Sobre los recientes hechos de feminicidio en México.
El Senado de la República expresa su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado de manera incontrolada contra mujeres y niñas, cuyo caso más abominable ha sido el reciente secuestro, tortura y asesinato de Fátima, una niña de escasos años que fue victimada en el sur de la ciudad de México.
Hace apenas unos días nos conmovíamos por lo sucedido a Ingrid Escamilla Vargas y su revictimización por la filtración y la exhibición del crimen que le quitó la vida.
Al expresar nuestro enérgico rechazo a estos hechos, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ni estos, ni ningún otro crimen contra las mujeres queden sin castigo, y para coordinar estrategias eficaces que abonen a un México sin violencia, en particular sin violencia de género.
Esta Legislatura se ha comprometido en la construcción de un país con paz y justicia, y ha legislado para proteger a las mujeres de toda forma de violencia, y para garantizar su vida, su libertad y su seguridad cuando hayan sido víctimas de delitos.
El Senado seguirá trabajando en lo que le toca para hacer prevalecer los derechos humanos de las mujeres y de todos los mexicanos, y convoca a la sociedad para unirnos sin distinción de partidos y colores en una causa fundamental para construir un México con justicia y sin violencia.
Al formular este pronunciamiento, y como un gesto simbólico a favor de la vida y de rechazo a la muerte producida por manos criminales, las y los senadores de la República ofrecemos un minuto de silencio a la niña Fátima, a quien nadie debió arrancarle la vida que florecía.
Se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, afirma Mónica Fernández Balboa.
Anuncia Ricardo Monreal mesa de alto nivel para lograr los consensos necesarios.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que la reforma del Poder Judicial de la Federación y al sistema de justicia constituyen una de las prioridades del Senado de la República, pues se trata de una de las principales demandas de la sociedad mexicana ante los problemas de criminalidad y violencia que nos afectan.
Dijo que, como toda discusión relevante, esta reforma se llevará a cabo en un formato de Parlamento Abierto, a fin de que la sociedad forme parte del proceso legislativo y “abonemos a la legitimidad de las nuevas normas”.
Se ha dicho que el Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos, “tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial”, acotó en la reunión de trabajo que sostuvieron senadores con integrantes del sistema de justicia.
El problema, advirtió, es que en México la justicia, lejos de ser un factor de felicidad, es una causa de malestar social, debido a la impunidad e injusticias que vemos todos los días. Ante este panorama, agregó, es claro que debemos emprender cambios profundos en el sistema de justicia de nuestro país.
Dijo que algunas de estas modificaciones no requieren cambios constitucionales o legales, sino de liderazgo y determinación en las instituciones.
En este sentido, reconoció el proceso de transformación que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en sólo en unos meses ha emprendido una lucha frontal sin precedentes contra la corrupción, el nepotismo y los abusos del Poder Judicial.
Además, celebró el trabajo, dedicación y voluntad política del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila; del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y del propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para construir propuestas concretas.
Desde el punto de vista legislativo, agregó, se han presentado distintas iniciativas en materia de justicia, las cuales se sumarán a las que envíe el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que el Senado tiene la convicción de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial y asegurar que el respeto y garantía plena de los derechos humanos no sean promesas vacías, sino realidades vivientes.
Dijo que el reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la realidad de país que vivimos han tocado las fibras más sensibles de los poderes de la Unión, por lo que se debe responder a este llamado con madurez institucional.
La Cámara de Senadores participa de esta convocatoria inédita y reconoce un esfuerzo de congruencia, resultado de una colaboración extraordinaria entre ambos poderes, subrayó.
El senador señaló que la transformación profunda que se ha iniciado al interior del Estado mexicano, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, toca hoy a uno de sus pilares: el Poder Judicial, ente que requiere de una reconstrucción a partir de una rigurosa autocritica en el ejercicio libre y responsable de su independencia.
Es absolutamente indispensable efectuar una reflexión colectiva: las asimetrías de la justicia en México y que éstas exigen pensar en grande, mirar al futuro, dejar atrás de la mezquindad política, las visiones corporativas de grupos y los proyectos inacabados, expresó ante integrantes del sistema de justicia.
Ricardo Monreal pidió entender que esta nueva relación institucional entre los poderes de la Unión debe allanar el camino para construir el andamiaje idóneo para la toma de decisiones y que transforme de manera profunda el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación.
Indicó que una vez que se presente la iniciativa de manera formal ante el Senado, dará inicio el proceso legislativo. En este sentido, propuso la creación de una mesa central de alto nivel, donde participen integrantes del sistema judicial, de la consejería jurídica de Presidencia y una comisión plural del Senado, a efecto de lograr un gran consenso en este periodo de sesiones respecto de este tema.
Llevamos muchos años discutiendo sobre la necesaria reforma al Poder Judicial y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para ello, esta es la oportunidad, enfatizó el senador por Morena.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que con este acto “se ha cumplido lo acordado y el día de hoy ponemos a su consideración la propuesta de reformas emanadas del Poder Judicial Federal, la cual fortalece y consolida su independencia y autonomía”.
Sin embargo, aclaró que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal “no requieren una reforma estructural”, ya que la Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones, que le permiten alcanzar un equilibrio institucional “y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”.
