

 

 

 

Garantizar el derecho a la propiedad

Iniciativa para garantizar la planeación urbanística y evitar la corrupción en autorización en nuevas edificaciones.

 

La senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, presentó ante el pleno del Senado de la República la iniciativa que busca otorgar certeza jurídica y estabilidad al plan urbano, e incrementa su legitimación democrática. En cuanto a la publicidad del plan urbano, se trata de una técnica que asegura la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos residentes y con ello se promueve la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la legalidad en la imposición de impuestos municipales sobre bienes raíces. Esto con el fin de garantizar los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa en tribuna del Senado de la República.

El día de hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende adicionar un segundo párrafo al inciso a) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para:

 

Establecer la obligación del ayuntamiento de aprobar el plan urbano municipal, y sus reformas por mayoría calificada, en sesiones públicas; asimismo, la obligación de hacer público por medios digitales el plan urbano municipal aprobado por los ayuntamientos, y mandarlo publicar año con año en el periódico oficial del estado; y la obligación para los estados de configurar instrumentos de control constitucional estatal para cumplir con las obligaciones descritas.

 

Esta propuesta otorga certeza jurídica y estabilidad al plan urbano, e incrementa su legitimación democrática; en cuanto a la publicidad del mismo, se trata de una técnica que asegura la rigidez de dicho plan por los propios ciudadanos residentes y con ello se promueve la seguridad jurídica del derecho de propiedad y la legalidad en la imposición de impuestos municipales sobre bienes raíces; y garantizará los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

 

Esto es:

  • Se establece la obligación de los ayuntamientos de aprobar el Plan Urbano Municipal y sus reformas por mayoría calificada; esta obligación que propongo busca, además de lo anterior, incrementar su legitimación democrática y el control político por los vecinos de los municipios en el proceso de aprobación y reforma del Plan Urbano.
  • Al exigir mayoría calificada de los miembros del cabildo para la aprobación y reformas, en su caso, del Plan Urbano dará pie a que participe el mayor número de partidos políticos que representan a los ciudadanos y no solo el del partido en el gobierno.
  • Establece la obligación de publicar en el periódico oficial de cada estado, en el mes de enero el Plan Urbano y sus reformas en la fecha que corresponda, así como en medios digitales con que cuenten los ayuntamientos.
  • La publicidad del Plan Urbano es una técnica para asegurar la rigidez de dicho Plan por los propios ciudadanos residentes.
  • La opacidad promueve la corrupción e inversamente la transparencia la inhibe, uno de los puntos relevantes de esta iniciativa, no obstante que el artículo 6 constitucional ya establece obligaciones de transparencia para las autoridades, se realizó una rápida revisión de las páginas de la gran mayoría de los ayuntamientos y fue posible observar que éstos no disponen de ligas digitales para la consulta ciudadana del Plan Urbano.
  • Señala la obligación para los estados a configurar instrumentos procesales de control constitucional para el cumplimiento de las obligaciones que he descrito anteriormente.

 

La iniciativa que presento el día de hoy garantizará los derechos humanos que se afectan severamente por el desorden en la planeación urbanística y la arbitrariedad en la autorización de nuevas edificaciones por los funcionarios municipales.

Iniciativa para proteger la actividad ganadera del abigeato

La senadora por Tabasco expresó que ha sido un reclamo durante muchos años del gremio ganadero.

Versión estenográfica de la Senadora Mónica Fernández Balboa en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El día de hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delito de abigeato. El abigeato es un delito que principalmente constituye el hurto o el robo de ganado.

 

La actividad ganadera es, de todas las actividades económicas, la que se extiende por completo en todo el territorio nacional. Apoyar la actividad de los ganaderos de México del sector social y del sector privado es un vigoroso estímulo al crecimiento de la economía nacional, a la consolidación de la soberanía alimentaria de México, y a las condiciones materiales en el sector rural para evitar la migración del campo a la ciudad y a los Estados Unidos de América.  

