Senado aprueba el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos

VERISÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA PRESENTA DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, Y LOS ARTÍCULOS 31 Y 38 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Este dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas, en  la reunión ordinaria del pasado 9 de septiembre, estas reforman proponen incluir dentro del procedimiento de enajenación el sorteo y permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vender bienes a través de sorteo, con la finalidad de obtener más recursos para que puedan ser aprovechados y utilizados por el Gobierno para el cumplimiento de sus fines públicos en beneficio de la sociedad.

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen permiten que a través del sorteo se enajenen bienes inmuebles que ahora están bajo la tutela del Estado mexicano, que hoy en día, la mayor parte de estos bienes, no son aptos para el servicio público, o están ociosos y generan un gasto al erario, por lo que se considera que el sorteo es una medida más, a través de la cual el gobierno podrá allegarse de recursos para destinarlos en beneficio de la sociedad, además de reducir el gasto corriente derivado de la manutención y administración de los bienes en comento.

 

La Lotería Nacional constituye una de las instituciones con mayor arraigo en la sociedad y durante su existencia ha aportado recursos importantes para la asistencia pública y social al Gobierno Federal.

 

Con estas reformas estamos dotando al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de las herramientas jurídicas con la finalidad de que el sorteo sea una opción a través de la cual, el Instituto pueda vender los bienes, a través de un mecanismo transparente.

 

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas. Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

 

Se remite para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Senado aprueba creación de “Muro de Honor”

  • Buscan reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la nación.

 

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de la senadora Mónica Fernández Balboa, por la que se crea el “Muro de Honor del Senado de la República” y se expiden los criterios para las inscripciones que se realicen en el mismo.

 

Esta iniciativa, presentada el 02 de octubre del 2019, señala que se ha convertido en una tradición solemne reconocer el valor de los personajes que han dejado huella en la historia de la dignidad de la patria, así como frases, acontecimientos y hechos trascendentes en la vida pública del país, a través de su inscripción en los salones de sesiones de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión.

 

También se detalla, sean inscritas en letras doradas los nombres de las personas que se entregaron a las causas de la nación, con el propósito de honrarlos y reconocerlos al paso de las generaciones, mujeres y hombres que han luchado por nuestro país, a las instituciones que le han dado prestigio y remembrar los sucesos de notoria trascendencia histórica.

 

Descarga la Iniciativa AQUÍ

Presentación de dictamen por el que se modifica el nombre de la SCT

Versión estenográfica de la presidenta de la Comisión de Gobernación durante la presentación del dictamen por el que se reforman reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por el que se modifica el nombre de la SCT.

 

 

Compañeras Senadoras y Senadores:

 

El día de hoy, presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas, el pasado 21 de abril, con estas reformas se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.  

 

Las reformas planteadas en el presente Dictamen son modificaciones a los artículos 26, 30, 32 bis, 36 y 38 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto cambiar el nombre de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por “Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, para que sea acorde con las actuales atribuciones u obligaciones que ejerce y que se encuentran establecidas en la Ley.

 

Estas reformas no pretenden modificar y/o adicionar facultades nuevas a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar mayor precisión.

En ese sentido el dictamen que hoy ponemos a su consideración no va más allá de un cambio de denominación y que vale la pena hacer énfasis en que no representará un impacto dentro de los sectores económico-administrativos de la Administración Pública Federal.

 

Por todo lo anterior, los exhortó de manera respetuosa a que aprobemos las reformas expresadas.

 

Agradeciendo su atención, es cuanto presidenta.

Presentación dictamen Revocación de Mandato

 

Versión estenográfica de la Sen. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la presentación del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y EStudios Legislativos Segunda.

 

Esta Ley que hoy discutimos tenía que ser expedida desde el mes de junio del año 2020, en cumplimiento del artículo Segundo Transitorio de la Reforma constitucional que en materia de consulta popular y revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

 

El dictamen contempla 6 iniciativas que fueron turnadas a estas comisiones y que proponen expedir una LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO:

El 16 de agosto, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de dictamen que se les hizo llegar presentaba las siguientes características:

  • Se valoró que en las seis iniciativas sobre el tema existía coincidencia en casi la totalidad de los artículos;
  • En dos artículos había diversas propuestas de redacción, el artículo 25 y 56.
  • Adicionalmente, se identificaron seis adiciones normativas sobre temas específicos respecto de las cuales existía también diversas propuestas de redacción.