Advirtió que emprender una reforma constitucional a estos dos órganos “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y los debilitaría, en una coyuntura en que se requiere una Judicatura fuerte, independiente y legitimada”.
En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, señaló que el aparato judicial ha sido pervertido por décadas. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y ahora “existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos, mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sean el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades”.
En este contexto, asentó el funcionario federal, “se nos impone transparentar la rendición de cuentas y sacar de la postración al aparato de justicia”. Además, afirmó que los planteamientos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán retomados por el titular del Ejecutivo federal para integrarlos, sin cambio alguno, a la iniciativa que será remitida al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla y ampliarla.
El senador Germán Martínez Cázares, coordinador de los trabajos de la reforma judicial en el Senado, dijo que hay disposición para examinar la propuesta elaborada por el ministros y ministras. Aclaró que la última palabra la tienen los legisladores y el constituyente permanente.
A su vez, el Dante Delgado manifestó “el mejor ánimo” de Movimiento Ciudadano para ser coadyuvantes de esta reforma. Pidió a los integrantes del Poder Judicial que, en el análisis de la iniciativa, puedan dar alcances y luces de su contenido.
Al encuentro asistieron, los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri González; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PVEM, Manuel Velasco Coello; del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
También los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristóbal Arias Solís; Justicia, Julio Menchaca Salazar; Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; Lucía Trasviña Waldenrath, de la Comisión de Seguridad Pública; y Manuel Añorve Baños, de la Comisión de Estudios Legislativos, así como senadores de los diferentes grupos parlamentarios.
Requieren una regulación moderna que garantice los derechos de las personas y promueva el crecimiento.
El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación, son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza, asentó.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, consideró que los datos biométricos en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE) pueden ser aprovechados por el Estado en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y para facilitar trámites y servicios del gobierno, y no sólo para garantizar los derechos políticos electorales.
La legisladora cuestionó ¿por qué las empresas y las redes sociales pueden aprovechar estos datos para bombardearnos de publicidad y el Estado tiene negado utilizarlos para cumplir con sus funciones? Creo, acotó, que nos podríamos ahorrar muchas discusiones si pensamos en hacerle la vida más fácil a las personas.
La senadora tabasqueña participó en el foro la “Revolución digital de nuestra era, ¿una oportunidad para la economía global?”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Ahí dijo que el enfoque de los derechos humanos es la base de referencia para abordar las diferencias en esta materia entre el INE y la Secretaría de Gobernación.
En esta discusión, asentó, tenemos una oportunidad de reivindicar a lo público: “No podemos caer en la tentación de abonar a la desconfianza de las instituciones. El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza”.
Dijo que siempre habrá riesgos y quienes advierten sobre la utilización de los datos biométricos tienen razón en señalarlos, “pero no podemos permitir que la desconfianza limite las capacidades del Estado para responder a las demandas de la sociedad y cumplir con sus obligaciones”.
La presidenta del Senado de la República confío en que a través del diálogo se llegará a una solución que permita avanzar en la creación de una cédula que garantice el derecho a la identidad de las personas, sin dejar de asegurar los datos personales.
Explicó que los datos personales constituyen bienes de las personas, de sus titulares, no un patrimonio de las instituciones. Todo lo que se determine, agregó, debe partir de este derecho y el Estado, llámese órgano autónomo o gobierno, tiene la obligación de protegerlos.
Desde el punto de vista económico, continuó, la era digital ha multiplicado las posibilidades y alternativas del comercio, las transferencias de capital, el consumo y las actividades económicas en lo general.
En el caso de la protección de datos personales, los datos biométricos han ampliado los medios de identificación de las personas, quienes ahora pueden acreditar su personalidad no sólo con su nombre y apellido, sino también con sus huellas, retinas, rostros y hasta con sus gustos y perfiles en las redes sociales, dijo.
Todo ello, subrayó, ha sido aprovechado por las empresas y las instituciones financieras para maximizar las relaciones económicas y comerciales. Este tipo de fenómenos no está exento, por lo que requieren de una regulación moderna y eficiente que garantice los derechos de las personas y al mismo tiempo promueva el crecimiento de la economía con criterios de seguridad, igualdad y equidad social.
Refirió que el cambio tecnológico también supone nuevos desafíos para la protección de los datos personales, un derecho reconocido en la Constitución desde hace poco más de una década que cuenta con todo un andamiaje legal e institucional de garantías.
El sector primario, aseveró la legisladora, tiene deberes al respecto, pero lo que no debemos perder de vista es que la protección de los datos personales es una de las obligaciones del Estado, de acuerdo con los principios de universalidad, independencia y propersona establecidos en la Constitución.
Afirmó que la Cámara de Senadores se mantendrá atenta a esta discusión con la apertura y disposición de realizar las modificaciones legales que resulten pertinentes en beneficio de las personas.
En tanto, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que la propuesta de la senadora Mónica Fernández Balboa es un desafío interesante, por lo que solicitó que en el Senado “construyamos una técnica de Estado” para analizar los pormenores sobre el resguardo de las bases de datos que se encentran en las instituciones públicas.
En el foro, que se llevó a cabo como parte de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020, también estuvieron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; José Francisco Quiroga Hernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía; Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del INAI del estado de Jalisco.