 

La protección jurídica de la industria ganadera ha sido una demanda que los ciudadanos de Tabasco expresan frecuentemente a sus representantes populares integrantes del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Tabasco. De manera personal y/o por medios electrónicos, ganaderos de mi estado me han transmitido frecuentemente su petición para mejorar el marco normativo que regula y protege la actividad ganadera, entre ellos el Código Penal Federal.

 

En este contexto recientemente la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco introdujo importantes reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Tabasco sobre el delito de abigeato encaminadas a la protección de la industria en el ámbito territorial de Tabasco.

 

No obstante, su encomiable esfuerzo legislativo, que mucho valoro, se ha de tener en cuenta que para proteger la actividad ganadera de Tabasco sería insuficiente si solo se actualiza -como han hecho los legisladores locales- el Código Penal del Estado. Ello es así porque el delito de abigeato suele trascender la división territorial entre los estados de la República Federal Mexicana, y aún la línea divisoria con otros Estados Nacionales de Centroamérica con los cuales colindan los Estados Unidos Mexicanos en su frontera sur. 

Mi propuesta es realizar diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal, específicamente, propongo lo siguiente:

  1. Reformar el artículo 381 ter para incrementar los supuestos de hecho para la comisión de este delito que se suman a los ya contenidos en el artículo vigente. Asimismo, para hacer referencia explícita a la falsificación de aretes que distribuye el gobierno federal de México para la identificación individual del ganado.

2. Asimismo, reformar el artículo 381 quater para incrementar los agravantes de la penalidad a la comisión del delito de abigeato, mismos que se suman a los ya contenidos en ese mismo artículo, y

3. La introducción del nuevo artículo 381 quinquies para establecer las atenuantes de la calificación del delito de abigeato.

Por estas razones someto a consideración de este Pleno la propuesta en mención.

Muchas gracias Presidenta. Es cuanto.

Descarga la Iniciativa AQUÍ

 

La Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas resolverá el problema de marginación, discriminación y pobreza

La senadora por Tabasco participó en la Conmemoración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, celebrado en la Cámara de Diputados.

Versión estenográfica de la Senadora Mónica Fernández Balboa.

Buenas tardes a todas y todos los presentes; agradezco a la Diputada Irma Juan Carlos, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, la invitación a este Conversatorio, en “Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.

 

Es importante mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, celebrar cada 9 de agosto como el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas” y por ello estamos aquí el día de hoy, porque esta celebración es una oportunidad para recordar que las comunidades indígenas son comunidades llenas de tradiciones y costumbres, con sus propias lenguas y valores y por supuesto con derechos.

 

Nuestros pueblos indígenas son beneficiarios de culturas únicas con características sociales, culturales, económicas y políticas diferentes, frente a la sociedad en general, convirtiéndose así en grupos vulnerables, sin embargo, uno de los objetivos más importante del gobierno de la Cuarta Transformación en su Política Social, es construir un país con bienestar, buscando así el fortalecimiento de estas culturas nacionales en todas sus esferas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la salud y en la impartición de la justicia.

Debemos reconocer que la lucha por los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ha sido compleja pero no imposible. Desde el año 2001 se contempló en el artículo 2º de nuestra Constitución, las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, estableciendo que “la Nación mexicana es única e indivisible, que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, asimismo, se plasmaron una serie de derechos como: decidir sus formas internas de convivencia y organización; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades y representantes; el derecho para acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra; a preservar y enriquecer sus lenguas; entre otros.