 

Al inicio de la reunión acordamos y aprobamos en votación económica en ambas comisiones, que dicho proyecto de Decreto solo se discutiría y aprobaría en lo general y que las reservas serían sometidas a consideración de este Pleno.

Es de mencionarse que en esta reunión diversos grupos parlamentarios expresaron su opinión y propuesta, para darnos un poco más de tiempo el dictamen en cuestión y la expresaron la iniciativa de tener primero una reunión con el Instituto Nacional Electoral.

 

Durante la sesión se presentaron dos votos particulares y varias reservas, que hoy fueron retiradas por los proponentes.

 

Hoy reconozco la voluntad política de construir del Presidente de la JUCOPO, de los grupos parlamentarios que componen este Senado de la República, de la Presidenta de la Mesa Directiva y de las compañeras y compañeros que instalaron mesas de trabajo para analizar este dictamen. 

Aun cuando este proceso de dictaminación fue un largo y arduo trabajo, estoy convencida que debemos sumar esfuerzos para transitar a una democracia que brinde a las y los ciudadanos mayores mecanismos que les permitan participar de manera directa en la toma de decisiones transcendentales para el país.

 

Hoy nuevamente el dialogo, el debate y el ánimo de construir, sobre este tema de gran importancia para la ciudadanía, es una realidad. Les recuerdo que toda ley es perfectible, y para eso estamos aquí. 

 

Se ha integrado al dictamen una adenda que se ha trabajado durante varios días, que modifica 29 de los artículos del dictamen y los cinco artículos transitorios.

La revocación de mandato es el pleno derecho de la ciudadanía de solicitar y participar en este proceso para evaluar y decidir si están de acuerdo o no, con el trabajo del Presidente de la República que esté en turno. Esta reglamentación tiene la finalidad de empoderar verdaderamente a las y los ciudadanos.

El Poder Legislativo Federal en cumplimiento de sus facultades, tiene la obligación de expedir una Ley que regule este instrumento garante de la democracia participativa, así como las implicaciones y connotaciones que debe tener en el sistema jurídico mexicano.

 

La realización e instrumentación de este importante e inédito ejercicio y derecho ciudadano, no debe dejarse a interpretaciones de entidades no legislativas.

 

Por todo lo anterior, me permito felicitar desde este espacio a las senadoras y senadores que componen esta Cámara, por este ánimo de poder trabajar entre todos y construir para el país, por ello  los exhorto de manera respetuosa a que aprobemos la LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO y con ello contribuiremos a fortalecer nuestro sistema democrático participativo y cumpliremos con nuestra obligación legislando.

Por su atención, gracias. Es cuanto presidenta.

 

 

 

 

 

Comisiones aprueban el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato

Esta mañana se llevó a cabo la reunión ordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación informó que el dictamen aprobado esta conformado por 6 iniciativas que fueron presentadas, por diversas senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de MORENA, PRI, PAN, MC y PRD y que fueron turnadas a estas comisiones.

 

Conforme al Orden del Día las y los legisladores integrantes hicieron el análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, propuesta que mostró coincidencias en casi la totalidad de los artículos, presentando dos diferencias en los temas: 1) del informe detallado que el Secretario Ejecutivo del INE debe presentar al Consejo General sobre la verificación del apoyo ciudadano y 2) sobre los medios de impugnación; así como la propuesta de adiciones.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras en la reunión de trabajo aprobaron que la discusión sería en lo general sobre todas las coincidencias; posteriormente se llevó a cabo la discusión de los artículos 25 y 56 en los que había diferendo por tal motivo se realizaron votaciones en lo individual de las propuestas presentadas. Finalmente, se sometió a consideración la inclusión al Dictamen de diversas propuestas de adiciones, aprobándose tres de ellas.

 

Es de mencionarse que las comisiones unidas aprobaron que las reservas que esta mañana presentaron diversos senadores y senadoras sean discutidas en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores; y fue anunciado la presentación de votos particulares.

En una primera votación el dictamen fue aprobado en lo general. Al reanudarse la sesión, después de un receso, las  Comisiones Unidas aprobaron nominalmente los contenidos de los artículos 25 y 56 así como la adición de tres artículos al dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva.

 

Seminario sobre Desplazamiento Forzado Interno

Versión estenográfica Sen. Mónica Fernández Balboa en el Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado SEGOB

12 de agosto de 2021

 

Quisiera comenzar saludando la realización de este seminario, que forma parte del reconocimiento que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo del desplazamiento interno forzado como lo que es: un problema de derechos humanos que requiere de la intervención del Estado tanto para brindar atención integral a las víctimas, como para atender las causas que dan origen al desplazamiento forzado en nuestro país.