 

Con estas reformas constitucionales se fortaleció el marco normativo de los pueblos y comunidades indígenas, pero aún nos falta camino que recorrer, recordando que la ley es perfectible. Además, debemos tomar en cuenta que en materia internacional existen diversos ordenamientos de los que México es parte y en los que se tiene la obligación de cumplir con lo que se ha estipulado en esos instrumentos internacionales. Principalmente, en garantizar derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; específicamente el derecho a la consulta, derecho que se encuentra establecido en los artículos 6 y 7 del “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, que dispone que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa mediante procedimientos adecuados para llegar a acuerdos, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

 

Es por ello, que el día hoy en que, a través de este Conversatorio, conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en representación de la Cámara de Senadores y como Presidenta de la Comisión de Gobernación, celebro el trabajo que ha realizado la Colegisladora por la aprobación de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, proceso exhaustivo en que realizaron 10 foros con la participación de autoridades de las comunidades indígenas de todo el país y un Parlamento Abierto con la finalidad de recibir e integrar las observaciones realizadas al Proyecto de Ley en estudio.

 

Esta Minuta que pretende expedir un ordenamiento que regula la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas la tenemos en análisis y estudio en el Senado de la República, en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Asuntos Indígenas; de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Segunda para análisis y dictamen. Es una Ley que se compone de 91 artículos y 6 disposiciones transitorias, distribuidos en 6 Títulos. En donde se establece a grandes rasgos que:

 

  • Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como una expresión de su libre determinación y un instrumento de participación democrática en la toma de decisiones en todas las cuestiones que les atañen, particularmente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

 

  • Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes.

 

  • Con esta Ley se crean las condiciones necesarias para resolver problemas graves de marginación, discriminación, pobreza que viven los pueblos indígenas y afromexicanas.

Como podrá observarse se trata de un ordenamiento que ha sido consensado entre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a través de la celebración de los Foros regionales en los que se acogieron sus comentarios y observaciones.

 

Hoy por hoy la Minuta en comento está en análisis y discusión, debido principalmente a que hay debate en cuanto a dos temas:

 

  1. En el año 2020 se notificó la sentencia del amparo en revisión, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió amparar a la quejosa contra los actos reclamados consistentes en la omisión de expedir la Ley General de Consulta Previa, Libre, Informada, Adecuada, Culturalmente y de Buena Fe, por lo que el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir tal ordenamiento, sin embargo, no se ha cumplido con este mandato judicial; y

 

  1. Al día de hoy existen voces que dicen que se requiere de una reforma constitucional para poder expedir una Ley General en la materia, cuestión que en lo particular difiero porque en primer lugar tenemos un mandato judicial en donde el Congreso de la Unión debe cumplir con su obligación de legislar en la materia; y segundo, porque de una interpretación de los artículos 1 y 2 constitucionales, así como del artículo segundo transitorio de la reforma del año 2001 se determina la obligación del Congreso de la Unión a legislar o emitir una ley en materia de consulta indígena, asimismo y frente a ese carácter fundamental de los derechos humanos, no se debe olvidar que el artículo 73, fracción XXXI constitucional contempla una facultad residual para expedir las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades del Poder Legislativo concedidas en la Carta Magna; por tanto, si partimos del hecho de que los derechos fundamentales son la base del estado constitucional y el Congreso de la Unión debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, estamos obligados a expedir una Ley sobre la consulta indígena.

 

Sin embargo, hay que hacer hincapié en que se ha anunciado y se ha planteado en diferentes foros que el Gobierno Federal presentará una iniciativa de reforma constitucional integral en materia de pueblos y comunidades indígenas, la cual hoy en día se encuentra en análisis en la Consejería Jurídica, además de lo anterior, se ha manifestado pública y abiertamente la intención de no legislar por parte de varios Grupos Parlamentarios al anunciar su Mora Constitucional, lo que nos ha llevado a polarizar posiciones en cuanto a la forma, no así a menospreciar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

 

Finalmente, aprovecho la ocasión para reiterar mi agradecimiento por la invitación a este Conversatorio sobre un tema que nos incumbe a todas y todos como mexicanas y mexicanos integrantes de una Nación de composición pluricultural con derechos igualitarios sin distinción alguna.