 

Este reconocimiento representa acción política reivindicatoria en sí misma y el primer paso para poner fin a los desplazamientos forzados y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.  

   

Las personas migrantes no son migrantes sino víctimas de violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que carecen de un entorno seguro y precisamente por ello la responsabilidad del Estado, en la medida en que refleja el incumplimiento de sus obligaciones más elementales.

 

Hay que decir que este no es un problema exclusivo de nuestro país. Como se advierte en el Informe mundial sobre desplazamiento interno, en el año 2019 se generaron 33.4 millones de desplazamientos internos en 145 países y territorios del mundo originados por múltiples causas en las que intervienen una gran cantidad componentes de índole político, social y medioambiental.

El desplazamiento interno forzado en nuestro país se manifiesta en pueblos abandonados y en familias separadas; en niñas y niños que tienen de escapar de sus hogares y comunidades, en el aumento del poder de las organizaciones criminales y en la pérdida de confianza hacia las autoridades.

 

Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno forzado es que México no cuenta con un marco normativo especializado a nivel nacional, lo que resulta en una falta de claridad en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno para la prevención y atención integral al fenómeno.

 

Por ello, coincidimos con diversos organismos de derechos humanos que han hecho énfasis en la necesidad de expedir una legislación que establezca un sistema de responsabilidades para los tres niveles de gobierno y que permita atender las deficiencias de política pública en la materia, como por ejemplo, la falta de un registro oficial de desplazados internos, y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos que dificultan la comprensión de los patrones de desplazamiento, la evaluación de los incidentes a pequeña escala.

 

En esta LXIV Legislatura se dio un paso adelante el 29 de septiembre de 2020, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, mediante la cual se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.

 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados retoma las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos y los plasma en una ley que no solo logró el consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino que también el respaldo del Gobierno de la República para atender un problema que había sido invisibilizado.

 

Incorpora los principios Deng en el marco jurídico nacional, entre los que me permito resaltar la obligación de las autoridades de proporcionar atención y asistencia humana a las personas desplazadas, la prohibición de los desplazamientos arbitrarios y la protección para niñas, niños y adolescentes.

 

La minuta contempla la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México, en cuyo diseño deberá participar la Secretaría de Gobernación

 

También ordena la integración del Registro Nacional de Personas Desplazadas, un registro de información y recopilación de datos de carácter confidencial que, además de contener datos de las personas desplazadas, tendrá información sobre sus lugares de origen, características sociodemográficas y necesidades especiales.

 

Dispone la creación del Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento interno forzado, un órgano

 

Asimismo, estipula la obligación de integrar un Fondo Nacional que brindará recursos económicos para la atención, prevención, protección e implementación de soluciones duraderas de las personas desplazadas.

 

Este proyecto de Ley, actualmente se encuentra en el Senado de la República, en donde tenemos la obligación de revisar las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados y construir los consensos entre las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo para seguir con el proceso legislativo correspondiente.

Como presidenta de la Comisión de Gobernación, una de las comisiones dictaminadoras de las comisiones dictaminadoras de esta minuta, puedo decir que todas y todos los integrantes de esta comisión coincidimos en que el desplazamiento interno forzado requiere de la atención del Estado mexicano y, por ello, también coincidimos en la necesidad de aprobar cuanto antes la legislación general en la materia, la cual formará parte de la agenda de la Legislatura que está por comenzar.

 

El desplazamiento interno forzado constituye uno de nuestros retos pendientes para garantizar los derechos humanos de las personas en nuestro país.

 

Queda claro que aún tenemos mucho por hacer para resolver esta problemática que apenas está siendo reconocida como tal por el Estado mexicano.

 

La solución del desplazamiento interno forzado pasa necesariamente por la expedición una nueva legislación que establezca responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno, que reconozca las causas de los desplazamientos, que establezca un catálogo de derechos para las personas desplazadas y los mecanismos para su aseguramiento.

 

Esta legislación debe entenderse como el primer paso para generar soluciones de largo plazo por medio de políticas públicas, instituciones y presupuestos adecuados.

 

En la Comisión de Gobernación seguiremos trabajando para darle a México un instrumento eficiente que brinde soluciones jurídicas viables para el problema del desplazamiento interno forzado; una ley que nos ponga en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y nos permita dar respuesta a los miles de mexicanas y mexicanas que han tenido que escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. Tengan la seguridad de que en el Senado de la República cumpliremos con la parte que nos corresponde para atender al desplazamiento interno forzado. Muchas gracias por su atención.

 

Comisiones ratifican a Roberto Salcedo como titular SFP

Esta mañana se llevó a cabo la reunión extraordinaria a distancia de las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la cual fue presidida por la Sen. Mónica Fernández Balboa, en la que hicieron el análisis, discusión y votación del dictamen por el que se propone la ratificación del nombramiento que el Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de Roberto Salcedo Aquino como Titular de la Secretaría de la Función Pública.

 

En el Orden del Día se desarrolló la comparecencia del funcionario, previa lectura de su semblanza. Las y los legisladores integrantes de ambas comisiones realizaron tres rondas de preguntas y una vez concluida se realizó la votación con resultado a favor del dictamen.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la Sen. Mónica Fernández Balboa, hizo la declaratoria de aprobación del dictamen que ratifica el nombramiento del titular del Ejecutivo Federal en la persona de Roberto Salcedo Aquino como Secretario de la Función Pública. Se remite a la Mesa Directiva.

Link de la transmisión en vivo

 

Se acabaron tiempos de manipulación al electorado

En los últimos 30 años en México se han realizado reformas electorales como consecuencia de las deficiencias en el sistema para poder arribar a una auténtica democracia. En ese sentido, los partidos políticos han sido sometidos a una estricta fiscalización, ya que son ampliamente conocidos los desvíos de recursos públicos, del financiamiento indebido o incluso de conductas al margen de la Ley que a través de la contratación de terceros, ya sea en los medios o en las redes, buscan influir en el electorado como ha sucedido en varias ocasiones. Esto evidentemente no es correcto y debe sancionarse.

 

Sin embargo, hay que reconocer que la democracia ha evolucionado y afortunadamente en las recientes elecciones el gobierno federal sacó las manos para respetar la voluntad popular. Se acabaron los tiempos en que el electorado era manipulado y condicionado con los programas públicos que el partido gobernante, en turno, utilizaba para ganar.

En las elecciones de junio, sin embargo, algunos partidos y candidatos continuaron realizando prácticas que parecían erradicadas. Por eso, la autoridad electoral aplicó sanciones que aun deberán ser ratificadas por el Poder Judicial. Para evitar que se den excesos tanto por los partidos, candidatos y autoridades es indispensable impulsar cambios a las leyes a fin de disminuir los recursos públicos que reciben los partidos, limitar sus gastos, y prohibir y castigar los desvíos y las trampas políticas.

En ese sentido, también deberán tomarse en cuenta elementos de campaña como el uso de nuevas tecnologías y estrategias, valorándolas adecuadamente y habrá que revisar la actuación rígida y excesiva de la autoridad electoral. La democracia mexicana exige que realicemos una nueva reforma para que contemos con reglas claras que garanticen plena transparencia y rendición de cuentas y que al mismo tiempo faciliten el juego político, en el que la ciudadanía sea la protagonista y no las autoridades o los partidos como lamentablemente ha venido sucediendo.

Lee esta columna publicada en Publimetro AQUÍ.

Un regreso a las aulas con la colaboración de todos

La educación de niños y jóvenes debe entenderse como una actividad esencial para el desarrollo nacional, además por supuesto de que se trata de un derecho humano consagrado en nuestra Constitución.

 

Ante la pandemia que afecta a la mayoría de los países, el gobierno tuvo que tomar decisiones drásticas para evitar mayores contagios.

En ese sentido, han pasado casi 16 meses en que las clases presenciales fueron suspendidas, pero el sistema educativo ha continuado en funcionamiento a través del uso de las tecnologías digitales. Sin duda para ello han contribuido las y los estudiantes, y sus padres. Sin embargo, ahora es necesario dar un nuevo paso y restablecer la operación normal de las escuelas en donde sea posible.

 

Ante la disminución constante y sistemática del número de personas contagiadas, las autoridades educativas en conjunto con las de salud consideraron pertinente que el 30 de agosto el sistema de educación pueda regresar a la nueva normalidad con todos los cuidados establecidos.

Sin embargo, debido a la aparición de una nueva ola de la pandemia, el gobierno federal anunció que ese regreso deberá hacerse no solo conforme a las más estrictas normas sanitarias, sino que en cada entidad o región deberá evaluarse si es posible.

Nos enfrentamos ante una pandemia que lamentablemente durará algún tiempo más, como lo ha señalado la comunidad científica nacional e internacional.

En ese contexto, se requiere que todas y todos colaboremos, con solidaridad y respeto, para que la enfermedad no se propague más y comenzar a que las actividades cotidianas se vuelvan a iniciar, aunque sea de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados.

La política que se ha determinado es flexible y, por tanto, dependiendo de las circunstancias que haya en cada entidad se deberá considerar la continuación o suspensión de las clases presenciales, pero siempre manteniendo en operación el sistema educativo nacional.

Foro Cabildeo en el S. XXI, organizado por la OCDE y el CEI Gilberto Bosques

Versión estenográfica de la intervención de la Sen. Mónica Fernández Balboa durante el Foro: Cabildeo en el S. XXI: Acceso, Transparencia, e Integridad. Organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

 

Muy buenos días a todas y todos los presentes, es un gusto saludarles en una sesión más de este espacio de reflexión entre el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

El tema que nos convoca hoy es muy cercano al quehacer diario del Poder Legislativo: el cabildeo. Todos hemos tenido un contacto con esta herramienta que forma parte legítima de toda democracia.  

 

El cabildeo ha sido utilizado para ejercer influencia sobre las decisiones, acercar información y ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, es muy evidente que la falta de transparencia e integridad en este ejercicio representa un riesgo para la salud de nuestra democracia.

A nivel global, existen diferentes acercamientos al cabildeo y diferentes formas de regularlo, y los Principios de Transparencia e Integridad en la materia impulsados por la OCDE han sido una referencia para nuestras interacciones con los cabilderos.

 

En el Reglamento del Senado de la República, en el artículo 298 establece una definición de lo que comprende el cabildeo y lineamientos básicos sobre la relación entre los Senadores y las personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares. Se aclara que “las comisiones y los senadores deben informar por escrito a la Mesa Directiva de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses.” En el artículo 299 se precisa que las y “los senadores ni el personal pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de personas que realicen cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado”.

 

Sin embargo, en diferentes ocasiones hemos participado en discusiones plurales sobre la pertinencia o no de contar con normatividad de otro tipo para regular de manera integral las actividades de cabildeo. Incluso para homologar medidas entre ambas cámaras del Congreso. Entre las propuestas, se ha debatido el establecimiento de un registro público de cabilderos, el registro de grupos de interés y de presión, el diseño de códigos de ética, entre muchas otras opciones que están disponibles y de las que hay ejemplos a nivel internacional.

Al mismo tiempo, como se discutió recientemente en la presentación del informe de la OCDE sobre el cabildeo en el siglo XXI, los mecanismos y canales de influencia en la toma de decisiones han evolucionado. Ya no sólo se basa en la comunicación directa entre el cabildero y el legislador, las tecnologías, redes sociales, los objetivos de financiamiento el sector privado, entre otros, nos obligan a repensar si estamos haciendo lo suficiente para asegurar la apertura, el acceso y la transparencia, además de promover de manera efectiva una cultura de la integridad entre los actores que participan en las dinámicas de influencia.

 

El contexto internacional también ha hecho evidente la necesidad de, incluso, revisar qué se entiende por influencia legítima y cómo se diferencia de una interferencia clandestina extranjera que vaya contra valores nacionales.

 

Ante este escenario, nos ocupa empezar por entender mejor la naturaleza de las conductas que se están presentando en diferentes latitudes para prepararnos y detonar las conversaciones que sean necesarias. Las nuevas tecnologías y la digitalización está acelerando transformaciones, muchas que ni siquiera anticipábamos. La pandemia obligó a tomar decisiones, necesarias en tiempos de crisis, que incrementan la susceptibilidad de los países en detrimento de la transparencia, el acceso y la integridad. Será necesario abordar esta realidad en las reflexiones post-pandemia para asegurar que, ante cualquier otra emergencia, estemos preparados para atender la crisis mientras se asegura la integridad de la operación del gobierno.

Y con ese propósito, celebro la decisión de abrir el tema y traer expertos que nos acerquen hallazgos que son tan necesarios para mantener al Senado de la República a la vanguardia de los debates y las soluciones. No me queda más que agradecer al Dr. Jacobo Pastor García Villareal Toledo, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, al Centro Gilberto Bosques, y por supuesto, al Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE para México y América Latina, por la celebración de este foro y por alentar a que no dejemos de reflexionar sobre el quehacer legislativo de manera crítica.